96 JUBILADOS DEL BANCO NACIONAL DE LA VIVIENDA ESTÁN SIN SEGURO MÉDICO

SANTO DOMINGO,R.D.- Un grupo 96 jubilados del Banco Nacional de la Vivienda (BNV), conocido en la actualidad como Banco Nacional de Exportaciones (Bandex), fue excluido del seguro médico de salud, según denunció este viernes el abogado Eduardo Risk Hernández en El Matutino Alternativo.

Explicó que los antiguos empleados se percataron de que sería excluidos del seguro médico cuando fueron a regularizar su estatus, tras emitirse el 25 de agosto del año 2017 el Decreto 278-17 que establece que los jubilados del BNV pasan a ser administrados por el Ministerio de Hacienda.

El abogado sostuvo que se envió una comunicación amistosa al Bandex, en octubre del 2017, para llegar a acuerdos entre las partes.

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Risk exhortó al gerente del banco, Guarocuya Félix, a apegarse a la Ley de Función Pública 41-08 que en su Art. 99 refiere: “Hasta tanto entre en vigencia el Sistema Nacional de Seguridad Social, la titularidad de una pensión por invalidez absoluta o por lesiones permanentes generará el mantenimiento vitalicio del seguro médico al cual tenía derecho el servidor durante su actividad”.

El artículo además sostiene: “Asimismo, se garantizará el mantenimiento del seguro médico al titular de una pensión por antigüedad que así lo desee. El hecho de renunciar al beneficio de las prestaciones sociales no exime al titular de la pensión en contribuir al régimen”.

El abogado indicó que se interpuso el 28 de diciembre del 2017 una medida cautelar para la revisión de todos los documentos y la próxima audiencia se llevará a cabo el miércoles 24 de enero del 2018 para seguir aportando informaciones.

Eduardo Risk afirmó que lo único que se busca con esta demanda es que los jubilados obtengan su seguro médico y sean remunerados, porque muchos han tenido que pagar un seguro privado, lo que le resulta costoso y dificultoso debido a la edad avanzada que tienen.

http://z101digital.com/articulos/abogado-denuncia-96-jubilados-del-banco-nacional-de-la-vivienda-estan-sin-seguro-medico-01-19-2018

Alianza País denuncia que el Pacto Eléctrico incrementará la tarifa eléctrica

SANTO DOMINGO,R.D.. El diputado y secretario político de Alianza País, Fidelio Despradel, denunció hoy los supuestos intentos del Gobierno y de un sector del empresariado de firmar e imponer un Pacto Eléctrico que “aumentaría la tarifa y extendería en el tiempo las ganancias y privilegios que las élites económicas y políticas actualmente sacan del sistema energético nacional”.

Despradel consideró que toda la población, los comerciantes, pequeños y medianos empresarios deben rechazar el proyecto de Pacto Eléctrico porque el documento mantendría sin variaciones las estructuras clientelares que el Partido de la Liberación Dominicana ha instalado en las empresas de distribución, y obligaría a los consumidores “más pequeños” a pagar los derroches peledeístas y los altos niveles de pérdida eléctrica que la incapacidad administrativa del Gobierno provocan.

“Es claro que la cúpula del CONEP y el Gobierno se han puesto de acuerdo para aumentar la tarifa en 17% para la mayoría de la población, y al mismo tiempo han pactado para que los súper ricos de República Dominicana no paguen por el uso del sistema público cuando transportan la energía que compran directamente a los generadores”, declaró Despradel en nota de prensa enviada a Diario Libre.

El diputado consideró, además, que en República Dominicana nadie puede hablar de firmar un Pacto Eléctrico sin aclarar todo lo concerniente a la licitación y construcción de las plantas a carbón de Punta Catalina, por considerar que este proceso impactará de manera importante en el futuro del sistema energético y en las políticas públicas de los próximos años. A su juicio, no se debe pactar sobre los que considera el “cuerpo del delito” del mayor escándalo de corrupción de la República Dominicana: el caso Odebrecht.

Para el legislador aliancista, conocido por sus décadas de activismo en defensa del medio ambiente y los recursos naturales, el Pacto Eléctrico que promueven el Gobierno y las élites del CONEP no aportan nada a la necesidad nacional de aumentar los niveles de generación energética a partir de las fuentes de energía renovable que existen en el territorio nacional, como el sol, el viento y ríos de alto potencial hidráulico.

Alianza País consideró que tampoco puede tener legitimidad el Pacto Eléctrico planteado porque su contenido ha sido rechazado por numerosos representantes del sector social, por el sector político que se retiró hace más de un año de las discusiones, y por parte del empresariado que se opone a los contubernios impuestos en el proceso de discusión.

https://www.diariolibre.com/noticias/politica/alianza-pais-denuncia-que-el-pacto-electrico-incrementara-la-tarifa-electrica-HX9000678

Considera Pacto Eléctrico no soluciona problemas del sector

SANTO DOMINGO,R.D..-Opción Democrática critica la exclusión de Punta Catalina de las discusiones del Pacto, dado el papel protagónico que ha jugado dicha obra en el escándalo de corrupción de Odebrecht y la falta de transparencia con que se han manejado las autoridades estatales.

El partido, que preside la exdiputada Minou Tavárez Mirabal, sostiene que el diálogo y las negociaciones sólo son posibles donde existe la confianza. “Es muy difícil creer en un gobierno que no practique la transparencia y la rendición de cuentas”, afirmó.

En lugar de promover intereses grupales y particulares, los dirigentes de Opción Democrática entienden que la política estatal en materia eléctrica debe crear los incentivos necesarios para la competencia y el abaratamiento de los costos del sector.

De igual forma, debe continuar promoviendo la diversificación de la matriz generadora de electricidad pues la sostenibilidad de la República Dominicana implica una mayor inversión en energías limpias, no en plantas a carbón que atentan contra el medio ambiente y nuestro bienestar, dijo.

Sobre el posible aumento de la tarifa eléctrica tras la implementación del pacto, consideran que un acuerdo que esté pensado para el bien de los ciudadanos y ciudadanas debe tomar en cuenta que la aplicación de precios exorbitantes por un servicio vital para el desarrollo de la sociedad es una de las principales barreras a la competitividad de las pequeñas y medianas empresas dominicanas.

https://elnuevodiario.com.do/opcion-democratica-considera-pacto-electrico-no-soluciona-problemas-del-sector/

Actitud del Gobierno hizo fracasar Pacto Eléctrico

SANTO DOMINGO,R.D.- “El Gobierno se vió obligado a cancelar la firma del supuesto Parto Eléctrico ante la definida oposición de representantes sociales, empresariales y académicos”, señaló a través de su cuenta de twitter Max Puig, presidente de la Alianza por la Democracia (APD).

Precisó el sociólogo y dirigente político que “en las largas reuniones de los diversos actores que discutieron el Pacto Eléctrico no se llegó a acuerdos sobre aspectos fundamentales y que, muy por el contrario, los supuestos consensos, lejos de resolver los problemas del país sólo benefician a sectores particulares”.

Puig, quien es un abanderado de la defensa del medio ambiente, afirmó que “la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), y niguna de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, tienen estados financieros auditados”, insistiendo a seguidas que, en esas condiciones, no se puede discutir con seriedad ningún pacto.

El presidente de la APD le atribuyó la inexistencia de estas informaciones básicas al hecho de que no hay transparencia en el gobierno.

En sus tuits, Puig respaldó la posición de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera, del Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático y de los demás sectores que se han negado a suscribir el documento sobre la cuestión eléctrica.

https://elnuevodiario.com.do/max-puig-dice-actitud-del-gobierno-fracasar-pacto-electrico/

EDESUR paga US$300 mil al mes por local

SANTO DOMINGO,R.D.- El diputado peledeísta José Laluz denunció en la Cámara de Diputados que Distribuidora de Electricidad EDESUR Dominicana paga 300 mil dólares al mes por el alquiler de su local, con un contrato de 17 años de vigencia, firmado en el gobierno del expresidente Hipólito Mejía. Calificó la situación de preocupante y pidió que se investigue.
Dijo que el contrato ahora entró en el año 18 (2018), ya que fue suscrito en la administración del gobierno del expresidente de Mejía (200-2004).
Afirmó que ese dinero supera a la mitad del préstamo que se aprobó en la Cámara de Diputados el pasado jueves, de 100 millones de dólares, para apoyar las redes del sistema eléctrico.
Indicó que esos 300 mil dólares, llevados a la equivalencia del peso dominicano, da un monto de 2,900 millones de pesos en 17 años.
“Eso lo que le dice a cualquier persona que tenga un concepto mínimo de lo que es la racionalidad de los recursos y la eficiencia, que ahí hay un problema serio de eficiencia, porque con ese dinero hubiésemos construido muchísimos edificios”.
Laluz sostuvo que independiente de que tengan un compromiso con el sector eléctrico, “del cual me siento aliado y al cual apoyo permanente”.
Al describir la situación de la sociedad anónima estatal, el legislador planteó a sus compañeros que en esta oportunidad hagan una crítica constructiva, supeditando el apoyo del financiamiento que debían aprobar en la sesión del jueves 11 de enero pasado, para hacer una investigación sobre el informe que él tiene y que presentó al hemiciclo, relativo al gasto de Edesur en pago de alquiler de inmueble.
Agregó: “Porque no es solamente el edificio, es que si es verdad que se están pagando 175 millones de pesos anuales, solamente en un inmueble de Edesur, eso es un indicador de que ahí hay problemas con el cuidado del gasto público que nosotros ponemos bajo su responsabilidad”.
Laluz le solicitó a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados que realice una investigación para ver conocer el caso. Al final, ningún diputado hizo caso a lo que dijo.


http://hoy.com.do/laluz-denuncia-edesur-paga-us300-mil-al-mes-por-local/

PRSC firmará Pacto Eléctrico:ESE PARTIDO PARTICIPO EN EL DEBATE?

Santo Domingo.-El Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) anunció que va a suscribir el Pacto Eléctrico que fue discutido por el Gobierno con la oposición, los empresarios y la sociedad en el Consejo Económico y Social, CES.

El secretario general de esa organización, Ramón Rogelio Genao, explicó que el PRSC tomó la decisión porque el mismo forma parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo, y con la esperanza de que sea el inicio para el entendimiento de los principales temas de la agenda nacional.

Asimismo, hizo un llamado a los políticos a retomar el diálogo y ponerse de acuerdo en la ley de partidos y de régimen electoral y el régimen de consecuencias.

Genao entiende que la clase política debe ser capaz de concertar la transformación del colapsado régimen electoral y acordar el establecimiento de un verdadero régimen de consecuencias que evite la corrupción, la criminalidad, violencia e impunidad.

El exlegislador sostiene que los políticos han olvidado la necesidad de ponerse de acuerdo, independientemente de los temas en la agenda país, para garantizar la continuidad en las políticas públicas fundamentales del Estado.

“Los últimos referentes son el Pacto por la Democracia y el Pacto por la Educación, ambos en el siglo pasado”, argumentó.

http://eldia.com.do/el-prsc-firmara-pacto-electrico/

Por qué es ilegal la retención de vehículos

SANTO DOMINGO,R.D.- El derecho a circulación fue establecido en la Ley No. 253-12 sobre el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible. 

Esta en su artículo 15 dice: "En sustitución del impuesto establecido en el artículo 32 de la Ley No.495-06, de Rectificación Tributaria, de fecha 28 de diciembre de 2006, modificada por la Ley No.225-07, de fecha 5 de septiembre de 2007, se establece un impuesto anual por circulación a los vehículos de motor de uno por ciento (1 %) sobre su valor…".

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Es importante destacar que la Ley 225-07 modificó el artículo 9 de la ley núm. 241 de tránsito, que ya no existe porque fue derogada por la nueva ley núm. 63-17.

La nueva ley de tránsito, Ley núm. 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la RD, contempla varios requisitos para que un vehículo de motor pueda circular por las vías tales como:

• Certificado de propiedad (art.189)
•  Marbete inspección técnico vehicular (166) 
•  Placa (arts. 161 y 189)
•  Licencia (arts. 199 y 210)
•  Póliza de Seguro (art. 216)
•  Casco Protector (art. 251) 
•  Chalecos Reflectantes (art. 251)
•  Conducción sin luces ( art. 64.1)
• Chasis correspondiente (art. 176) 

Algunos de estos requisitos: placa, licencia e inspección técnico vehicular están sujeto a su renovación. El no renovarlo implica sanciones que establece la ley y ordena su retención por violación a los mismos. 

La nueva ley no tiene reconocido el derecho a circulación, o más bien, no adoptó el marbete de renovación al derecho a circulación. Este derecho se encuentra en la ley No. 253-12, pero reitero, no está en la ley 63-17.

La ley 241 cuando estaba vigente reconocía este derecho en su artículo 9 y dicho artículo contenía su sanción correspondiente. Es bien sabido que dicha ley fue derogada,  pero aun el derecho a circulación se mantiene por vía de la ley 253-12 sobre recaudación fiscal, pero resulta que dicha ley no establece la sanción al no renovar o pagar este derecho.

Las autoridades de transito Intrant y Digesett al sancionar a los conductores por no comprar dicho marbete de derecho a circulación, lo están sancionando con la pena que corresponde a la renovación de placa establecido en el artículo 189.13 de la nueva ley 63-17.

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El derecho a circulación no es lo mismo que la renovación de la placa. Ambas figuras jurídicas sobre el transito son distintas e inclusive están en leyes diferentes. Hay un marbete es para circular (ley 253-12) y la otra es un marbete de renovación de placa que corresponden a la Nueva Ley 63-17 (arts. 161 y 189.13). 

Esta situación revela una violación de carácter constitucional, ya que no se puede describir una conducta en una ley y colocar la sanción en otra. La Doctrina denomina a esta situación como Leyes Penales en Blanco.

Más aún, en derecho penal constitucional está prohibido y adoptado por la Constitución a través del principio de legalidad, sancionar si una ley no lo establece atendiendo a la cláusula "no hay delito ni pena sin sanción" o más bien nulla poena sine praevia lege.

Por:John Garrido (abogado penalista)

http://z101digital.com/articulos/por-que-es-ilegal-la-retencion-de-vehiculos-01-13-2018-1

Amet puede retener vehículos

SANTO DOMINGO,R.D.- Un abogado penalista y conocedor de la Ley 63-17 afirmó que la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett-Amet), sí tiene facultad para impedir la circulación vial de los vehículos con placa vencida o sin marbete de circulación que pruebe el pago del impuesto anual que cobra el Estado, vía la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Con esta postura, el doctor Cándido Simón contradice a otros juristas que califican de ilegal la incautación de vehículos cuyos dueños no renovaron sus marbetes.
“La placa ya no vence, antes sí, porque cambiaban la chapa todos los años, con un gasto enorme; ahora solo vence el impuesto, cuyo pago se comprueba al cambio del marbete”, explicó.

Sostuvo que existe una sentencia del Tribunal Constitucional que prohibe remolcar vehículos sin la notificación a su propietario, pero que esta no aplica, porque se refería a la antigua Ley 241, sobre Tránsito, que no autorizaba la retención del vehículo. Precisó que la 241 fue derogada por la nueva Ley de Tránsito 63-17, que en su artículo 189 prohibe circular con placa vencida, “obviamente, quedan autorizados los agentes del tráfico para impedirlo, y eso se hace paralizando el vehículo”.

http://hoy.com.do/abogado-dice-amet-puede-retener-vehiculos/

Reforma de la Ley de Seguridad Social

SANTO DOMINGO,R.D.- Pero antes es importante dejar bien claro que varios de los problemas actuales que reducen o niegan la protección social integral establecida en la Ley, no se originan en su diseño, sino en su falta de aplicación y/o en una ejecución moldeada por las presiones e intereses de sectores y grupos para preservar sus privilegios.

Como falta de aplicación podemos citar, la posposición (Art. 152) de la atención primaria y del primer nivel de atención como la puerta de entrada a la red de servicios, lo cual impide establecer una verdadera protección y promoción de la salud, dejando atrás un modelo curativo costoso e ineficiente.

La posposición indefinida del Régimen Contributivo Subsidiado (RCS), (Art. 7 y 8) diseñado para afiliar y proteger a tres millones de trabajadores independientes y autónomos y sus familiares, mediante modalidades que se adecúen a sus características económicas y laborales.

La negación sistemática del derecho al seguro de salud de los pensionados y jubilados establecido en el Art. 140, párrafo II de la Ley, dejando en la total orfandad a la población envejeciente en la etapa de su vida cuando más necesitan de los servicios médicos y de las medicinas.

La negación del derecho a la actualización del monto de las pensiones (Art. 43) para mantener su poder adquisitivo. A pesar de crecer en un 5% en la última década, la pensión mínima del Estado se mantiene congelada en 5,117 pesos, que no alcanzan ni para comprar medicinas. Y a los cañeros se les niega dicha pensión en sus últimos años de vida.   

La más importante de las distorsiones, son los copagos generalizados y arbitrarios, contraviniendo la Ley 87-01, ya que ésta sólo establece (Art. 130) un solo copago de un del 30% en la compra de medicamentos ambulatorios. Mientras los grupos de presión hacen millones, el gasto de bolsillo de los afiliados casi llega al 50%. 

La Ley debe ser modificada en cinco temas importantes

1. Modificar el Art. 24 para eliminar las trabas derivadas del veto en el CNSS. Este recurso ha paralizado el funcionamiento del órgano rector del Sistema, impidiendo la toma de decisiones a favor de la población afiliada y del desarrollo del SDSS

1. Modificar el Art. 28 para fortalecer la capacidad de la Tesorería de la Seguridad Social, para combatir la evasión y la elusión de las empresas, y reducir el porcentaje de la penalidad por mora a un nivel más razonable.

1. Modificar el Art. 86 para reducir sustancialmente la comisión de las AFP porque son muy elevadas y erosionan el crecimiento de los fondos para el retiro. El año pasado ganaron un 38% de su capital, frente al 10% de interés de los trabajadores dueños de los fondos de pensión. Descartar cualquier comisión fija sobre el fondo de pensión, porque aumentaría las ganancias a las AFP independientemente de su desempeño, y aunque pierdan los trabajadores.

1. Modificar el Art. 56 para elevar al 12% el porcentaje de cotización, ya que con un 9.97% es imposible asegurar una pensión digna, aunque se reduzcan las comisiones. Este aumento debe ser gradual en unos tres años, a fin de adecuarlo a las posibilidades de los trabajadores y empleadores.

1. Modificar los Arts. 45, 63, entre otros, para aumentar gradualmente la edad de retiro, de acuerdo a los cambios en la salud y en la esperanza de vida de la población, exceptuando a los afiliados mayores de 50 años, al momento de su aprobación. Se trata de una reforma difícil de aceptar, pero es necesario entender que ningún sistema de pensión puede ser sostenible garantizando más años, como pensionado que como cotizante, ya que generaría serias distorsiones y déficits insostenibles.

Aprovechamos para desearles mucha salud y un 2018 con mayor seguridad social para todos.

https://acento.com.do/2018/opinion/8525943-reforma-la-ley-seguridad-social/

RD tiene más centros privados habilitados; públicos atrasados

SANTO DOMINGO,R.D.- Más del 50% de las clínicas privadas del país se encuentran habilitadas por áreas para ejercer su función sanitaria, sin embargo apenas el 8% de los hospitales del país tiene la autorización oficial para el ejercicio.
Así lo aseguró ayer el doctor Alberto Díaz, director general de la unidad de Habilitación, una dependencia del Ministerio de Salud Pública.
Habilitación es un requisito cuya aplicación implica calidad para el sistema de salud, es indispensable, de acuerdo a lo que establece la Ley General de Salud.
Un censo realizado y actualizado para noviembre del 2017 establece que el sistema de salud nacional del país tiene 7,087 establecimientos de salud, de esos, 1,801 son públicos y 5,286 son privados.
El sector privado tiene el 50.22% de los centros habilitados, mientras el público apenas llega a 8.05%.
De los 7,087 centros públicos y privados que tiene el país existen 2,800 habilitados, lo que da un total general de habilitación de 39.50%.
Se puede evidenciar que el país tiene una mayor cantidad de centros privados que públicos, de los privados el 80% son centros de odontología y de diagnóstico.
Un corte realizado el primero de enero de este año establece que de los 5,286 centros privados que tiene el país, 2,655 han sido habilitados para funcionar, de acuerdo a los requisitos que tiene el Ministerio de Salud Pública.
Al sector privado le quedan 2,631 centros sin habilitar, pero sobrepasa con creces la habilitación que ha logrado el sector público.
De los 1,801 hospitales que tiene el sistema de salud, han sido habilitados 145 establecimientos, restan 1,656, según el corte del primero de este mes, lo que representa un 8.05%.
Asimismo, las estadísticas muestran que del total de centros que tiene la República Dominicana, 7,087, el sector privado tiene el 37.46% habilitado y el público un 2.04%, pues tienen 2,655 y 145.
Asimismo, de los centros del tercer nivel, los que tienen emergencias, quirófanos y unidades de cuidados intensivos, han sido habilitados 170 clínicas y 27 en el ámbito público.
En la capital. De los 7,087 centros públicos y privados que tiene el país, 2,260 están en Santo Domingo y el Distrito Nacional, de los públicos 274 se encuentran en esta demarcación.
Asimismo, de los centros públicos habilitados, 71 están en Santo Domingo y el Distrito Nacional, mientras que los privados en general, 1,982, están en la misma área territorial. De los privados habilitados, 1,161 están en el Distrito Nacional y Santo Domingo.

Centros. Entre los hospitales habilitados en la capital están el Hugo Mendoza, el de la Policía Nacional, el Francisco Moscoso Puello, la maternidad San Lorenzo de Los Mina, el Ney Arias Lora, la maternidad Reynaldo Almánzar los hospitales Padre Billini y el Darío Contreras.

http://hoy.com.do/rd-tiene-mas-centros-privados-habilitados-publicos-atrasados/