SANTO DOMINGO,R.D.- Si la SISALRIL no se hubiese empantalonado ante el artículo 13 del reglamento de la Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de la Seguridad Social, el cual es contradictorio con la misma ley y la Constitución porque impide a los beneficiarios del sistema recibir los servicios establecidos en la norma, no nos hubiéramos enterado de todos los males que afectan a los ciudadanos protegidos por dicha ley.
Los medicamentos no aparecen, los rebotes en las clínicas y hospitales porque el seguro no cubre o porque hay un deducible que no puede pagar el paciente, son parte del diario vivir de los enfermos que están amparados en la Ley 87-01, que crea el Sistema de la Seguridad Social.
Las dificultades que ha tenido el ente regulador, SISALRIL, que lidera Pedro Luis Castellanos, para poder aplicar la ley y hacer que se respete el derecho fundamental a la salud, ha llegado hasta los tribunales, donde en el conocimiento de una medida cautelar quedó evidenciado un sistema de injusticia que hay que vivirlo de cerca para calibrar su magnitud.
Como sacado de una película de terror se escucharon testimonios de algunos de los actores, donde se demostró que mientras se litiga la gente muere sin ver resultados, que los casos documentados por la DIDA son una cantidad mínima porque muchos pacientes cuando son rebotados se van a morir en silencio a sus casas; que los medicamentos son racionados y si un paciente necesitaba un tratamiento prolongado y el plan solo le cubre un 30 por ciento y no puede pagar el resto, es seguro que muere.
Enfermedades como la artritis reumatoide no están cubiertas por el sistema y las personas se deterioran en franca violación al derecho constitucional a la salud y los enfermos de cáncer la cobertura no alcanza para el tratamiento.
Lo peor que se escucha en el ámbito es lo relativo a las personas mayores: “no es conveniente gastar en esas personas, para que invertir ya han vivido demasiado”.
La deshumanización en el campo de la medicina es algo espantoso. Quienes pasamos de los 60 no somos tomados en cuenta y de serlo hay que tener un “bolsillo muy profundo” para seguir viviendo.
El sistema de Seguridad Social está pensado para los jóvenes y las ARS se pelean por esta población, y abandonan a los envejecientes. Es un sistema discriminatorio y viola los derechos constitucionales de los ciudadanos.
Tanto la ley de salud, 42-01 como la 87-01 de Seguridad Social establecen la obligatoriedad de atender a los pacientes en las emergencias, sin embargo, esto no ocurre. Lo primero que piden en los centros es el seguro médico y si el paciente no posee uno de los “buenos” es sencillamente rebotado. Un caso bastante emblemático fue el de Claudio Caamaño, que murió tras haber sido llevado a tres o cuatro centros asistenciales y finalmente murió por no ser atendido a tiempo, porque el seguro no le cubría, incluso fue rebotado de CEDIMAT, un centro que pagamos todos y no valió que se tratara de un héroe nacional.
La medida cautelar fue invocada por la SISARIL, debido a la gran cantidad de incidentes provocados por las ARS, mientras la gente muere por falta de atención, como lo demostraron las abogadas de la DIDA, Waleska Encarnación y Marlen Berroa, que llevaron nombres y apellidos de personas fallecidas, mientras sectores bloquean la aplicación de la ley y deniegan del derecho a vivir.
http://hoy.com.do/la-seguridad-social-una-conquista-que-beneficiados-no-sienten/
SANTO DOMINGO,R.D.-El futuro de las pensiones que recibirán los trabajadores que actualmente cotizan en el Sistema de la Seguridad Social preocupa a la Asociación Dominicana de Usuarios de la Seguridad (Asodomuss), que cree que no garantiza una pensión digna.
No se trata de estancamiento ni mucho menos de pérdida de recursos, ya que el patrimonio de los fondos de pensiones ha incrementado su aporte a la economía.
Este pasó de representar un 3.6 % del Producto Interno Bruto (PIB) en 2007 a 15.8 % en 2017, cuando ascendieron a RD$507,648 millones.
Lo que sí se cuestiona son las ganancias de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), su rentabilidad, y los instrumentos en los cuales están invertidos esos recursos.
Ganancias de las AFP
Joel Rodríguez, presidente de Asodomuss, afirma que, en 2017, las AFP obtuvieron ganancias brutas por 5,824.2 millones de pesos, con gastos operativos ascendentes a 1,690.1 millones, para una utilidad neta de 4,134.1 millones.
Pagaron RD$1,100 millones al Estado por impuesto sobre la renta, quedándose, con una ganancia neta de 3,033.1 millones. Según él, en 2017, las AFP ganaron 38.5 pesos por cada 100 invertidos, mientras que los trabajadores devengaron 10.7; aunque la Asociación de Administradoras de AFP dijo que en 2015 ganaron en promedio RD$1.07 por cada 100.
“Esto es insostenible y continúa agravándose, ya que cada año los fondos de pensiones crecen más rápido que las inversiones de las AFP”, criticó Rodríguez.
Los fondos de pensiones son manejados por siete AFP, dos de las cuales, según la Superintendencia de Pensiones, administran casi el 60 % de los fondos (AFP Popular y Scotia Crecer). Lo chocante es que el 76 % de esos fondos, es decir, RD$349,232 millones, están en manos del Gobierno, ya que fueron invertidos en instrumentos del Banco Central y del Ministerio de Hacienda.
Pensiones de cañeros
Ante este panorama, Rodríguez advierte que la Ley 87-01 sobre Seguridad Social no garantiza pensiones eficientes ni bien remuneradas.
Dice que los trabajadores recibirán menos del 30 % del salario cotizado en el momento de su retiro, lo que significa que el que gana entre 20 y 25 mil pesos recibirá una pensión de 7,000 al mes.
Por eso pide modificar la ley y revisar ganancias de las AFP.
La Tesorería de la Seguridad Social, Adafp y la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (Adars) y otros también piden reformar la ley.
