El resarcimiento del agravio que nos ha costado miles de millones de pesos, adjunto a la intranquilidad que genera en la sociedad un sistema energético deficiente, a causa de un manejo administrativo turbio y descomunal, enviará un mensaje claro de que el dinero del pueblo no será jamás un festín familiar.
Por JOAN LEYBA MEJÍA 28-07-2021 00:02
En ese contexto turbulento, de rupturas de consensos, de impugnación, de todo lo bueno y lo malo, se inició la erosión de la autoridad y prestigio de la clase dirigente, de las instituciones más influyentes y las personas asociadas a ellas”. Álvaro Vargas-Llosa
Recientemente fuimos testigos del depósito por parte de las actuales autoridades en materia eléctrica del país en la Procuraduría General de la República, de una querella penal en la que se acusa formalmente de corrupción administrativa a exfuncionarios, familiares y allegados del expresidente Medina en desmedro de las denominadas EDES. La documentación depositada señala que estos, actuaron en franca violación del Código Penal y las leyes que rigen para el lavado de activos.
El querellante, ha sido específico al suministrar a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, la documentación sustentatoria del daño y el articulado de la norma penal común que indica la transgresión efectuada en menoscabo del erario público. En esta se advierte la coalición de funcionarios, los que, de manera aviesa y perversa, convinieron, según la acusación, para lograr, partiendo de su cercanía con el poder, “la ejecución de medidas y disposiciones contrarias a las leyes”.
La actuación de los representantes del Estado Dominicano, ente presuntamente agraviado por hermanos, cuñados y amigos del hijo desventurado de San Juan de la Maguana, se enmarca en la sospecha fundada sobre la manera que ese grupúsculo, haciendo uso y abuso del poder ostentado, monopolizó en complicidad con los funcionarios eléctricos, el proceso de compras y contrataciones de bienes y servicios de dichas entidades vulnerando toda regla establecida por la norma.
Estafa agravada en contra del Estado, coalición de funcionarios, prevaricación, lavado de activos, falsedad en documentos privados y uso de documentación falsa. Asociación de malhechores y soborno a funcionarios, constituyen a juicio del actor civil, los elementos punitivos en los que incurrieron, en perjuicio de la nación y beneficio de la pandilla que exprimía el malogrado e insuficiente presupuesto eléctrico.
El documento destaca, a la sazón, en las empresas de distribución eléctrica del Estado; pesa “un gran déficit funcional y operativo debido a pérdidas insalvables producto de la corrupción y el manejo fraudulento de los recursos”. Y que, a causa de ello, conjuntamente con la quiebra experimentada como consecuencia de la malversación y desviación de fondos, se hace necesario contar con subsidios del ejecutivo para evitar un posible colapso del sistema energético.
El panorama no es cosa fácil a la luz de lo expresado por quienes han decidido actuar en nombre de todos los dominicanos en procura de lograr un régimen de consecuencias inexistente en tiempos pasados. El resarcimiento del agravio que nos ha costado miles de millones de pesos, adjunto a la intranquilidad que genera en la sociedad un sistema energético deficiente, a causa de un manejo administrativo turbio y descomunal, enviará un mensaje claro de que el dinero del pueblo no será jamás un festín familiar.
Estaremos atentos al proceso iniciado en la PEPCA y, en consecuencia, ahondaremos en los intestinos de esta afrenta a las arcas públicas, para de esa manera dar a conocer los detalles de un conjunto de elementos ocultos en el entramado corrupto articulado para sangrar descaradamente las entidades gubernamentales en los anteriores gobiernos dejando cuasi moribundas a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales y a las EDES.
https://acento.com.do/opinion/el-descalabro-de-las-edes-1-8969588.html
