Mostrando entradas con la etiqueta CNE.SIE.. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta CNE.SIE.. Mostrar todas las entradas

miércoles, 26 de agosto de 2015

Los países que son isla están obligados a pagar energía cara

 26_08_2015 HOY_MIERCOLES_260815_ Economía5 E
SANTO DOMINGO,R.D.- La mayoría de los países que son islas están condenados a pagar las energías más caras que las naciones continentales debido a la falta de grandes afluentes, gas natural, petróleo, carbón mineral, entre otros.
La afirmación fue hecha por Rafael Velazco, presidente del Comité de Energía de la Cámara Americana de Comercio (AMCHAMDR), entidad que desarrollará hoy miércoles la quinta edición de Expo Foro Energía Limpia 2015 en el hotel Jaragua a partir de las ocho de la mañana.
Explicó que este foro busca la promoción y el estudio del uso de las energías renovables para tratar de crear las bases y condiciones necesarias para el desarrollo de estos proyectos alternativos.
Precisó que el país está condenado a la importación de combustibles, pero tiene la alternativa de producir energía eólica, solar, biomasa, entre otras, por la condición de isla.
Durante el desarrollo del foro serán celebrado varios paneles sobre gas natural, energía limpia, futuro y comercialización en RD; ley de renovables y su rol como herramienta para la inversión y para la promoción; la co-generación y su aplicabilidad en países como República Dominicana; y la importancia de la generación hidroeléctrica en el sistema eléctrico Dominicano.
Velazco resaltó que la co-generación de energía limpia es poco tratado, pero es el que tiene más futuro para los sectores industriales, alimentarios, agroindustriales, agropecuarios, porque aprovecha los propios recursos de estas áreas.
Señaló que tendrá exposiciones sobre el almacenamiento de energía de las fuentes renovables.
El presidente del Comité de Energía de AMCHAMDR indicó que la importancia de este evento es poder debatir sobre la mayor factibilidad del país para producir energía limpia aprovechando los propios recursos de la naturaleza y de la isla.
Precisó que las fuentes renovables necesitan respaldo de las energías térmicas porque ni el sol ni el viento están las 24 horas del día, y según el estudio que está amparado en la Ley de Estrategia Nacional y Desarrollo, las energías renovables más allá del año 2025 serán un 25% del total de la generación eléctrica.


 http://hoy.com.do/los-paises-que-son-isla-estan-obligados-a-pagar-energia-cara/

lunes, 4 de mayo de 2015

SECTOR PRIVADO PIDE TRASPASAR LA UERS A LAS DISTRIBUIDORAS, PREVIA AUDITORÍA

SANTO DOMINGO,R.D.- Como parte su propuesta para la discusión del Pacto Eléctrico, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) plantea  una serie de medidas a adoptar en el corto, medio y largo plazo, entre las cuales sugiere que el subsidio eléctrico solo abarque a las personas que consumen hasta los 100 kilovatios hora (Kwh) mensual.
La propuesta del sector privado agrupado en el Conep, fruto de discusiones realizadas en nueve sesiones durante cuatro meses por 50 asociaciones empresariales, establece que a 60 días de firmado el Pacto Eléctrico que se debatirá en el Consejo Económico y Social (CES), la Superintendencia de Electricidad (SIE) deberá establecer la aplicación de la tarifa técnica para todos los usuarios, con un desmonte en un lapso de seis años.
Se recuerda que el planteamiento  ha sido uno de los más debatidos y que había sido  incluso sugerido por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y, obviado por los gobiernos de entonces por razones sociales, debido a que implicaba posibles aumentos en el costo de las facturaciones a los usuarios con los precios altos del petróleo y sus derivados.
En la actualidad, los precios del crudo mundial han estado por debajo de los US$60 por barril y se considera un mejor escenario para aplicar ese tipo de medida.
En este caso, el Conep explica que con la aplicación de la tarifa técnica debe tomar en cuenta las pérdidas reales del sistema al momento, en “menos seis puntos porcentuales y considerando un desmonte de las pérdidas en tres puntos porcentuales al año, durante seis años o hasta que se llegue al valor objetivo de 15%”.
Al respecto, indica que transcurrido el plazo de seis años, o alcanzada la meta de reducción de pérdidas por el orden del 15%, se deberá establecer un porcentaje más bajo, consistente con los estándares internacionales.
Mitigación
En su propuesta, el gremio de la cúpula del empresariado nacional indica que para mitigar la implementación de la tarifa técnica, durante la transición de seis años,  el Estado deberá pagar los subsidios a las distribuidoras correspondientes a los consumos de clientes de 1 y 300 kilovatios hora por mes.
Para tal finalidad, el Conep propone un cronograma que va desde el consumo de los primeros 100 kwh por mes, previa inclusión en el presupuesto anual de cada año.
Indica que en un consumo de los primeros 100 kwh el gobierno deberá aportar el 60% de la factura mensual del cliente, mientras que en los siguientes 100 kwh por mes el aporte gubernamental será de un 40%.
Para el último tramo de 100 kwh por mes el aporte del gobierno será de un 20%, cuyos montos deberá ir desmontando en el plazo de los seis años o hasta que se logre llegar a la meta de reducir las pérdidas de las distribuidoras en un 15%, “o lo que ocurra primero”.
“Sin perjuicio de lo anterior, el Estado mantendrá  los cronogramas de subsidios focalizados, a través de una asistencia monetaria equivalente al consumo de 100kwh/mes, a aquellos usuarios que se encuentren en los niveles de pobreza identificados por el Gabinete Social”, indica la propuesta.  
También sugieren en su propuesta de seis ejes y nueve principios de discusión, que en un plazo no  mayor a seis meses de firmado el Pacto Eléctrico, la Comisión Nacional de Energía (CNE) sea absorbida por el Ministerio de Energía y Minas.
Recomiendan su traspaso a las EDES
Para los próximos 30 días, y como parte de la Reforma al sector eléctrico, el Conep también sugiere en un plazo no menos a 30 días, traspasar las funciones de la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana (UERS) a las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE). Indica que este traspaso de la UERS a las EDE, según sus áreas de concesión, deberá realizarse una auditoría por una firma auditora independiente, “de las operaciones financieras y administrativas realizadas por la UERS hasta el momento del traspaso”.
Asimismo, proponen entre otras importantes medidas, que en un plazo no mayor de 60 días las EDE presenten un plan de expansión de subestaciones y circuitos.

http://www.listindiario.com/economia-and-negocios/2015/5/3/365750/Conep-quiere-subsidios-hasta-100-kilos

miércoles, 22 de abril de 2015

Aires representan 40% de consumo eléctrico de RD



SANTO DOMINGO,R.D.- El director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Juan Rodríguez Nina dijo ayer que el uso de aires acondicionados en el país representa el 40% del consumo eléctrico nacional y planteó que no solo es necesario reducir y hacer más eficiente el uso de la energía en estos equipos. 
Informó que se lleva a cabo un proyecto piloto aplicado al ahorro en el uso de los equipos de aires acondicionados en las instituciones públicas para probar que si se puede implementar a nivel nacional un proyecto de eficiencia energética. Aseguró que en el primer año este proyecto podría implicar un ahorro de US$35 a US$40 millones.
“Si estuviéramos siendo eficientes en el uso de la energía estaríamos reduciendo entre un 30% o 40%. Nosotros tenemos otro estudio que tiene que ver con la iluminación publica y si pudiéramos llevar el 100% de este programa estaríamos hablando de un reducción de US$170 millones”, aseguró el director de la CNE.
En el desarrollo del “Seminario “Mapa de Ruta hacia la Eficiencia Energética en la República Dominicana: Impacto Económico e Importancia de las Mediciones”, celebrado en los salones de Centro de exportación e Inversión (CEI-RD), 
Indicó que estos datos son parte del estudio de Eficiencia Energética que se lleva a cabo a través del Programa Nacional de Eficiencia Energética que implementa el Gobierno desde la CNE, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y el apoyo técnico de Japón, mediante su Agencia de Cooperación Internacional (JICA).
Asimismo, el director corporativo de Distribución y Reducción de Pérdidas de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Radhamés Del Carmen, manifestó que el país podría ahorrarse un 20% de consumo general de energía o hasta US$50 millones anuales si se logra hacer más eficiente el uso y consumo de la energía eléctrica.
La actividad económicaAunque dijo que se necesita una gran inversión para esto, expresó que están apoyando a la CNE, junto a la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), para impulsar la aprobación de la Ley de Eficiencia Energética. 
“Cuando se ha hecho análisis del consumo energético de un edificio o una empresa, el 60% del mismo viene por el uso de los aires acondicionados” señaló y explicó que además en el país se usan motores muy ineficientes por la falta de una política de etiquetado que determine qué tipo de equipo entra al mercado y regularmente el mercado entra los más ineficientes.

http://www.listindiario.com/economia-and-negocios/2015/4/21/364342/Aires-representan-40-de-consumo-electrico-de-RD

lunes, 30 de marzo de 2015

La factura eléctrica no baja en R.D.

SANTO DOMINGO,R.D.- Conforme estudios realizados durante el primer trimestre de 2015, el subsidio eléctrico del Gobierno se redujo en RD$2,867.02 millones  equivalente a 77% en relación al mismo periodo del año 2014 producto de la caída en el precio del petróleo, que ha permitido a la Superintendencia de Electricidad (SIE) cobrar a los usuarios un importe de hasta un 10% mayor al que debería.
Informaciones suministradas por la SIE de enero a marzo de 2014 las transferencias al Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica alcanzaron un monto de RD$3,721.17 millones. Sin embargo en el mismo periodo de 2015 el aporte ha sido de RD$854.15 millones.
Los subsidios entregados en los meses de enero y febrero ascendieron a RD$624.20 millones y  RD$289.66 millones, respectivamente mientras en marzo el Gobierno no tuvo que transferir recursos por el contrario generó un excedente de RD$59.71 millones a su favor debido a la diferencia entre el costo que debió aplicar, según la indexación al petróleo y otras variables y el facturado a los clientes pero en el mes de marzo de 2014 el subsidio fue de RD$1,098.3 millones.
La SIE informó en febrero pasado que los únicos usuarios de los circuitos interconectados al Sistema Eléctrico Nacional (SENI) que están recibiendo subsidio son los que menos consumen, es decir, los que gastan entre cero y 300 kilovatios por mes. Los demás están aportando un costo mayor a la tarifa indexada. 
Los usuarios que consumen entre cero a 200 kilovatios le cuesta el kilovatio por hora RD$8.32 indexado al petróleo pero se lo cobran a RD$4.44 lo mismo sucede con los que consumen entre 201 y 300 kilovatios hora.
El precio de la energía para ellos es de RD$8.32 pero el aplicado fue de RD$6.97. Al primer tramo le subsidian el 46.65% y al segundo un 16.27%.
Mientras el precio del kilovatio por hora de los que necesitan entre 301 y 700 KWH es de RD$10.25 pero les cobran RD$10.86 y a los que gastan más de 701 KWh les facturan a RD$11.10 por kilovatio.
Ambos tipos de usuarios pagan una tarifa de 6% y 8.29% mayor a la indexada. Lo mismo sucede con los residenciales y pequeños negocios (BTS2) los comercios (BTD, BHD) y las grandes empresas (MTD1 y 2, MTH).
La tarifa para los comercios es más barata que la de los usuarios residenciales y los pequeños negocios, pero estos se clasifican por potencia. En todos los casos el sobrecosto oscila entre el 10 y 17.44%.
Es cierto que el Gobierno siempre estuvo asumiendo el alza de los precios del petróleo y no los transfería a los usuarios no obstante debe ser más consciente y suavizar el cobro de la energía eléctrica a los distintos usuarios, ahora que el precio del petróleo se encuentra por debajo de los US$50.00 el barril.
En un reciente artículo publicado en el periódico El Día de principios de marzo del año que discurre  se  sirvió la información de que el ex asesor financiero de la CDEEE, señor Edwin Croes, asevera que la tarifa eléctrica también les sale más cara a los usuarios, porque en la fórmula de cálculo aplicada el gobierno toma en cuenta un índice de cobranza de 0.810, mucho menor al índice de 96% que en promedio cobran las distribuidoras de electricidad, lo cual crea una sobre indexación en contra de los usuarios.
El Foro Económico Mundial publico el año pasado 2014 que de un ranking de 124 países, Republica Dominicana ocupaba el segundo lugar en tener la tarifa eléctrica más cara para las industrias, puesto superado solo por Italia.
Entonces, ¿cómo exigir a las empresas que compitan en buena lid ante países que forman parte del Acuerdo de libre comercio DR-Cafta,  entre otros, cuando los costos de producción, afectados por una alta tarifa eléctrica y variados impuestos, se encuentran por encima de los indicados países de Centroamérica signatarios del señalado acuerdo?
Lo inteligente sería revisar la estructura de los costos de producción y los diferentes elementos que inciden en el mismo que  hacen  que  las empresas sean  menos competitivas, sin dejar a un lado que las mismas mejoren sus inversiones en nuevas tecnologías y un capital humano más idóneo  conforme los nuevos tiempos.    
 felix.felixsantana.santanagarc@gmail.com


http://almomento.net/la-factura-electrica-no-baja/

lunes, 2 de marzo de 2015

Plantas a carbón desatan frenesí en el sector privado

SANTO DOMINGO,R,D,- El inicio de los trabajos de construcción de la central a carbón (dos plantas de 350 megavatios cada una) en Catalina, provincia Peravia, por parte de la estatal CDEEE ha desatado un verdadero frenesí de nuevos proyectos de generación en las generadoras EgeHaina y EgeItabo, bajo control privado.
Proyectos que, al parecer, estaban en carpeta por ambas generadoras han sido anunciados como nuevos, sobreponiéndose a otros previamente anunciados pero no iniciados, dando la impresión de que se quiere apabullar a la opinión pública y plantar dudas sea necesario que el Estado complete el plan de inversión, anunciado por el Presidente de la República Danilo Medina, el 27 de febrero del 2013.
En esa ocasión, el jefe del Estado prometió a la nación que la anciana crisis eléctrica quedaría en el pasado al término de su presente gestión de gobierno, pues a más de las dos plantas a carbón ya iniciadas se emprendería la construcción de otra central a gas natural de 1,000 megavatios y obras complementarias en las áreas de transmisión y distribución, dejando al sector privado oportunidad para incursionar en nueva generación y afrontar un déficit de oferta que se proyecta en 2,500 megavatios a partir del 2016.
El primero de marzo del 2013, el ingeniero Edgar Pichardo, alto ejecutivo de EgeHaina, en respuesta al discurso del Presidente Medina, dos días antes, reveló que “el país necesita centrales eficientes y EgeHaina cuenta con la solvencia técnica y administrativa, y con la experiencia comprobada de gestionar las alianzas y los recursos para desarrollar nuevos proyectos de generación que contribuyan al esfuerzo anunciado por el presidente Danilo Medina el pasado 27 de febrero para aumentar la capacidad instalada en el país y, a la par, modificar la matriz de generación para reducir nuestra dependencia del petróleo”.
Ege Haina cumplió, pues el 22 de septiembre de ese mismo año inauguró, junto a Barrick Gold-Goldcorp, la central generadora Quisqueya, en San Pedro de Macorís, con una potencia de 430 megavatios. Se trata de dos parques gemelos de motores en serie tipo Wartsila, de 215 megavatios cada parque, que pueden procesar por igual diesel, búnker o gas natural, dependiendo del precio del mercado de esos combustibles, pero que todavía no dispone del suministro de gas natural. Quisqueya Ia de Barrick-Pueblo Viejo, transporta energía hasta la mina de oro de la empresa en Cotuí, mediante una línea dedicada de alta tensión a 220 kva. El sobrante lo entrega al sistema interconectado. Quisqueya II de Ege Haina entrega toda su energía al sistema nacional.
Más tarde anunció que ese consorcio con otras tres empresas importadoras y distribuidoras de GLP para instalar una gigantesca procesadora y almacenadora de gas natural en San Pedro de Macorís, que servirá ese producto a las dos Quisqueya, a su planta Sultana del Este y también al grupo generador de 300 megavatios de la antigua Cogentrix, hoy propiedad de Basic Energy, que opera sólo con diesel, lo que la ha sacado del mercado, aunque CDEEE debe pagarle más de US$4 millones mensuales por su capacidad instalada.
El mismo primero de marzo de 2013, Ege Haina hizo saber que en sus planes está instalar una central de generación a gas natural con capacidad para 300 megavatios, la que se llamaría Quisqueya III, con una inversión de US$350 millones, según reporta Listín Diario ese mismo día.
También que se dispondría de otros US$100 millones para agregar 50 megavatios de capacidad al parque eólico Los Cocos, que opera el consorcio en Pedernales, y otros US$200 millones para agregar 150 megavatios de plantas térmicas a ciclo combinado en Haina.
Pichardo indicó que de esta forma EgeHaina ha llegado a ser líder del país en inversión para generación eléctrica, en capacidad instalada, en innovación tecnológica en el sector, y en contribución a la diversificación de la matriz energética nacional.
“La exitosa alianza público-privada de EgeHaina muestra resultados tangibles, ya que desde la capitalización ha inyectado cerca de 600 megavatios al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), a través del desarrollo de múltiples proyectos de generación con una inversión de cerca de US$700 millones. Esto evidencia que el Estado dominicano cuenta con el compromiso de EgeHaina para el desarrollo, construcción y operación sostenida de unidades de generación eficientes, que se transformen en un aumento de energía necesario para los usuarios y para el crecimiento económico del país”, concluyó Pichardo.
Para esa misa fecha, la generadora EgeItabo anunció que estaba avanzando para la licitación de una nueva central térmica a carbón (Itabo III), con capacidad de 250 a 300 megavatios, que completaría el parque Itabo, donde operan Itabo I e tabo II, cada una con capacidad para 125 megavatios.
Ege Itabo hace más de un año que no ha vuelto a hablar de la proyectada Itabo III, una unidad que se supone de alta viabilidad, pues no sólo dispone de un puerto carbonero ya construido, sino también de los terrenos y los estudios y diseños ya aprobados por las autoridades.
En cambio, los ejecutivos de Ege Itabo, una empresa que la gigante norteamericana AES Corporation posee en partes iguales con Estado, tal como ocurre con Ege Haina, propiedad de Vicini y el Estado, ha dicho que se propone invertir US$250 millones para agregar calderas recuperadoras de calor en su parque Los Minas (Dominican Power Partner), de 230 megavatios, para agregarle 114 megavatios.
Si todos estos proyectos de Ege Haina y Ege Itabo se realizan, y si además se soluciona el impasse planteado por Basic Energy para convertir los 300 megavatios de Cogentrix a gas natural, el sector privado estaría respondiendo en forma eficiente y concreta a la invitación del Presidente Medina del 27 de Febrero de 2013.
De la misma forma, si el Estado avanza con su promesa de propiciar o construir con recursos propios una central a gas natural, que todo indica se ubicaría en la costa Norte, específicamente en Manzanillo, Montecristi, con capacidad de 900 a 1,000 megavatios, se podría garantizar el ideal de acabar con la crisis eléctrica mucho antes de que termine la presente década. Esto así, porque no sólo se supliría la demanda actual y proyectada, sino porque también podríamos contar con una reserva fría de 20 a 30% de toda la demanda, para acabar, de una vez y por todas, con las crisis que provocan las salidas, a veces sin anuncio previo o programa conjunto con las autoridades reguladoras, de parques generadores para “mantenimiento”.
Ambiente de Confusión
Mientras el Estado llamó a licitación y cerró el contrato para su primero de dos parques de generación anunciados, el de carbón en Catalina, provincia Peravia, y mantiene su exhortación al sector privado para que se una al esfuerzo, este último no parece estar en consonancia.

En efecto, Otto González, presidente de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE), junto al vicepresidente ejecutivo de la misma entidad, ingeniero Milton Morrison, luego de afirmar que “hay un clima difícil para la inversión del sector privado, porque el futuro de la generación no está muy claro”, aprovechó para poner en dudas que el Estado disponga de US$1,400 millones para ampliar y renovar los sectores de distribución (US$600 a 800 millones) y transmisión (US$600 millones), dentro de los próximos cuatro a cinco años, según declaraciones publicadas este jueves 20 de marzo, en el Listín Diario. El propio Morrison ha venido sosteniendo que la inversión anunciada por el Estado en nueva generación, es innecesaria, pues el sistema opera con suficiente oferta.
Por otro lado, como se puede percibir de la relación de proyectos que se refiere en esta crónica, en el caso de Ege Haina existen proyectos ya materializados, pero hay otros de los cuales no se habla como Quisqueya III y las centrales a ciclo combinado en Haina.
Ya hemos dicho que Ege Itabo se ha silenciado con respecto a la importante y viable Itabo III, y que el proyecto a ciclo combinado en Los Mina se ha anunciado varias veces en el pasado y no acaba de materializar. En los últimos 10 años el único proyecto nuevo que ha anunciado en forma concreta Ege Itabo es una pequeña unidad a gas natural de 34 megavatios que realizaría junto al estatal Fomper, con inversión compartida de US$30 millones, y del que no ha vuelto a hablar del mismo.
El año 2014 será definitorio
Este año 2014 deberá definir si, en verdad, existe voluntad del sector privado para arrimar su hombre al Estado y poner fin a la crisis eléctrica.

Dos anuncios trascendentales han sido hechos por las generadoras Ege Haina y Ege Itabo que despejan bastante el problema vital de la fuente de suministro del energético básico para losnuevos desarrollos, pues ambas contrataron suministros de gas natural del que dispondrán en abundancia empresas suministradoras de Estados Unidos, a partir del año 2016, como lo ratificara el mismo Departamento de Comercio norteamericano al Presidente Medina.
Nuestra condición de país miembro del NAFTA-RD, privilegia al país, lo mismo que Centroamérica y Puerto Rico, para ser recipiente del gas natural de exportación norteamericano con respecto a cualquiera nación de la región.
Para cuando se inicien los contactos con fines de elaborar el Pacto Eléctrico, el Estado deberá haber materializado dos pasos importantes: 1.-estudio y diseño, con asesoría extranjera, si es necesario, del Plan de Expansión del desarrollo eléctrico, que imponen los Estados como forma de garantizar la previsibilidad del sistema e impedir crisis futuras, y 2.-la puesta en operación del recién creado Ministerio de Energía, autoridad suprema que se encargará de hacer cumplir este pacto y regular a todo los intervinientes en el sector.
Existe reservas todavía con respecto al seguro destino del Pacto Eléctrico, puesto que el presidente de la ADIE, Otto González, dice que en el mismo es la garantía para ellos intervenir en los futuros desarrollos. Y algo más, pone como condición que en las discusiones del mismo en función de observadores representantes de los Banco Mundial e Interamericano de Desarrollo, los cuales han tenido en el pasado reservas acerca de la participación del sector privado en el subsector eléctrico.
Los días y meses por venir pondrá de manifiesto si existe verdadera voluntad para conjurar un mal que ya lleva medio siglo sin solución.

http://vanguardiadelpueblo.do/2014/03/24/plantas-carbon-desatan-frenesi-en-el-sector-privado/

lunes, 1 de septiembre de 2014

Consorcio IMPE ofreció retirar impugnación a cambio de que lo “compensaran” con US$17 millones

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Ricardo Cheaz, accionista de la firma Dinamic Solutions, negó este viernes que haya propuesto al Consorcio IMPE aumentar en US$300 millones (De US$900 a US$1,100 millones) su oferta durante la licitación del Proyecto de Punta Catalina, para la construcción de una planta de carbón, como dijo al periódico Acento el gerente general del Consorcio IMPE, Raúl Cabrera.
Cheaz contraatacó asegurando, en cambio, que Cabrera le había insinuado que estaba dispuesto a retirar la impugnación que cursa en los tribunales contra la licitación, a cambio de que se le “compensara” con la suma de 17 millones de dólares (US$17 millones).
Según Cabrera, Cheaz le habría dicho que la “oferta” venía departe del vicepresidente ejecutivo de la Corporacion Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Bichara.
Aseguró que Cabrera “miente” y que su versión carece de lógica, puesto que Dinamic Solutions participó en el proceso como contraparte local del consorcio chino SEPCO III-Shangai Electric Corportation (Uno de los cuatro finalistas), que reconoció los resultados apenas una semana después de publicados, en noviembre del 2013.
Indicó que Cabrera también se contradice al afirmar que a IMPE se le propuso abultar su oferta, cuando ya se conocía el monto de la misma.
“¿Cómo voy yo, si estoy participando (en la licitación), a proponer algo así, a querer beneficiar a la competencia”, se preguntó.
Confirmó que ciertamente se comunicó con el ingeniero Cabrera, pero para persuadirlo de que “dejara el pleito en la justicia, porque el proyecto era en beneficio del país”.
Raúl Cabrera
Raúl Cabrera
“Entonces él (Cabrera) me dijo ‘mira, Ricardo, si la empresa china (Gezhouba Group) ganaba, yo me iba a ganar 17 millones de dólares… queriéndome decir que él retiraba la acusación si le daban 17 millones de dólares, por lo cual yo me paré y me fui de ahí”, relató Cheaz durante una visita al periódico Acento.
“Me sorprenden sobre manera  las declaraciones que el señor Raúl Cabrera  dijera a este portal, yo participe como CONTRAPARTE  local con el consorcio formados por las empresas Chinas SEPCO III y Shanghai Electric Group, las cuales represento en el país, y fuimos de los 4 consorcios calificados para presentar propuestas finales , por lo que no tiene sentido alguno que yo vaya a decirle que abulten su presupuesto en 200 millones luego de conocerse la oferta de Odebretcht, por las siguientes razones:
1-Luego de conocerse la oferta de Odebretcht, no hay forma de cambiar la oferta  económica ya que se entrega conjuntamente con la oferta técnica, e inclusive era imposible  saber el monto ofertado por la competencia GEOZHOUBA. Aun al día de hoy los montos ofertados por las demás empresas que no aprobaron la parte técnica no se han abierto. Permanecen cerrados.
2- No es verdad, que yo ayudaría a la competencia a ganar una licitación. ¿Por qué? En caso que sea cierto lo que dice él.
3- Dice que como a la hora le volví a llamar para que le suba 100 millones más, es decir , es un disparate lo que está diciendo el Señor Cabrera, lo cual me sorprende bastante.
Al Contrario, una vez supimos los resultados de la licitación, los aceptamos y enviamos una carta a la CDEEE dándoles las gracias por permitirnos participar y queentendíamos que fue un proceso limpio y diáfano, copia de la misma la dejo a ustedes.
Lo que debemos analizar es qué sectores  están detrás para  torpedear la obra del gobierno, para que la energía siga siendo cara y escasa, es decir quiénes en realidad están detrás de este consorcio IMPE y del Señor Raúl Cabrera.
Informó que sus abogados procederán a demandar al ejecutivo del Consorcio IMPE, bajo los cargos de difamación e injuria, a menos que se retracte de sus declaraciones en un plazo de 24 horas.
 “Utilizan nombre de Gezhouba sin su autorización”
Cheaz negó enfáticamente que el Consorcio IMPE cuente con la venia de la corporación China Gezhouba Group Corporation (CGGC), propiedad del Gobierno chino, para proceder judicialmente contra los resultados de la licitación.
Como prueba de ello, mostró una comunicación de la empresa dirigida al titular de la Oficina de Desarrollo Comercial de China Popular en el país, Gao Shoujian, en la que Zhang Wei, ejecutivo de la CGGC- certifica que “no ha autorizado a nadie para presentar una acusación”, sin ofrecer mayores detalles.
Afirmó que obtuvo la misiva personalmente en las oficinas de la Gezhouba, localizadas en nación asiática.
Cheaz apuntó que tanto SEPCO III como la Shangai Electric Corportation son empresas propiedad también del Estado chino, al igual que la Gezhouba, con una amplia experiencia en la industria eléctrica.
De acuerdo con Cheaz, con sus declaraciones Cabrera procuraría desprestigiar al vicepresidente ejecutivo de la CDEEE (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara, así como al proceso de licitación, que ganó en noviembre del 2013 el Consorcio Odebrecht-Tecnimont-Ingeniería Estrella, por un monto de US$2,040 millones.
Con el Proyecto Termoeléctrico de Punta Catalina (que se construye en Baní, provincia Peravia, la Administración de Danilo Medina procura adicionar alrededor de 700 megavatios al sistema energético a base de carbón mineral, con miras reducir los costos de generación y posicionarse mejor para renegociar los contratos del Acuerdo de Madrid, que perimen en el 2016.

 http://acento.com.do/2014/economia/8169475-plantas-de-carbon-ricardo-cheaz-dice-consorcio-impe-ofrecio-retirar-impugnacion-a-cambio-de-que-lo-compensaran-con-us17-millones/

viernes, 11 de julio de 2014

La capitalización y el fracaso del sector eléctrico en RD - marzo 4, 2007

SANTO DOMINGO,R.D.. -La premisa fundamental de la que partieron los ideólogos, propulsores y artesanos de la Capitalización del sector eléctrico, fue que la sola presencia del sector privado administrando las empresas públicas capitalizadas, era una garantía de un mejor desempeño en la gestión de las mismas. Eso, decían, conduciría en breve tiempo a una eficiencia global del sector que se traduciría en una reducción significativa de las perdidas y el subsidio oficial, conduciendo a una tarifa mas justa hacia los usuarios.
En el año 2001, Unión Fenosa (UF), empresa a la que se le adjudico la participación accionaría del 50% en las distribuidoras Edenorte y Edesur, solicitó un préstamo al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto de US$188 millones (Proyecto DR-0137). El objetivo declarado fue el de invertir los fondos en Edenorte y Edesur realizando inversiones para la reducción de las pérdidas técnicas y no técnicas, así como mejorar los servicios a los clientes y proveer a las empresas con recursos y facilidades para implementar el plan de negocios tal y como aparece descrito en el documento Abstracto del Proyecto, disponible en la pagina del Internet del BID (http://www.iadb.org/projects/Project.cfm?project=DR0137&Language=Spanish).
Inicialmente la intención, tanto de UF como del BID, era que este préstamo fuese avalado por el Estado a través de una garantía soberana otorgada por el Congreso, sin embargo, ante la negativa de las autoridades (argumentando que dichas empresas ya tenían existencia propia fuera del ámbito estatal por que habían sido constituidas como empresas comerciales según el Código de Comercio), Unión Fenosa Internacional (UFI) terminó siendo garante del mismo.
La programación de los recursos del préstamo, según figura en el Informe de Impacto Ambiental y Social disponible en la página de Internet del BID, se realizó de la siguiente manera:
CONCEPTÓ Edenorte Edesur Total
Millones US$ Millones US$ Millones US$
Mejoramiento Servicio al Cliente 1.3 0.9 2.2
Mejoramiento Gerencia de Negocios 1.5 1.0 2.5
Mejoramiento Calidad del Servicio 2.7 1.8 4.5
Provisión Recursos Necesarios e Instalaciones para Operaciones Eficientes 4.2 2.8 7.0
Reducción de Perdidas Técnicas 37.7 25.1 62.8
Reducción de Perdidas No Técnicas 38.3 25.5 63.8
TOTAL 85.7 57.1 142.8
El programa de Mejoramiento del Servicio al Cliente, incluía el mejoramiento de los espacios físicos de las oficinas comerciales, mejoramiento de los mecanismos de facturación y entrenamiento del personal que esta en contacto directo con los clientes.
El Programa de Reducción de Perdidas Técnicas estaría orientado a la reducción de las pérdidas técnicas ocasionadas por deficiencias en las líneas de distribución e incluía la rehabilitación, mejoramiento, e instalación de subestaciones y líneas de distribución en la zona de concesión de Edenorte y Edesur. El área de líneas de distribución incluía la construcción de aproximadamente 230 Kms. de nuevas líneas troncales, la rehabilitación de unos 250 Kms, de líneas trifásicas y monofásicas y la instalación de unos seis mil postes nuevos. En el caso de las subestaciones, estas serian mejoradas mediante la instalación de nuevos transformadores con las respectivas infraestructuras asociadas en subestaciones existentes, así como la construcción de nuevas subestaciones. En total el programa incluía la rehabilitación y mejoramiento de unas 21 subestaciones y la construcción de unas dos nuevas subestaciones.
Como podrá apreciarse de la tabla anterior, la mayor parte de los recursos del financiamiento del BID estaban destinados a la reducción de las perdidas de las distribuidoras con un 89%, mientras que el mejoramiento de la eficiencia administrativa de las empresas recibía el 11%.
Del total de recursos, el 60% estaba asignado a Edenorte, mientras que el 40% estaba asignado a Edesur, lo cual reconocía que los mayores problemas estaban concentrados en Edenorte y que constituían la principal fuente de pérdidas de las distribuidoras.
¿En que se utilizaron los recursos provenientes del financiamiento del BID? De acuerdo a las Memorias 2000-2004 de Edenorte-Edesur los recursos provenientes del préstamo del BID se utilizaron según el siguiente detalle:
CONCEPTO MILLONES DE US$
Monto aprobado 188.00
Gastos de formalización préstamo 7.20
Servicio de la Deuda del BID 15.20
Pago primera Cuota al BID 7.30
Disponible neto Edenorte/Edesur 158.30
Pago deuda Palamara-La Vega 52.20
Pago intereses préstamos a UFI 20.90
Pago Canon Administración a UFI 2000-2001 23.10
Pago consultorías UFI-Soluziona 14.50
Retenciones Impositivas 18.70
Amortización pólizas préstamos locales 22.00
Pago a proveedores internacionales 6.90
Del total de fondos disponibles para la utilización de Edenorte y Edesur, US$158 millones, el 70% equivalente a unos US$111 millones, fue utilizado para el pago de deuda corriente a UFI y sus empresas vinculadas, mientras que el 30%, equivalente a US$48 millones, fue empleado en otros pagos de deudas corrientes.
Es decir, ni un solo centavo del préstamo del BID fue utilizado para lo que originalmente era el objetivo de dicho financiamiento.
Al conocerse esta distribución de pagos, ocultada a los representantes gubernamentales en los consejos de administración de Edenorte y Edesur durante meses después del BID hacer los desembolsos, UFI y Edenorte y Edesur argumentaron que esos pagos eran para compensar las inversiones que las empresas distribuidoras ya habían realizado en el pasado, ya que los fondos de la capitalización ya habían sido invertidos en compra de energía.
Llama poderosamente la atención la falta de fiscalización por parte el BID en la utilización de los recursos provenientes del financiamiento, ya que los organismos multilaterales suelen contratar una empresa internacional independiente que supervise y audite la utilización de los recursos del préstamo, como forma de garantizar que los mismos sean empleados para los fines que fueron solicitados y aprobados. Generalmente, luego del desembolso del anticipo, los demás desembolsos están sujetos a la remisión por parte de la empresa auditora del préstamo, de un informe que certifique la correcta utilización de los recursos previamente erogados.
En varias ocasiones la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), solicito al BID la contratación de una firma auditora y de un Ingeniero Supervisor independientes, solicitudes a las que siempre se opuso Unión Fenosa.
La presentación del informe realizado por la firma auditora en los Consejos de Administración de Edenorte y Edesur hubo de ser requerido por acto de alguacil por los representantes estatales. Dicho informe simplemente auditaba lo que UFI deseaba, es decir, las inversiones pasadas.
Esta práctica de utilización de recursos provenientes de financiamientos o aportes de capital para el pago de deuda corriente y gastos de inversión diferidos que suponían haberse hecho con los aportes de capital producto de la capitalización en Edenorte y Edesur, no era una práctica nueva por parte de UF.
Del total de fondos aportados para la capitalización de esas empresas distribuidoras en el 1999, equivalentes a US$212 millones, el 89% del aporte de capital, equivalente a unos US$190 millones, fue utilizado por UF para el pago de gastos corrientes y de deuda que debió asumir el Estado en el proceso de Capitalización y solo el 11% de dichos fondos, equivalentes a unos US$22 millones, fue empleado en inversión en activos que valorizaban a las empresas.
Los datos anteriores son un mentís para los que han afirmado y reiterado en varias ocasiones, que las empresas distribuidoras estaban en un proceso de franca recuperación y reducción de pérdidas, ya que ninguna empresa que este en un proceso de mejoramiento utiliza los recursos de préstamos y aportes de capital para el pago de deudas corrientes.
Es preciso señalar que fruto de los contratos de administración elaborados por la Comisión para la Reforma de la Empresa Publica (CREP) y firmados por el entonces Administrador de la Corporación Dominicana de Electricidad,(CDE),los cuales no fueron sometidos al Congreso Nacional, el Estado Dominicano, dueño del 50% de las acciones de las empresas eléctricas capitalizadas, solo poseía un miembro de cinco en los consejos de administración de las mismas, lo que hacía prácticamente imposible poder dar seguimiento a las operaciones diarias que realizaban dichas empresas, así como en que se empleaban los recursos que ingresaban a las mismas.
En dichos contratos de administración, el accionista privado fue beneficiado con poderes extraordinarios entre los que se encontraban el de elaborar el Plan de Inversiones y Presupuesto Anual sin la aprobación del representante del Estado, hipotecar o gravar las empresas capitalizadas en mas de un 50%, sin la aprobación de la representación estatal, el realizar compras y contratación de servicios sin que fueran a través de licitaciones.
El conocimiento de todas las informaciones anteriores fue posible luego de que el Estado adquiriera las acciones de Edenorte y Edesur que estaban en poder de UF. Una vez se anuncio la compra de las acciones de UF por parte del Estado Dominicano, el BID ejecuto inmediatamente la garantía del préstamo otorgada por UFI, cobrándose la totalidad de la suma adeudada la cual ascendía a Septiembre del 2003 a unos US$139 millones.
Si los recursos de la Capitalización hubieran sido empleados mayormente en inversiones de capital y no en el pago de deudas y gastos corrientes (a la empresa matriz) y los recursos del préstamo del BID se hubieran aplicados en los programas que fueron sometidos y aprobados, posiblemente la situación de catástrofe que hoy sufre el sector eléctrico no existiera, por lo menos en la magnitud con la que hoy se presenta.
A casi ocho años del inicio de la Capitalización del sector eléctrico, los hechos ponen en evidencia que la gestión de la empresa privada en las distribuidoras, no logró superar los niveles de gestión que había tenido el Estado (por ejemplo, en 1986 las perdidas totales eran de un 30% y en el 2006 según el Banco Central un 46%), ni las expectativas creadas.
Esta experiencia ilustra que el problema no esta en quien ostenta la propiedad de los bienes, sino que es un problema de voluntades y capacidades, ya que el sector privado ha demostrado ser tan ineficiente o mas que el Estado.
La experiencia del sector privado al frente de las distribuidoras hace recordar el refrán que dice que “LA FIEBRE NO ESTA EN LA SABANA”.

http://diariodigital.com.do/la-capitalizacion-y-el-fracaso-del-sector-electrico-en-rd/

lunes, 16 de junio de 2014

Sector eléctrico en R.D., Cogentrix y acuerdo de Madrid


SANTO DOMINGO,R.D.-Ahora que de manera oficial la Compañía Electricidad de San Pedro de Macorís (CESPM), dueña de la planta de 300 Mw conocida como Cogentrix, acaba de anunciar que ya existe un acuerdo no suscrito con la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) para realizar la conversión de dicha planta, de modo que pueda utilizar gas natural en lugar de Fuel Oil No.2 (diésel o gasoil). Esto implica la extensión del contrato vigente entre la CDEEE y Cogentrix, que expira en el 2022, por quince (15) años adicionales, lo que movería la fecha de expiración al año 2037, es propicia la ocasión para hacer una comparación entre el recién anunciado acuerdo y el satanizado Acuerdo de Madrid, firmado en el 2001.
Acuerdo de Madrid
Los contratos de compra y venta de energía firmados entre generadores y distribuidores  en el proceso de Capitalización del sector eléctrico con una duración de cinco (5) años y que expiraban en el 2004, fueron renegociados en el año 2001 bajo las siguientes premisas principales:
1)     Se modificaba la fórmula de indexación del precio de la energía para que el cálculo se realizara en función al tipo de combustible que se utilizaba para generar electricidad y no en base a un único combustible (Fuel Oil No.2) independientemente del combustible que se utilizara para producir electricidad, que era como figuraba en los contratos originales firmados durante la Capitalización.
2)     La suma de los coeficientes de ajustes que figuran en la fórmula de indexación del precio de la energía de los contratos originales de la Capitalización que sumaban dos (2) y que ocasionaban una sobre indexación de un 100%, fueron modificados para que dicha suma fuera igual a la unidad.
3)     La combinación de las medidas que se enuncian en los dos (2) puntos anteriores generó una disminución inmediata en el precio de venta de la energía de los generadores a los distribuidores de un 36%, equivalente a unos US$100 millones anuales, lo que produjo un respiro en las finanzas de las distribuidoras que estaban prácticamente quebradas.
4)     Para compensar la pérdida de ingresos que experimentarían los generadores como consecuencia de la disminución del 36% en el precio de venta de energía a las distribuidoras, se extendió la validez de los contratos por doce (12) años adicionales, situándose la nueva fecha de expiración de los mismos en el 2016 en lugar del 2004 como fueron originalmente firmados durante el proceso de Capitalización.
5)     En adición a lo señalado en los cuatro (4) puntos anteriores, los contratos existentes entre la entonces Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) y generadores  privados independientes de energía (IPP) que estaban vigentes y operando al momento del inicio del mercado eléctrico que instauró el proceso de Capitalización (Seaboard, Compañía de Electricidad de Puerto Plata (CEPP), Dominican Power Partners (DPP)), fueron renegociados y traspasados a las distribuidoras bajo las mismas condiciones que los contratos negociados bajo el Acuerdo de Madrid, teniendo dichos contratos igual fecha de expiración del 2016, eliminando la inútil, ineficaz, innecesaria y costosa intermediación de la CDEEE.
6)     Los contratos que tenía firmados la CDE con los IPP dejaron de ser una carga onerosa y deficitaria para el Estado Dominicano y el traspaso a las distribuidoras como contratos acorde a la nueva legislación existente y a la nueva estructura de mercado representaban ahorros anuales al Estado en el orden de los US$200 millones.
7)     Los contratos IPP que tenía la CDE antes de la Capitalización eran del tipo take or pay,  donde el Estado asume todos los riesgos y perdidas de dichos contratos y garantiza al inversionista privado la recuperación de su inversión y del retorno o utilidades previstas sobre la inversión.
8)     Ninguno de los contratos renegociados durante el Acuerdo de Madrid, mantenía después de la renegociación, la condición de contratos tipo take or pay ni tampoco poseían garantía soberana por parte del Estado.
9)     Todos los contratos renegociados en el 2001 fueron contratos suscritos en base a la Ley, Reglamento y espíritu del mercado eléctrico que se creó a partir del proceso de Capitalización. En todos esos contratos, el Estado no asumía ni los riesgos ni perdidas de los inversionistas privados ni garantizaba el retorno de la inversión ni de la rentabilidad esperada por los inversionistas privados, los cuales asumían todos los riesgos asociados a su inversión.
Cogentrix
En el 1998 se firma el contrato comercial entre Cogentrix y la CDE el cual posee la característica que es un contrato del tipo take or pay donde el Estado a través de la CDE garantiza al inversionista privado el retorno del capital invertido y la rentabilidad esperada, asumiendo el Estado todos los riesgos y perdidas asociadas al contrato y a la inversión privada y el inversionista privado solo recibe el retorno de la inversión y las utilidades o ganancias esperadas.
En adición a la modalidad de contrato take or pay, el contrato de Cogentrix con la CDE posee garantía soberana del Estado, convirtiéndolo en el único contrato en la historia del sector eléctrico en la Republica Dominicana de ser beneficiado con el privilegio de garantía soberana y de todas las implicaciones que resultan de esa condición.
Según informaciones aparecidas en medios de comunicación el acuerdo recién anunciado de conversión de Cogentrix para que pueda operar con gas natural en lugar de Fuel Oil No.2, además de extender el contrato take or pay existente por quince (15) años adicionales, extiende además por igual periodo de tiempo la garantía soberana del Estado a dicho contrato.
Acuerdo de Madrid Vs Cogentrix
Mientras en la negociación conocida como el Acuerdo de Madrid, el Estado se liberó de contratos bajo la modalidad take or pay convirtiéndolos en contratos acordes con las leyes, reglamentos y normativas del mercado eléctrico que creo el proceso de Capitalización, en donde los riesgos y perdidas de las inversiones los asume el inversionista privado y el Estado no garantiza absolutamente nada a dichos inversionistas, en el caso del acuerdo de negociación anunciado con Cogentrix, se mantiene el privilegio de garantía soberana por parte del Estado por quince (15) años más que solo disfruta el contrato de Cogentrix. En adición, se mantiene el privilegio de la modalidad de contrato take or pay en donde el Estado asume todos los riesgos y perdidas de la inversión privada, garantizando el retorno del capital invertido y de la rentabilidad o utilidad esperada por el inversionista privado, mientras el privado solo disfruta de los beneficios En otras palabras se estatizan las perdidas y los riesgos y se privatizan solo las ganancias.
Mientras los contratos renegociados bajo la sombrilla del Acuerdo de Madrid se hicieron en concordancia a las leyes, reglamentos y normativa que rigen el mercado eléctrico respetando el espíritu de la reforma del proceso de Capitalización y eliminando el rol improductivo, costoso, innecesario e ineficiente de la intermediación de la CDEEE en esos contratos, el acuerdo con Cogentrix se hace en contraposición al espíritu de la reforma del sector eléctrico, su Ley, Reglamento y Normativa, extendiendo por quince (15) años más el rol innecesario, improductivo, costoso e ineficiente de la  CDEEE para de esa manera justificar una burocracia excesiva, hipertrofiada y costosa.
El Gran Beneficiario de la Conversión a Gas Natural
La empresa Cogentrix sería la gran beneficiaria y gananciosa en la operación acordada con la CDEEE de conversión a gas natural de su planta generadora.
Los beneficios que obtendría dicha empresa en base a informaciones que se han filtrado en los medios de comunicación serian:
1)     El Costo de la conversión más el costo del gasoducto lo asume el Estado a través de la CDEEE, no el inversionista privado.
2)     Sus ingresos anuales casi se triplicarían con relación a la actualidad, con un incremento anual de unos US$200 millones fruto del incremento en la generación de energía que en la actualidad es prácticamente inexistente o nula.
3)     Todos los riesgos asociados a la inversión los asume el Estado a través de la CDEEE.
4)     El riesgo del no despacho de la planta lo asume el Estado a través de la CDEEE. La esencia del contrato actual (take or pay  más garantía soberana) se mantienen, con lo cual si la planta no es despachada por cualquier razón y no genera un kwh en un mes hay que pagarles igual a como existe en la actualidad.
5)     Los riesgos del contrato de compra de combustible los asume el Estado a través de la CDEEE. Si en un mes dado Cogentrix no compra la cantidad de combustible acordado con el suplidor, el Estado a través de la CDEEE, debe asumir el costo del combustible no comprado Algo similar a lo que ocurre con el peaje sombra de la autopista Santo Domingo Samaná.
En adición:
a)      El valor presente neto del flujo de caja por pago por capacidad a Cogentrix es el mismo al contrato existente en la actualidad. No hay tal disminución.
b)     En el contrato actual vigente, el pago por capacidad a Cogentrix disminuiría drásticamente a partir del año 2016 donde se pagaría para ese año un total de US$27 millones en comparación a los US$58 millones que se pagarían en el 2014 A partir del 2017 hasta la finalización del contrato (2022) el pago anual por capacidad se sitúa alrededor de US$8 millones lo que significa una reducción de alrededor un 86% con relación al pago actual.
c)      A partir del 2017 cuando el pago por capacidad instalada se reduce a unos US$8 millones anuales (menos de US$700 mil mensuales), el contrato de Cogentrix dejaría de ser deficitario para la CDEEE pues recibiría ingresos por pago por capacidad superiores a los que debería pagar a Cogentrix, generando en consecuencia un flujo positivo a favor de CDEEE. Tomando como referencia el monto del pago por capacidad actual en el mercado spot, unos US$8.5/Kw/mes, a partir del 2017 la CDEEE recibiría un ingreso anual estimado por pago por la capacidad de Cogentrix de unos US$30 millones frente a un compromiso con Cogentrix de US$8 millones anuales. Esta situación generaría un excedente a favor de CDEEE de unos US$22 millones anuales (unos US$1.8 millones mensuales) por concepto de pago por capacidad.
d)     Cabría preguntarse, si con un ingreso mensual de menos de US$700 mil Cogentrix estaría en capacidad de cubrir sus costos de operación y mantenimiento de una planta totalmente apagada. Quizás la respuesta a esta interrogante sea la explicación del por qué la prisa por firmar el acuerdo que extiende el contrato take or pay, garantía soberana y privilegios asociados por quince (15) años mas.
e)      Ningún contrato de suministro de combustible garantiza precios fijos a largo plazo. Los precios varían según las fluctuaciones del mercado bursátil que se utilice como referencia (Nymex Henry Hub, etc.), precios de transporte marítimo, cargo por almacenamiento en la terminal de gas natural, cargo por uso del gasoducto, prima adicional que pudiera pagarse sobre el precio de referencia que se utilice en el contrato.
f)       Se mantiene la esencia del contrato original vigente en la actualidad donde se estatizan las perdidas y los riesgos y se privatizan solo las ganancias con una extensión adicional de quince (15) años incluido la extensión de la garantía soberana.
g)      Con el contrato tipo take or pay de Cogentrix, a través del pago por capacidad que se realiza mensualmente, independientemente de si la planta genera o no, el inversionista privado recupera no solo la totalidad del capital invertido, sino que también recupera el retorno esperado sobre la inversión. Al finalizar el contrato de Cogentrix, la planta ha sido totalmente pagada por el Estado a través de la CDEEE, más sin embargo, dicha planta en lugar de pasar a ser propiedad de quien no solo pago la totalidad de la inversión sino que además pago la rentabilidad esperada al inversionista privado sobre la inversión, permanece en manos del inversionista privado quien ha recibido el pago total de su inversión y rentabilidad esperada.
h)      En la Republica Dominicana existe el precedente exitoso del 2001 en donde dentro del Acuerdo de Madrid se negoció la conversión de las plantas de DPP (Los Minas V y VI)de 230 Mw de capacidad instalada, para que trabajaran con gas natural en lugar de Fuel Oíl No.2. Dicha conversión se realizó sin que fuera necesario firmar un contrato tipo take or pay con la CDEEE, ni otorgar garantía soberana, sino que el inversionista asumió los costos totales de la inversión y los riesgos propios de su inversión. Se firmaron contrato con las distribuidoras apegados a la Ley General de Electricidad, Reglamento y Normativas del mercado eléctrico que se creó a partir del proceso de Capitalización. En dicha negociación, el Estado ni garantizo el capital invertido por el inversionista, ni asumió el pago de la conversión, ni pago por el gasoducto, ni asumió los riesgos ni perdidas posibles asociadas a la conversión.
i)        También se tiene el precedente exitoso de la instalación de la planta Aes Andres de 300 Mw que opera con gas natural, la cual se realizó sin que tampoco el Estado tuviera que firmar un contrato con la CDEEE del tipo take or pay, ni otorgar garantía soberana, ni garantizar el capital invertido por el inversionista en la nueva planta, ni asumir los riesgos ni perdidas posibles de la nueva planta. Dicha planta se instaló, asumiendo el inversionista la totalidad de los costos de la inversión y  los riesgos propios de su inversión.
j)       La inversión asociada a la conversión de las plantas de DPP para que operen a gas natural y de la instalación de Aes Andres, que en totalidad significo un aporte de 530 Mw de capacidad de generación con combustible más eficiente y barato que se reflejó en una disminución del precio de compra de la energía por parte de las distribuidoras, más la terminal de gas natural localizada en Andres, más el gasoducto de la terminal de Andres hasta Los Minas donde están las plantas de DPP, significo alrededor de US$500 millones. Esta inversión representa un poco más de ocho (8) veces la inversión anunciada para convertir a gas natural los 300 Mw de Cogentrix (US$60 millones) y un cuarenta porciento (40%) mayor que la conversión de Cogentrix más el costo de la anunciada terminal a gas natural a instalarse en San Pedro de Macorís (US$60 millones + US$300 millones).
k)     Si en el 2001-2003 el sector privado pudo invertir a riesgo propio sin contratos tipo take or pay, sin utilizar un intermediario innecesario, ineficiente y costoso como la CDEEE y sin garantía soberana, ¿Por qué trece (13) años después no se puede repetir la misma experiencia exitosa y beneficiosa para el Estado y tiene el Estado que asumir todos los riesgos y posibles pérdidas de la inversión privada, garantizando el retorno del capital invertido y de las utilidades esperadas y en el caso de la conversión de Cogentrix asumir la totalidad de los costos de la conversión y gasoducto?
Reflexión Final
Por años, tanto el sector privado como la sociedad en su conjunto, han venido reclamando la institucionalización del País, de sus instituciones y estructuras así como el respeto al orden jurídico y reglas de juego claras para todos sin privilegios.
La extensión del contrato de Cogentrix con la CDEEE en los términos en que está planteado el acuerdo arribado, según las informaciones que han salido en los medios de comunicación, es una decisión que va en el sentido contrario a los reclamos y anhelos que por años han venido pidiendo y exigiendo tanto el sector privado como la sociedad.
El espíritu de la Ley General de Electricidad que crea el mercado eléctrico, así como del Reglamento yNormativas, es que los contratos de compra y venta de energía, se realice o entre generadores y/o distribuidores con consumidores finales autorizados por la Ley (Usuarios No Regulados) o entre generadores y distribuidoras que son las únicas autorizadas por el marco jurídico existente a vender la energía a los usuarios regulados.
La figura del intermediario entre el generador y la distribuidora, si bien es cierto no está prohibido en la Ley, también es cierto que en el espíritu de la misma ni en el espíritu de la reforma del sector eléctrico propiciada por el proceso de Capitalización, no aparece esa figura, pues la misma es innecesaria, no brinda ningún valor agregado al servicio ni en términos cualitativos ni cuantitativos, sino todo lo contrario produce un elemento de distorsión que ocasiona un incremento de costos que tiene que ser cubierto o;
1)     Por un subsidio estatal (como ocurre en la actualidad);
2)     O por un incremento en el precio de venta de la energía a las distribuidoras que se reflejaría en un aumento en la tarifa al usuario regulado que manejan las distribuidoras;
3)     O por un aumento en el subsidio a esas empresas;
4)     O por una combinación de los tres (3) puntos señalados anteriormente
Por eso, la extensión del contrato de Cogentrix con la CDEEE como intermediaria, va en contra del espíritu de la reforma eléctrica, de la Ley, su Reglamento y Normativa.
Cuando el sistema eléctrico era cien porciento (100%)propiedad Estatal, donde no existía una ley especial sobre el sector eléctrico, sino la ley que creaba a la empresa estatal, ni tampoco existía mercado eléctrico, ni regulador, sino que solo existía una empresa estatal verticalmente integrada que era agente y regulador a la vez, es en la época en que se firman la totalidad de los contratos tipo take or pay con productores independiente (generadores IPP).
Luego del proceso de Capitalización, con la creación del mercado eléctrico, no se ha vuelto a firmar ni extender ningún contrato IPP con generadores privados bajo la modalidad de contrato take or pay ni otorgando garantía soberana todo lo contrario, bajo el Acuerdo de Madrid se negociaron y terminaron una serie de contratos tipo take or pay convirtiéndoles en contratos acorde al nuevo esquema de mercado eléctrico y eliminando el rol de intermediación innecesaria, inoperante, ineficiente y costosa de la CDEEE.
Los contratos tipo take or pay en los sistemas eléctricos que han sido reformados y donde se ha introducido el concepto de mercado eléctrico y ente regulador, prácticamente han desaparecido y son inexistentes y solo se encuentran en sistemas eléctricos, como el caso de Puerto Rico, donde no se ha producido una reforma del sector eléctrico, donde no existe un ente regulador, sino que lo que existe es una sola empresa estatal verticalmente integrada tal y como existía en la Republica Dominicana antes del proceso de reforma del sector eléctrico a partir de la Capitalización.
En Panamá, hace alrededor de un (1) año, se llevó a cabo una licitación pública, transparente, supervisada por el regulador del mercado eléctrico tal y como manda la ley de electricidad de ese país, en donde se adjudicó un contrato de venta de energía (PPA) con las tres (3) empresas distribuidoras, el cual posee una duración de quince (15) años. La empresa privada ganadora de la licitación, instalara una planta de ciclo combinado a gas natural con una capacidad instalada de unos 550 Mw. La inversión estimada del proyecto que incluye además una terminal de recepción y almacenamiento del gas natural se estima alrededor de los US$1,000 millones (mil millones de dólares). Los inversionistas privados socios de la empresa asumen todos los riesgos de su inversión sin que el Estado panameño les asegure ni el retorno del capital a invertir, ni la rentabilidad esperada ni ningún riesgo asociado a la inversión.
Los contratos firmados de compra y venta de energíaentre la empresa privada dueña de la planta de generación de 550 Mw y las distribuidoras, son acordes al marco jurídico existente en el mercado eléctrico panameño. Ninguno de los contratos firmados con las distribuidoras son del tipo take or pay ni tampoco poseen la garantía soberana del Estado panameño.
El mercado eléctrico panameño es alrededor de tres (3) veces menor que el mercado eléctrico dominicano. Si los panameños han podido, ¿Por qué los dominicanos no podemos?
Si finalmente no se materializara la firma del acuerdo anunciado de extensión del contrato tipo take or pay y garantía soberana (lo cual es mi deseo por las implicaciones negativas y riesgos sobre las finanzas públicas y el Estado), una vez llegado el 2022 cuando finalice el contrato existente, ¿Cuál sería la suerte de Cogentrix?
1)     Desistirán los inversionistas privados de realizar la conversión a gas natural a riesgo propio y venderán la planta como chatarra debido a que habrán recuperado la totalidad de su inversión más la rentabilidad esperada a través del pago por capacidad? o
2)     ¿Se decidirán a asumir los riesgos propios que todo inversionista privado asume cuando encara y enfrenta una oportunidad de negocios a través de una inversión,decidiéndose a asumir los costos y riesgos de la conversión a gas natural, tratando de vender potencia y energía de la planta a través de contratos de largo plazo con las distribuidoras obtenidos en procesos de licitaciones públicas, transparente y supervisada por la Superintendencia de Electricidad (SIE), como manda el Artículo 110 de la Ley General de Electricidad? Es lo deseable.
Todo luce indicar que las autoridades han tomado la firme decisión, contra viento y marea y que a su vez luce irreversible, de extender el contrato tipo take or pay entre la CDEEE y Cogentrix y la garantía soberana asociada, en donde el Estado a través de la CDEEE hasta el año 2037, asume todos los riesgos y posibles pérdidas mientras el privado solo las ganancias, garantizando el Estado no solo el retorno del capital privado sino las utilidades esperadas.
Recientemente el Administrador de la CDEEE manifestó su deseo y voluntad de extender dicho contrato y los privilegios asociados, por cien (100) años más si fuese necesario. Se pretende que dicha extensión del contrato de Cogentrix sea bendecida, santificada y canonizada en el Pacto Eléctrico.
Estamos convencidos que la extensión del contrato take or pay y garantía soberana asociada de Cogentrix, con todos los privilegios asociados que solo disfruta ese generador, constituye un retroceso injustificable e indefendible en el sector eléctrico, que lo coloca en los finales de los años 80 que es cuando se inicia la historia de la firma de contratos tipo take or pay entre la CDE de entonces (empresa estatal verticalmente integrada, juez y parte) y los generadores privados independientes (IPP), la cual ha resultado ser nefasta y perjudicial para las finanzas públicascuyas consecuencias, cuarenta (40) años después, seguimos padeciendo los dominicanos con los contratos deficitarios de Cogentrix y Smith and Enron (San Felipe) y ahora se pretende extender uno de esos contratos hasta el 2037. Mientras tanto, el deterioro financiero del sector eléctrico va en aumento y la calidad del servicio va disminuyendo, pues la frecuencia e intensidad de los apagones han aumentado considerablemente según los reportes de los medios de comunicación.
La de por si debilitada institucionalidad del sector eléctrico, se debilita aún más de lo que está, con la extensión del contrato tipo take or pay de Cogentrix y de la garantía soberana asociada.

Por Bernardo Castellanos

http://acento.com.do/2014/economia/8146113-un-balance-sector-electrico-cogentrix-y-acuerdo-de-madrid/