Tres lustros de politiquería y desastre en el sector eléctrico de R.D.

  

En la actualidad, la población padece hasta 20 horas de apagones y el Estado debe financiar el servicio de energía con unos US$1,500 millones al año. El gobierno de Danilo Medina planifica la instalación de plantas de generación a carbón, algo que ya hizo su antecesor y compañero de partido, Leonel Fernández, pero que nunca cumplió. 

Han pasado casi 16 de años desde que en junio de 1997 la reforma y capitalización del sector eléctrico se presentó al país como la gran solución para décadas de graves deficiencias en el servicio de energía. Sin embargo, en el presente, los apagones y la situación financiera del sector no pueden ser peores. Por su causa, una ola de protesta recorre los barrios y pueblos de República Dominicana. Las comunidades, en  pie de lucha, denuncian apagones de 12 y hasta 20 horas, como ocurrió el pasado 11 de abril en Santo Domingo Este, en un día en que la demanda no abastecida de electricidad llegó a superar hasta el 20% (450 MW) cuando el país requería 2,088 MW, y la oferta era sólo de 1,650 MW.
“Dos o tres horas de luz es lo que dan. Aquí lo que hay es que quemarles las guaguas cuando entren, como hacen en los otros sitios”, exclama un vecino de Villa Mella, del Gran Santo Domingo. En San Francisco de Macorís, en medio de una protesta con velas encendidas realizada en horas de la noche y cuando el servicio de electricidad fue interrumpido, otro vecino grita: “Hemos decidido salir a la calle con ´mechones´, fruto de los apagones”.
Los ánimos están crispados. La capitalización fue la “gran solución” para el sector, implementada por el primer gobierno de Leonel Fernández (1996-2000). Este proceso abrió las puertas al capital privado en sociedad con el sector público, y contribuyó significativamente a mejorar la matriz de generación del país. Así, las distribuidoras de electricidad recién creadas pasaron a ser administradas por socios privados del Estado, al inyectarles capital por el equivalente al 50% de las acciones.
Lo mismo sucedió con los generadores de Itabo y Haina. AES Dominicana es un producto exitoso de este proceso: genera electricidad a base de carbón y gas natural, aportando una oferta que equivale al 40% de la demanda, con el beneficio de que lo hace a menos de la mitad del costo de generación de las plantas de fueloil y diésel, que cubren el 45% de la demanda. Sin embargo, al igual que antes del proceso de capitalización de 1997, la ola de protesta continúa en el presente, tal vez con más intensidad, como se pudo ver en abril, casi 16 años después de la “gran solución”.
La baja inversión en nueva generación, distribución y trasmisión, tanto del sector privado como estatal, sumado a la decisión de los gobiernos de congelar las tarifas del servicio eléctrico, que impide que se ajusten según los costos, son factores que han llevado al sector a una situación de déficit financiero constante que lo empuja hacia una espiral descendente que solo conduce al colapso total. En su reciente discurso ante la Cámara Americana de Comercio, Rubén Bichara, vicepresidente de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), afirmó: “Tenemos una energía aceptable hasta unos 808 megavatios. Cuando la demanda que tenemos ya ronda los 2,000, o 2,200 megavatios”.
Y solo para preservar el “estatus” o, lo que es lo mismo, mantener las mismas tandas de apagones y “prendiones”, “habría que adicionar con urgencia 600 megavatios”. Explica que por esa razón “el Estado ha visto la necesidad, y tal como anunció el Presidente, de intervenir y lograr el desarrollo e instalación de una planta de por lo menos 600 megavatios, a gas, de forma urgente”. Esta planta a gas natural sería de ciclo combinado y tendría una capacidad de 640 MW. Se construiría en Manzanillo junto a una terminal para ese tipo de combustible.
También Félix Jiménez, presidente de la estatal Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa), anunció que esa empresa construirá al lado de la de la CDEEE otra planta similar. A este anuncio le antecede la disposición de la administración de Bichara en la CDEEE de suspender la Licitación Pública Internacional No 1-11, que tenía como objetivo atraer a inversionistas extranjeros o nacionales para que construyan y operen como propietarios varias plantas a carbón y gas natural, con capacidades unitarias de 240 MW y hasta un tope de nueva generación de 1,500 MW.
Esta licitación era, en cuanto a generación, la espina dorsal de la estrategia basada en la atracción del capital privado, implementada por la gestión de Celso Marranzini en la CDEEE, que concluyó el 16 de agosto de 2012. De este modo, y justificado por la urgencia, los planes del Estado para el sector eléctrico parecen dar un giro de 180%, desde una política con énfasis en la atracción del capital privado en el campo de la generación, a otra con ese énfasis puesto en la inversión estatal para la creación de la  nueva capacidad instalada. Además, de lo “urgente” de estas inversiones estatales, está la decisión del Gobierno de mantener congelada la tarifa eléctrica, lo que obliga al Estado a financiar el déficit del sector, que ronda los US$1,500 millones anuales.
Esto implica que los inversionistas privados reclamen contratos a largo plazo de compra y venta de energía, y garantías soberanas sobre el pago de las deudas. Una de las empresas precalificada en la licitación, antes de que el concurso fuera suspendido, es AIE, matriz de la Operadora San Felipe, que posee una planta de generación en Puerto Plata a base de fueloil con una capacidad de 180 MW. Aporta al sistema el 8% de la oferta mediante un contrato de compra y venta con la CDEEE, su único cliente.

Otto González, director ejecutivo de la Generadora San Felipe, cree que las condiciones de esa licitación incluía una “garantía soberana” que asegurara el pago de la factura a los nuevos inversionistas, correspondiente a la venta de la energía que generaran esas plantas. “Especulo que quizás el Estado paró la licitación por ese motivo”, opina. Informa que desde hace cinco años la empresa estudia realizar una conversión a carbón de la planta San Felipe, lo que implicaría una inversión de US$300 millones. Desconoce si las actuales condiciones del país son favorables para realizar esa inversión: “Ahora mismo no sabemos bien cuáles son las condiciones porque la licitación se paró.
Entendíamos que era bajo esa licitación”. Otra inversión en generación recientemente anunciada es la que se realizaría en sociedad entre el Estado y AES Dominicana para la construcción de una planta a carbón en Haina, llamada “Itabo 3”. Sería por un monto de US$800 millones. Cada uno de los socios aportaría directamente US$150 millones, y los restantes 500 se obtendrían mediante un financiamiento internacional. El anuncio se hizo después de que Rubén Bichara y Marcos de la Rosa, presidente de AES Dominicana, firmaran un pacto eléctrico bilateral.
Aunque el acuerdo solo será vinculante después de que se realicen los estudios técnicos y financieros, y de que la junta de directores de la Empresa Generadora de Electricidad Itabo, compuesta por AES y por el Estado a través de FOMPER, apruebe el acuerdo. La Lupa Sin Trabas intentó conocer la versión de Rubén Bichara, a quien solicitó una entrevista. Pero, hasta el cierre de esta historia no hubo resultado positivo.
Sin embargo, De la Rosa revela que la idea de construir esa planta a carbón fue una solicitud realizada por el presidente Danilo Medina a Andrés Gluski, presidente de AES Corporation, en la reunión sostenida cuando el empresario visitó el país, el 18 de diciembre pasado. “La idea es aprovechar la misma estructura de sociedad que se tiene en Itabo, socio privado con 51% y el Estado con 49%”, explica De la Rosa. Además, agrega que el proyecto sea financiado por los bancos, debe haber un “contrato de por lo menos de 10 a 15 años” para la compra y venta de la energía. Subraya que el sector eléctrico necesita inversiones para los próximos cinco años por unos US$4,000 millones. Parte de esa inversión debe ser destinada a crear nueva generación, pero también a la distribución y transmisión.
“De nada sirve instalar todos estos megavatios que se han anunciado si después no hay por donde transmitirlo y cómo llevar los centros de oferta a los centros de demanda”, reflexiona. Agrega que el Estado debe priorizar sus inversiones en las áreas de la transmisión, y puesto que es el propietario de las tres distribuidoras, también en la distribución, porque “en el área de la generación, siempre el sector privado podrá traer el capital necesario para seguir creciendo”.

El derrotero de la capitalización. Celso Marranzini, vicepresidente ejecutivo de la CDEEE durante los últimos tres años del pasado gobierno de Fernández, afirma que si no se hubiese realizado la capitalización del sector eléctrico, “hoy estaríamos apagados”. Apoya su opinión en el hecho de que “gracias a la capitalización” se realizaron las inversiones de AES Dominicana, Palamara-La Vega, Monte Río y Seaboard, y fueron capitalizadas las plantas de Los Minas y de ITABO.
Recuerda que en 1996, cuando él era presidente del Consejo de la antigua Corporación Dominicana de Electricidad (CDE), “las dos plantas de ITABO estaban paradas por un bomba que constaba US$8,000”. Sin embargo, a lo largo de esos 16 años ha sido palpable que el estancamiento del desarrollo del sector eléctrico dominicano, tras la capitalización, es   resultado de una mentalidad de corto plazo que surge de la conveniencia política del momento. Por ejemplo, se han destinado miles de millones de dólares a subsidiar la tarifa eléctrica en detrimento de la inversión que deben realizar las distribuidoras en sus redes, en la gestión y en la instalación de contadores.
Igualmente, se han postergado importantes inversiones en infraestructura de transmisión y en nueva generación.  “La autopista eléctrica que se inauguró en 2011, de 345 KV se aprobó en 1996, cuando yo era presidente del Consejo de la CDE. Yo nunca soñé que la iba a aprobar y a inaugurar. No puede ser que usted se pase más de diez años en un proyecto eléctrico”, cuenta.
Y en ocasiones, cuando el Estado realizó inversiones en generación, lo hizo en proyectos inexplicablemente malos. Por ejemplo, la hidroeléctrica Pinalito, que no irriga la agricultura, ni provee agua potable, solo genera electricidad, muy poca, y eso, a veces. “Pinalito genera 50 MW, de vez en cuando. Fue la peor inversión que se ha hecho en República Dominicana. Fue una presa cuyo precio empezó en US$150 millones y terminó en US$400 millones”, explica.
El déficit de inversión en áreas como la distribución, transmisión y generación, sean estas públicas o privadas, ha tenido por resultado que casi el 40% de la energía se pierda por robo o por el deterioro del tendido eléctrico, y que casi el 50% de la producción de electricidad aun dependa casi en un 50% del fueloil #2 y #6, multiplicando los costos de generación hasta por cuatro, con respecto a la generación mediante carbón o gas natural. “En los últimos cinco años, el sector eléctrico ha requerido más de 5,500 millones de dólares. Es decir, más de 240 mil millones de pesos”, explicó el presidente Danilo Medina, en su discurso ante la Asamblea Nacional el pasado 27 de febrero.
“El problema es que este país es de cuatro años”, y para desarrollar estos sectores (el de la distribución, transmisión y generación de electricidad) se necesita un lapso relativamente largo, explica Marranzini. Los términos de la capitalización realizada por Leonel Fernández en 1997, fueron modificados por el gobierno de Hipólito Mejía durante su mandato (2000-2004) con el Acuerdo de Madrid, firmado con los generadores privados, y con la adquisición de los derechos de Unión Fenosa en las distribuidoras de Edenorte y Edesur. En el segundo gobierno de Fernández, la gestión de Radhamés Segura en la CDEEE intensificó la nueva estatización de las distribuidoras con la adquisición de EdeEste y la eliminación de sus autonomías corporativas.
También Segura ejecutó un agresivo plan para renegociar los contratos del Acuerdo de Madrid, mientras que el opositor Partido Revolucionario Dominicano (PRD), en defensa de la gestión de Mejía, criticaba esos intentos de renegociación. En septiembre de 2006 la CDEEE divulgó el Plan Integral del  Sector Eléctrico de República Dominicana, para el periodo de 2006-2012, elaborado por la consultora internacional Adam Smith, y con el apoyo del FMI y del Banco Mundial. Sus objetivos incluían “lograr la sostenibilidad financiera del sector”, “mejorar las condiciones para atraer inversiones” y “reducir los precios de la energía al consumidor final”. Entre las alternativas para ampliar y abaratar la generación de electricidad se escogió la construcción de plantas a carbón.
Sin embargo, Segura fue sustituido por Marranzini en la CDEEE el 16 de agosto de 2009, en un contexto en el cual la crisis se agudizaba, y en que las posibilidades de inversión pública y privada se habían esfumado como consecuencia de la insostenibilidad financiera creciente del sector eléctrico. Con la toma de posición del gobierno de Medina se inicia otro ciclo consistente en empezar de nuevo, y descontinuar o desconocer lo que la gestión anterior había empezado. Entre las primeras decisiones tomadas por la nueva administración encabezada por Bichara en la CDEEE está la de suspender la Licitación pública Internacional No.1-11, que en un contexto de “emergencia nacional” fue convocada con el objeto de elegir a empresas privadas, extranjeras o nacionales para que invirtieran en la construcción de plantas a carbón o gas natural para así ampliar la capacidad de generación del país en 1,500 MW adicionales.
La licitación fue suspendida, a pesar de que ya habían sido preseleccionadas seis empresas extranjeras y nacionales como “participantes precalificados” y otras cinco como “participantes precalificados no operadores”. Marranzini revela que la decisión de suspender la licitación fue tomada por el presidente Medina, incluso antes de su toma de posesión. Mucho antes del 16 de agosto pasado, Gustavo Montalvo, actual ministro de la Presidencia, solicitó al vicepresidente ejecutivo de la CDEEE la suspensión de ese concurso, y la respuesta recibida fue que eso no se podía hacer porque había sido ordenada por el “todavía” presidente Fernández, mediante el decreto número 143-11.
“Después del 16 de agosto, ustedes me dicen qué pasa con la licitación. Esté yo ahí, o no, ésta es una decisión de ustedes”, le dijo. La Ley sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo ordena que se realice un pacto eléctrico, consistente en un consenso nacional a largo plazo sobre el sector que involucre a toda la sociedad. Sin embargo, hasta la fecha, solo se han vistos o anunciados pactos entre la CDEEE y empresas generadoras. Este sigue siendo un país de cuatro años, o menos.


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