Cuánto ha aumentado el precio del galón de GLP desde el 2001

SANTO DOMINGO,R.D.- En los últimos años, los precios de los combustibles han presentado aumentos constante, influenciados, principalmente por el impuesto o ganancias del Gobierno en cada galón que compran los usuarios, lo que a su vez se convierte en una “pesadilla” para las autoridades por las protestas de choferes que se expanden por todo el país y de otros segmentos de la sociedad que pudieran sumarse.

De todos los combustibles, el más sensible a las alzas es el Gas Licuado de Petróleo (GLP), que ha pasado a ser el más usado, ya que es el que utilizan los carros de concho, taxis y algunos minibuses de menos de 20 pasajeros, además del aumento en el uso doméstico.

Esta semana el GLP volvió a subir y desde hoy, hasta el viernes 21 se venderá a RD$128.60, para un aumento de un peso con relación a la semana anterior. De acuerdo a las declaraciones del presidente del Senado y secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), la medida de aumentar los combustibles ha sido “odiosa” para el Gobierno, pero que dicha acción obedece a factores externos que “se imponen”.

“Danilo y el gobierno, cualquier gobierno, no quisieran tomar medidas odiosas como es el aumento de los precios de los combustibles”, declaró Pared Pérez, durante una visita al presidente de la Cámara de Diputados, Rhadamés Camacho.

Ya los sindicalistas comenzaron a anunciar aumento en los pasajes, esto luego de que varios sindicatos de transporte, y los taxistas, realizaran manifestaciones por los elevados precios de los combustibles.

Según los registros del Ministerio de Industria y Comercio, en el año 2001 el precio promedio del GLP fue de 12.61 pesos y al año 2004 fue de 46.60 pesos, es decir, una variación de 33.99 pesos, en promedio, para el GLP no subsidiado. El subsidiado ese mismo año (2004) tenía un precio de RD$25 el galón.

Mientras que al llegar los gobiernos del PLD, encabezados por el presidente Leonel Fernández, el GLP registró un precio promedio de 52.33 pesos en 2005, es decir, un aumento promedio de 5.73 pesos, con relación al último año de Hipólito Mejía. Al 2006 el precio promedio fue de 65.15, un incremento de 12.82 pesos en promedio.

En el año 2007, el alza fue de 7 pesos con 69 centavos, al promediar 72.84 pesos por galón; al año siguiente el precio promedio fue de 85.14 pesos, es decir, un aumento de 12.3 pesos por galón. Para el año 2009, ya el Gobierno había eliminado el subsidio al GLP y ese combustible registró un precio promedio de 61.55 pesos por galón.

En 2010 el precio promedio por galón fue de 79.10 pesos; 17.55 pesos más que el año anterior y 21.71 pesos menos que el año 2011 cuando el galón promedió 100.81 pesos.

Para el 2012, año en que toma posesión el presidente Danilo Medina, el GLP promedió 83.31 pesos por galón, mientras que al 2013 el precio promedio aumentó 5.26 pesos más, al terminar a 88.31 pesos por galón.

En los últimos dos años de gobierno del presidente Danilo Medina, el precio promedio del galón del GLP se disparó al registrar en 2016 RD$106.51, es decir, 18.2 pesos más que el año anterior y, durante el 2017 el precio promedio del galón fue de 116.02 pesos, para un aumento promedio en el año de 9.51 pesos por galón. Desde el 2001, el precio del GLP ha aumentado 115.99 pesos.

https://www.diariolibre.com/economia/glp-promedia-alza-anual-pared-aumento-de-precios-es-odioso-para-danilo-IP10796187

Pensionados y jubilados reclaman incluirlo en el presupuesto por indexación de 17 años

Santo Domingo,R.D.- Dirigentes de la Federación Nacional de Asociaciones de Pensionados y Jubilados de la República Dominicana (Fenapejurd) demandaron al Gobierno un aumento general de las pensiones, reajuste por indexación del salario y la inclusión en el Presupuesto de 2019.

“Exigimos que se indexe la pensión y que el salario mínimo se lleve a RD$ 10,000.00, ya que son RD$5,117.50 que gana un pensionado. La situación de los pensionados es calamitosa lo que se ha hecho aquí es un genocidio”, explicó José Aquiles Batista en una visita a EL DÍA.

El presidente de la organización indicó que la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda acogió hace dos meses una serie de demandas que planteó el sector a través de un documento, pero que hasta el momento no han recibido nada.

“Estamos haciendo un llamado al presidente Danilo Medina para que nos incluya en el presupuesto de ley de gastos públicos del 2019, pues cuando hablamos con ellos nos dijeron que ya el presupuesto estaba agotado, pero que lo iban a contemplar para el 2019”, indicó.

Además de pedir un incremento en la pensión a RD$10,000.00, los pensionados manifestaron que sólo buscan mejorar la precaria situación por la que atraviesan miles de pensionados que sobrepasan los 60 años.

“Da pena y vergüenza que a 17 años de la implementación de la seguridad social en República Dominicana, los pensionados y jubilados sigan pasando penurias”, aseveró Batista.

Mientras que el dirigente de la federación Héctor González Vargas explicó que reclaman una indexación por los 17 años que se ha congelado ese sector pese a lo que ordena el artículo 43 de la Ley 87-0, que reconoce los derechos adquiridos de los pensionados y jubilados.

“El Banco Central dice que el valor de la canasta básica ronda alrededor de unos RD$30,000, nosotros estamos sufriendo una discriminación en vez de darnos una pensión digna para vivir es todo lo contrario”, deploró González Vargas.

La federación exigen que la indexación de 17 años debe ser a todos los niveles, ya que consideran el Estado sólo aplica la indexación para beneficiar a los pensionados de la resolución CNSS- 424-03 e ignora a los pensionados de otras leyes.

Los dirigentes reclaman que el Ministerio de Hacienda y el CNSS excluya de la ley del sistema 87-01 a los jubilados y pensionados de la Ley 379-89 y que dicho sector no forme parte del régimen contributivo.

Finalmente, advirtieron que están dispuestos a iniciar una jornada de lucha hasta donde sea necesario en caso de que el Gobierno haga caso omiso a sus exigencias.

http://eldia.com.do/pensionados-reclaman-aumento-general-de-salario/

US$ 50 millones/mes, falla en generación y ley eléctrica

SANTO DOMINGO,R.D.- “El Estado tendrá que erogar unos 50 millones de dólares adicionales cada mes para poder suministrar la energía faltante por la salida accidental de la planta AES Andrés”.

Dicha salida provocó averías catastróficas, supuestamente las provocó directamente un rayo, es decir una descarga eléctrica.

Aunque este tipo de falla es muy raro en una turbina a vapor, y las fotos filtradas cuentan otra historia, al igual que otra falla catastrófica en los medios, “por un rayo”, en la misma empresa generadora, hace un tiempo; casi existe un consenso de que eso fue así, lo cual no fue tan fácil en el ámbito de Pacto Eléctrico. Si bien, las evidencias fotográficas aseguran que la catástrofe ocurrió, no confirman la causa. Por eso, es conveniente que dicha empresa, sin comisión externa, dé un informe basado en el análisis de dicha falla tomando en cuenta el reporte generado automáticamente que señala, secuencialmente, los eventos ocurridos antes, durante y después de la falla.

¿Por qué decimos lo anterior? Por la afinidad de esa central con las fallas catastróficas por los “rayos”, ya que lo común es que las protecciones y los pararrayos anulen los posibles efectos catastróficos de una descarga eléctrica.

Adicionalmente, y es muy importante, no entendemos la relación causa- efecto de dicha descarga o rayo y la acusación de que las autoridades tenían la culpa por postergar el mantenimiento de dicha planta¸ es difícil ver esta relación. Pero, hay que decirlo, la empresa en cuestión ha sido cauta y prudente. Y cuando se habla de quién debe asumir el incremento del costo para suplir la energía dejada de suplir, dicha empresa se remite al contrato, y así lo contempla la ley de ese ámbito.

Por lo anterior, nos resulta extraño y extemporáneo que se anuncie por parte del Gobierno de que éste asumirá esos costos para no afectar a los usuarios. Si así se hiciera, se estaría violando o ignorando la ley; y con ello el Estado pierde dinero y nosotros, los usuarios, también. A seguida veremos lo que dicen la ley y el reglamento del SENI al respecto

En la discusión del Pacto Eléctrico insistimos sobre el peligro y las pérdidas que podrían presentarse y sumarse al más de 30% de las pérdidas del SENI en una situación como esta. Pero no hubo consenso porque se creyó que esto no era necesario si no se pagaban los apagones, según dice la ley. Pero aunque todos somos usuarios, se pensaba que solo se beneficiaría el sector social. Creían eso y todavía aparentemente lo creen.

La ley contempla (Art. 100) la posibilidad de variar el suministro, de manera transitoria, “por causa de fuerza mayor o hecho fortuito”; es bueno remarcar la transitoriedad en este artículo, y es que sea por fuerza mayor o hecho fortuito esto no tiene que ver con quién paga y quién no. Para la obligación de pagar y quién paga, la ley es clara, muy clara. Y solo se toma en cuenta si las fallas son prolongadas en plantas termoeléctricas o por sequías, según el Art. 101 de la ley. “En este caso, y en base al costo de desabastecimiento o de energía no servida establecido anualmente por la Superintendencia de Electricidad, los generadores compensarán a las Empresas Distribuidoras, y estas a su vez, deberán traspasar dichas compensaciones a sus clientes”, o usuarios. Pero, además, para que no se alegue ignorancia como ahora, la ley es previsora y en el mismo artículo 101 expresa: “Las Empresas Distribuidoras deberán considerar esta eventualidad en sus contratos de compra de electricidad.” Pero no se queda ahí, lo reitera y remite a las distribuidora a que contemplen esta situación cuando se liciten compras a los generadores, según el Art. 110. Es decir que no hay excusas, en estos casos para que el Estado asuma esos costos. También, El Reglamento lo contempla así, en los artículos: 95,96, 97 y 98.

Ahora bien, señores, me fascina esta ley, en este caso. Y es que no se deja la responsabilidad de compensar en casos como este solamente a las distribuidoras y a los generadores. No. Va más lejos. Responsabiliza al regulador, la Superintendencia de Electricidad, para que supervise el proceso completo de licitación y además posea una copia del contrato para verificar que en dicho contrato esté plasmado el compromiso de compensar a las distribuidoras y estas a los clientes, según el art. 101 y los señalados más arriba del reglamento. Es obvio que si los contratos de las tres distribuidoras contemplan otra cosa distinta a la compensación señalada, entonces tanto la Superintendencia como las empresas distribuidoras deben dar explicaciones para que esta situación no se repita. No se justifica lo que está pasando, de ninguna manera, máxime cuando el Estado se niega a pagar a los pensionados las deudas por no indexar sus pensiones por falta de dinero, contrario a la ley que lo ordena, en cambio, pagará alegremente una deuda, que solo se debe pagar a los usuarios; sin embargo, se pretende presentar estos pagos como subsidio a dichos pensionados. No es así, no hay subsidio. No.

A pesar de los planteamientos anteriores, no quiere esto decir que la ley no contempla que el Estado compense a las empresas en casos pertinentes parecidos. Dicha ley lo contempla en estas circunstancias:“Art. 102.- En caso de calamidad pública y/o emergencia nacional el Estado podrá tomar a su cargo la administración de las empresas eléctricas, de manera provisional hasta tanto dure la causa que provocó dicha intervención, pagando al concesionario una indemnización o compensación.” Está claro, transparente y cristalino cuando el Estado debe pagar, y a quién le debe pagar, según sea el caso. En esta situación no hay que justificar nada, solamente pagar para compensar. 

Por: Domingo Rodríguez Tatis

dart2991@gmail.com

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El 45 % de la población dominicana puede caer en pobreza

SANTO DOMINGO,R.D.- Pese al crecimiento económico del país, el índice de desarrollo humano no ha sido igual.
La situación obedece a que el 45.7 % de la población permanece en estado de vulnerabilidad.

Entre 600 y 800 mil personas tienen probabilidad de caer en la pobreza, según el Informe de Financiación para los Objetivos del Desarrollo Sostenible (OPS) de la Agenda 2030.

En la investigación se señala que la desnutrición, empleos vulnerables en las mujeres, alta tasa de embarazo en adolescentes y la mortalidad materna son parte de las brechas y desafíos a los que el Estado debe buscar alternativas de financiamiento, para optimizar recursos e invertir en los mismos, entre estos programas de recaudación de fondos y remesas como fuentes de financiamiento, entre otros.

Melisa Bretón, oficial de la Unidad de Desarrollo Sostenible del Programa de las Naciones Unidas, dijo que el país ha sido proactivo en aplicar instrumentos de aterrizaje de la Agenda al contexto nacional.

El organismo entiende que las autoridades deben enfocar los recursos en mejorar la calidad de vida.

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En RD 70% agua se desaprovecha por falta de presas

SANTO DOMINGO,R.D.- El 70% del agua que cae en el territorio nacional es desaprovechada por la falta de depósitos reguladores, o presas, lo que impacta negativamente en los peores períodos de sequía, por lo que se requiere la construcción de nueve embalses en un período de 20 años, con una inversión aproximada de RD$96,000 millones.
Con esas infraestructuras podría utilizarse mejor la disponibilidad del agua del país, estimada en 34,000 millones de metros cúbicos al año, en promedio.
Durante las sequías esa capacidad baja a 7,000 millones de metros cúbicos, mientras la demanda es de 9,000 millones de metros cúbicos.
Esas explicaciones fueron ofrecidas por el arquitecto Alejandro Montás y los ingenieros Olgo Fernández, Elíseo González y Horacio Mazara durante su participación ayer en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, donde señalaron la necesidad de aumentar los recursos que recibe el sector agua para enfrentar las deficiencias en el almacenamiento y la prolongación de los períodos de sequía.
Montás, director de la Corporación del Acueducto y Alcatarillado de Santo Domingo (CAASD), lamentó que no haya actualmente suficientes depósitos reguladores para almacenar las precipitaciones que caen todo el año, por lo que es urgente la construcción nuevas estructuras para satisfacer la demanda.
“Ese es el problema, es la construcción de depósitos reguladores lo que hace falta, si lo aprovecháramos el país no tuviera problemas de sequía, porque desde ahí pudiéramos cubrir la parte agrícola, energética y la parte del consumo humano”.

En cuanto al programa de construcción de presas, Fernández, director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), citó la de Alto Yuna, que resolvería el problema de las inundaciones y abastecería de agua a las provincias Duarte, Hermanas Mirabal, Monseñor Nouel y Sánchez Ramírez.
Asimismo la presa Ámina-Magua, en San José de las Matas, Santiago, con la que se garantizaría un metro cúbico de agua adicional para esa zona.
Con la presa La Boca de los Ríos, en Guayubín, Montecristi, se resolvería un problema de control de inundaciones para la Línea Noroeste, expresó Fernández.
“En la región Este tenemos identificada la presa de Chavón, exclusivamente para el consumo humano, para suplir de agua a El Seibo, Hato Mayor, La Romana y La Altagracia”.
De acuerdo con su propuesta, también deberían construirse dos presas aguas arriba de las presas de Tavera y Bao.
“Igualmente tenemos un proyecto identificado en San José de Ocoa, en el río Nizao, con el que también se servirá agua a la provincia Peravia; además la presa de Joca, en Elías Piña, y la de Yásica, en Espaillat”.
Agua disponible. González, director de Planificación del Indrhi, expresó que “el problema es que no tenemos los almacenamientos para transferir agua de un año hidrológico a otro, nosotros apenas tenemos 6,800 kilómetros cuadrados de todo el territorio nacional controlado con presas de propósito múltiple, que son las de gran almacenamiento y las que regulan el agua.
“Eso representa apenas el 14% del territorio, por lo que en el 86% restante no hay control del almacenamiento de agua”.
Al hacer el señalamiento expresó que el almacenamiento útil de agua, en todas las presas, ronda los 1,800 millones de metros cúbicos por persona al año, muy por debajo de los estándares establecidos.
“España tiene 10,000 metros cúbicos por personas al año, y ningún país desarrollado tiene menos de 3,000 metros cúbicos por persona al año. Entonces hay una insuficiencia de la infraestructura, lo cual se suma la obsolescencia de algunas presas y a la sedimentación”, destacó.
Mazara, director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), destacó que la región Este y la zona del Atlántico deben tener prioridad cuando se ejecuten las referidas obras, ya que en estas no hay un solo embalse, lo que contrasta con su pujante sector turístico.
“Estamos proponiendo tres presas de agua potable en los ríos Chavón, Sanate y El Soco, porque el desarrollo del turismo no se detiene y por tanto es de alto consumo de agua, dijo Mazara.
La sedimentación, otro problema. A la falta de presas se suma otra situación grave: la sedimentación en las existentes. En ese sentido Fernández afirmó que esa sedimentación le roba espacio a 370 millones de metros cúbicos de agua, que representan la misma capacidad de las presas más grandes del país. Para extraer el material sedimentado se necesitarían alrededor de RD$4,000 millones, fondos con los que no cuenta el Indrhi.

Ante esa problemática la entidad le ha ofrecido al sector privado, específicamente a las granceras, la posibilidad de extraer ese material de las presas de Monción, Sabaneta y Valdesia, “pero no ha habido una respuesta positiva porque es más fácil para ellos sacar de la orilla de los ríos el material que se utiliza para la construcción”.

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Propone cumbre política para resolver el tema eléctrico

Santo Domingo,R.D. – Ante la situación de emergencia que presenta el suministro de energía en el país, el ingeniero Milton Morrison planteó la necesidad de hacer una cumbre con el liderazgo político tras afirmar que el problema eléctrico es inminentemente político lo que ha quedado demostrado con el fracaso de una larga lista de iniciativas tendentes a buscar una solución.

El también presidente de la propuesta política País Posible señaló que la muestra más reciente de este letargo es la indefinición del pacto eléctrico que fracasó porque fue un diálogo entre técnicos y académicos.

“No hacemos nada hablando los técnicos cuando los políticos que son los que implementan acciones no escuchan y al parecer les conviene mantener este problema en el que cada año se gastan más de US$500 millones y en vez de mejorías cada vez se agravan los apagones”, indicó.

Especificó que en esa cumbre se podrían abordar la urgente necesidad de licitar 600 MW nuevos a precios competitivos para poder enfrentar la demanda creciente de los próximos 15 años.

Así mismo, serían temas de debate y concertación la reducción de las pérdidas, el establecimiento de una tarifa técnica y la instalación de reservas suficientes para hacer frente a casos inesperados como el actual donde un rayo ha dejado una de las principales generadoras fuera del servicio afectado a más de 500 mil hogares.

Otro tema trascendental al que no se le puede dar más larga y debería ser abordado es a la búsqueda de instalar mayor capacidad de energía renovable para disminuir la dependencia del petróleo.

“Sin electricidad no hay desarrollo. Sólo con energía abundante y barata vamos a desarrollar este país. Con electricidad abundante y a precios competitivos podemos cambiar el parque vehicular de carros y motores eléctricos. Y así reducimos la dependencia a los combustibles”, resaltó Morrison, experto en temas energéticos.

Solicitud

Ante el panorama actual Morrison indicó que una acción inmediata que se debe tomar es que la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales solicite a las plantas que deberían entrar en mantenimiento que no lo hagan hasta tanto AES pueda aportar energía al sistema aunque no sea a toda capacidad.

Advirtió que dejar coincidir estos hechos sería una irresponsabilidad ya que agravará las tandas de apagones.

“Estamos en una emergencia nacional y en las emergencias el Estado debe jugar su rol”, puntualizó.

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Modificación Ley Seguridad Social: un debate eterno

SANTO DOMINGO,R.D.- Por muchos años, diversos sectores han propugnado por una reforma que beneficie más al trabajador dominicano

Por 17 años, diferentes sectores del país han enarbolado la necesidad de modificar la ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano sobre Seguridad Social, sin que hasta la fecha, esas intenciones hayan pasado al plano de lo concreto.

Se ha trabajado en algunos puntos, como el de la comisión complementaria que cobran las administradoras de los fondos de pensiones, pero ir directamente a la parte medular que se quiere reformar de la normativa ha resultado imposible.

El paso más reciente, sobre una parte específica de la ley lo dio hace varios días la presidenta ejecutiva de la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (ADAFP), Kirsis Jáquez, cuando presentó a la Comisión de Seguridad Social del Senado que estudia la modificación a la Ley 87-01 los fundamentos de la propuesta de esa entidad con miras a lograr mayores beneficios para los afiliados al régimen de capitalización individual administrado por las AFP. Por años se ha insistido en que con las modificaciones que pretende realizar –especialmente el Gobierno- se procura mejorar la competitividad de las empresas, mejorar la salud de los trabajadores, reducir el ausentismo laboral y mejorar la productividad; bajar las cargas financieras que representa para las empresas cuando los trabajadores enferman y proveer mayor seguridad y protección a los trabajadores a la edad de la jubilación.

Y se citan problemas que persisten, como la evasión y exclusión; empleadores virtuales y evasores; aumento creciente de la doble cotización de parte de los empleadores y trabajadores, así como tasa de reemplazo en pensiones proyectadas muy bajas. También se critica las altas tasas de comisiones de las AFP, que se traducen en rentabilidad desmedida, baja cobertura de pensiones y baja diversificación en los fondos de pensiones.

Algunos entendidos en la materia sugieren que en el campo de las pensiones, resulta impostergable la reducción de las comisiones de las AFP, la indexación de las pensiones de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor, el aumento de las cotizaciones para acelerar el crecimiento del fondo de pensión, y evitar pensiones de miseria al momento del retiro de los trabajadores. Y sugieren diseñar modalidades de afiliación, recaudo y pago más acordes con las características laborales y económicas de las pequeñas y microempresas, así como de los profesionales y técnicos independientes.

La propia Superintendencia de Pensiones (Sipen) ha advertido que el 50% de los trabajadores no podría pensionarse en el país porque los mismos no llegarían ni a 200 cotizaciones, y la legislación plantea que se requieren, por lo menos, 300 cuotas.
“Es que entran y salen a un empleo. No les va a dar el dinero. Y fíjese, la ley establece que se necesita un mínimo de 300 cotizaciones para tener acceso al fondo de solidaridad social.
Nosotros estamos tratando de bajar eso a 240, porque soporta a 240”, ha dicho la Sipen. Sin embargo, desde otras instituciones del propio Estado, como Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) entienden que la cotización debe ser mayor y que para ello se requiere extender la edad para el retiro de 60 a 65 años.
La Sipen ha dicho que el 99% de los afiliados tardíos al Sistema Dominicano de Seguridad Social no se podrá pensionar, porque no contaría con los recursos necesarios para optar la pensión mínima que plantea el régimen de pensiones.

Al año 2014 había 420,000 afiliados de ingresos tardíos, y de ese total al 95, 97 ó 99% no le daba el dinero para pensión. Uno de los temores que hay es que como está creado el Sistema, las pensiones que recibirán los afiliados vayan bajando hasta agotar los recursos acumulados durante su vida útil, y luego las personas en cuestión tendrían que solicitar al Estado otra pensión de solidaridad.

La Sipen ha indicado que la solución a varios problemas que se han detectado en el Régimen de Pensiones debe buscarse con la modificación de la Ley 87-01.

A finales de 2016 el entonces director del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Chanel Rosa, informó que el proyecto de reforma que instituye el régimen de Seguridad Social estaba listo y que podría ser sometido a las cámaras legislativas antes de que finalizara ese año. No pasó.

Tres años antes, en 2013, las AFP y la Superintendencia de Pensiones (Sipen) lograron un acuerdo, mediante el cual las primeras bajaron de un 30% a 25% la comisión complementaria que cobran por administrar los fondos de pensiones. Para entonces, el diputado Ramón Cabrera, quien ha seguido muy de cerca el tema aseguraba que las AFP recibían más de RD$5,000 millones por rentabilidad, y advirtió que eso iba en detrimento de una pensión más digna para los trabajadores.

Hace cinco años la Cámara de Diputados asumió la modificación de la ley 87-01. Para entonces el presidente del organismo, Abel Martínez, dijo que en los años de su aplicación se ha demostrado que constituye una inequidad porque sólo ha beneficiado a los empresarios que administran fondos de pensiones y las administradoras de Riesgos de Salud.

En ese sentido, fue conformada una comisión especial, a petición del vocero en ese momento del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Rubén Maldonado, para discutir los cambios y se le concedió un plazo de 30 días para que presentaran un informe al pleno. Maldonado fue luego el presidente de la Cámara Baja (del 16 de agosto de 2017 al 16 de agosto de 2018) y en su gestión tampoco se alcanzó el objetivo de la reforma a la ley. En la ocasión la ADAFP dijo a una comisión especial de diputados, que considera innecesario proponer cambios a la Ley 87-01, y que “Vemos con preocupación que se emitan llamados en cierta medida precipitados a modificar la ley, sin realizar los análisis y diagnósticos que amerita el sistema y sin realizar los estudios y peritajes y sustentos técnicos necesarios para ello”, dijo en el momento Kirsis Jaquez, presidenta ejecutiva de la asociación. Y manifestó que ese tipo de llamados pueden generar innecesariamente ansiedad y preocupación al trabajador dominicano, ya que pone en duda el futuro del ahorro acumulado en sus cuentas de retiro y puede asimismo generar incertidumbre en los demás actores económicos, que de manera directa e indirecta, están relacionados con el sistema por el financiamiento por parte de los fondos de pensiones administrados por las AFP.

En noviembre de 2016, el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, informó que el Poder Ejecutivo contemplaba someter ese mes al Congreso el proyecto de modificación dela Ley 87-01 con el objetivo de mejorar los servicios a los afiliados. “Lo que se está buscando es mejoría en los aspectos de salud, pensiones, accidentes laborales y todos los regímenes”, se informó para entonces. De otro lado, el diputado Fidelio Despradel ha pedido que en la reforma a la normativa se sustituya el modelo de capitalización individual por un fondo solidario o de reparto y la eliminación de las AFP privadas para dar paso a una administradora única y de carácter público.

https://www.elcaribe.com.do/2018/10/09/panorama/dinero/modificacion-ley-seguridad-social-un-debate-eterno/

La proteccion a envejecientes

SANTO DOMINGO,R.D.- En lo que cursa del presente año, el departamento jurídico del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPI) ha registrado alrededor de setecientas denuncias de abusos contra personas de avanzada edad.  Posiblemente casi la totalidad, proceden del entorno familiar y obedecen a las mas diversas razones, en no pocos casos vinculadas a fines de aprovechamiento económico, ya sea el cobro de la pensión, el ingreso obtenido por el alquiler o la venta de inmuebles y otros bienes del afectado, a veces el traspaso de la propiedad de los mismos.  O sea, el cobro de la herencia en vida del testador, aprovechando que no se encuentra en plena posesión de sus facultades mentales.

Según revela la directora de dicho departamento, doctora Carmen Ortíz, en declaraciones al Listín Diario, desde que CONAPI fue creado se han recibido más de diez mil denuncias de abusos contra envejecientes.  Nueve de cada diez han sido judicializadas, y en buena medida resueltas favorablemente para los afectados.

Muchos ancianos al llegar a la edad provecta en que se ven aquejados por los achaques  y enfermedades propios de la edad, son considerados por sus propias familias como un estorbo al que es preciso mantener arrumbado como un mueble viejo e inservible, una molestia y un dolor de cabeza del que es preciso librarse.  No solo reciben atenciones precarias sino que se les priva de toda manifestación afectiva.

Acogerlas, salir en defensa de sus derechos, reubicarlas en  aquellos casos en que resulta de imposible convivencia con la familia, ha sido tarea primordial de CONANI.  A través de su programa de Acogida de Adulto Mayor, casi mil quinientos han sido rescatados de las calles, hogares y hospitales donde se encontraban en estado de total abandono.  

Tal como advierte su directora general la función de CONANI se extiende mucho más allá.  Su misión es de mayor alcance en la medida en que procura  dar sentido de utilidad a la existencia de los adultos mayores a través de los programas integrales que lleva a cabo la institución.  Es como insuflarles un segundo aire a sus vidas.  Más de 309 mil han podido sentir que siguen siendo útiles y recobrar su dignidad como seres humanos.  Adicionalmente, la institución ha logrado la acogida de unos 695 mil adultos mayores en el plan de salud subsidiado a través de SENASA.

  

Al margen de CONANI como entidad oficial, en el área privada cabe destacar la labor desplegada por su parte por la Fundación Manos Arrugadas, donde se vuelca la generosidad de personas que ofrecen su aporte, ya sea a través de contribuciones económicas, ya de su tiempo y dedicación.

De su iniciativa ha partido la propuesta de llevar a la Cámara de Diputados un anteproyecto de ley para la creación por parte del Estado del Plan Nacional de Longevidad, a fin de brindar protección a adultos mayores cuyos años postreros de vida transcurren en extrema pobreza y marginalidad.  La entidad estima en no menos de un 8 por ciento la cantidad de envejecientes que se encuentra en esa situación.

La misma va acompañada de otra pieza mediante la cual se obligaría a los hijos a hacerse cargo de la asistencia de los padres, bajo amenaza de sufrir pena aflictiva de un año de prisión.  Sin embargo, así como consideramos la primera merecedora de inmediata acogida y tratamiento de urgencia, nos luce que la segunda requeriría de una más cuidadosa evaluación. 

 No creemos que en el orden práctico, un hijo pueda brindar asistencia adecuada a sus progenitores que además de atenciones materiales requiere de un endoso afectivo, el cual resultaría difícil por no decir imposible de otorgar bajo amenaza compulsiva de prisión. La convivencia en tales casos sería en extremo problemática, sobre todo para el envejeciente. 

El enfoque tiene que ser educativo, no represivo. Crear conciencia de que el adulto mayor no es mueble deteriorado que se desecha por inservible, sino un ser humano, que además, puede todavía en muchos casos ser útil a la familia, a la sociedad y a sí mismo.  Y, sobre todo, recordar que ese anciano que usted maltrata y humilla hoy, es el que usted será mañana cuando le llegue el inexorable momento biológico de envejecer.

https://acento.com.do/2018/opinion/8611705-la-proteccion-envejecientes/