SANTO DOMINGO,R.D.- Hace 17 años se promulgó la ley que dio inicio al proceso de reforma (capitalización) del sector eléctrico dominicano. A pesar del tiempo transcurrido, aún existen quienes piensan que el sector eléctrico está controlado mayoritariamente por las inversiones privadas. El sector público nunca ha tenido una participación minoritaria en términos accionarios en cuanto a la propiedad de los activos de la industria, y mucho menos en los aspectos regulatorios ni en la definición de la política energética nacional.
Antes del proceso de capitalización del sector eléctrico iniciado en junio del 1997, teníamos una industria eléctrica verticalmente integrada donde la otrora Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) era responsable de la generación, transmisión, distribución, y por ende de la definición de la política energética del país. Es decir, el Estado controlaba y era dueño absoluto de la estructura eléctrica nacional.
Con el proceso de capitalización la antigua CDE se dividió en siete empresas de la siguiente forma: tres empresas de generación (EgeHaina, Egeitabo y Egehid), tres empresas de distribución (Edenorte, Edesur y Edeeste) y una (1) empresa de transmisión (ETED). En ese momento la participación público-privada de la industria eléctrica quedó estructurada de tal forma que las tres empresas de distribución eran de capital mixto (público y privado), la empresa de transmisión se formó con 100% capital público, la empresa hidroeléctrica 100% capital público, y las dos empresas de generación térmica se integraron bajo capital mixto (público y privado). Los Productores Independientes de Energía (IPP por sus siglas en inglés) eran de capital 100% privado. Como se puede observar, a pesar del proceso de capitalización, la participación estatal (pública) en la industria eléctrica era preponderante.
Cuatro años más tarde, en julio del 2001, se promulgó la ley general de electricidad 125-01, la cual introdujo una estructura institucional que contempló nuevos actores como la Superintendencia de Electricidad (SIE) que es el órgano regulador del sistema; el Organismo Coordinador (OC) cuya función está vinculada a las operaciones y transacciones del sistema; la Comisión Nacional de Energía (CNE) encargada de los planes, estudios y la definición de la política energética, y la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) creada para liderar las empresas del sector y tener bajo su sombrilla los contratos de los IPP.
Pocos años después, el Estado adquirió las acciones de la parte privada de las empresas distribuidoras, y así volvimos a un esquema donde las EDE volvían a ser propiedad 100% del sector público. En cuanto a la generación, los años posteriores a la capitalización han contabilizado la inserción de 2,150 MW nuevos incluyendo repotenciación de algunas plantas para tener hoy en día un parque de generación de una capacidad instalada total de 3,468 MW; de ese total, las hidroeléctricas representan 559 MW que son de capital 100% público, EGE Haina y EGE Itabo suman en conjunto una potencia total instalada de 1,165 MW (ambas de capital mixto público y privado, y los restantes 1,744 MW de potencia pertenecen 100% a capital privado. Las cifras indican que el Estado dominicano tiene participación accionaria en el 50% de la capacidad instalada de generación; y es propietario absoluto del 33% de la capacidad instalada actual.
El balance actual de la participación del sector público y privado en la industria eléctrica no dista mucho de la realidad que había antes del proceso de capitalización. La propiedad pública en el sector eléctrico está compuesta de la siguiente forma: empresas distribuidoras (Edenorte, Edesur y Edeeste, 100% del Estado), Empresa Hidroeléctrica (EGEHID 100% del Estado), Empresa de Transmisión (ETED 100% del Estado), EGEHAINA (62% del Estado), EGEITABO (49.7% del Estado), Comisión Nacional de Energía (100% del Estado), Superintendencia de Electricidad (100% del Estado), y en el Organismo Coordinador (el Estado preside el consejo de coordinación y controla 3 de los 4 bloques que integran dicho consejo).
En cuanto a la participación del sector privado en el sector eléctrico, tenemos la siguiente composición; EGE Haina (38% privada), EGE Itabo (50% privada) y el resto de la generación que representa el 50% de la capacidad instalada actual es totalmente privada. Por tanto, podemos deducir que del parque de generación existente sólo el 67% de la capacidad instalada es de capital privado 100%.
En términos de utilidades netas o beneficios que recibe el Estado de las empresas generadoras de capital mixto (EGE Haina y EGE Itabo) podemos señalar que por cada RD$100 pesos dominicanos que EGE Haina genera de utilidad bruta, RD$76 pesos ingresan al Estado dominicano en beneficios e impuestos. En el caso de EGE Itabo recibe el 49.7% de beneficios más los impuestos de los beneficios de la parte privada. Por lo que queda claro que si estas empresas obtienen buenos beneficios, el Estado dominicano, es decir, todos nosotros obtenemos la mayor parte de los mismos.
Como hemos podido observar, el Estado dominicano representado en sus diferentes gobiernos ha sido en términos de propiedad de activos y en las tomas de decisiones el jugador más importante del sector eléctrico. Los gobiernos son los que hacen y han hecho las licitaciones, otorgan y firman los contratos, compran la energía, venden al consumidor, generan una porción considerable de electricidad, definen la tarifa eléctrica, otorgan los subsidios, otorgan los permisos de obras, promulgan las leyes y reglamentos, regulan el sector, en fin, definen la política energética en sentido general. Es por eso que si me cuestionaran sobre la responsabilidad ante la situación histórica del sector eléctrico dominicano, para contestar, tendría que pensar en todas las informaciones mencionadas anteriormente.
El autor es Milton Morrison,vicepresiente ejecutivo de la ADIE.
http://www.listindiario.com/economia-and-negocios/2014/6/12/325689/La-participacion-publica-y-privada
