Binomio agua y energía

El agua es la fuente de toda vida y es un bien necesario para el desarrollo de cualquier ser vivo. Como bien de primera necesidad, el bienestar depende de la capacidad de acceso al agua. Por su parte, la energía es esencial para el acondicionamiento del medio a las necesidades de la sociedad, el transporte, la luz y, en general, cualquier actividad productiva. Aunque en un principio eran recursos desconectados, el desarrollo tecnológico hace que ambas estén estrechamente relacionadas. La energía se usa para captación, distribución, depuración y reutilización del agua, mientras que el agua es necesaria para la extracción, generación, procesado y transporte de las diferentes fuentes energéticas.

En este artículo se analizarán dos casos en países en desarrollo de uso conjunto del binomio agua-energía: el abastecimiento de agua de una comunidad en Benín y el abastecimiento eléctrico de un pueblo en Perú gracias a una central minihidráulica.


Introducción
El agua es un bien necesario para el desarrollo de cualquier ser vivo y por consiguiente del ser humano. Es la fuente de toda la vida en la Tierra.

La ONU remarca la importancia actual del agua haciendo la década 2005-2015 como el decenio dedicado a “el agua, fuente de vida” (ONU, 2005). Desde hace unos años se han intensifi cado las noticias relacionadas con la escasez de agua –(European Environment Agency, 2009), (Aldaya & Llamas, 2008) y (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2006)–, e incluso la ONU pone el lema “Afrontando la escasez del agua” al día mundial del agua de 2007.
Pero el problema no es la falta de agua, ya que se conserva constante.

Se calcula que hay aproximadamente 1.400 millones de km3 (Gleick, 1996) de agua. La Figura1 muestra el reparto de esa agua. El problema es el acceso a agua potable. El crecimiento poblacional y el crecimiento de consumo medio de agua por habitante, como lo refl eja Jacques Diouf (Diouf, 2007), director general de la FAO, reducen la cantidad de agua potable por habitante.

Ahora bien, con la sufi ciente energía, se puede potabilizar agua salada o acceder a aguas no superfi ciales. Es por eso por lo que resulta esencial enfocar correctamente el problema y no observar únicamente el acceso al agua, sino tener en cuenta también el binomio agua–energía.

Uso del agua y de la energía
Agua

El agua es una fuente de vida, y de ella no solo depende la subsistencia del hombre, sino igualmente su bienestar físico, económico, social y cultural (Linares & Sáenz de Miera, 2010).

El agua es un bien de primera necesidad al ser usada para beber y para el saneamiento. Igualmente, el agua es necesaria para el cultivo, la ganadería y la preparación de alimentos. Incluso los árabes ya la utilizaban ornamentalmente.

Por último, cada vez es más común ver el uso de agua para actividades culturales y de entretenimiento.

Energía

En las sociedades avanzadas el uso de la energía está muy desarrollado.

La energía es necesaria para el transporte, la luz y el acondicionamiento del medio a las necesidades de la sociedad.
Igualmente cualquier proceso productivo necesita energía.


Origen del binomio agua-energía

Origen y desarrollo del agua

Existe un ciclo del agua que renueva el agua superfi cial. En un principio, este ciclo aseguraba una fuente permanente de agua dulce para el uso humano. La falta de medios y en parte la falta de necesidad hicieron que no se dispusiesen de construcciones para almacenar grandes reservas, ni mecanismos para controlar su uso.

El avance tecnológico contribuyó al incremento y a la evolución del uso del agua. Se han desarrollado tecnologías capaces de controlar el uso del agua, almacenarla, tratarla, depurarla y potabilizarla, crear nuevas fuentes de agua no convencionales, etc.


Origen y desarrollo de la energía

Por su parte, la fuente inicial de energía fueron la madera y el carbón para dar calor y luz. La fuerza de personas y animales se utilizaba igualmente para tareas de transporte o ayuda a diferentes actividades (caza, pesca,
agricultura…).

La evolución tecnológica permitió el desarrollo del almacenaje de la energía.
Ahora somos capaces de almacenar y distribuir energía de diferentes maneras. Además, se ha accedido a nuevas fuentes de energía, como los recursos fósiles o las energías renovables.

Además tecnologías que aún se encuentran en desarrollo permitirán
la ampliación de las fronteras.


Binomio agua–energía

Aunque en un principio ambos recursos eran recursos desconectados, el desarrollo tecnológico hace que actualmente ambas estén estrechamente relacionadas. Muchos de los nuevos desarrollos en el campo del agua necesitan una fuente de energía para funcionar, como puedan ser una desalinizadora o una bomba de agua.

Por su parte, las presas usan el agua como una forma de almacenamiento de energía. Las centrales hidráulicas, que utilizan el agua como fuente de energía o las centrales termosolares, de gas y nucleares, que usan el agua para refrigerar y transformar la energía térmica y ser usada en una turbina, ponen de manifi esto el empleo del agua en la generación de energía.

Interacción del binomio agua–energía

Energía necesaria para el agua
Todos los usos del agua necesitan de una fuente energética para su tratamiento, bombeo, saneamiento, potabilización, calentamiento o transpor te. A partir de una fuente energética se puede conseguir agua de diversas maneras. Por su par te, el agua es necesaria en el proceso de generación y distribución de la energía. Las centrales hidroeléctricas emplean el agua como fuente de energía. El agua produce energía y la energía produce agua. Es por eso por lo que no solo se desarrollan tecnologías conjuntas, sino que políticamente se relacionan.



http://www.estrucplan.com.ar/secciones/articulos/verarticulo.asp?IDArticulo=3190

Bomberos forestales: personal que se expone al fuego sin seguro de vida

SANTO DOMINGO. En 21 años, las tareas afectadas por incendios forestales en la República Dominicana, equivalen a un área de unos 1,445 kilómetros cuadrados que, si se compara con la extensión de alguna provincia, se aproxima al tamaño de Elías Piña, que es de 1,395.47 kilómetros cuadrados.

Actualmente el país está en la temporada de incendios forestales, que comienza en febrero y se extiende hasta mediados de abril. En esta época, que coincide en parte con la Cuaresma, hay más viento y pocas precipitaciones. Sin tomar muchas veces las precauciones debidas, los campesinos y productores agropecuarios queman terrenos para mejorar el pasto o prepararlos para la agricultura, esto es la causa del 85% de los incendios forestales, y tiene escasas penalidades.

Estos eventos, según su magnitud, se dividen en cuatro niveles. El más complejo es cuando se eleva una alerta roja y se requiere apoyo local e internacional. El personal que los atiende debe acudir con presteza y exponerse al peligro sin un respaldo importante: un seguro de vida.

Gerónimo Abreu, un bombero forestal con 27 años de experiencia y encargado del Programa Nacional Manejo del Fuego del Ministerio de Medio Ambiente, asegura que el país tiene las herramientas necesarias para enfrentar los incendios forestales, pero se queja de que el personal no cuenta con un seguro de vida que compense a su familia o a otros beneficiarios como indemnización. Él, por ejemplo, a pesar de ser el encargado, dice que no cuenta con uno.

Abreu explica que el Ministerio tiene 60 bomberos forestales nombrados, que ganan RD$8,000 mensuales. A estos se suman poco más de 600 hombres, que no son nombrados oficialmente como bomberos forestales, pero que hacen labores medioambientales, como reforestación, y se usan de respaldo. Estos últimos están distribuidos en las áreas de mayor vulnerabilidad: la Cordillera Central, Sierra de Bahoruco, Sierra de Neiba y Los Haitises.

“En todos los países de Centroamérica los bomberos tienen una póliza de vida y aquí no tenemos un seguro de vida. Si un bombero se murió en un incendio, obviamente hasta ahí llegó, la familia no tiene ninguna compensación, y si queda inválido por una quemadura o un accidente o algo, tampoco tiene ninguna compensación”.

El domingo de la semana pasada, el personal tuvo que atender tres incendios; otros cuatro ocurrieron hace dos semanas en La Vega, con los que suman cerca de dos decenas los ocurridos en la actual temporada, que han sido de poca extensión debido a la rápida respuesta, expresa Abreu.

En el Ministerio de Medio Ambiente esperan que la actual temporada de incendios no sea tan severa como la de 2005, cuando 117 incendios forestales afectaron 483,720 tareas, o como la del 2015, en el que 435 eventos afectaron 185,849 tareas, ni que ocurra otro tan complejo como el de 2014 en Valle Nuevo, que se prolongó por varios días.

Las causas

Una gran proporción de los incendios ocurre en áreas de pino y este es un ecosistema dependiente del fuego. En el país, el 98% de los incendios es producido por el hombre. La principal causa es la agricultura y la ganadería. En menor proporción están los ocasionados por gente que busca miel de abeja en el bosque, los intencionales, por caída de cables eléctricos y menos del 1% por descargas eléctricas.

¿Con cuáles herramientas trabajan?

Fundamentalmente, los bomberos forestales en el país utilizan herramientas manuales básicas, como machetes, rastrillos, palas y bombas de mochila. Aunque parecen rudimentarias, Abreu asegura que funcionan. “De hecho, México cada año invertía millones de dólares en la renta de equipos aéreos para el combate de incendios y en los últimos años los dejó de rentar porque vio la poca efectividad de los mismos”, dice.

Mientras en otros países con territorios más grandes se implementa el uso de drones para combatir incendios y cuentan con decenas de aeronaves, inclusive propiamente patentadas como en Australia, la República Dominicana tiene dos helicópteros de la Fuerza Aérea equipados para estos fines, indica Abreu. El especialista observa que pudiera ayudar si se agregan al sistema, por lo menos, dos aviones.

“De todos modos, no importa cuántas aeronaves tengamos, son efectivas para bajar la intensidad del fuego, pero para eliminarlo necesitamos brigadas en tierra con herramientas manuales”, explica.

Pero esas herramientas manuales en ocasiones no son operables. Abreu indica que aunque el personal tenga moto bombas, a veces no encuentran fuentes de agua para alimentarlas. “En la Sierra de Bahoruco no hay ni una sola fuente de agua donde usted pueda alimentar una moto bomba para combatir el fuego, los vientos que soplan no permiten operar con aeronaves”, dice.

“Lo peor de todo es que en todos los países de Centroamérica los bomberos tienen una póliza de vida y aquí no tenemos un seguro de vida –se queja-. Sin un bombero se murió en un incendio, obviamente hasta ahí llegó, la familia no tiene ninguna compensación, y si queda inválido por una quemadura o un accidente o algo, no tiene ninguna compensación”.

El Ministerio de Medio Ambiente tiene asignada una partida de RD$7,393.9 millones en el Presupuesto General del Estado del presente año. A nivel interno, el presupuesto preparado para el Manejo del Fuego, incluido dentro del Plan Operativo 2017, se estima en RD$33.9 millones, que no incluye sueldos, viáticos, depreciación de equipos, herramientas y vehículos de la institución.

Del departamento de Recursos Humanos del Ministerio de Medio Ambiente se informó a Diario Libre, a través del Departamento de Comunicaciones, que los bomberos forestales cuentan con un seguro de riesgos laborales -consignado en la Ley de Seguridad Social-, que “ante cualquier eventualidad les sirve”. Para tener uno de vida, habría que contemplarlo en el presupuesto, “y no está contemplado”.

Aunque parecen similares, el seguro de riesgos laborales y el de vida tienen diferencias. Un ejecutivo de una empresa de seguros explica a Diario Libre que la cobertura en el seguro de vida depende del fallecimiento, por cualquier causa o las previstas (no excluidas) en la póliza; el de riesgos laborales cubre en caso de accidente o enfermedad derivados exclusivamente de eventos relacionados con el desempeño de trabajo por cuenta ajena. Además, el de vida no incluye prestaciones en especie; su carácter indemnizatorio es en dinero (por la suma asegurada contratada). El seguro de riesgos laborales indemniza tanto en especie como en dinero.

Precisa también que el seguro de vida podría incluir coberturas complementarias, incluyendo relativas a accidentes y enfermedad, pero de forma opcional, según la necesidad del interesado. En caso de la cobertura de pago por enfermedad, no incluirá cobertura por las profesionales.

Por el riesgo que representa, la ocupación de bombero forestal está restringida en el mercado asegurador. Sin embargo, en el caso de que una persona sea elegible o el riesgo sea aceptado, en el hipotético caso de que el solicitante sea un hombre de 40 años, una empresa cotizó a Diario Libre un seguro de vida por RD$500,000, con una cuota anual de RD$3,000. Dicho monto cubriría el fallecimiento por cualquier causa y la muerte accidental.

http://www.diariolibre.com/medioambiente/bomberos-forestales-personal-que-se-expone-al-fuego-sin-seguro-de-vida-FJ6487106

Lo que el fuego se llevó

El trabajo contra los incendios forestales se ejecuta, pero las secuelas quedan. Hay bosques quemados que no son recuperables. “Si usted va a Constanza se fija que hay lugares donde lo que hay es helechos, se ve verde el suelo, pero es cubierto de helechos. Son áreas que fueron usadas para la agricultura, o que se quemaron y ya las especies que están ahí no se recuperan”, explica Abreu.

Destaca que un área quemada no necesariamente implica un área deforestada. “Por ejemplo –dice-, en Valle Nuevo, alrededor del ocho por ciento de lo que se quemó fue severamente afectado, o sea que ahora hay una cobertura mucho menor que cuando el incendio, pero más del 60 por ciento fue mínimamente afectado, o sea que el bosque, la cobertura, está intacta, claro, eso no quiere decir que el fuego no hizo daño, porque además de los árboles, se afecta el suelo y la biodiversidad en sentido general”.

El rol de la hidroenergía en el sistema eléctrico

La hidroelectricidad tiene una serie de ventajas como fuente de generación: aprovecha el conocimiento de nuestros propios ingenieros, tiene un gran impacto sobre la economía regional y nacional³, permite usos múltiples de los embalses (como la disponibilidad de agua para riego y para consumo humano, la promoción del turismo, la acuicultura, entre otras) y la posibilidad de mitigar crecidas.

Es necesario subrayar que, al margen de la posibilidad de contar con otras fuentes de energía que puedan complementar la capacidad de generación, son solo 3 las fuentes que permiten una base sólida, confiable y segura del sistema eléctrico: la térmica (con combustibles fósiles), la nuclear y la hidroeléctrica.

La matriz eléctrica de un país es una combinación posible de estas fuentes, a la que se suman pequeños porcentajes de fuentes complementarias y que no proporcionan “energía firme”, como la eólica, la solar, la biomasa o la geotérmica, entre otras.

Otra característica diferencial de la energía hidráulica es su alta disponibilidad de potencia; es decir, la cantidad de tiempo que una máquina está disponible para generar electricidad. La hidroeléctrica, junto con la nuclear, tiene una disponibilidad del 95%, muy superior a cualquiera de las demás tecnologías de generación4.

Si bien un proyecto hidroeléctrico tiene un alto costo inicial, porque implica inversiones cuantiosas que involucran la obra civil, los aspectos ambientales y sociales y la infraestructura complementaria (caminos, puentes, reconstrucción de la infraestructura afectada, líneas de transmisión, etc.), el costo del kw generado es el más competitivo entre todas las tecnologías de generación, ya que no requiere el uso de combustible, tienen un bajo costo comparativo de mantenimiento y tienen una larga vida útil.

El diferente comportamiento de los ríos, en cuanto a los momentos de mayor aporte de agua, constituye un elemento importante para la planificación energética. En el caso argentino, en el que la generación es predominantemente a gas, y que este combustible se utiliza masivamente en la calefacción de hogares, el periodo invernal requiere de una fuente alternativa para la generación que permita reemplazar el gas que se deriva al consumo doméstico. Es por ello que los ríos de la región Comahue –que presentan un mayor caudal en los meses de invierno– contienen un número importante de los proyectos previstos en el Plan Hidroenergético.

Los impuestos a las telecomunicaciones y el acceso a Internet -

SANTO DOMINGO,R.D.- En 2015, el 45% de la población mundial tenía acceso a Internet. Probablemente, para esa parte de la población el mundo de hoy es casi impensable sin esa herramienta, la cual se ha convertido en indispensable para aprender, trabajar, informarse, comunicarse, divertirse y funcionar en la cotidianidad. Sin embargo, más de la mitad de la población del mundo todavía no usa Internet. Eso limita severamente las oportunidades de esas personas, que en la actualidad depende en mucho del grado de acceso y el uso de Internet, y compromete su bienestar.

En la República Dominicana, la situación es muy similar. La mitad de la población no tiene acceso a Internet, y de la otra mitad que tiene acceso, sólo un cuarto compra los servicios en los hogares. El resto accede por redes de otros (p.e. empresas donde trabajan y comercios).

La barrera de los precios y los impuestos

El hecho de que más de un tercio de la población dominicana acceda a Internet pero no compre servicios y que la mitad simplemente no use esa herramienta indica que el precio de los servicios y los equipos es una barrera de acceso importante. Simplemente, para muchos, comprar los equipos y pagar por los servicios es incosteable. 

En principio, los altos precios relativos tendrían dos causas. La primera es que el de las telecomunicaciones, en especial el de servicios de Internet, es un mercado concentrado y dominado por unas pocas empresas, notablemente dos, que tienen una elevadísima participación de mercado. En mercados tan concentrados, los precios y los beneficios de las empresas suelen ser más elevados que en mercados menos concentrados porque las empresas tienen capacidad de imponer precios y de discriminar entre clientes. 

La segunda es los altos impuestos que afectan a ese mercado. Además del 18% de ITBIS, un impuesto de vocación general aplicable a todos los bienes y servicios, los servicios de telecomunicaciones están sujetos a un impuesto selectivo de 10%, y a un impuesto de 2% que permite financiar el funcionamiento del INDOTEL y sus proyectos de desarrollo. Todos estos impuestos se aplican sobre el valor de las ventas, y suman 30%. Sin dudas que se trata de una carga elevada que incrementa los precios de venta, y termina excluyendo a quienes no pueden pagar los precios resultantes.

Eliminar el selectivo: las preguntas 

Una de las propuestas que han surgido con miras a expandir el acceso a Internet es terminar con la excepcionalidad impositiva que afecta a los servicios de telecomunicaciones, eliminando el impuesto selectivo de 10% sobre los servicios. 
Frente a la propuesta, surgen dos preguntas. La primera es si la reducción del precio supondría un importante aumento de la demanda y del acceso a Internet, en especial de aquellas personas que en este momento no pueden comprar el servicio. Si la respuesta es positiva, entonces desde el punto de vista del objetivo de contribuir a universalizar Internet, la propuesta tendría mucho sentido. La segunda es si la reducción del impuesto supondría un sacrificio fiscal importante o si, por el contrario, el aumento de la demanda que resultaría incrementaría las ventas y la recaudación de tal forma que compense las pérdidas por la reducción y eliminación de la tasa impositiva.

Para responder a esas preguntas, la Coalición Dominicana por una Internet Asequible, una agrupación de instituciones públicas y no gubernamentales, y de empresas e individuos que tienen el objetivo de promover el acceso universal a Internet y el uso productivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), y el INDOTEL encomendaron un estudio, cuyo objetivo preciso fue medir el impacto que podría tener en la demanda de servicios de Internet una reducción en las cargas impositivas. El estudio fue realizado por el colega y amigo Harold Vásquez, consultor de la Fundación Empírica. 

Las respuestas 

Uno de los resultados más destacados del estudio es que la elasticidad precio de los servicios de Internet es inelástica. Eso significa que una reducción de un 1% en el precio, por ejemplo como resultado de la reducción de un 1% en los impuestos, se traduce en un aumento en la demanda inferior a un 1%. Esto tiene dos implicaciones. La primera es que aunque la reducción de precios que resultaría de la reducción de impuestos aumentaría la demanda, no lo haría tan intensamente como fuese deseable. La segunda es que la reducción de los ingresos tributarios derivada de la reducción de impuestos sería sólo parcialmente compensada con el aumento de ingresos que resultaría de un mayor volumen de ventas. 

Otro hallazgo importante es que los hogares que más reaccionarían a la reducción de precios serían aquellos ubicados en las regiones de mayor desarrollo del país. Por ejemplo, en la región metropolitana, una reducción de 1% en el precio haría que la demanda crezca en 0.58%, mientras que en la región Higuamo aumentaría en sólo 0.27%. 

En el caso de la demanda por servicios de telefonía celular, otra forma de acceder a Internet, el estudio encontró que si se reduce el precio, las personas que utilizan servicios pre-pagados con tarjeta aumentarían su demanda en una proporción mucho menor a la de aquellos que compran servicios con factura pre-pagada o con esquema post-pago. Esto podría suponer que quienes más aumentarían sus compras de servicios por una reducción de impuestos serían los más ricos, que son quienes con más frecuencia compran vía factura. 

Adicionalmente, se muestra evidencia de que en el caso de los servicios de teléfono fijo e Internet, a mayor nivel de ingreso, más intensa sería la reacción de los hogares comprando más servicios, excepto entre los más ricos, para quienes el precio no les haría cambiar de decisión de forma significativa.

Sin embargo, en el caso de la demanda por televisión por cable y servicios combinados (teléfono fijo, TV por cable e Internet), la demanda es muy elástica. Eso significa que las reducciones de precios se traducirían en aumentos de la demanda proporcionalmente mayores a la reducción de los precios, a razón de entre 1.07 y 1.28 veces la reducción del precio. Eso haría que por ese concepto, las recaudaciones tributarias crezcan. 
Por último, no se encontró diferencias significativas entre las demandas de hombres y mujeres, en ninguno de los servicios.

En síntesis, la demanda de servicios de Internet no es muy sensible a la reducción de los impuestos; la demanda por servicios de TV por cable y de servicios combinados (incluyendo Internet) es muy sensible a la reducción de precios; quienes más se aprovecharían de menores precios serían aquellos que viven en las zonas más ricas del país; y en el caso de celulares, teléfono y servicios de Internet, mientras más rico se es, más se aprovecharía la reducción de precios, excepto en el caso de los más ricos.

Todo eso significa dos cosas. Primero, que lo que tendría sentido es reducir o eliminar el impuesto selectivo al consumo para todos los servicios de telecomunicaciones porque focalizando la eliminación sólo en Internet, no se tendría la reacción deseada en la demanda. Además, hay que facilitar el acceso a Internet por múltiples vías (servicio en el hogar, a través de telefonía celular, y a través de paquetes combinados). Segundo, que quienes más aprovecharían la reducción de precios son quienes no son pobres. 

El costo fiscal

Pero, ¿cuánto le podría costar al Estado la eliminación del selectivo a las telecomunicaciones? 

Considerando todos los factores antes mencionados, el estudio dice que cerca de 1,500 millones de pesos, aproximadamente un 8% del total de ingresos por impuestos a las telecomunicaciones. Aunque la demanda específica de servicios de Internet no aumentaría mucho, la del resto de los servicios, en particular TV por cable y servicios combinados sí lo haría, reduciendo el costo total. 

Esta estimación, sin embargo, podría sobre-estimar ese costo porque no considera el incremento en la demanda que resultaría del mayor ingreso real disponible en los hogares como resultado de la reducción de los precios, ni el efecto que puede tener el mayor acceso a Internet en la productividad general de la economía, lo que generaría contribuciones tributarias adicionales.

Más allá de los impuestos

De estos resultados, deben quedar claras dos cosas. Primero, que reducir los impuestos a todos los servicios de telecomunicaciones debe ser una de las piezas de una estrategia para expandir el acceso a Internet. Segundo, que en la medida en que los más pobres no necesariamente serían quienes sacarían más provecho de la reducción de precios, la reducción de impuestos necesita ser complementada con acciones focalizadas que faciliten el acceso en comunidades pobres, incluyendo la educación para el uso y apropiación de Internet, y la expansión de la disponibilidad de banda ancha en territorios no cubiertos.

Los beneficios económicos y sociales de gastar para expandir el acceso a Internet más que justifican los costos. -

www.elcaribe.com.do/2017/04/01/los-impuestos-las-telecomunicaciones-acceso-internet#sthash.S3ZtrnQK.dpuf

AES prueba su planta de ciclo combinado

SANTO DOMINGO,R.D.- La empresa AES Dominicana informó que la nueva generadora Los Mina VII aportó sus primeras inyecciones de energía al sistema eléctrico, al ser sometida a su primera prueba.En un comunicado de prensa, AES dijo que el proyecto Conversión Ciclo Combinado, cumplió con un relevante hito de sincronizar y conectar por primera vez la nueva unidad Los Mina VII al SENI a las 9:13 PM del día 1 de abril en curso. La unidad estuvo inyectando 15 megavatios, sin ningún contratiempo y en condiciones confiables todo el tiempo que estuvo conectada al sistema, dijo.

“Esto representa un hito importante para este proyecto que ya se encuentra en su fase final, y que pronto estará en línea con una contribución permanente al SENI de 114 megavatios de energía limpia y más eficiente a la matriz energética del país, en base a gas natural”, expuso Edwin De los Santos, presidente de AES Dominicana. 

La nueva unidad Los Mina VII de la generadora Dominican Power Parnerts (DPP) es el resultado de la conversión a ciclo combinado, proyecto cuya construcción se inició en octubre de 2014 y se espera que la entrada total al sistema se produzca en los próximos días. “Ha sido un proyecto muy retador, lo más importante para nosotros es que hemos entrado en la fase final, sin ningún contratiempo de seguridad, y en cumplimiento de los plazos y el presupuesto previsto”, indicó Abraham Garrido, director del proyecto. Como resultado de este proyecto AES Dominicana ha invertido alrededor de dos millones de dólares en la comunidad de Los Mina. 

La conversión a ciclo combinado busca maximizar la eficiencia de esas generadoras y consiste en el aprovechamiento de los gases de combustión de las dos turbinas a gas existentes, a través de dos calderas recuperadoras de calor, que producirán vapor, que será utilizado para mover una nueva turbina para generar electricidad. Esta nueva turbina incrementará en 114 MW neto la potencia instalada del parque energético Los Mina, elevándola a 324 MW. -

www.elcaribe.com.do/2017/04/05/aes-prueba-planta-ciclo-combinado#sthash.cRITatUE.dpuf

Aumento salarial debió ser de un 53% en R.D.-

SANTO DOMINGO,R.D.- Fundación Juan Bosch señala que la protesta de COPARDOM es injustificada ya que el gran empresariado cada vez gana más a costa de los trabajadores.

El aumento de 20% al salario mínimo es lo básico que se podía pedir. Si  fuera realmente justo, el aumento debió ser de un 53%.

Basándose en la caída de un 18% de la capacidad de compra de los salarios de los trabajadores y de un incremento de la productividad del trabajo de un 51% entre 1999 y 2017, en el estudio de la Fundación Juan Bosch titulado RADIOGRAFÍA DEL TRABAJO ¿Trabajos dignos o empleos chatarras?, elaborado por  el cientista social Matías Bosch y el economista Airon Fernández, se señala que un aumento justo a los salarios mínimos debió haber sido de un 53%; esto es para compensar  a los trabajadores  por el deterioro del salario real y también retribuirlos por un tercio (1/3) del incremento de su productividad.

En tal sentido, los representantes del gran empresariado deberían estar satisfechos porque, en realidad, más bien salieron ganando del reajuste aprobado. Visto así, su molestia no tiene razón de ser.

Por estos motivos, la Fundación Juan Bosch afirma que el aumento aprobado en el Comité Nacional de Salarios, de un 20%, es lo básico que se podía pedir, y ayuda a los trabajadores dominicanos a apenas rozar el ingreso real que tenían en 1999, es decir hace 18 años. Si a eso se le suma que los trabajadores han estado produciendo cada vez más, con un ingreso cada vez menor, el aumento realmente justo debió ser de un 53% y en ese sentido los representantes del gran empresariado no deberían comportarse con intransigencia ni molestia ante un reajuste, a su parecer, menos que modesto. Visto así, la situación de los trabajadores se mantiene estancada en la condición de sobrevivencia.

Es importante decir que con el aumento aprobado de un 20%, los trabajadores dominicanos siguen sin poder cubrir el costo de la canasta familiar nacional o promedio, la cual asciende en la actualidad a RD$29,073. En este sentido, el ajuste acordado no ayuda a resolver la dramática situación de pobreza en que están la mayoría de los dominicanos ni es un paso contundente en pos de disminuir la gran desigualdad de ingresos, que actualmente es de 42 veces entre el 10% más rico y el 10% menos rico, según la CEPAL. En el referido estudio de la Fundación Juan Bosch, se llama la atención sobre cómo se despoja a los trabajadores, ya que, a nivel de la economía nacional, por cada 100 pesos que producía un trabajador en 1996, recibía 48 como remuneración principal; pero en 2015, un trabajador promedio sólo recibió 27 pesos como salario por cada 100 que produjo. Los empresarios cada vez reciben más y los trabajadores se quedan con menos.

Por otro lado, los autores Bosch y Fernández señalan que los cientos de miles de empleos creados en los últimos cuatros años y que ha sido celebrado por las autoridades y la clase política, se han generado en sectores poco productivos, que normalmente no requieren mano de obra calificada y donde los salarios distan mucho del costo de la vida, sobre todo en “otros servicios” y en comercio al por mayor y detalle. Y agregan que la cantidad de empleos que se ha generado en el último cuatrienio, ha sido insuficiente para reducir sustancialmente el desempleo, puesto que sólo ha servido para absorber el crecimiento natural de la población económicamente activa, por lo que la tasa de desempleo se redujo apenas 1.4% en cuatro años.

En el estudio se advierte que, si los trabajadores no se organizan y luchan decididamente por un aumento significativo de los salarios, en función del deterioro del poder adquisitivo, el aumento de la productividad y el costo de la vida, “la brecha productividad-ingresos persistirá y seguirá ensanchándose, con los efectos negativos que esto supone sobre la pobreza y desigualdad.”

Por último, en el estudio se recomienda que una vez se acuerde el nuevo aumento salarial, “(..) el Estado establezca las negociaciones en el Comité Nacional de Salarios como un espacio de diálogo, pero que los salarios se fijen por ley, de manera  democrática y abierta, a través de la deliberación política, atendiendo a la evolución de las principales variables macroeconómicas, especialmente la inflación, la productividad y la pobreza; así como también, tomando en consideración el valor del capital de las empresas.”

Con un aumento del 53%, los salarios mínimos del sector privado no sectorizado habrían quedado en: RD$19,747, para las empresas grandes; RD$13,576, para las medianas; RD$12,031, para las pequeñas; RD$16,659, para los vigilantes privados; y RD$409 por hora, para los trabajadores del campo.

http://eldia.com.do/si-fuera-realmente-justo-el-aumento-a-salario-minimo-debio-ser-de-un-53/

Ley 87-01. ¿Eliminar el Contributivo Subsidiado?

SANTO DOMINGO,R.D- Se toman importantes  iniciativas para modificar la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, la cual fue promulgada el 9 de mayo de 2001.

Después de 16 años es muy razonable una revisión a fondo  de una ley fundamental del Estado dominicano y de toda la sociedad. Eso así porque  un Sistema de Seguridad Social tiene  el propósito de proteger a todas las ciudadanas y ciudadanos ante contingencias tan relevantes como aquellas asociadas, entre otras siete,  a la salud, jubilaciones y  riesgos laborales.

En su versión original la Ley 87-01 clasifica  por razones de financiamiento a toda la población dominicana en tres regímenes. Régimen Subsidiado, financiado por el Estado, Régimen Contributivo, financiado por los empleados y los empleadores y el llamado Régimen Contributivo-Subsidiado que debió ser financiado totalmente  por los afiliados ante la falta de los empleadores o parcialmente por el Estado para aquellos cuyos ingresos promedio estuviesen por debajo del salario mínimo.

Sucede que el Régimen Contributivo-Subsidiado nunca ha existido siendo la población estimada en más de 2 millones de dominicanas y dominicanos. Significa además que la Seguridad Social pierde con ello su carácter de sistema por cuanto no incluye a toda la población.

El problema que se ha planteado  con la más reciente versión de modificación de la Ley 87-01 es que se ha eliminado, mientras en la anterior versión  se creaba un nuevo régimen para sustituirlo, con la denominación de Régimen de Contribuciones Propias enfocado a quienes pudiesen cubrir todos los costos de la Seguridad Social, incorporando a los demás al Régimen  Subsidiado.

Eliminarlo no debería ser la solución,  dejando a su libre albedrío a tan amplia parte de la población. Eso así por cuanto el carácter de obligatoriedad en la afiliación a la Seguridad Social parte de la necesidad de resolver la llamada “miopía del ciudadano” pues se entiende que prever las potenciales contingencias a que se exponen las personas no es sólo una responsabilidad individual por cuanto- como sucede- cuando la persona no está en capacidad de afrontarla al final será una carga para el Estado y la sociedad. En  los Estados Unidos el seguro médico obligatorio que incluyó Obama y que Donald Trump se propone anular responde a dicho concepto. El propio Obama una vez comentó la experiencia de su madre que murió de cáncer  a los 56 años sin efectivas coberturas al carecer de un seguro médico.

La solución no es por tanto eliminar el Régimen  Contributivo Subsidiado o como se le llame, sino buscar fórmulas apropiadas, de lo contrario no sería un Sistema de Seguridad Social.

http://acento.com.do/2017/opinion/8446105-ley-87-01-eliminar-contributivo-subsidiado/

ADIE: hay energía para satisfacer demanda

SANTO DOMINGO,R.D.- La Asociación Dominicana de Industrias eléctricas (ADIE) reiteró que actualmente existe energía suficiente para satisfacer la demanda de los usuarios.

Explicó que en la semana del 27 de marzo al 2 de abril, la disponibilidad real del sistema que las empresas generadoras estuvieron dispuestas a entregar fue de 341,070.3 megavatios por hora.

Sin embargo, la demanda abastecida por las distribuidoras fue de 312,982.9 MW, dejando en reserva una oferta de 28,087.3 megas que no fue adquirida.

Las estadísticas de la ADIE fueron construidas con los datos suministrados por el Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (OC) y permiten demostrar que la oferta supera la demanda.

http://eldia.com.do/adie-hay-energia-para-satisfacer-demanda/

Transporte : El Metro y la OMSA transportaron 102.5 millones de pasajeros durante el 2016

SANTO DOMINGO,R.D.- El sistema público de transporte, que opera mayoritariamente en el Gran Santo Domingo, movilizó el año pasado un volumen de 102.5 millones de pasajeros, un 72.97% de los cuales fue transportado por el Metro de Santo Domingo.

Los ingresos producidos por el servicio, que se ofrece a través del Metro de Santo Domingo y la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), superaron en forma consolidada el valor de RD$1,800 millones, cifra aportada en más del 80% por el sistema de transporte ferroviario.

Las memorias del Metro de Santo Domingo y de la OMSA correspondientes al año 2016 muestran estadísticas ejecutadas y proyectadas de la cantidad de pasajeros movilizados y de los ingresos recibidos. En el caso del Metro las cifras reales son hasta el 31 de octubre, y las proyectadas en base a una media mensual de usuarios movilizados, fueron para los dos meses finales. La OMSA publicó cifras finales hasta noviembre y proyectó las de diciembre.

En forma individual, y según su proyección, el Metro movilizó 74.8 millones de pasajeros, con una recaudación de RD$1,483.4 millones, y la OMSA se encargó de transportar 27.7 millones, con valor recaudado de RD$340.0 millones.

Evolución
Los 78.4 millones de usuarios transportados por el Metro de Santo Domingo representaron un aumento de 12.5% respecto al año anterior. Y de ese volumen, el 62.05% fue movilizado a través de la Línea 1 y el restante 37.95% en Línea 2.

La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), que es la dependencia responsable de la construcción y operación del Metro de Santo Domingo, destaca en su memoria que a pesar de promediar una demanda diaria de 239,178 usuarios en días laborables, el 2 de noviembre del 2016 se registró el mayor pico en la cantidad de usuarios transportados: 277,932.

Explica que las estaciones con mayor afluencia de usuarios son: Mamá Tingó con más del 17% del peaje de la Línea 1 y María Montez que mueve el 30% de los usuarios de la Línea 2.

El monto recaudado en la explotación de las líneas 1 y 2A del Metro de Santo Domingo al 31 de octubre del 2016 fue de RD$1,236.18 millones, correspondiendo a la Línea 1 la suma de RD$742.97 millones y a la Línea 2A RD$493.21 millones.

La OPRET dice que esos montos proyectados al 31 de diciembre del 2016 alcanzarían para las dos líneas un monto consolidado total de RD$1,483.4 millones.

Detalla que a partir de abril 2013 se puso en funcionamiento la línea 2 del Metro de Santo Domingo que recorre Santo Domingo en dirección Oeste-Este desde el km 9 de la Autopista Duarte hasta el Puente Francisco del Rosario Sánchez (Puente de la 17).

Esta línea, en su extensión de 12.5 km, tiene 14 estaciones en intersecciones clave que agilizan la movilidad de los ciudadanos.

“Con la puesta en funcionamiento de Línea 2 el peaje mensual incrementó de 2,590,304 en abril 2012 a 4,901,756 usuarios en abril 2013, representando esto un aumento de un 89.23%”, dice la memoria. Expone que en estos últimos cuatro años el Metro de Santo Domingo ha movilizado 281,973,825 usuarios.

La OPRET también recauda por concepto de alquiler de locales comerciales en la estructura vial del Metro de Santo Domingo. Según consigna en la memoria del 2016, “la recaudación por alquiler de los locales comerciales” en el período comprendido desde el 1ro de enero al 31 de octubre del año 2016 alcanzó a RD$18.77 millones, valor que proyectado para el período completo arrojaría un acumulado total de RD$22.53 millones.

En tanto, la OMSA, desde enero a noviembre transportó 27,682,746 pasajeros, a una tarifa promedio de RD$11.24. El 92.5% de los pasajeros movilizados (25,596,2786) fue en el Gran Santo Domingo y el restante 7.5%, con volumen absoluto de 2,085,961 en la ciudad de Santiago, que es la otra región donde las unidades de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses operan. 

La cantidad de pasajeros transportados creció 3.8%

Según indica la OMSA, la institución propietaria de las unidades de transporte que operan en el Gran Santo Domingo y Santiago, el volumen de pasajeros transportados por sus buses creció a una tasa promedio mensual de 3.8%, pero que entre el volumen de enero (2,053,341) y el de noviembre (2,920,953) el incremento fue de 42.3%.

La tasa de crecimiento de la cantidad de pasajeros transportados en Santiago fue de 6.6%, casi el doble de la de Santo Domingo, que fue de 3.8%. El volumen de pasajeros transportados en los dos mercados generó ingresos ascendentes a RD$311.23 millones, para un promedio mensual de RD$28.29 millones.

La OMSA indica en su memoria que los pasajeros transportados en los 12 corredores que tiene la entidad en las ciudades de Santo Domingo y Santiago recibieron un subsidio de RD$10.00 y RD$15.00 por usuario. El “costo de mercado” por pasajero transportado fue de RD$57.00.

www.elcaribe.com.do/2017/04/03/metro-omsa-transportaron-1025-millones-pasajeros-durante-ano-pasado

Reglamento 013-17 sobre Solución de Controversias entre Usuarios y las Prestadorasde Telecomunicaciones

SANTO DOMINGO,R.D.- El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) acaba de publicar el nuevo reglamento 013-17 sobre Solución de Controversias entre Usuarios y las Prestadoras de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones

En el nuevo reglamento el tema la vigencia plena de los derechos de los usuarios deja ver el refajo respecto de la renuencia del sector de telecomunicaciones a ponerse a la altura del artículo 53 de la Constitución que consagra esas prerrogativas.

Y para muestra basta un botón. El reglamento se ha abanderado con la posición de una parte de la doctrina de que a la luz del artículo 2 de la Ley de Proconsumidor esa norma general no surte eficacia respecto de la Ley de Telecomunicaciones y sus reglamentos.

Para esta parte de la doctrina se imponen los principios de especialidad de la competencia, especialidad normativa y temporalidad de la ley.

Ahí está el error de interpretación, porque la solución a esta clase de conflictos entre normas generales y sectoriales no está guiado por las reglas de la antinomias legales tradicionales, pues estamos ante un derecho fundamental (art. 53 de la Constitución), lo cual obliga a aplicar el principio de mayor favorabilidad.

Pero, además, el artículo 135 de la Ley de Proconsumidor prescribe que, “cuando se trate de casos que sean materia de las leyes sectoriales, el consumidor o usuario reclamará sus derechos con apego a los procedimientos establecidos en dichas leyes y sus reglamentos”, este procedimiento tiene prelación en tanto y en cuanto no viole los derechos que la ley general consagra a favor de los usuarios.

De ninguna manera se puede pretender hacer una interpretación de los derechos de los usuarios de servicios públicos regulados al margen de la Ley de Proconsumidor, pues ello afectaría el sistema de fuentes de los derechos de los usuarios.

La importancia de estos principios es cardinal, ya que el acento de muchas de las normativas sectoriales no está puesto en los derechos de los usuarios, sino en la obtención de utilidades por parte de las prestadoras de servicio.

Un caso es ilustrativo de lo que afirmamos. En el reglamento aprobado por el Indotel no se contempla la prohibición de abusividad de las cláusulas de los contratos por adhesión, bajo el argumento de que las relaciones contractuales de las partes están regidas por el Reglamento General de Servicio Telefónico.

Cuando se aborda dicho reglamento encontramos que no existen criterios objetivos que definan cuáles son las cláusulas abusivas (art. 5), ni las sanciones a ese tipo de cláusulas. Ante tal falencia, es natural que las disposiciones del artículo 81 y siguientes de la Ley de Proconsumidor, sobre los contratos por adhesión, suplan ese vacío normativo.

http://elnacional.com.do/nueva-norma-indotel/

A mayor esperanza de vida, menor pensión pública!

Recientemente leía este interesante y detallado artículo escrito por Jaime Prats de El PAIS, sobre la esperanza de vida en España. El titular invitaba a leer con más profundidad el análisis sobre el cual los diferentes expertos argumentaban sus conclusiones. Es de sentido común: a medida que la ciencia y la medicina avanzan, vivimos más años gracias a las mejoras sanitarias y además lo hacemos con mejor calidad de vida. Ahora bien, que implicaciones tiene esto sobre nuestra pensión pública?

De la lectura del artículo, me quedaría con las siguientes afirmaciones:

• En la segunda década del siglo XXI “el ritmo de aumento anual de la expectativa de vida se mantiene constante en torno a los tres meses y medio; de forma que cada cuatro años se gana uno”
• De mantenerse la tendencia de los últimos años, la mitad de los niños que nacen ahora llegarán a los 100 años.  “A medida que crecemos, nos vamos beneficiando de las mejoras sanitarias que repercuten en el aumento de las expectativas de vida”. (según indica Albert Esteve, director del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad Autónoma De Barcelona ).
• Hay quienes defienden que el límite de la expectativa de vida humana está cercano, aunque Esteve se alinea con demógrafos como el estadounidense James Vaupel, muy conocido por sus trabajos en la materia, más optimistas respecto a la extensión de los límites de la existencia humana. “Si durante los últimos 100 años hemos conseguido vivir unos 40 años más ¿Por qué no vamos a ganar otros 40 en el próximo siglo?”, se pregunta.

Fuente: http://politica.elpais.com/politica/2015/02/26/actualidad/1424969363_446948.html

Maravilloso!!! Podremos disfrutar más de nuestra merecida jubilación. Porque no imaginarnos a los 85 años, llenos de vitalidad y salud, recorriendo alguna capital europea o disfrutando del sol en una playa paradisíaca! Esperad, ahora que lo pienso, creo que en este sueño me falla una pequeña variable: ¿Estamos ahorrando lo suficiente para asegurarnos una óptima jubilación?

Si lo estoy haciendo, puede que deba replantearme los números y reajustar mi plan financiero, después de leer esta gran noticia sobre nuestra mejora en la esperanza de vida. Si no lo estoy haciendo, desde luego parece que el problema ha empeorado.

Como indicaba en un post anterior la insostenibilidad del sistema español de pensiones hace tiempo que se argumento por numerosos expertos en la materia. Para paliar parcialmente esta situación (digo parcialmente, porque todo apunta a que las medidas siguen siendo insuficientes) se puso en marcha la reforma del sistema de pensiones del año 2011.

Entre las principales modificaciones de la reforma destacan las siguientes:

• Se aumenta de forma gradual la edad de jubilación de los 65 a los 67 años entre este año y 2027.
• Se incrementa de 35 a 37 los años necesarios para poder cobrar la pensión máxima, de forma progresiva hasta 2027. Exceptuando aquellos trabajadores que con 65 años hayan cotizado más de 38 años y medio.
• Se amplía de 15 a 25 años el período de cálculo las pensiones entre este año y 2022. Se mantiene en 15 años el periodo mínimo cotizado para tener derecho al 50% de la pensión
• A partir de 2014 la revalorización de la pensión no se vinculará a la inflación, sino que se introduce el factor de revalorización (FRA), que tiene en cuenta tanto la evolución del IPC como los ingresos y gastos de la Seguridad Social.
• Factor de Equidad Intergeneracional (FEI) para las nuevas pensiones por jubilación. El FEI multiplica la pensión por un factor con el objetivo de tratar por igual a personas que habiendo cotizado lo mismo, van a percibir pensiones por un número diferente de años, por su distinta esperanza de vida.

En definitiva, una sucesión de medidas encaminadas todas ellas a rebajar el gesto en pensiones de la seguridad social y asegurar la estabilidad del sistema, pero ello tiene como consecuencia directa una rebaja de las pensiones futuras. Tanto el FRA como el FEI se constituyen como las variables que pueden tener un mayor efecto sobre la pensión futura.

Fuente: http://economia.elpais.com/economia/2013/06/06/actualidad/1370543143_886927.html

Por último creo necesario añadir un efecto negativo adicional que este incremento en la esperanza de vida tendrá sobre nuestro planificación de una óptima jubilación. No se trata solo de la reducción de la pensión pública derivada de las modificaciones introducidas por la reforma del 2011. Debemos tener en cuenta también el efecto que este incremento de la esperanza de vida tendrá sobre nuestro esfuerzo de ahorro privado y sobre la prestación futura que del mismo podemos obtener.

Supongamos que en nuestra planificación del capital objetivo a acumular para la jubilación, hemos tenido en cuenta una esperanza de vida actual alrededor de los 83 años. Imaginemos, como indicábamos al principio del artículo, que en los próximos 20 años (cuando cumplamos los 67 años) la esperanza de vida estará en los 88 años. Es decir, habrá aumentado 5 años.

Si nuestro capital objetivo era de 117.615€ , vemos como esta variación en la esperanza de vida supone que nuestra renta mensual automáticamente caería  en unos 95€ al mes. En función de nuestra pensión pública, y de si poseemos o no otros ingresos alternativos, esa caída de ingresos mensuales puede resultar relevante.

http://elinversorpaciente.com/a-mayor-esperanza-de-vida-menor-pension-publica/