Ley y Plan de Ordenamiento Territorial: una necesidad ecológica

Cuando los gobiernos dan más importancia el crecimiento económico, olvidan la creación de leyes y normas que tienen que ver con la protección del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. Es el caso del Anteproyecto de ley de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo, que a pesar de su importancia tiene más de 14 años sin ser aprobada por el Congreso Nacional.
 
El Ordenamiento Territorial es el proceso de planeamiento, evaluación y control dirigido a identificar y programar actividades humanas compatibles con la conservación, el uso y manejo de los recursos naturales en el Territorio Nacional, respetando la capacidad de carga del entorno natural, con miras a preservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger el medioambiente así como garantizar el bienestar de la población.
 
Así se expresa la Ley 64-00 Sobre ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales en su artículo 16 cuando define los objetivos de este concepto, como son: Establecer las políticas públicas para la organización sostenible del territorio, definir las modalidades de uso sostenible y los recursos naturales, implementar políticas territoriales de gestión integral de riesgos naturales y inotrópicos y la orientación de intervenciones públicas destinadas a mejorar el entorno ambiental y la calidad de vida de los ciudadanos.
 
Este instrumento de planificación constituye el procedimiento ideal para hacer frente a los problemas que degradan el medioambiente y la calidad de vida de los ciudadanos. El mismo es una pieza clave para atenuación de la vulnerabilidad, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo de las pequeñas comunidades, de ahí la conveniencia para el desarrollo económico-social con sostenibilidad.
 
Por su importancia y valor estratégico, el Ordenamiento Territorial ha sido considerado como una pieza clave para el Desarrollo Económico y Social por diferentes estamentos institucionales de la República como son: la ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) y la propia Constitución de la República que en su artículo 194 dice: “Es prioridad del Estado la formulación y ejecución mediante la Ley de Ordenamiento Territorial que asegure el uso eficiente y sostenible de los recursos de la nación, acorde con la necesidad de adaptación al cambio climático.
 
La aplicación de esta normativa en aéreas expuestas al proceso de degradación provocado por el hombre y el mal uso del suelo, tanto en zonas urbanas como rurales, garantiza la preservación de los recursos naturales debido a que la misma propicia el cumplimiento de las normas y políticas que deben ser aplicadas en los planes de desarrollo del gobierno central y los gobiernos locales.
 
En lo concerniente a las áreas rurales el Ordenamiento Territorial procura que se haga un uso sostenible de los recursos naturales, fundamentado esto último en las medidas que deben preservar el equilibrio ecológico y la mitigación de los impactos negativos que se pueden producir en el proceso de explotación y uso de los suelos y extracción de minerales, así como en la producción agrícola y la construcción de obras de infraestructuras, para consumo de agua potable y producción energética.
 
Con la implementación de un Plan de Ordenamiento Territorial se obtiene un mejoramiento de las condiciones medioambientales, un adecuado aprovechamiento sostenible de los suelos y mejores condiciones de vida de los ciudadanos. Pero para lograr estos tres aspectos importantes para el desarrollo económico y social, es necesario que se apliquen medidas como las que se detallan a continuación:
- Aplicar políticas públicas dirigidas a proteger el equilibrio ecológico.
- Preservar el desarrollo ambiental y los ecosistemas.
- Controlar los niveles de contaminación que afectan el entorno ambiental y la salud.
- Propiciar un uso sostenible de los suelos, la flora, la fauna y el agua.
- Diseñar políticas e implementar acciones de adaptación al cambio climático.
- Hacer que se cumplan las normas ambientales para que los efectos que se derivan de la explotación de los suelos no sean perjudiciales al medio ambiente y a las poblaciones localizadas en áreas cercanas a los proyectos.
 
Como hemos visto este recurso de planificación es un elemento importante de sostenibilidad ambiental y de protección de los recursos naturales, al tiempo que evita inconvenientes en el aprovechamiento del recurso suelo y sus usos, cuando estos últimos no se ajustan a sus lineamientos, por lo que es fundamental para el desarrollo económico social del país, la aprobación del Anteproyecto de Ley de Ordenamiento Territorial que reposa en el Congreso Nacional que tiene como objetivo y recomienda la ejecución de un Plan de Ordenamiento Territorial, a partir del cual deberán ser tomadas en cuenta el entorno ambiental, las condiciones físicas, químicas y biológicas de los suelos, el tipo de uso de los mismos y las características de los proyectos a desarrollar en todo el territorio Nacional como son: Urbanísticos, industriales, agropecuarios, forestales, mineros, marinos, y otros de servicios especiales.

   Por: DR-ING. JUAN ANTONIO GONZALEZ
GONZALEZACOSTAJUAN@YAHOO.COM

 http://dominicanoshoy.com/index.php?id=58&tx_ttnews[year]=2015&tx_ttnews[month]=09&tx_ttnews[tt_news]=139032&cHash=2964854640a1ad278e99ee3fcdbd872b

ProConsumidor vs. publicidad engañosa

SANTO DOMINGO,R.D.- República Dominicana tiene dentro de su aparato gubernamental  una institución que podría ser de los más jóvenes, denominado Instituto Nacional de Proteccion  de los Derechos del Consumidor. Institución ésta que viene y fue creada  mediante la Ley No. 358-05, bajo los propósitos absolutos de la defensa y protección de los consumidores tantos nacionales como los que nos visitan. ProConsumidor nace esencialmente para eso, por lo que desde su inicio ha sido blanco de ataques por los violadores de los principios que las sustentan.

Esta ley es un verdadero marco regulatorio del comercio nacional, específicamente en cuanto a la legalidad de los precios, pesaje, metraje, contenido exacto de los componentes, que sirven como base para la elaboración de los productos de consumo humano, evidenciado esto último en las diferentes etiquetas de dicho producto, así como otras más variables a determinar. El pueblo dominicano fue y está siendo víctima del timo y el engaño por algunos sectores del comercio desaprensivo de nuestro país; por ejemplo el de la actualidad en el país de la baterías falsificadas, aunque sabemos y estamos seguros de que existen empresas y comercio con un historial serio y responsable en su accionar.
El consumidor en su historia siempre lleva la de perder en el momento de un reclamo de un determinado producto publicitado en forma engañosa, diseñado de una manera tan tal que es muy difícil de detectar el engaño por la calidad de la presentación, o al contrario, lo que sucede con tantas frecuencias en nuestro país, que usted va a un especial a un determinado comercio, y al llegar se encuentra con la frase cliché YA SE ACAB”, aun este comenzando la mañana. He aquí  donde  ProConsumidor hace sus diferentes intervenciones fundamentado sobre la base de una reclamación con factura como evidencia el hecho.
Nuestro país en muchas ocasiones ha sido sacudido por un hecho bochornoso  que va en detrimento de la salud de todos los dominicanos consumidores de productos de diversas naturalezas, principalmente en los criterios de exigencia para la elaboración de los mismos, los cuales son procesados por múltiples industrias; algunos de estos criterios son, la falta de registro sanitario expedido por el Ministerio de Salud Pública; el registro sanitario vencido en su fecha de expedición. Es importante señalar que aquí no escapan lugares de expendio de alimentos para consumo humanos. 
He aquí donde por segunda vez decimos que ProConsumidor se fundamenta en la ley 358-05, que la faculta para tal acción. Implementa una investigación con carácter y rigor científico, con la finalidad de determiar la veracidad de la denuncia o reclamo del consumidor en sentido general, Y no solo este hecho demuestra la vulnerablidad que tenemos los consumidores de ser estafados inmisericordemente por los desaprensivos. 
ProConsumidor tiene la responsabilidad y la obligación de seguir su trayectoria establecida mediante la citada ley, en razón de que la sociedad dominicana cree y confía en esta institución; en consecuencia, jamás podrá dar ni un paso hacia atrás porque se derrumbarían sus cimientes.


 http://www.listindiario.com/puntos-de-vista/2015/09/26/389644/proconsumidor-vs-publicidad-enganosa

Ponen en circulación libro mercado eléctrico

Edwin Croes Hernández

Con el auspicio del Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (ODPP-UASD) está en circulación el libro “El mercado eléctrico dominicano en el siglo XX”, la primera investigación realmente sistémica sobre el sector eléctrico del país, resultado de un escrutinio de tres años que abarcó la inversión extranjera en el sector eléctrico mundial, regional y, obviamente, el tratamiento especial del caso dominicano.
La obra es de la autoría del economista Edwin Croes Hernández, actualmente Investigador Senior del ODPP-UASD, y representante del sector social ante el Comité Técnico de Apoyo creado para la conducción de los trabajos del Pacto Nacional por la reforma del sector eléctrico en el Consejo Económico, Social e Institucional (CESI),
La investigación fue auspiciada en 2005 por el Fondo de Investigaciones Económicas y Sociales (FIES), con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y concluida en 2008, hasta su puesta en circulación la semana pasada en la Biblioteca Pedro Mir de la UASD.
El libro, de 621 páginas, distribuidas en capítulos, contiene dos apéndices de interés particular. El primero, sobre arbitraje internacional del Estado dominicano y, el segundo, acerca de las inversiones, riesgos y disputas en el sector eléctrico.

Plantea pueblo decida sobre tarifa energía

SANTO DOMINGO,R.D.- El director de Comunicaciones de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur) planteó hoy un referéndum donde el pueblo decida si la factura eléctrica debe fluctuar de conformidad con los precios internacionales del petróleo y sus derivados.
Rafael Grullón sugirió que a partir de las elecciones del próximo año se contemple en el pacto eléctrico que en República Dominicana se haga un plebiscito donde el pueblo decida si la factura eléctrica se debe establecer de acuerdo con los precios internacionales de los combustibles.
“Es decir que si suben el petróleo el gas natural, el fuel oil o el carbón eso se manifieste en la factura eléctrica, pero que sea el pueblo dominicano que tome esa decisión a través de un referéndum después de las elecciones”, planteó el comunicador.
Grullón explicó con la Ley de Hidrocarburos República Dominicana logró establecer una política en materia de combustibles que llegó a feliz término, porque si los combustibles suben o bajan, se refleja en los combustibles.
Sin embargo, precisó que esa regla no se da con el sector eléctrico, porque cuando el precio del petróleo se mantuvo en alta el Gobierno mantuvo el subsidio a los usuarios.
“Pero ahora los precios del petróleo se han desplomado a nivel internacional y la gente cree que se le debe bajar la tarifa eléctrica conforme a los precios internacionales del petróleo, pero esa tarifa venía siendo subsidiada y todavía no ha logrado los ajustes que le permitan a las empresas que compran la energía competir a nivel de mercado”, explicó.
El sector privado considera que la factura eléctrica se dejar fluctuar de conformidad con los precios internacionales del petróleo y sus derivados utilizados para generar energía.
Grullón sostuvo que debe llegarse a una nueva situación donde quede totalmente despolitizado el tema energético en el país, ya que la sociedad dominicano no sería sostenible si los consumidores no pagan la energía que consumen.


 http://elnacional.com.do/plantea-pueblo-decida-sobre-tarifa-energia/

Construyen mayor planta fotovoltaica

Monte Plata,R.D. –Con la construcción de un proyecto fotovoltaico aquí, la empresa taiwanesa General Energy Solutions trajo la inversión más importante de la historia de las relaciones entre Taiwán y República Dominicana.
l proyecto, que está siendo construido por la empresa Soventix y su subsidiaria Soventix Caribbean, generará en su primera fase 30 megavatios de energía renovable.
Este proyecto ayudará a la República Dominicana a reducir su dependencia del uso de combustibles fósiles importados.
Además, esta instalación solar reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero del país.
Monte Plata Solar se convertirá en la mayor planta fotovoltaica de la región, una vez se completen las dos fases del proyecto, afirmaron sus ejecutivos.
Thorsten Preugschas y Alfonso Rodríguez, directivos de Soventix, aseguran que este proyecto marca un hito en el desarrollo sostenible del país.
Monte Plata Solar ayudará a ahorrar más de US$250 millones en la compra de combustible fósil importado y evitará la emisión de más de 1.4 millones de toneladas de gases de efecto invernadero.
Consideraron que la construcción de la planta es un paso decisivo a favor de la mitigación de los efectos del cambio climático en el país.
Por otro lado, General Energy Solutions es la empresa taiwanesa líder en la generación de energía solar fotovoltaica, con proyectos en desarrollo en Asia, América y Europa.
Mientras, Soventix Caribbean es una empresa subsidiaria de Soventix, empresa alemana desarrolladora y constructora de proyectos fotovoltaicos con operaciones en Asia, América, África y Europa.
Con la construcción de un proyecto fotovoltaico aquí, la empresa taiwanesa General Energy Solutions trajo la inversión más importante de la historia de las relaciones entre Taiwán y República Dominicana.
El proyecto, que está siendo construido por la empresa Soventix y su subsidiaria Soventix Caribbean, generará en su primera fase 30 megavatios de energía renovable.
Este proyecto ayudará a la República Dominicana a reducir su dependencia del uso de combustibles fósiles importados.
Además, esta instalación solar reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero del país.
Monte Plata Solar se convertirá en la mayor planta fotovoltaica de la región, una vez se completen las dos fases del proyecto, afirmaron sus ejecutivos.
Thorsten Preugschas y Alfonso Rodríguez, directivos de Soventix, aseguran que este proyecto marca un hito en el desarrollo sostenible del país.
Monte Plata Solar ayudará a ahorrar más de US$250 millones en la compra de combustible fósil importado y evitará la emisión de más de 1.4 millones de toneladas de gases de efecto invernadero.
Consideraron que la construcción de la planta es un paso decisivo a favor de la mitigación de los efectos del cambio climático en el país.
Por otro lado, General Energy Solutions es la empresa taiwanesa líder en la generación de energía solar fotovoltaica, con proyectos en desarrollo en Asia, América y Europa.
Mientras, Soventix Caribbean es una empresa subsidiaria de Soventix, empresa alemana desarrolladora y constructora de proyectos fotovoltaicos con operaciones en Asia, América, África y Europa.


 http://hoy.com.do/construyen-mayor-planta-fotovoltaica/

INDOTEL aprueba resolución sobre servicio de telefonía y acceso a internet

SANTO DOMINGO,R.D.- El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) publicó este miércoles la resolución 016-15 por la que aprueba la norma de calidad del servicio de telefonía y acceso a internet que deberá entrar en vigencia en seis meses.
De acuerdo a esta nueva norma, en caso de presentarse averías en parte o en la totalidad de la red del servicio de telefonía local fija y móvil (incluyendo SMS), servicios de acceso a internet, fijo y móvil, que hagan imposible la prestación de servicio ofrecido a la prestadora deberá reportarlo al INDOTEL dentro de las primeras dos horas de detectado el inconveniente.
Igualmente, deberá informar a los usuarios afectados por alguna avería dentro de las primeras cuatro horas de haberse detectado, mediante contacto directo con los mismos o mediante avisos en los medios de comunicación masiva, tales como radio, televisión, prensa escrita o a través de los medios electrónicos disponibles por la prestadora.
Asimismo dispondrá de un plazo de veinticuatro horas para remitir al INDOTEL un informe con los detalles de lo acontecido.
Según la nueva normativa, si la avería del servicio se produce en horario nocturno, entre las 10:00 de la noche y 6:00 de la mañana, la notificación directa a los usuarios podrá hacerse de las dos primeras horas laborables de la mañana, es decir entre las 8:00 de la mañana y 10:00 de la mañana, siempre que la avería no haya sido solucionada.
Las prestadoras de servicios públicos de telefonía y acceso a internet deberán también llevar las mediciones de los indicadores de calidad de la red, las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
En virtud de las disposiciones de la Ley General de Telecomunicaciones No. 153-98, el INDOTEL publicará los resultados de las mediciones de los niveles de calidad del servicio de telefonía fija y móvil (incluyendo SMS), servicios de acceso a internet fijo y móvil realizadas y presentadas por las prestadoras, como aquellas que realice o contrate el INDOTEL.
Señala, además, que las prestadoras de servicios públicos de telefonía y acceso a internet deberán presentar ante el INDOTEL, reportes que contengan información y datos estadísticos presentados trimestralmente.
Según la publicación del INDOTEL, esta tiene como objetivo establecer los principios para que los servicios de telefonía fija y móvil (incluyendo SMS), de acceso a internet fijo y móvil se presten en mejores condiciones de calidad en todo el territorio de la República Dominicana.


 http://www.diariolibre.com/noticias/indotel-aprueba-resolucion-sobre-servicio-de-telefonia-y-acceso-a-internet-YH1339427

Los subsidios a los combustibles fósiles

Bloomberg News.-En momentos en que los líderes mundiales convergen en Nueva York para una reunión de las Naciones Unidas con expectativas de poner un fuerte énfasis en el cambio climático, la OCDE señala 800 formas en que los países industriales ricos sostienen los combustibles fósiles con dinero de los contribuyentes, además de un puñado de países que se están poniendo al día rápidamente.
Estas medidas alcanzaron el año pasado un valor equivalente a US$167,000 millones para los sectores vinculados al petróleo, el gas natural y el carbón, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, una entidad con sede en París que asesora a 34 países industriales.
Si bien la cifra disminuyó desde casi US$200,000 millones en 2012, supera fácilmente el valor de los subsidios para energías renovables como la eólica y la solar.
Estas conclusiones publicadas el lunes tienen como objetivo estimular el debate acerca de lo que constituye un apoyo justo a las tecnologías energéticas.
Líderes mundiales como el presidente estadounidense Barack Obama y su homólogo chino, Xi Jinping, intentan potenciar las ambiciones de un acuerdo global que reduzca la contaminación de gases con efecto invernadero. Se espera que las negociaciones organizadas por la ONU produzcan un acuerdo internacional en París en el mes de diciembre.
El informe de OCDE sugiere que los diseñadores de políticas revisen sus medidas relativas a impuestos y gastos en busca de una solución.
“Somos totalmente esquizofrénicos”, dijo en una conferencia de prensa en París este lunes Ángel Gurria, secretario general de OCDE.
“Estamos tratando de reducir las emisiones y subsidiamos el consumo de combustibles fósiles. Estas políticas no son obsoletas, son legados peligrosos de una época pasada en la cual la contaminación se consideraba un efecto secundario tolerable del crecimiento económico. Deberían ser borradas de los manuales”.
El informe analizó a seis países de OCDE junto a seis economías en vías de desarrollo no pertenecientes al grupo –Brasil, China, India, Indonesia, Rusia y Sudáfrica.
Amplía una evaluación de 2013 y el trabajo de la Agencia Internacional de Energía, que en 2013 estableció el costo de los subsidios a los combustibles fósiles en US$548,000 millones, un 25 por ciento menos que un año antes.
Mayores subsidios
El informe de la AIE incluye a países de Oriente Medio y África, como Qatar, Irán y Nigeria que encabezan otras clasificaciones de países que otorgan los mayores subsidios. Analizó cómo varían los precios al consumidor respecto de los precios de mercado, en tanto OCDE estudió específicamente medidas en los presupuestos nacionales que financian los combustibles fósiles.
“La gente se indigna al descubrir que sus impuestos se utilizan para sostener la industria más rica del planeta”, dijo Jamie Henn, director de estrategias en 350.org, el grupo de defensa fundado por el ecologista Bill McKibben para instar a los inversores a desinvertir de las industrias que contribuyen a la contaminación”.
“Financiar los combustibles fósiles es como comprar máquinas de escribir en los albores de la era informática”.
El petróleo y los productos petroleros cosecharon 82 por ciento del apoyo, según OCDE, en tanto el carbón recibió 8 por ciento y el gas 10 por ciento.
Una caída en los precios del petróleo crudo redujo parte del costo de los subsidios.
Más importantes fueron las medidas adoptadas en India, China, México e Indonesia, así como en la mayoría de los países industriales, para reducir los apoyos a formas de energía que producen cantidades significativas de contaminación.
India ahorró 200.000 millones de rupias (US$3,000 millones) desde 2012 hasta 2014 recortando subsidios para el diésel..


 http://eldia.com.do/los-subsidios-a-los-combustibles-fosiles/

República Dominicana se ahorra casi RD$27 mil millones por baja del petróleo en primer semestre 2015

 
SANTO DOMINGO,R.D.- En el primer semestre de este año, el país se ahorró US$593.9 millones por la reducción de la factura petrolera. Esta reducción es resultado de la caída persistente de los precios del crudo y sus derivados en los mercados internacionales.
Al mes de junio de 2015, el monto de la factura petrolera fue de US$1,418.7 millones, lo que es 29.5% menor a los US$2,012.6 millones a que ascendió durante el primer semestre del 2014. Esta es la tercera caída consecutiva desde 2013 en la factura petrolera durante el período enero-junio. En el primer semestre del 2013 bajó en US$205.4 millones (-8.5%), y para el mismo período de 2014, el descenso fue de US$187.7 millones (-8.5%).
La sostenida tendencia hacia la baja en los precios internacionales del crudo y sus derivados ha impactado positivamente en la balanza de pagos del país. El Banco Central, en su informe del primer semestre sobre la economía, revela que la cuenta corriente externa cerró a junio con un superávit de US$17.8 millones.
“Este resultado superavitario fue consecuencia de una combinación de factores: la sostenida caída en los precios internacionales del petróleo y sus derivados; así como el persistente dinamismo registrado en los ingresos por turismo y remesas, de la mano con la recuperación en el entorno internacional”, afirma la entidad monetaria.
La reducción de la factura petrolera es concomitante con un incremento de 18.6% en el volumen importado de combustible, lo que puede ser resultado de un incremento de la demanda por causa de la caída de los precios.
“Un aspecto importante a destacar es que la caída de 29.5% registrada en la factura petrolera responde exclusivamente a la baja en el precio de importación, puesto que el volumen importado de derivados de petróleo se incrementó en un 18.6%, de acuerdo con el dinamismo exhibido por la economía dominicana en este primer semestre del año”, explica el Banco Central de República Dominicana.

Los impuestos

Durante el primer semestre de 2015, la Dirección General de Impuestos Internos recaudó RD$6,808.27 millones por la aplicación del impuesto de 16% ad-valorem a los hidrocarburos, Este monto representa una caída de 32.4% en comparación con los RD$10,072.15 millones que en el mismo período de 2014 recaudó por ese impuesto.
Sin embargo, por el impuesto específico a los hidrocarburos (que no depende del precio) recaudó RD$15,192.92 millones, lo que es un 14.8% más que lo recaudado en enero junio de 2014.


 http://www.diariolibre.com/economia/republica-dominicana-se-ahorra-casi-rd-27-mil-millones-por-baja-del-petroleo-en-primer-semestre-CX1321602

Teme que el pacto eléctrico termine en un "mero ejercicio retórico"

Trajano Potentini

SANTO DOMINGO.- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) criticó hoy que empresarios y Gobierno "vean la energía como un negocio y no como un bien público", y expresó su temor de que el pacto eléctrico se convierta "en un mero ejercicio retórico, sin solución ni propuestas para abordar con éxito los grandes problemas que aquejan el sector energético,".
"Es de gran preocupación el que hoy se esté propagando como un secreto a voces los supuestos acuerdos entre empresarios y Gobierno, todo ello con el propósito de dividirse el sector eléctrico como si se tratara de un gran pastel, donde incluso corre la especie de que todo ya está decidido y que el pacto eléctrico solo es una pantalla para legalizar los amarres entre empresarios y políticos", señaló la FJT en un comunicado.
Trajano Potentini, presidente de la entidad de la sociedad civil, criticó el hecho "de la limitada participación del sector social en el pacto" y consideró que el enfoque que se tiene del sector energético, tanto los empresarios como el propio gobierno, "es erróneo y dañino, al concebir la electricidad como un negocio y no como un bien público, y como tal debe el estado garantizar y priorizar el interés colectivo por encima del interés particular y privado".
En ese sentido, llamó la atención de los principales directivos del Consejo Económico y Social (CES), especialmente su presidente, Agripino Núñez Collado, para que garanticen al país que el pacto eléctrico "no será usado para legalizar los acuerdos de aposento de empresarios y políticos".
Asimismo, la FJT reiteró al CES su pedido de solucionar "cuanto antes" la situación que se mantiene en las seis mesas del pacto con varias organizaciones sociales y laborales, a las cuales, dijo, "se le ha limitado y reducido su capacidad de participar de manera plena, incluso negándoles la posibilidad de presentar propuestas y decidir con el voto sobre las mismas, todo ello luego de que miembros del empresariado y del Gobierno gestionaran su exclusión bajo el alegato de que no están acreditadas legalmente (..).EFE


 http://www.7dias.com.do/economia/2015/09/21/i197040_fjt-teme-que-pacto-electrico-termine-mero-ejercicio-retorico.html#.VgBkJZeYB1g

Fundecom reclama a CDEEE explicación

SANTO DOMINGO,R.D.- La Fundación por los Derechos del Consumidor (Fundecom) consideró que la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) debe explicar los beneficios que arrojaría a la sociedad dominicana, por tratarse de una deuda que no ha sido debidamente auditada para establecer su monto real.
Fundecom entiende que de igual manera se debe explicar el monto de los intereses que se han pagado a los generadores por los atrasos en el pago de su deuda, pues los reportes de prensa llevan a la conclusión de que se trata de montos exorbitantes que a la larga paga el usuario del servicio, golpeado por los apagones no compensados, y por la sobrefacturación, sobre todo en tiempos de verano, con una tarifa por encima de lo normal y la ausencia de la celebración de licitaciones públicas para la compra de energía eléctrica como manda el artículo 110 de la Ley 125-01 General de Electricidad.

 http://www.listindiario.com/economia/2015/09/22/389092/fundecom-reclama-a-cdeee-explicacion

100% ENERGÍA, A 100% HOGARES en R.D.

SANTO DOMINGO,R.D.- El Conep opina que la estatal Unidad de Electrificación Rural y Suburbana (UERS) es costosa para las finanzas públicas y que las funciones para las que fue creada perfectamente pueden ser desarrolladas por el sector privado.
“Hay toda una campana diciendo que el sector privado no quiere que haya electrificación rural en el país, porque hemos propuesto que esa unidad sea parte de las distribuidoras”, sostienen los invitados a Diálogo Libre.
Afirman que se ha credo una institución paralela que tiene una “cantidad enorme” de empleados. “Pudiera estarse electrificando decenas de comunidades rurales si no estuviéramos gastando esa cantidad de dinero en esa unidad, que en una distribuidoras pudieran ser tres personas”, afirma Rafael Blanco Canto, presidente del Conep.
La organización opina que para montar una línea de energía eléctrica no es necesario tener 600 empleados. “Yo hago un concurso y contrato la línea y me sale más barato que tener empleados de manera permanente”, afirma Blanco.
El empresario declara que la postura del sector que representa consiste en que “la energía eléctrica debe llegar al 100% del territorio nacional y al 100% de los hogares del país”. Y que es parte de la visión empresarial que aquellos hogares o territorios del país que requieran un tratamiento especial, “el Estado debe darlo de manera directa, y no en base a subsidios generalizados”.


 http://www.diariolibre.com/blanco-entre-tres-y-cinco-anos-deberia-tomarse-el-estado-para-privatizar-la-distribucion-IJ1308569

Los RD$19 mil millones de Fonper en R.D.

SANTO DOMINGO,R.D.- Rafael Paz señaló que “se ha querido tergiversar sobre el éxito o no del proceso de capitalización”. Pone como ejemplo, del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) “que desde que se inició el proceso de capitalización hasta la fecha ha recibido más de 19 mil millones de pesos”. Atribuye ese resultado “modelos muy exitosos de alianzas público privada”. Agrega que si ese dinero se hubiese utilizado para mejorar las redes de transmisión y distribución, y la competitividad de las empresas de distribución “tuviéramos resultados mucho más adecuados”.


 http://www.diariolibre.com/blanco-entre-tres-y-cinco-anos-deberia-tomarse-el-estado-para-privatizar-la-distribucion-IJ1308569

Entre tres y cinco años debería tomarse el Estado para privatizar la distribución en R.D.

SANTO DOMINGO,R.D.- El Consejo Nacional de la Empresas Privadas (Conep) prevé que el Estado Dominicano necesitaría inversiones multimillonarias, que estima entre ocho y diez mil millones de dólares, y por lo menos los próximos diez años, para desarrollar un sector eléctrico “modernizado, eficiente y ambientalmente auto sostenible”.
Pero “el Estado dominicano no tiene esos recursos”, observa Rafael Blanco Canto, presidente del Conep, por lo que esos fondos deben venir “necesariamente” del capital privado, basado en una alianza público-privado que viabilicen esas inversiones.
“No decimos que el Estado no debe participar”, afirma. Pero esa participación debe centrarse en su rol de regulador, y como propietario de la transmisión eléctrica, y de la generación hidroeléctrica, las que entiende que son actividades estratégicas y “hasta de seguridad nacional”.
Blanco Canto realizó estas declaraciones al participar el pasado jueves en Diálogo Libre, junto a Rafael Paz, vicepresidente ejecutivo del Conep, y Jochi Vicente, asesor económico de esa organización empresarial.
Como parte de su papel de regulador, otra de las responsabilidades del Estado es licitar, a través de sus organismos, las necesidades de nueva generación. También fomentar que éstas “sean las más competitivas”, de modo que se puedan estructurar los paquetes financieros “a los costos más bajos y a los planes más largo”, afirmó el presidente del Conep.
Los comentarios de los ejecutivos del Conep se emiten en el contexto de las negociaciones que los diversos sectores de la sociedad llevan a cabo con el objetivo de alcanzar un Pacto de largo plazo para el desarrollo del sistema eléctrico dominicano.
Los invitados a Diálogo Libre sostienen que el regulador, que es el Estado, no debe ejercer otras funciones que no sean la de regular: “Porque si el ente regulador distribuye energía eléctrica, entonces el ente regulador no tiene autoridad sobre el distribuidor, porque el distribuidor es el mismo ente regulador”.
Sobre ese conflicto de roles, destacan: “Lo estamos viviendo, lo mismo pasa con la generación y lo mismo con la comercialización”.
Pero eso es un proceso, aclara Blanco Canto, lo que significa que no piden que de la noche a la mañana el Estado privatice sus propiedades en la distribución y en la generación térmica. “En nuestra propuesta planteamos que no podemos pretender un cambio del cielo a la tierra inmediato. Se está estableciendo un periodo de tres a cinco años para que en un proceso paulatino, donde haya inversiones en el sistema de distribución y de comercialización energética, se pueda ir transfiriendo paulatinamente la distribución y la comercialización al sector privado”, amplía.
En una mirada a la historia desde el proceso de la capitalización, los ejecutivos del Conep observan que en República Dominicana hubo un retroceso en el proceso de reingeniería del sector eléctrico, donde las distribuidoras volvieron a pasar a mano del sector público, (después de ser privatizadas).
Comparan con las experiencias de otros países “que hicieron exactamente lo mismo que nosotros hicimos y en el mismo tiempo aproximadamente, y que se mantuvieron la reingeniería tal y cual se diseñó”. En esos países la pérdida del sector eléctrico en distribución, transmisión y comercialización se redujeron de un 35% a un 8%, en el primer caso; y de 12% y 15%, en los restantes, estiman.
“Nosotros seguimos con un 35% porque la distribución y la comercialización está politizada en República Dominicana, y si no despolitizamos al sector eléctrico no vamos a ser capaces como nación de alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto”, concluye Rafael Blanco Canto, presidente del Conep.


 http://www.diariolibre.com/blanco-entre-tres-y-cinco-anos-deberia-tomarse-el-estado-para-privatizar-la-distribucion-IJ1308569

Modificar la Ley de hidrocarburos y transparencia en R.D.

SANTO DOMINGO,R.D.- En el país se paga un exceso de impuestos por cada galón de gasolina premium o regular, gasoil, kerosene, fuel-oil, avtur y otros combustible. Ahora se paga en impuestos directos fijos, el 16 % advalorem, rejuegos y cargas ocultas, basados en la Ley 253-12, del presidente Medina. Esta Ley 253-12 y su escala de impuestos debe modificarse rápido.
El realidad el problema no está necesariamente en la fórmula de Precio Paridad de Importación, si se aplica con datos reales y fehacientes (PPI=precio-fob+flete+seguro marítimo+comisión bancaria+cargo manejo terminal+gastos administrativos de la ley), sino en el cúmulo de impuestos fijos, más el 16 % de advalorem y recargos ocultos. Esta fórmula PPI está en el del Decreto 625, de 14 de octubre de 2011.
Se señala que el precio del barril “basado en la publicación Platt´s USGC Waterbone promedio de los días de jueves y viernes de la semana anterior y los días lunes, martes y miércoles de la semana en que se realiza el anuncio”. Ahora un cosa es la fórmula y otra son los precios y datos que le introduzcan. Ahí hay un gran rejuego del Gobierno.
La original Ley 112 de Hidrocarburos, promulgada por el ex presidente Mejía fijaba un impuesto fijo por galón, cuando el precio barril era más bajo y la tasa de cambio. Los impuestos eran RD$ 18 el galón gasolina premium, de RD$ 15 la regular, kerosene RD$ 5 pesos, la avtur RD$ 1.75, gasoil RD$ 6 y fuel oil RD$ 5 pesos y el margen de intermediación era RD$ 4.50. Pero en adelante aumentó el barril de petróleo mundial.
Posteriormente mediante Ley 495-06 del ex presidente Fernández subió el selectivo advalorem a 16 %. En diciembre 2012 el presidente Medina promulgó la Ley 253-12, de Fortalecimiento de la Capacidad Recaudadora, en la cual triplican los impuestos fijos al galón, y los aumenta a RD$ 64.35 la gasolina premium, a RD$56.93 por regular, kerosene a RD$16.61, avtur a RD$5.85 y gasoil a RD$29.89 fijo/galón, más el margen de intermediación de RD$ 37.32 el galón.

Impuestos a los combustibles

Al final del 2012 el precio del barril/petróleo estaba a alrededor de US$ 100 y a septiembre el precio del barril ronda los US$ 45. Una caída de más de 50 %. Entonces por qué no bajan los precios del galón de los combustibles? Las razones son varias, son los elevadísimos impuestos, costos de fletes altos, altos márgenes, y rejuegos en atrasar la necesaria rebaja de precio al consumidor, por causas fiscalistas de impuestos.
El gran tranque o trampa que se debe remediar es modificar la última Ley 253-12 del presidente Medina, que triplica toda la escala de impuestos de la original Ley 112, que quedó superada. Recomiendo con urgencia una revisión de la ley 253-12 y reducir a la mitad (50%) cada impuesto del galón de gasolina, gasoil, kerosene, fuel oil y avtur y otros y reducir el advalorem, al 13 %.
Una cosa era que en el 2008 el precio de barril de petróleo estaba a US$ 45.50 y se aplicaba la escala baja de impuestos de la original Ley 112-00, más el 13 % de advalorem.  Otra cosa muy distinta es cuando en septiembre del 2015, estando entre US$ 44 y RD$ 46 el barril como en el 2008, se apliquen impuestos tres veces más altos, más la intermediación y el 16 % advalorem y los rejuegos de costos ocultos.
Esta es la razón por la cual esta semana el precio de paridad de importación del galón de gasolina regular es de RD$ 75.41, y los impuestos ascienden igual a RD$ 75.23 por galón. No es esto una anomalía? Y cómo un país aguanta impuestos de 100 % sobre el precio paridad de importación. Hay, pues, que modificar la escala de la Ley 253-12, pues es excesiva cuando el precio del barril está a US$ 46 el barril. Con mala fe, a la fórmula PPI puede incluirse cualquier elevado y no verificable costo, pero en adición hay que agregar estos impuestos insostenibles. Por eso, el PRM y la sociedad pide transparencia total y rectificación.

El experto Antonio Almonte, doctor en ingeniería nuclear y física, en un artículo publicado en Acento.com, titulado “Refinería o Estafa”, todavía denuncia otras situaciones que encarecen los combustibles en el país. Señala que la capacidad de refinar de Refidomsa es solo de 34 mil barriles de petróleo diario, que representa solo el 32 % y el otro 68 % es importada.
Reitera el experto que Refidomsa se beneficia al vender su combustible refinado, a los precios de importación. Ahí señala hay un gran margen de ganancias, que los paga el consumidor, sea industrial, agrícola, transportista o dueño de un vehículo. Según su cálculos Refidomsa le ingresan RD$ 4,808 millones al año por esta manera singular de fijar su precios de ventas. Quizás por eso Refidomsa anunció que le entregaría RD$ 2,000 millones de beneficios al Gobierno y US$ 62 millones a la entidad venezolana socia-accionista.
Venezuela hizo un gran y súper negocio al comprar el 49 % de las acciones, por lo que se dijo fue US$ 110 millones, y que cómo US$ 30 millones lo pagó con cargo a la deuda, y ahora recibe estos beneficios de US$ 62 millones. Esta venta sí fue malísima y nadie pide investigarla ni tampoco protesta, como en los casos de proyectos mineros. Ahora, eso es otro tema. Sigamos con los combustibles.
El Dr. Almonte también escribió lo siguiente. “el precio de paridad importación de gasolina regular la semana pasada fue de RD$ 85.41 y el precio de referencia en la Costa del Golfo (USGC) fue de RD$ 65.02, para una diferencia de RD$ 20.40 pesos por galón. Esa diferencia corresponde al costo de importación”. Para mi es muy raro que el costo marítimo y su seguro cueste el 32 % del valor FOB del galón. Nuevamente, no hay transparencia, pues no se publican detalles de las compras, precios, márgenes y costos.
Por todas estas razones hay una gran queja que el Gobierno tiene que atender, pues el consumidor, los sectores productivos, el transporte y las exportaciones quedan muy afectados con tan altos costos de combustibles, por el hecho que lo han convertido en otra importante fuente de ingresos tributarios. Con esta política afecta la tan repetida competitividad del país y es un gran abuso y aberración tributaria.
Una cosa queda clara, el Gobierno sabe lo que hace, aunque sea a costa del consumidor y los sectores productivos. Por ejemplo, en el Presupuesto Nacional del 2015, en la pág. 31, sobre Estimaciones de Ingresos Fiscales 2015, se proyectó RD$ 28,772 millones de impuestos fijos a los hidrocarburos y RD$ 22,513 millones por el advalorem, lo que brinda un total de impuestos a los combustibles de RD$ 51,285 millones o US$ 1,140 millones. Una cifra extraordinaria. Por eso no reducen como debe ser los precios a los combustibles acorde con los bajos precios WTI barril.
Finalmente, reitero lo que expresó la Comisión Económica y Autoridades del PRM, respecto a que los precios de combustibles en el país son sumamente altos y están llenos de impuestos, cosas opacas, y rejuegos. Naturalmente, este artículo es de mi sola responsabilidad, no del partido. Pero he escrito sobre hechos y temas legales y jurídicos puntuales y nada político, que espero que motive a la sociedad a que presione al Gobierno para modificar la Ley 253-12 y su escala de impuestos y bajar el advalorem a 13 %.



 http://acento.com.do/2015/opinion/8281146-modificar-la-ley-de-hidrocarburos-y-transparencia/

Hay desinterés en cumplir normas de seguridad laboraL en R.D.

 

SANTO DOMINGO,R.D.- El Ministerio de Trabajo apenas dispone de un puñado de inspectores para garantizar las normas de seguridad Industrial.

La seguridad en el trabajo es uno de los temas que menos atención se le presta en el mundo laboral de la República Dominicana, registrándose muy pocas notificaciones, si se parte de que existen unas 700,000 empresas entre registradas y no registradas que emplean a más del 70% de la población económicamente activa del país.

Y a ello se suma el hecho de que en lo que va de año la Aseguradora de Riesgos Laborales Salud Segura, lleva registrado casi 24,000 accidentes laborales, mientras que el año pasado el número de casos se elevó a 31,032.

El desinterés del Estado por la seguridad e higiene laboral se pone en evidencia en el Ministerio de Trabajo, donde el Departamento de Higiene y Seguridad Industrial apenas cuenta con unos ocho inspectores para fiscalizar si las empresas y el Estado mismo cumplen con las normas establecidas para garantizar que la persona trabajadora lo haga en condiciones que no pongan en peligro su salud física y mental.

Además de los pocos inspectores, dicho departamento tampoco está dotado de las herramientas e instrumentos que permitan que éstos hagan su trabajo con un mínimo de eficiencia.

Al respecto, Rafael Abreu (Pepe), presidente de la Central de Unidad Sindical (CNUS), aseguró que en el mundo laboral uno de los principales violadores de la seguridad en el trabajo es el propio Estado, al punto que son pocos los empleados públicos que reportan accidentes laborales.

“Pero hay más”, dice Pepe Abreu, “el mismo Estado no cobra a la ARL el dinero que tiene que cobrarle cuando ocurre un accidente de trabajo que afecta a uno de sus trabajadores”.

Culpa compartida

Abreu dice que las normas de seguridad laboral son poco observadas debido a que el Estado como garante de la protección de sus ciudadanos y de la clase trabajadora nunca le ha interesado el tema.

“Igualmente sucede con los empresarios, que incentivan a sus trabajadores a que no reporten los accidentes de trabajo y gestionan un arreglo directo cuando sucede”, apunta.

Explicó que ello sucede así porque al reportar los accidentes laborales los empresarios deben pagar más al Sistema Dominicano de Seguridad Social, sobre todo a las aseguradoras de riesgos laborales, y optan por convencer a los trabajadores de que les conviene un arreglo directo.

Asimismo, el dirigente sindical expresó que los sindicalistas dominicanos también se han olvidado de tener la seguridad laboral como una de sus principales reivindicaciones, ya que se han centrado más en el aspecto salarial.

“El hecho de que en el país haya tantos accidentes de trabajo y que se reporten tan pocos es una responsabilidad compartida de todos los sectores que tenemos que ver con lo laboral en la República Dominicana: los empresarios porque les conviene, el Estado porque no cumple su papel y nosotros los sindicalistas porque nos hemos olvidado”, subraya.

Los menos cumplidores

Tanto Pepe Abreu como Gabriel del Río, presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC) coinciden en señalar que los empresarios que menos observan las normas de seguridad laboral son los constructores y los agrícolas.

En sentido contrario, afirma Pepe Abreu, “el sector minero cumple casi a cabalidad con las normas de seguridad laboral, aunque fuera depreden el medio ambiente, pero hay que reconocerlo, y también los empresarios del área de las bebidas, la alimentación y los dulces”.

Gabriel del Río destacó que la importancia de prevenir los riesgos laborales y con ello evitar la incidencia de accidentes y pérdidas humanas en el trabajo, y al respecto señaló que en el país el 56% de los empleados pertenecen a la economía informal, por lo que no se registran las incidencias que se presentan en este sector.

Dejar de trabajar si hay peligro contra la vida

La abogada experta en asuntos laborales, Ebarista Rodríguez, entiende que el Ministerio de Trabajo ha hecho poco por dar a conocer y aplicar el reglamento 22-06 sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo, el cual expresa que el trabajador tiene derecho, luego de agotar los canales internos con el empleador, de interrumpir su actividad laboral cuando la misma entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud. 

www.elcaribe.com.do/2015/09/19/hay-desinteres-cumplir-normas-seguridad-laboral

El Ministerio de Trabajo apenas dispone de un puñado de inspectores para garantizar las normas de seguridad

La industria de manufactura reporta pocos accidentes laborales, según el sector sindical. (Kelvin Mota)

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La seguridad en el trabajo es uno de los temas que menos atención se le presta en el mundo laboral de la República Dominicana, registrándose muy pocas notificaciones, si se parte de que existen unas 700,000 empresas entre registradas y no registradas que emplean a más del 70% de la población económicamente activa del país.

Y a ello se suma el hecho de que en lo que va de año la Aseguradora de Riesgos Laborales Salud Segura, lleva registrado casi 24,000 accidentes laborales, mientras que el año pasado el número de casos se elevó a 31,032.

El desinterés del Estado por la seguridad e higiene laboral se pone en evidencia en el Ministerio de Trabajo, donde el Departamento de Higiene y Seguridad Industrial apenas cuenta con unos ocho inspectores para fiscalizar si las empresas y el Estado mismo cumplen con las normas establecidas para garantizar que la persona trabajadora lo haga en condiciones que no pongan en peligro su salud física y mental.

Además de los pocos inspectores, dicho departamento tampoco está dotado de las herramientas e instrumentos que permitan que éstos hagan su trabajo con un mínimo de eficiencia.

Al respecto, Rafael Abreu (Pepe), presidente de la Central de Unidad Sindical (CNUS), aseguró que en el mundo laboral uno de los principales violadores de la seguridad en el trabajo es el propio Estado, al punto que son pocos los empleados públicos que reportan accidentes laborales.

“Pero hay más”, dice Pepe Abreu, “el mismo Estado no cobra a la ARL el dinero que tiene que cobrarle cuando ocurre un accidente de trabajo que afecta a uno de sus trabajadores”.

Culpa compartida

Abreu dice que las normas de seguridad laboral son poco observadas debido a que el Estado como garante de la protección de sus ciudadanos y de la clase trabajadora nunca le ha interesado el tema.

“Igualmente sucede con los empresarios, que incentivan a sus trabajadores a que no reporten los accidentes de trabajo y gestionan un arreglo directo cuando sucede”, apunta.

Explicó que ello sucede así porque al reportar los accidentes laborales los empresarios deben pagar más al Sistema Dominicano de Seguridad Social, sobre todo a las aseguradoras de riesgos laborales, y optan por convencer a los trabajadores de que les conviene un arreglo directo.

Asimismo, el dirigente sindical expresó que los sindicalistas dominicanos también se han olvidado de tener la seguridad laboral como una de sus principales reivindicaciones, ya que se han centrado más en el aspecto salarial.

“El hecho de que en el país haya tantos accidentes de trabajo y que se reporten tan pocos es una responsabilidad compartida de todos los sectores que tenemos que ver con lo laboral en la República Dominicana: los empresarios porque les conviene, el Estado porque no cumple su papel y nosotros los sindicalistas porque nos hemos olvidado”, subraya.

Los menos cumplidores

Tanto Pepe Abreu como Gabriel del Río, presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC) coinciden en señalar que los empresarios que menos observan las normas de seguridad laboral son los constructores y los agrícolas.

En sentido contrario, afirma Pepe Abreu, “el sector minero cumple casi a cabalidad con las normas de seguridad laboral, aunque fuera depreden el medio ambiente, pero hay que reconocerlo, y también los empresarios del área de las bebidas, la alimentación y los dulces”.

Gabriel del Río destacó que la importancia de prevenir los riesgos laborales y con ello evitar la incidencia de accidentes y pérdidas humanas en el trabajo, y al respecto señaló que en el país el 56% de los empleados pertenecen a la economía informal, por lo que no se registran las incidencias que se presentan en este sector.
Dejar de trabajar si hay peligro contra la vida
La abogada experta en asuntos laborales, Ebarista Rodríguez, entiende que el Ministerio de Trabajo ha hecho poco por dar a conocer y aplicar el reglamento 22-06 sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo, el cual expresa que el trabajador tiene derecho, luego de agotar los canales internos con el empleador, de interrumpir su actividad laboral cuando la misma entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud. 

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