Nueve de cada diez personas en el mundo respira aire contaminado,según la OMS -

GINEBRA.- El 92 por ciento de la población mundial vive en lugares donde los niveles de calidad del aire exceden los límites fijados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que provoca 6,5 millones de muertes al año, alertó hoy el organismo.

"Sólo una de cada diez personas respira un aire que está en los límites establecidos por la OMS. Los otros nueve respiran aire que es nocivo para su salud", afirmó en rueda de prensa María Neira, directora del departamento de Medioambiente y Salud.

La OMS presentó hoy un informe en el que evalúa la calidad del aire a la que está expuesta la población mundial y cuantifica las enfermedades y muertes derivadas de esta contaminación.

Los datos son los más detallados jamás publicados por la OMS, que usa cifras procedentes de mediciones por satélite, modelos de transporte aéreo, y de monitores de estaciones terrestres en relación con más de 3.000 ubicaciones en 103 países, tanto rurales como urbanas.

El informe confirma el dato revelado en estudios anteriores de que 3 millones de muertes al año ocurridas en 2012 -las cifras disponibles más recientes- estuvieron relacionadas con la exposición a la contaminación exterior.

No obstante, rebaja la cifra de muertes globales por contaminación -tanto exterior como interior- y la deja en 6,5 millones, cuando en informes anteriores la situaba en 7 millones.

Entre las principales fuentes de contaminación del aire figuran los modelos ineficaces de transporte, la quema de combustible en los hogares y la quema de desechos, las centrales eléctricas y las actividades industriales.

Los principales contaminantes son las micropartículas -de un diámetro inferior a 2,5 micrometros-, del sulfato, de los nitratos y del hollín.

El informe no hace un ránking de los países más contaminados ni de los que menos, se limita a decir que las regiones donde la calidad del aire es peor son las del Sudeste Asiático, el Mediterráneo oriental y el Pacífico occidental.

"No queríamos hacer un ránking para señalar con el dedo este o aquel país, sino mostrar la realidad e incitar a todas las naciones a que reaccionen, a que tomen medidas ante un tema que es muy grave", explicó Neira.

La directora recordó los miles de millones de dólares que los países gastan anualmente en sus sistemas de salud para tratar las enfermedades consecuencia de la contaminación, y les invitó a hacer un cálculo de lo que se ahorrarían si aplicarán políticas públicas de mejora de la calidad del aire.

"Invertir en energías limpias, en transporte ecológico son inversiones que tienen un coste-beneficio enorme y que ahorrarían no solo dinero a medio plazo sino que reduciría el número de enfermos y muertos", agregó.

Con respecto a las zonas menos contaminadas, el texto indica que tres cuartas partes de la población de los países con altos ingresos de las Américas, así como un 20 por ciento de la población que vive en naciones de ingresos medios y bajos de la misma región, viven en lugares con la calidad del aire considerada correcta.

Una situación que también se da en menos del 20 por ciento de los países europeos y los países ricos del Pacífico occidental.

Por ejemplo, el informe indica que en España en 2012 hubo 6.860 muertes atribuidas a la mala calidad del aire, lo que representa 7 muertes por 100.000 habitantes, una proporción igual a la de Estados Unidos, pero mucho mayor al 0,2 registrado en Suecia o al 0,3 en Nueva Zelanda.

Los países con más muertes relacionadas con la contaminación del aire son Turkmekistán con 108 decesos por cada 100.000 habitantes; Afganistán, con 81 muertes por cada 100.000 habitantes; Egipto con 77; China con 70; o India con 68.

Por su parte, en Latinoamérica, Chile contabilizó en 2012 13 muertes por 100.000 habitantes, mientras que Honduras registró 32; México y Perú 17; pero Venezuela 27.

Casi el 90 por ciento de las muertes relacionadas con la contaminación del aire se producen en países de ingresos bajos y medianos, y casi dos de cada tres tienen lugar en las regiones del Asia sudoriental y del Pacífico occidental.

El 94 por ciento de las muertes se deben a enfermedades no transmisibles, sobre todo a enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, neumopatía obstructiva crónica y el cáncer de pulmón.

La contaminación del aire también aumenta el riesgo de infecciones respiratorias agudas. - 



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Si Hacienda no hace uso de Petrocaribe, ¿por qué no bajan los combustibles?

SANTO DOMINGO,R.D.- Esta semana el Ministerio de Hacienda anunció que República Dominicana no está haciendo uso del acuerdo de Petrocaribe, por la reducción que ha tenido el precio del barril de petróleo, aunque se continúa comprando a Venezuela al igual que a otros mercados internacionales. Surge entonces la siguiente pregunta, ¿por qué no se siente la disminución en los precios de los combustibles?

La respuesta a esta pregunta la ofrecen los economistas José Rijo Presbot y Ernesto Jiménez, asegurando que los precios no bajan por los impuestos que se cargan a los combustibles. 

Ernesto Jiménez entiende que en los precios de los combustibles no se ha sentido, como muchos esperaban, consecuencia de los altos impuestos que se pagan en el país; República Dominicana es uno de los países con las mayores tasas por concepto de combustible del mundo y “la tasa más alta en América Central”.

Y es que se trata de un asunto fiscal, la recaudación de impuestos y la necesidad que tiene el Estado de pagar y de cumplir con las obligaciones adquiridas por el Gobierno.

Jiménez indicó que de la gasolina Premium, por ejemplo, cuesta RD$201.40 por galón, el precio por paridad de importación es equivalente al precio de los combustibles sin el margen de distribución ni los impuestos, por lo que en este caso ronda los 84 pesos el valor de las obligaciones fiscales por cada galón pagado por el consumidor final. 

Asimismo, de cada galón el consumidor paga por impuesto de valor al consumo un 16 %, de ahí que cuando baja el precio del barril del petróleo la economía se ve afectada, incidiendo directamente en la recaudación de ingresos por parte del Estado.

José Rijo explicó que la ley 112-00 sobre Hidrocarburos establece un impuesto selectivo al consumo de los hidrocarburos, el cual debería orientarse a la disminución de la deuda, el pago de los partidos políticos y la generación de un fondo de energía renovable, sin embargo, no se ha aplicado de esa manera.

“El precio de consumo de los combustibles bajaría si los impuestos no fueran tan altos, por lo que se requiere una reforma tributaria que disminuya los porcentajes de los impuestos. Por ejemplo, en lugar de pagar un 16 % de ‘ad valorem’ en cada galón de gasolina se redujera a un 6 %, impactaría en la canasta básica y disminuiría su precio”, argumenta.

Defiende la teoría de que esa es la razón por la que el Gobierno le huye al pacto fiscal, pues entiende se verá obligado a sincerar todo el sistema tributario dominicano.

http://z101digital.com/app/article.aspx?id=189022

Las pensiones en el Estado dominicano

SANTO DOMINGO,R.D.- El país no puede seguir teniendo un régimen dual de pensiones estatales. No es justo ni razonable y, por supuesto, no es económicamente sostenible.

El Estado, por voluntad de los que tienen más poder para hacer presión, emite pensiones sin criterio alguno. A los pobres empleados del Estado los ponen a pasar hambre con pensiones que no alcanzan para una semana de comida y, de paso, al que pensionan le quitan el seguro médico, como si pensionarse fuese un castigo.

Ese mismo Estado, por otra parte, pensiona a médicos y otros funcionarios con salario completo o casi completo y en algunos casos, las pensiones son tan altas que esos cargos son apetecidos más por la pensión que por el honorable ejercicio de los mismos.

El sistema de pensiones de los maestros, según informaciones actuariales, sería insostenible en época tan temprana como la próxima década.

Es evidente que se impone la racionalidad y la creación de un sistema de pensiones que premie por igual a todo el que ha rendido un servicio al país por medio del Estado y que no constituya una carga imposible de sobrellevar.

http://www.diariolibre.com/opinion/editorial/las-pensiones-en-el-estado-IL5058486

Prestadoras “están obligadas” a compensar usuarios en caso averías

SANTO DOMINGO,R.D.- El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) sostuvo hoy que las empresas de telecomunicaciones “están obligadas a cumplir” con las compensaciones en casos de averías, advirtiendo a éstas que “deben tomar en cuenta que el cobro de un servicio no prestado constituye una falta grave” que será sancionada, conforme a lo establecido en el artículo 106 de la Ley General de Telecomunicaciones 153-98 que regula el espectro radioeléctrico del país.

 Sostuvo que el Departamento de Orientación al Usuario, respondiendo a las instrucciones dadas por el presidente del Indotel, José Del Castillo Saviñón, adoptará las medidas necesarias para defender a los usuarios de prácticas lesivas en los servicios de telecomunicaciones.

 Indicó que las medidas de salvaguarda de los usuarios están contenidas también en el artículo número 77 de la Ley  y hacen referencia a la necesidad de “defender y hacer efectivos los derechos de los clientes, usuarios y prestadores de servicios públicos de telecomunicaciones”.

 “En esta ocasión –señala el Departamento de Orientación al Usuario- nos proponemos como meta enterar a los usuarios sobre el derecho que le corresponde al momento de sufrir una avería y los procedimientos que se deben seguir para aplicar el crédito por parte de las prestadoras”.

 Establece además que, “de acuerdo a lo establecido en el artículo 15 del Reglamento General de Servicio Telefónico (Resolución 003-13) los créditos correspondientes a averías del servicio deben ser aplicados en los 30 días calendarios contados a partir del inconveniente, siempre y cuando ésta avería se produzca por causas que no sean imputables al usuario, salvo casos de fuerza mayor”.

 Explicó que el cálculo de los créditos dependerá de la modalidad del servicio que haya sido objeto del inconveniente y del tipo de avería registrado.

 Enseñó que por ejemplo en las averías tipo 1 que se describen como la interrupción temporal, general o parcial del servicio en la que se afecta a un Usuario Titular en particular, el período debe ser mayor a 24 horas para que corresponda el crédito o en su defecto una interrupción por períodos menores en reiteradas ocasiones durante el transcurso de treinta (30) días calendario.

 Sin embargo en las averías tipo 2 que corresponden a la falla de un elemento central de red o treinta mil (30,000) usuarios, el tiempo de interrupción debe ser mayor a cuatro (4) horas para que correspondan los créditos.

 En tal sentido, el Departamento de Orientación al Usuario precisó que las prestadoras “están obligadas a cumplir con estos lineamientos dispuestos por el Indotel”.

 Exhortó a la ciudadanía a conocer y enterarse más sobre derechos y deberes que le competen a todo usuario de las telecomunicaciones, a los fines de “empoderarse de las situaciones que cada día se presentan de manera inesperada” en los servicios de telecomunicaciones.

 Sugirió a los usuarios que para más detalles pueden acceder a las Resoluciones y Reglamentos disponibles en la página web www.indotel.gob.do o también pueden seguirnos en las redes sociales: Facebook: Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones; Twiter e Instagram @INDOTEL.

http://elnacional.com.do/indotel-reitera-prestadoras-estan-obligadas-a-compensar-usuarios-en-caso-de-averias/

Gobierno de R.D. subsidia el pago del agua en un 76%

SANTO DOMINGO,R.D.- Producir un metro cúbico de agua le cuesta a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) cerca de 25 pesos, sin embargo, lo vende a RD$6 a la población.Ante este déficit en la recaudación, el Estado asume el subsidio de 19 pesos del valor (76%) de un metro cúbico, con el agravante de que solo el 13%de la población capitalina paga el servicio de agua. Los datos están contenidos en el informe “Garantizando Eficiencia en la Gestión del Agua”, emitido por la institución encargada de la producción, distribución y comercialización del imprescindible líquido.

“Nosotros tenemos que hacer magia para mantener el sistema en condiciones estables”, cuenta el subdirector de la CAASD, Luis Salcedo, a elCaribe.

A seguidas, Alejandro Montas, director de la entidad, dice “lo que tenemos que hacer es aumentar el catastro y concientizar a la gente que pague”.

Indica que las mayoría de personas que no pagan el servicio son los de menor poder adquisitivo.

75% de eficiencia de cobranza

De acuerdo con el documento, la CAASD cuenta con 364,082 usuarios catastrados (personas que reciben facturas).

Entonces, el monto de recaudación debería ser de 124,416,338 millones de pesos, pero tomando en cuenta que de esta cantidad solo pagan el servicio de agua el 75%, solo se recauda 93,272,578.22 millones. La diferencia es de 34 millones de pesos.

Sobre el particular, el subdirector de Operaciones precisa que hay una cantidad de usuarios parecida a la del catastro que no se le emite facturas. ¿Y por qué no le llegan facturas? “porque uno sabe que no van a pagar, y se va a gastar dinero haciéndolas”, apunta.

Ante la pregunta ¿de dónde proceden los recursos para cubrir los costos?, el director de la CAASD explica que los fondos se consiguen a través del presupuesto nacional. Precisa que el presupuesto promedio anual es de 2,500 millones de pesos. Aunque, el de este año fue de 3,500 millones de pesos.

El funcionario justifica el aumento con el argumento de que las demandas del servicio cada día son mayores, debido al aumento de la población de la zona de jurisdicción de la CAASD.

Según reveló recientemente el director de la CAASD, la institución invierte 75 millones de pesos mensualmente solo en energía eléctrica.

Ejecutivo es el que aprueba tarifas

De acuerdo con la Ley 498, específicamente en el artículo 20, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) reglamentará las condiciones de prestación de sus servicios y fijará las tarifas y cargos que deban cobrarse por servicios o facilidades rendidas por la Corporación, sujetas a la aprobación del Poder Ejecutivo.

Por otra parte, el desperdicio de agua potable es una de los retos a enfrentar por las autoridades de la CAASD.

En palabra del Luis Salcedo, uno de los principales obstáculos para que las personas puedan recibir agua es el derroche del líquido. “Aquí la gente por una cultura que es como ancestral, piensa que el agua cae del cielo a la tuberías”, expresa.

Es en la dirección de regular este y otros problemas que afectan a la producción, distribución y comercialización del agua que plantea la urgente aprobación de una ley que regule el sector agua potable y saneamiento.

La meta es que el agua de cada usuario sea medida

De acuerdo con el subdirector de Operaciones, una de las funciones más importante en la gestión de un acueducto es la medición. En ese sentido, indicó que el índice de medición se encuentra en un 37%. Y resaltó que del total de las recaudaciones, el 80 % procede del servicio medido. El ingeniero Luis Salcedo dijo que en todos los países del mundo el servicio de agua potable está regulado. Aboga porque República Dominicana también lo logre. 

www.elcaribe.com.do/2016/09/26/solo-13-poblacion-capitalina-paga-servicio-agua

La base legal del subsidio a la tarifa eléctrica

SANTO DOMINGO,R.D.- Como bien establece la Organización Latinoamericana de Energía, el subsidio a los servicios básicos en países en vías de desarrollo generalmente se otorga con la finalidad de permitir el acceso a las personas con escasos recursos (Organización Latinoamericana de Energía, 2013). En principio, esta definición debería ser perfectamente aplicable al caso de la República Dominicana por tratarse de un país en vías de desarrollo con millones de personas que requieren ayuda social para accesar al suministro eléctrico. No obstante, en la práctica, la aplicación del subsidio a la tarifa eléctrica no está dirigida a cumplir propiamente con esta finalidad.

En sus orígenes, el subsidio a la tarifa eléctrica dominicana fungió como un medio utilizado por el Estado para proteger las finanzas de los consumidores más necesitados ante los significativos aumentos en los costos de la generación eléctrica, provocados por el aumento en el precio del petróleo (The Economist – Intelligent Unit, 2015).

En este sentido, el objetivo fue evitar que el consumidor final soportara completamente el precio real del suministro eléctrico, considerando los constantes y significativos aumentos en los costos de la generación eléctrica. Esta problemática tiene origen en la alta dependencia de derivados de petróleo que, todavía a este año 2016, muestra la matriz del sistema eléctrico dominicano (40%), lo cual lo hace estar supeditado a los constantes cambios en los precios internacionales del petróleo (José Luis Actis, 2014).

Sin embargo, no queda claro porqué el subsidio a la tarifa eléctrica fue mantenido  luego de que los precios del petróleo empezaran a decaer, ni tampoco queda claro cuál fue la razón y base legal por la que el mismo fue extendido a todos los consumidores. Esta decisión evidencia un claro error de inclusión (Milton Morrison, 2015) y nos coloca en un estado de incertidumbre respecto al fundamento de la política de subsidios del sector eléctrico dominicano.

El Fondo de Estabilización a la Tarifa Eléctrica (en lo adelante FETE) constituye el subsidio a la tarifa eléctrica que se ha generalizado a toda la población. Este fondo fue creado por el Decreto núm. 302-03, del año 2003, que establece como función del FETE el atenuar los cambios en la tarifa eléctrica, exclusivamente para los clientes residenciales regulados que tuviesen un contrato con alguna de las EDES, representando una cobertura del 100% para los consumidores de menos de 300KWh y de un 50% si el consumo traspasaba los 300KWh.

No obstante esto, el FETE fue luego generalizado, sin base legal aparente, a todas las tarifas eléctricas en diferentes proporciones hasta alcanzar el tope de los 700KWh. En el análisis de este tema, hemos comprobado que incluso los expertos de las principales instituciones eléctricas entienden incierto el fundamento del cambio en la aplicación del FETE, todo lo cual ha conllevado la desnaturalización del subsidio.

Al respecto, deducimos que la razón detrás de esta generalización se relaciona con las consecuencias negativas que el alza de los precios de la energía eléctrica representaría para la campaña política del partido de turno (José Luis Actis, 2014).

El fundamentar esta decisión en aspectos políticos vicia la objetividad de la misma y consecuentemente dificulta el eficiente funcionamiento, seguridad y transparencia del sistema eléctrico dominicano. Lo anterior supone consecuencias directas para el interés general, afectando el desarrollo del país, la calidad de vida de los habitantes y las posibilidades de negocios de los diversos sectores de la sociedad dominicana (The Economist – Intelligent Unit, 2015).

Este tema supone gran interés para el Pacto Eléctrico, debido a su directa relación con la sostenibilidad económica del sector. Al respecto, los participantes del proceso han señalado la necesidad de enviar señales claras al consumidor por medio de precios transparentes, así como también la necesidad de focalizar los subsidios a los más necesitados (Adonis Santiago Díaz, 2016). De esta manera se estaría contribuyendo con el uso consciente y racional de la electricidad y con una mejor cultura de pago en la sociedad dominicana (Milton Morrison, 2015).

Deviene necesario entonces que las instituciones del sector tomen una decisión y la ejecuten con la mayor objetividad posible, puesto que, de lo contrario, el tema de la electricidad se transtornaría en una cuestión política, obstruyendo el trascendente rol que esta debe jugar en el camino hacia el desarrollo.

http://acento.com.do/2016/opinion/8381830-la-base-legal-del-subsidio-la-tarifa-electrica/