sábado, 17 de octubre de 2015

Primer país que aspira a prescindir por completo del petróleo y el carbón

SUECIA.- El Gobierno de Suecia ha anunciado esta semana que planea gastar un extra de 488 millones de euros en su presupuesto de 2016 para potenciar el uso de energías renovables y dar los primeros pasos para conseguir un ambicioso logro: ser la primera nación en la historia que deja de depender de los combustibles fósiles en 2050.

En la actualidad, el país escandinavo obtiene dos tercios de toda su energía de fuentes renovables, de las centrales nucleares y de la explotaciones hidroeléctricas. La intención de sus políticos es que el país potencie la energía solar y la eólica. Para conseguirlo, los presupuestos del año que viene prevén un aumento sustancial en los impuestos derivados de la gasolina y el carbón.

Parque eólico en la costa de SueciaParque eólico en la costa de Suecia


El primer ministro del país, el socialdemócrata Stefan Löfven, asegura que “Suecia se va a convertir en el primer país que abandone los combustibles de origen fósil. Las regulaciones de la Unión Europea no son lo suficientemente ambiciosas, pero Suecia liderará el cambio”.

El ambicioso proyecto sueco proviene de la necesidad. En los últimos años, el país ha sufrido importantes e impropias olas de calor que han sensibilizado a la población sobre la importancia de cuidar el medio ambiente y utilizar energías verdes.

Según informa Bloomberg, la gran beneficiado del aumento del presupuesto será la energía solar, a la que irá a parar una partida de 52 millones de euros anuales durante el periodo 2017-2019, casi 8 veces más de lo que recibe el sector en la actualidad.

Con todo ese dinero el Gobierno sueco espera que los tejados de los edificios, los autobuses y las gasolineras se llenen de placas solares que nutran de electricidad tanto a hogares, como a la industria o a los vehículos no contaminantes.

Suecia planea llevar su plan a la conferencia extraordinaria de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se celebrará en Paris a finales de noviembre de este año. “Tenemos la oportunidad de hablar con otros países sobre la importancia de colaborar en este asunto y elaborar un plan de desarrollo que no sea a costa del planeta”, explica Johan Rockström, consejero del primer ministro sueco.

A pesar de que Suecia sigue dependiendo de las centrales nucleares, el gabinete de Löfven ha anunciado que va a desmantelar 3 de las 13 que actualmente están en funcionamiento, y que no existen planes para construir nuevas. Lo que sí que sí está en el horizonte es la ampliación del centro de energía eólica en la localidad de Sidensjö, que aportará 144 megavatios al sistema eléctrico del país.

A la vez que se produce el anuncio de Suecia, el estado de Hawaii acaba de comunicar que quiere convertirse en la primera zona de Estados Unidos en nutrirse solo de energía proveniente de fuentes renovables. Otros países como Costa Rica han conseguido utilizar este tipo de energía en exclusiva durante 75 días.


 https://es-us.noticias.yahoo.com/suecia--el-primer-pa%C3%ADs-que-aspira-a-prescindir-por-completo-del-petr%C3%B3leo-y-el-carb%C3%B3n-094320892.html

El 40% de los hogares en R.D.carece de un contador eléctrico


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SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Más del 40% de los hogares dominicanos (40.36%) no tienen instalado un contador para medir su consumo energético, lo que se traduce en altos niveles de pérdidas e impide además cuantificar el monto real del subsidio que destina el Estado al sector eléctrico.
Este es uno de los hallazgos del estudio “Impacto de la crisis del sector eléctrico en la economía dominicana”, divulgado este lunes por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y elaborado con financiamiento de este organismo multilateral.
La investigación señala que la falta de un suministro eléctrico estable empuja a la población a poner en práctica “soluciones individuales que afectan el ingreso de las familias y promueven el uso ineficiente” de la energía.
Establece que, ante esta realidad, las principales fuentes de energía alternativa a que acuden los hogares son el uso de velas, en una proporción del 41.6% de los encuestados, seguido de inversores (el 20.4%) y lámparas de combustible líquido (10.8%).
Asimismo, el 3.3% utiliza linternas o lámparas de baterías, el 1.5% inversoras cargados con paneles solares y el 0.3% declaró que tiene planta eléctrica propia.
En primer plano Radhamés del Carmen, funcionario de la CDEEE, junto a Milton Morrison, de la ADIE y el también economista Pavel Isa.
La investigación evidencian que el 40.36% de los hogares evaluados, correspondientes a las distintas zonas del territorio nacional, carece de un contador eléctrico, siendo la región Yuma donde hay el mayor porcentaje de domicilios sin medidores, en una proporción de 88.9%, seguida del Cibao Norte, con 72.1%. En la región Ozama, la más extensa del país, solo el 55.8% dispone de medidores.
Este problema “impide cuantificar el monto real del subsidio porque casi la mitad de los hogares que recibe Bonoluz -el 48.4%- no tiene instalado un medidor de su consumo, concluye el estudio, que elaboraron los economistas y especialistas Fabricio Gómez, Jaqueline Mora, Oliver Cruz, Mariano Jiménez y Jorge Nova.
Otro dato indica que los hogares con un mayor nivel de consumo de electricidad son más sensibles a los apagones. “Este resultado muestra que al orientar la oferta de energía a los hogares de mayor consumo, las empresas distribuidoras podrían estar priorizando los resultados financieros sobre los objetivos sociales”, sostiene.
El Fabricio Mora apuntó que esta política de las “Edes” fomenta una especie de desigualdad en el suministro de electricidad, en perjuicio de los segmentos más pobres, a pesar de las cuantiosas transferencias que perciben del Gobierno estas empresas de propiedad estatal.
Costos adicionales para las empresas
En el ámbito de los comercios y empresas los resultados de la investigación muestran el peso considerable que tiene el uso de unidades alternativas de generación eléctrica en sus costos operacionales.
Sostiene que el gasto promedio mensual en que incurren ante las deficiencias del sistema interconectado promedia RD$16,747 en las microempresas; RD$31,609 en una pequeña empresa; RD$86,540 para una mediana, y RD$81,396 en el caso de los grandes negocios.
Pero al sumar el gasto promedio mensual en planta eléctrica con la factura que pagan, el costo total de la energía se eleva hasta RD$25,100.15 mensuales para la microempresa. De este monto, el gasto en la planta representa el 66.7%, y la factura de las distribuidoras un 33.7%.
Se destaca que a nivel de las pequeñas empresas, este gasto se dispara hasta más de los 100 mil pesos (RD$101,449.96) y a RD$262,082.99 en la pequeña empresa, correspondiendo en ambos casos poco más del 30% al uso de plantas eléctricas y entre un 66% y 68%a la facturación mensual.
No obstante, las grandes empresas afrontan un costo energético estimado en RD$580,829.30 mensuales, pero su gasto promedio en planta se limita a un 14.01%, mientras asciende al 85.9% el de la facturación.
Pavel Isa subrayó que el mayor problema del sistema eléctrico está en el subsector de la distribución.
En términos generales, se establece que las empresas constituyen el 40% de la facturación total de las Edes, y el 55.1% de los dueños o propietarios encuestados indicó que utiliza planta eléctrica en el desarrollo de sus actividades productivas.
Tanto para el economista Pavel Isa Contreras, como para Milton Morrison, vicepresidente de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE), que participaron como panelistas en la presentación del estudio, estos resultados confirman que el principal handicap del sistema son las deficiencias en distribución y comercialización del servicio.
De igual modo, ratifican que “el problema fundamental está en la distribución, y sin embargo las autoridades ponen un mayor énfasis en el área de generación”, manifestó Isa Contreras. Entre los panelistas estuvo por la parte gubernamental Radhamés del Carmen, director de Distribución y Reducción de Pérdidas de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), quien resaltó la necesidad de establecer un Plan de Reducción de Pérdidas que se implemente por un período de tres años, pero de manera ininterrumpida.
Ficha técnica
La investigación del BID e Intec fue llevado a cabo entre diciembre de 2014 y febrero de este año, y está orientado a servir como insumo en el marco del proceso de discusiones que tiene lugar con miras a la firma del Pacto Eléctrico.
Durante su implementación fueron encuestados un total de 5,810 hogares y 516 empresas de los distintos niveles (micro, pequeña, mediana y grande), pertenecientes a los sectores agropecuario, comercio, construcción, enseñanza, turismo, manufactura, telecomunicaciones, zona franca, transporte, salud, entre otras. El 52% de los negocios analizados son considerados pymes -pequeños y medianos-, en tanto que más del 40% se desempeñan en el área comercial.


 http://acento.com.do/2015/economia/8290732-el-40-de-los-hogares-carece-de-un-contador-electrico/

jueves, 15 de octubre de 2015

El gran cortocircuito


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Es indudable que por lo menos en el área económica el gobierno de Danilo Medina ha sido muy exitoso: ha logrado uno de los crecimientos más acelerados de América Latina y el Caribe y, además, con estabilidad de precios y también una mejoría sustancial en la educación y en la infraestructura física. Pero dentro de ese éxito ha sufrido un cortocircuito: el muy deficiente cobro de la luz y la falta de mejoría al respecto.
En su discurso de rendición de cuentas de febrero del 2013, a los seis meses de haber estado en el poder, el presidente anunció que las pérdidas en los cobros de electricidad que habían estado en un 36% de lo generado, terminarían en un 25% hacia finales del 2016. Su meta, fue pues, que de cada RD$100 que se distribuyeran de luz se llegarían a cobrar RD$75 pesos, en vez de los RD$64 del momento. Aun así era un objetivo bien modesto, ya que en países de tamaño y nivel de desarrollo como el nuestro y que han sufrido mucha inestabilidad política, como el caso de El Salvador, tan sólo se deja de cobrar un 9%.
Luego, en su discurso de rendición de cuentas de febrero del 2014, reiteró que las pérdidas bajarían a un 25% del 35.5% que su gobierno había heredado. Sin embargo, un año después, en su discurso de febrero de 2015, tuvo que admitir que esas pérdidas tan sólo habían bajado 3.1%, manteniéndose en un 31%. Según la última estadística disponible de la CDEEE, a julio del 2015, la parte no cobrada ha subido a un 33.8%, por lo que desde que asumió el gobierno la mejoría apenas ha sido 1.7% durante 30 meses. Es obvio, además, visto a posteriori, que al presidente lo pusieron a citar porcientos inexactos.
Consecuentemente, es prácticamente imposible que en los próximos meses los no cobros se reduzcan en el 8.2% que sería necesario para llegar al enunciado objetivo presidencial del 25%, cuando en 30 meses tan sólo ha bajado 1.7%. Tal vez se pensará que esos porcentajes no son importantes, pero resulta ser que cada punto porcentual de reducción en los no cobros significa cientos de millones de pesos en disminución del enorme subsidio que el presupuesto nacional ha estado otorgando al sector energético, lo que ha producido un muy importante desvío de recursos que podrían haberse dedicado a inversiones en sectores sociales e infraestructura. Un 10% de lo que pagamos en impuestos se va en subsidio al sector eléctrico. Si ya se hubiese logrado el objetivo del 25% y a los actuales bajos precios del petróleo, el gobierno ya no hubiese tenido que seguir subsidiando a las distribuidoras de energía.
¿Por qué no se ha logrado aumentar el cobro de la electricidad? Porque, a pesar de que en uno de sus discursos el presidente habló de pasar la administración (no la propiedad) de las distribuidoras al sector privado, éstas han quedado administradas por políticos peledeístas, quienes lo que han hecho es no sólo aumentar mucho las nóminas, sino también no se han ocupado de cobrar la luz y de luchar contra las mafias que auspician el reenganche ilegal. En Boca de Yuma, donde no hay turistas, sino gente pobre, casi todos pagan el servicio, porque precisamente la distribuidora es privada, no pública. Esto es ejemplo de lo que se lograría si el sector privado administrara la distribución. El presidente Medina ha prometido un pacto eléctrico, pero si en este no se enfrenta adecuadamente el no cobro de la luz, poco se lograría reduciendo los costos de generación y luce que por razones políticas no se quiere enfrentar lo primero. En toda empresa donde una tercera parte de las ventas no se cobra, el reducir costos de producción es importante, pero no elimina las pérdidas.
Otro fracaso económico ha sido el no cumplimiento del también anunciado objetivo del gobierno de finalizar el cuatrienio (2012-2016) del presidente Medina con un presupuesto equilibrado, pues el presentado para el 2016 es deficitario, resultando en el noveno año consecutivo con cifras presupuestales en rojo, a pesar de los bajos precios del petróleo, financiados todos con un endeudamiento, principalmente externo, que tarde o temprano devendrá insostenible.


 http://hoy.com.do/el-gran-cortocircuito/autor/hoy/

Los objetivos del Milenio en R.D.

El período 1980-1990 está registrado en la historia económica contemporánea como la década perdida ya que con que tal situación describió las crisis económicas que se transitó durante la década de los ochenta, aunque en el caso concreto de algunos países se extendió hasta la década de los 90s. En general estas  crisis se combinaban con la presencia de las deudas externas excesivas, grandes déficit fiscal, volatilidades inflacionarias y de tipo de cambio, que en la mayoría de los países de América Latina era fijo, cuyo  origen se explica desde el comienzo del default o impago  mexicano en el año 1982, luego de que los países industrializados decidieran aumentar la tasa de interés en sus préstamos a la región, convirtiéndolos en deudas de difícil pago.
La advertencia del impago fue una iniciativa sesuda planteada el 3 de agosto de 1985 por el comandante Fidel Castro el cual sostenía que “a menos que los gobiernos actuaran conjuntamente y atacaran el problema en sus causas de fondo, la deuda externa que las naciones latinoamericanas habían contraído con instituciones financieras norteamericanas, se convertiría en una hipoteca eterna, impagable e incobrable”. Tal apreciación llamó  la atención a partir de 1980 cuando se  observó que el volumen de la deuda externa de los países de América Latina y el Caribe ascendía al respetable monto de 257 mil 400 millones de dólares, pero que desde 1979 en la cumbre de los países no alineados Castro observó  que “la deuda de los países en vías de desarrollo ha alcanzado ya la cifra de 335,000 millones de dólares y esta situación es ya insostenible”.
El acelerado incremento de la deuda preocupaba a Castro cuando  a finales de 1982 planteó  que “la deuda externa estaba llegando a los 600,000 millones de dólares, es decir que ya iba de 10 en 10, de 30,000 a 300,000, después al doble de 300,000, y ahora es exactamente el triple, y el problema ha hecho crisis. Ahora América Latina sola debe más que lo que debía todo el Tercer Mundo en el año 1979”. La predicción de que la deuda externa era imparable e insostenible se verifica cuando para 2012 esta se multiplicó por cinco hasta llegar al billón 191 mil millones de dólares, convirtiéndose en un escándalo para el cierre del 2014 al alcanzar la impronunciable suma de 1,230,241 millones de dólares.
Para enfrentar los efectos perniciosos derivados de la deuda externa hubo que recurrir a impulsar fuertes reformas estructurales desde el inicio de la década de los 90s que incorporaba un nuevo paradigma impulsado por el denominado Consenso de Washington, que en los hechos se convertía en el patrón de política económica implementado en la región, impulsando así una  modificación en la estructura productiva de  las naciones en vía de desarrollo, de corte neoliberal. 
A la luz de los resultados de los indicadores de progreso de la década de los 80s, que obligó a la implementación de las reformas estructurales en la década de los 90s, quedó evidenciado que  casi 1000 millones de personas, sobrevivían con menos de un dólar por día, de los cuales el 70% eran mujeres, en tanto que el hambre afectaba a más de 800 millones de seres humanos y 13 millones de niños y niñas sucumbían cada año por enfermedades e infecciones directamente relacionadas con la falta de alimentos con más de 1.020 millones de personas que sufrían en el mundo de hambre. Estas temibles y trágicas cifras obligaron a los organismos internacionales a plantear alternativas para superar la cruel realidad y es en ese contexto que del sistema de naciones unidas surgen los denominados objetivos para el desarrollo del milenio.
Es en ese contexto que en septiembre del año 2000 189 países aprobaron y firmaron en las sede de las Naciones Unidas la declaración del Milenio, en el cual los jefes de Estado establecieron ocho objetivos para ser alcanzados a septiembre del 2015, los cuales quedaron enlazados a 18 metas y  más de 40 indicadores que miden  su cumplimiento, que de no lograrse y no cambiar las tendencias reinantes, algunas regiones quedarían rezagadas y cerca de 1000 millones de personas extenderían su permanencia en la pobreza extrema, lo que ha implicado un esfuerzo de 25 años si se toma en consideración que estas inquietudes abarcan el período 1990-2015. En efectos, en términos concretos los objetivos y metas fijados desde 1990 hasta el 2000, para hacerlos realidad de cara al 2015, incluyeron erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr educación primaria universal, promover la igualdad de género, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades, asegurar la sustentabilidad ambiental y crear una asociación global para el desarrollo.
Un ligero balance a los ocho objetivos del milenio al cierre de  septiembre del 2015, pone en evidencia que los países en vía de desarrollo, en particular América Latina, incumplieron los objetivos del Milenio al no superar ni el 50% de los compromisos asumidos. Bajo esa realidad se entiende mejor el porqué se ha planteado la adopción de una nueva agenda para el desarrollo sostenible  que contiene 17 nuevos objetivos para el desarrollo sostenible  y 169 metas que procuran eliminar la pobreza, combatir las desigualdades y promover la prosperidad de cara al 2030, esto se traduce en una postergación de enfrentar los flagelos que promueven la desigualdad y la pobreza, lo cual implica 40 años para enfrentar este malestar. Si ya se reconoce el fracaso de los ocho objetivos ¿Se cumplirán con los 17?


 http://www.listindiario.com/puntos-de-vista/2015/10/15/392199/los-objetivos-del-milenio

miércoles, 14 de octubre de 2015

Contrato "grado a grado" por CDEEE para reforestar a PUNTA CATALINA


SANTO DOMINGO (Rep. Dominicana).-El abogado Namphi Rodríguez criticó la falta de transparencia con la que la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) otorgó un contrato "grado a grado" de RD$113 millones a una entidad vinculada a Domingo Contreras, para forestar el área de influencia de las plantas a carbón de Punta Catalina.
Rodríguez, presidente de la Fundación Prensa y Derecho, calificó de “insuficiente” la explicación ofrecida por el Consorcio de la Caoba Dominicana (Concadom), entidad que preside Domingo Contreras y a la que la CDEEE “adjudicó de grado a grado el contrato”.

  “El hecho de que sea una entidad sin fines de lucro no la exime de la transparencia pública y la CDEEE ha violado la ley al adjudicar ése contrato de grado a grado a un funcionario público; porque Contreras es asesor municipal del Poder Ejecutivo y funcionario del Ministerio de Medio Ambiente”, explicó.
Adujo que la CDEEE ha violado las leyes 340-06, de Contrataciones; 41-08, de Función Pública, y 122-05, de Organizaciones sin Fines de Lucro.
Aunque no especificó si procederá legalmente en su contra, Rodríguez advirtió que la CDEEE se hace pasible de un recurso contencioso ante el Tribunal Superior Administrativo para anular el contrato y establecer las responsabilidades que dictan las leyes por falta de transparencia pública.
Añadió que hay que fiscalizar la concesión de contratos del proyecto de las plantas a carbón, “puesto que se puede convertir en un botín de partidarios de la reelección del presidente Danilo Medina”.
El contrato, denominado Acuerdo de Cooperación Interinstitucional para la Implantación del Programa Forestal de Manejo y Mitigación Ambiental de Punta Catalina, fue concedido sin concurso público al Consorcio Dominicano de la Caoba, del que Contreras es presidente.
De acuerdo a sus términos, la entidad conjuntamente con el Ministerio de Medio Ambiente y la CDEEE sembrarán un millón quinientas mil árboles en las provincias de Peravia y Azua para “reducir las emisiones de dióxido de carbono y mitigar el impacto medioambiental” de las plantas a carbón.
El contrato le fue adjudicado de grado a grado al Consorcio Dominicano de la Caoba, una entidad no gubernamental “sin fines de lucro” con una estructura “híbrida”, compuesta por la Fundación Atabey, de la que Contreras también es presidente, el Jardín Botánico, y las ONGs Fundación Frontera, Plan Sierra, y la Cámara Forestal Dominicana.
Sin licitación
“El contrato no sólo fue cedido sin licitación, sino que se hizo violando la transparencia y las leyes de Concursos Públicos (Ley 340.06) y de Función Pública (41-08), debido a que Contreras desempeña las funciones de asesor de Asuntos Municipales del del Poder Ejecutivo y Coordinador de las Políticas de Desechos Sólidos del Ministerio de Medio Ambiente, una de las instituciones firmantes”, dijo Rodríguez.
Indicó que el acuerdo, rubricado el 8 de octubre del año 2014 por Rubén Bichara, en representación de la CDEEE; Bautista Rojas Gómez, ministro de Medio Ambiente; Ricardo Guarionex García, director del Jardín Botánico; José Rafael De Moya, de la Cámara Forestal Dominicana; Felipe de Jesús Pérez, de la Fundación Frontera, y Domingo Contreras, presidente del Consorcio.
El contrato fue propuesto al Gobierno por el Consorcio que preside Contreras y en el mismo la CDEEE se compromete a aportar RD$88 millones, mientras que Medio Ambiente erogará RD$17,043,732 millones, indicó Rodríguez.
Explica que en la propuesta inicial, el Consorcio pretendía que el componente financiero fuera de RD$143 millones, pero finalmente fue reducido a RD$113 millones.
En el acuerdo, la CDEEE consignó una cláusula que le libera junto a las distribuidoras de electricidad de cualquier litis que pueda surgir entre las partes, pero Medio Ambiente no lo hizo.
Según sus términos, los responsables deberán sembrar un millón quinientos mil plantas en 15 tareas de tierras en un plazo de cinco años.
El contrato no especifica cuál es la función del Consorcio que preside Contreras, una entidad amparada en la Ley 122-05, de organizaciones sin fines de lucro, sostuvo Rodríguez.


 http://www.7dias.com.do/portada/2015/10/13/i198412_abogado-cuestiona-contrato-otorgado-grado-grado-por-cdeee-domingo-contreras.html#.Vh1qniuYB1g

Envejecimiento saludable



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La Organización Mundial de la Salud publicó su Informe Mundial sobre el Envejecimiento y la Salud 2015. Se trata de una recopilación de trabajos de investigación, repartida en siete capítulos, que se inicia con uno titulado Agregar salud a los años. Le siguen: Envejecimiento Saludable, La salud en la vejez, Sistemas de salud, Sistemas de cuidados a largo plazo, Hacia un mundo amigable con las personas mayores, y Los próximos pasos. Es un texto de lectura obligada para todas las personas envueltas en la planificación, ejecución y seguimiento a la política sanitaria a favor de la gente que pasa de los sesenta años. La información contenida en el texto resulta también útil para quienes tengan familiares, allegados o conocidos que sean adultos mayores; igualmente es de valor para los jóvenes que aspiran algún día alcanzar la bella edad del pelo plateado. A modo de entusiasmar a potenciales lectores, haré un breve comentario acerca del segundo capítulo del libro. En la formulación de una estrategia de salud pública tendente a enfrentar la futura realidad de una población de envejecientes en crecimiento, debe tenerse en cuenta, no solamente las limitantes biológicas y psicosociales que acompañan a ese período de la vida, sino también la heterogeneidad de las mismas. No hay dos individuos que a los setenta años muestren el mismo grado de deterioro en su salud, todo va a depender de la composición de su genotipo, el entorno social y ambiental, así como del nivel cultural y estado económico en que haya vivido la persona. No es lo mismo envejecer nadando en la riqueza que ahogándose en la pobreza.
La rectora de la salud mundial escoge la plataforma de la Declaratoria Política y el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento que se resume en los siguientes postulados: “tener en cuenta la heterogeneidad de las experiencias en la vejez y asegurar la pertinencia de las estrategias para todas las personas mayores, independientemente de su estado de salud; ocuparse de las inequidades que subyacen a esta diversidad; evitar los estereotipos y preconceptos discriminatorios por motivos de edad; empoderar a las personas mayores para que se adapten a los desafíos que enfrentan y al cambio social que acompaña al envejecimiento de la población, y para que influyan en ellos; tener en cuenta los entornos en los que viven las personas mayores; tener en cuenta la salud desde la perspectiva de la trayectoria de funcionamiento de la persona mayor, en lugar de la enfermedad o la comorbilidad que presenta en un momento de su vida”. Se entiende por envejecimiento saludable el proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez. El término bienestar comprende la felicidad, la satisfacción y la plena realización. Entre los postulados tenemos el de crear las condiciones sociales para que el anciano mejore su capacidad de movimiento y pueda crear y mantener relaciones, aparte de satisfacer sus necesidades básicas. Se hace énfasis en la prevención de las enfermedades crónicas, la detección temprana y su control, amén del enfoque centrado en la persona.
Una nueva visión del envejeciente implica el reemplazo de la obsoleta idea del reposo, aislamiento y abandono, por la del movimiento, interacción e integración social de los adultos mayores.


 http://hoy.com.do/envejecimiento-saludable/

martes, 13 de octubre de 2015

Sector eléctrico demanda señales claras a negociadores cumbre climática




TORONTO.- Once de las principales compañías eléctricas del mundo, incluida la española Iberdrola, solicitaron hoy que la cumbre climática COP21, que se celebrará en París a finales de año, facilite la puesta en marcha de mecanismos que permitan aumentar las inversiones en el sector eléctrico.
La petición está contenida en un informe dado a conocer hoy y elaborado por Global Sustainable Electricity Partnership (GESP), un grupo formado por American Electric Power, Électricité de France, Eletrobras, Enel, EuroSibEnergo, Hydro-Québec, Iberdrola, Kansai, RWE, RusHydro y State Grid Corporation of China.
En una carta abierta firmada por los presidentes de las once compañías y dirigida a los negociadores que se reunirán en París del 30 de noviembre al 11 de diciembre para acordar reducciones a las emisiones de CO2, GESP señala que la electricidad es la clave para luchar contra el cambio climático.
"El mundo se enfrenta al desafío de reducir emisiones de gases con efecto invernadero para responder al cambio climático a la vez que asegurar el crecimiento económico y el desarrollo. La electricidad es el corazón de esta respuesta", dijeron los directivos de las compañías eléctricas.
La directora ejecutiva de GESP, Martine Provost, declaró a Efe que con el informe, las 11 compañías que integran el grupo -y que en conjunto emplean a 2,4 millones de personas y proporcionan electricidad a alrededor de 1.200 millones de clientes- quieren "hablar con una sola voz" a los negociadores de COP21.
"Lo que intentamos es que los negociadores estén en condiciones de guiar al mundo en la dirección correcta porque las políticas específicas de los países derivarán directamente de las decisiones que se tomen en París", explicó Provost.
La directora de GESP, que tiene su sede en Montreal (Canadá), destacó que el informe hace "cuatro recomendaciones cruciales para asegurar que seremos capaces de realizar de forma efectiva y eficiente esta transición energética".
"Estos cuatro principios deberían ser seguidos por los políticos", añadió.
Las cuatro recomendaciones son el establecimiento de políticas estables, claras y a largo plazo para el desarrollo energético; el desarrollo de un planteamiento ordenado a los sistemas de electricidad; la promoción de asociaciones público-privadas; y el desarrollo de nuevas tecnologías para reducir las emisiones.
Gonzalo Sáenz de Miera, director de prospectiva regulatoria del área de presidencia de Iberdrola, dijo a Efe que el informe "es una visión rigurosa sobre el papel que puede jugar la electricidad en relación a la solución del problema del cambio climático".
Sáenz de Miera añadió que las compañías eléctricas ven el desafío de las reducciones de emisiones como "una clara oportunidad".
"El hacer frente al cambio climático va a generar oportunidades para invertir. Y las inversiones que se van a tener que realizar en los próximos años van a venir muy de lado del sector eléctrico, que tiene las principales tecnologías para descarbonizar, para generar energía sin CO2", explicó.
Sáenz de Miera citó los análisis de la Agencia Internacional de Energía que indican que "alrededor del 60 % del total de las inversiones en energía habrá que hacerlas en el sector eléctrico y, de hecho, la energía eléctrica es la única que aumentará su demanda en los próximos años".
El directivo español añadió que en los próximos años, el aumento de la inversión se va a producir tanto en la generación de electricidad (especialmente renovables y ciclos combinados) como en redes eléctricas.
"Vamos a tener sistemas de gestión mucho más complejos. Los sistemas inteligentes de gestión de casas y ciudades todos se basan en la electricidad. Van a ser sistemas mucho más sostenibles pero también más complejos. Ahí las redes eléctricas van a jugar un papel determinante", dijo.
Para Sáenz de Miera el aumento de las inversiones necesarias para la transición energética que apunta Provost sólo será posible si la conferencia COP21 de París termina con una "clara señal".
"De París necesitamos dos cosas: unos objetivos claros de reducción de emisiones y señales políticas y regulatorias claras. Y ahí, si tuviéramos que elegir, una señal clara sería el precio del CO2", aseguró.
El director de prospectiva regulatoria de Iberdrola añadió que "otra cosa fundamental que tiene el CO2 para nosotros es que es de dónde van a salir las inversiones, porque tienen que proceder de los ingresos que recaudarán los estados con los nuevos impuestos al CO2"
 http://www.7dias.com.do/economia/2015/10/11/i198289_sector-electrico-demanda-senales-claras-negociadores-cumbre-climatica.html#.Vhu1PSuYB1g

Precisiones sobre las plantas de Punta Catalina

 Precisiones sobre las plantas de Punta Catalina
SANTO DOMINGO,R.D.- Han sido muchas las especulaciones acerca de las plantas generadoras a base de carbón que desarrolla el Estado dominicano en Punta Catalina, en Peravia. Desde su inicio en diciembre de 2013, diferentes sectores han manifestado su oposición al proyecto, en el típico estilo contemporáneo de exclamación interrogante, e interrogación reclamante; ¡Tecnología obsoleta!; ¡Lucha contra el cambio climático!; ¿A qué precio?; ¿De quién es el terreno?, el cinismo sin valor de un metal destemplado ha marcado el tono de la protesta.
 No ha valido ni el tiempo, ni la frecuencia, ni la intensidad de detalles del esfuerzo genuino que el Estado ha dedicado a dar a conocer la viabilidad financiera, técnica y comercial del mencionado proyecto.
 Se le opone una sinfonía desafinada por falta de madera y de cuerdas; con ductos sinusoidales reventados y tornillos flojos, que han obligado a la verdad a la confidencialidad del silencio, quedando solo, retumbando, el timbre de La Respuesta.
Hoy, ya culminado un proceso y superada la necesidad de confidencialidad, me veo obligado a este testimonio, que si bien es interesado, no deja de ser por eso de interés publico. Si bien es cierto que es una opinión personal, no le resta el nombre mío su valor institucional. Aún no siendo desinteresada, al menos espero que sea interesante.
Sobre descortesías:
Antes de entrar en la materia quiero aclarar, sin perder demasiado tiempo en esto, algunos conceptos emanados de fuentes inciertas referentes, principalmente, al costo del proyecto y contra la pulcritud de los procesos bajo el cual fue adjudicado:
Sin conocer detalles sobre el presupuesto de ingeniería menos que sobre su monto global de cerca de los 2,000 millones de dólares y sobre el alegato de que este fuera adjudicado tras rechazar la propuesta de una empresa china por la mitad del valor, o sea, 1,000 millones de dólares, puedo aportar que en el mundo hoy no existe un solo proyecto de generación de electricidad en base a carbón que cumpla con la normativa internacional y local que cueste (llave en mano) lejos de los 3 millones de dólares por MWh de capacidad, con lo que la cifra de 2,000 millones de dólares por una capacidad de cerca de 700 mega es aceptable y la de 1,000 millones es definitivamente insuficiente. Cabe agregar que la mencionada firma china en dos ocasiones y por escrito, ha expresado que no tiene reclamo contra el proceso de adjudicación del proyecto de Punta Catalina, con lo que ha descalificado todo reclamo interpuesto por los que en un momento fueron sus representantes locales.
Mas allá de esto, la firma Stanley, contratada por el Estado para las funciones de supervisión de ingeniería de todo el proceso, desde el inicio de la licitación hasta terminar la obra de construcción (lo que en este tipo de proyectos se denomina “owner’s engineer” o ingeniero del dueño, y en este caso los dueños son los ciudadanos dominicanos y dominicanas representados por el gobierno en la CDEEE),  es una firma de ingeniería internacional de renombre y respetable. Esta ha reconocido la validez técnica y económica del contrato de ingeniería adjudicado.
Todo lo otro que se ha ventilado de esas informaciones falsas aludiendo a malas prácticas, no merece ni la menor atención de mi parte, ya que no corresponden con la conducta responsable, transparente y formal que, en mi experiencia, siempre ha mantenido el presidente ejecutivo y el presidente del Consejo de la CDEEE, junto al equipo de profesionales subordinados a ellos, que se han empleado en el desarrollo de este proyecto.
¿Es obsoleta la tecnología de la Central Energética de Punta Catalina?
Para este análisis consideramos comparar a Punta Catalina con una generadora de similar capacidad utilizando gas natural como combustible, ya que las generadoras que consumen este gas son de las más avanzadas en cuanto a lo que tecnología se refiere.
Como combustible: Desde el punto de vista económico, una planta como la de Catalina puede generar a capacidad un kilowatt por cada 10,300 Btu de carbón. Una tonelada de carbón en el mercado colombiano y/o americano contiene alrededor de 19.5 millones de Btu, y cuesta cerca de los 65 dólares la tonelada puesta en muelle en Punta Catalina. Esto todo traduce a unos .035 (es decir 3.5 centavos) de dólar el componente de combustible para producir un KWh. Una generadora a gas natural con ciclo combinado en RD quemará promedio unos 7,000 Btu para generar un kilowatt, y el millón de Btu puesto en planta en República Dominicana (FOB RD) rondará, 1.15 veces el precio spot del gas natural (Henry Hub) que hoy esta a 2.65 dólares el mmbtu (millón de btu) más 4.5 dólares fijos FOB RD más 1 dólar de costos terminal y gasoducto (excluido costos de capital) para 5.5 de costos fijos o 8.55  dólares por mmbtu incluido el costo variable lo que pone el costo variable de combustible por kwh en .06 (o 6 centavos) de dólar.
Como inversión de capital:  La generación eléctrica a carbón tiene un costo de inversión cercano a los 2.8 millones de dólares por megavatio de capacidad, que para Catalina son unos 2,156 millones de dólares por la planta, de los cuales unos 100 millones corresponden a las instalaciones portuarias. En gas natural, una inversión para generar una capacidad de 770 megavatios hora en una central a ciclo combinado costará aproximadamente unos 700 millones de dólares más una inversión de aproximadamente unos 350 millones de dólares en terminal y gasoducto para un total invertido de 1,050 millones de dólares. A estos montos de inversión en cada tecnología, y considerando una recuperación en 15 años a una tasa de 9% para cubrir costo de financiamiento y retorno de inversión, podríamos esperar un cargo por capacidad en la central de carbón de unos .046 (o 4.6 centavos) dólares por kwh. generando 85% de su capacidad anual, y unos .023 (o 2.3 centavos ) dólares para la generadora a gas por los mismos conceptos.
Tomando estos dos factores, podríamos deducir un costo de 8.1 centavos de dólares para carbón y unos 8.3 centavos de dólares por kwh para gas natural.  Es preciso destacar que en el caso de Catalina, al ser una inversión pública, la tasa de 9% para cubrir costo financiero y retorno podría reducirse de 1 a 2% reduciendo considerablemente los 4.6 centavos de cargo por capacidad; sin embargo no se ha reducido para los fines de este ejercicio ya que, como veremos más adelante, el Estado ha escogido una metodología de inversión en la que hace considerables aportes en forma de retorno social y compensación medioambiental que más que justifican esta compensación.
 Además, al esta planta entrar en un sistema donde compite con unidades privadas y público-privadas, es correcto asumirle variables comparables, ya que, si ignorara estos factores en su fórmula de precios, el Estado estaría canibalizando la inversión privada, lo cual no ha sido la intención de esta inversión.
¿Impacta la Central Generadora Punta Catalina al Cambio Climático?
La Central de Punta Catalina produce dos sustancias residuales al generar sus 770 Mwh de energía eléctrica:
La primera es ceniza, que sus máquinas decantan y mezclan  con una cantidad de cal para producir una mezcla que será transportada a las instalaciones de la cementera Domicem, donde será a su vez  incorporada a la producción de clinker, y así de cemento, lo cual reduciría la cantidad de caliche requerido por la cementera en alrededor de un 10 por ciento.
El otro subproducto del proceso de generación es la emisión de CO2. Una de las mayores diferencias que tiene el proyecto de Punta Catalina con otras centrales de generación a base de carbón en el mundo es que esta se ha propuesto mitigar el cien por ciento de sus emisiones sembrando sobre un millón de árboles de caoba a través de un ambicioso e innovador plan nacional conocido como CaoBank .
Más allá del precio de energía y el costo de inversión, que como ya explicamos es justificable, y dentro de los parámentos razonables, e incluso tomando en cuenta el aporte a la reforestación que el proyecto haría como mitigante para reincorporar sus emisiones de CO2, que aunque no es una emisión considerada como polución, ya que en efecto es lo mismo que los humanos emitimos al exhalar, sin duda es un gas invernadero, y el aumento de concentración del mismo aporta al calentamiento global.
Un precio que se justifica
Muchos se han preguntado por qué no haber hecho en vez una inversión en generación a gas natural, que como explicamos podría generar electricidad a un costo ponderado similar. El Estado ha explicado que, al momento de decidir sobre esta inversión, la viabilidad de cerrar contratos a largo plazo de gas natural licuado le fue imposible, y de hecho así fue hasta muy recientemente.
El Presidente de la República es electo para tomar decisiones y para el bien de nuestro país el pueblo eligió a uno a quien no le falta ni la paciencia, ni la determinación, ni la capacidad para tomar grandes decisiones bien concebidas y trascendentales.  Su decisión de invertir en las plantas de Punta Catalina es una de esas decisiones, y a mi entender no solo ha sido una decisión valiente sino que, al haber escogido esa tecnología, ha dotado al país de la posibilidad de embarcarse en una de las más prometedoras industrias de vanguardia con las mayores expectativas de avances tecnológicos, la del carbón, ya no como combustible, sino la del carbón como material, o más precisamente como material nano-estructural, el cual requiere para sus miles de aplicaciones temperaturas como las que se producen en una generadora térmica.
El futuro de esta industria a nivel mundial ya comienza a revelar posibilidades verdaderamente increíbles. Solo basta con observar las propiedades del nano material grafeno (Graphene en inglés) así como las cantidades de patentes que se registran por año a partir de ese material, para entender que las cadenas de carbono presentes en los hidrocarburos pesados pronto llegarán a consumir 100%, si no más, de su capacidad calorífica en su propia reestructuración molecular para producir los más fantásticos materiales que el ser humano fabricará.
 El mundo escogió el gas natural como el próximo combustible de consumo masivo; durante los próximos 15 años las infraestructuras para almacenarlo criogénicamente y los gasoductos para transportarlo se construirán por todo el mundo y eventualmente su precio comenzará a subir. En el mismo tiempo, el mundo verá los precios de los combustibles pesados bajar en los mercados spot. Sin embargo, en la medida en que los años pasen, se verá cómo los contratos futuros se elevan al tiempo que fábricas y laboratorios comiencen a bloquear la materia prima de sus futuras producciones de súper materiales.
 El futuro y la participación de RD en esta industria dependerá de la capacidad que tenga la Central de Punta Catalina de incorporar las tecnologías adecuadas en recaptura y reciclaje de carbón para mantenerse a la altura del desarrollo de esa prometedora industria, y para ello se le ha reservado un espacio amplio a la planta para poder ir incorporando los diferentes componentes que le permitirían embarcarse en ese auspicioso camino.
 En este sentido el Estado dominicano ha hecho una inversión a un costo de capital que el sector industrial dominicano no se encontraba en capacidad de hacer, y con ello el ha abierto un nuevo espacio de desarrollo a la industrialización en la República Dominicana.
¡La tierra es dominicana!
Sobre la propiedad de los terrenos sobre los que se construye la termoeléctrica a base de carbón de Catalina ha habido especulaciones que han encontrado audiencia en los medios y las cortes dominicanas. No hay que esforzarse mucho para descubrir que la propiedad de los terrenos de esa parte de Punta Catalina pertenece al ingenio CAEI, lo cual me hace un natural interesado en el tema. La ocupación de los terrenos, como establece la ley eléctrica, se ampara en una concesión de generación eléctrica, y los derechos del propietario y los canales disponibles para ejercer estos están bien establecidos en la Constitución y en la misma ley eléctrica.
 El derechohabiente tiene la oportunidad de negociar retribuciones por las ocupaciones requeridas para el desarrollo de la generadora siempre que sea dentro de un marco amigable y proactivo, y precisamente ese ha sido el ambiente de negociación en que las partes  se desenvolvieron para proveer los espacios necesarios para esos fines.
Una instalación industrial y portuaria como la de Punta Catalina no se establece arbitrariamente: las condiciones geológicas, marítimas, climáticas, económicas y medioambientales deben de estar presentes para poder viabilizar un proyecto de esa magnitud. No es una idea reciente la de establecer un puerto y parque de industria pesada con capacidad de manejo de materiales a granel en Punta Catalina. La idea y los estudios de pre factibilidad para semejantes instalaciones se remontan a hace más de 10 años.
 Ese lugar fue escogido luego de visitar muchos espacios que el Estado evaluó (en Azua y San Cristóbal). La escogencia de Punta Catalina responde a condiciones ideales para el desarrollo portuario y al reducido impacto medioambiental que se lograría ahí versus las otras localidades. Fue porque le donamos al Estado dominicano  los estudios de prefactibilidad, cuando vimos la resistencia y obstáculos que se oponían al gobierno cuando definía la mejor localidad para la planta, que se pudo determinar que el sitio era el adecuado.
En cuanto a cual modalidad de tenencia las partes negociaron, lo que en mi opinión es uno de los contratos enfiteusis más justos y sanos que jamás se han elaborado en la historia de la industrialización. ¿Por qué se escogió esta modalidad de tenencia de derecho real? Por tres razones fundamentales, típicas del desarrollo industrial que se pretende levantar allí:
1. Compatibilidad: La central termoeléctrica se embarca dentro de un desarrollo mayor pautado para Catalina. Si la República Dominicana ha de lograr la meta que se ha pautado en su estrategia nacional de desarrollo al 2030 (END), de convertirse en el HUB logístico hemisférico, que por su localización y su conformación geológica y marítima tiene el potencial de lograr ser, necesitaría por lo menos una terminal de carga a granel post Panamax en la costa sur. El desarrollo de una planta de carbón en una terminal de esa categoría presenta una variedad de sinergias económicas. La instalación de infraestructuras de industria pesadas en el entorno de una terminal semejante presenta otra cantidad de sinergias tanto en eficiencia energética como en cumplimiento medioambiental en razón de manejo y transporte de materia prima y de residuos industriales, ya que se establece una cadena productiva que reduce tanto el movimiento como el desperdicio, aprovechando el residual material y térmico de unas industrias en otras que lo aprovecharían. En un parque establecido para el desarrollo de la industria pesada el espacio es vital y el mecanismo de tenencia temporal se aplica mejor para este tipo de espacios donde las industrias obsoletas pueden ser sustituidas a término en vez de tener que continuamente expandir el parque o abrir otros por escases de espacio.
2. Viabilidad financiera: No obstante el punto anterior, los desarrollos de este tipo, dado su enorme requerimiento de capital de inversión, requieren un derecho real sobre el suelo. La enfiteusis es un derecho real del beneficiario oponible hasta en contra del propietario, que se registra directamente sobre el título en el catastro y que permite segmentar la propiedad del inmueble del de las mejoras.
3. Costo: La propuesta económica que se acordó con el Estado tiene varias condiciones que la hacen mucho menos costosa para el Estado y totalmente transparente en el costo, además de que se apega de manera consecuente con las disposiciones de la ley general de electricidad en cuanto a la materia de compensación del derechohabiente.  El costo de la enfiteusis será la del valor tasado promedio de tres tasaciones dividido en pagos iguales cada año por 50 años (renovable automáticamente) ajustando la porción irresoluta del pago cada año a una tasa inferior al costo de fondos de la generadora, el cual quedaría aun más reducido por efecto de que es la intención de los desarrolladores del parque reconocerle al Estado participación (accionaria y por ende beneficio por esa participación) en la desarrolladora beneficiaria del canon enfitéutico por el valor invertido  en infraestructuras compartidas como vías de acceso y espacios portuarios que efectúe el Estado de acuerdo a sus necesidades. Más allá de esto, el modelo permite que el Estado registre en el contrato enfitéutico en acuerdo con el propietario las mejoras inmuebles que a la planta se le haría imposible recuperar al cabo de sus operaciones, como son los cimientos y las bases de ingeniería civil que deben ser construidas para soportar las partes mecánicas y térmicas de las instalaciones.  Es decir, el Estado está en efecto pagando  por el uso, fruto y abuso del predio a mitad de su precio actual, ya que se estima que el parque industrial podría aprovechar aproximadamente 100 millones de dólares de inversión en accesos e infraestructuras que la planta está construyendo y se estiman unos 100 millones más a invertir por los desarrolladores para adecuar el parque, por lo que el Estado podría aspirar a la mitad de la empresa desarrolladora y operadora de la zona industrial y puertos de carga suelta, lo que se traduce a que la mitad del pago que haría por el canon enfitéutico le pertenece indirectamente.  Adicionalmente el Estado percibiría la mitad de toda la rentabilidad de la desarrolladora de la zona industrial catalina.
En conclusión: El Estado ha negociado un contrato sumamente ventajoso por el predio y lo ha hecho sin violar los derechos del propietario quien, interés aparte, ha querido agregar valor en vez de contrariar y no aportar nada con ello al desarrollo nacional. ¿Por qué tan benigno contrato? O mejor, puesto en buen dominicano, ¿dónde está el gancho? Muy similar al desarrollo de una plaza comercial, un parque de esta naturaleza necesita usuarios-ancla que den el volumen crítico, la central energética de Punta Catalina es ese usuario-ancla y por ende recibe las mejores posibles condiciones.
El nuevo desarrollo industrial de Catalina, además de cumplir con los más altos estándares en manejo de materiales y operación de parques industriales y puertos de carga suelta, se encargará de complementar cada industria que se instale con las otras, a fin de que el parque opere como una unidad industrial y reduzca al mínimo cualquier desperdicio material o energético. Además, buscará invitar al parque a industrias con tecnologías avanzadas que puedan utilizar esas sinergias y los materiales tanto primarios como residuales en sus procesos productivos. Además, siguiendo el modelo de la generadora, el parque apadrinará un desarrollo forestal capaz de capturar mayor cantidad de CO2 que la que las industrias puedan emitir. La combinación proveerá para los usuarios del parque un modelo integral que le reduce al mínimo el impacto de estas sobre el medio ambiente en el manejo de materiales y en la reducción de combustible que en otras circunstancias se gastarían transportando productos y residuos hacia lugares lejanos, y además recibirán el servicio de compensar con proyectos que recapturan los gases invernaderos netos que emitiera cualquiera de estas. Es una oferta única hoy en día para la industria pesada y proveería a RD con la base tecnológica para el desarrollo de industrias con alto valor agregado como son la fabricación de semiconductores y superconductores para la industria de telecomunicaciones, así como otros materiales avanzados para la industria de construcción, aeroespacial, naval, fotovoltaica y textil. El parque está dejando un espacio amplio libre para la incorporación de tecnologías en recaptura de emisiones y reincorporación de materiales y producción de nano materiales que se vislumbran como el futuro de la conjugación de las tecnologías de reducción de emisiones y la nanotecnología a partir de procesos térmicos.
Aunque es entendible la voz de las asociaciones ambientalistas a quienes les preocupa con razón el superávit de gases invernadero  que la industrialización y los combustibles fósiles acumulan dentro de la atmosfera, paradójicamente son precisamente las tecnologías que se desarrollan para la recaptura de esas partículas, así como la producción de moléculas a partir de materiales con cadenas largas de carbón que están generando mayor promesa hacia el objetivo de una sociedad tecnológicamente capaz de sobrevivir en equilibrio y sin mayor impacto al ecosistema.
Hoy las tecnologías que se están generando a partir de la síntesis de materiales basados en carbón prometen reducir el consumo de combustibles fósiles, más que cualquier otra rama tecnológica, reduciendo la cantidad de materiales necesarios para construcción, aumentado la eficiencia térmica y energética de componentes en la industria de generación, aumentando la resistencia térmica de la electrónica, sin hablar de los a veces casi increíbles avances que se vislumbran en las industrias de la robótica, aeronáutica y biotécnica.
El parque industrial buscará con el desarrollo forestal que se propone, restaurar la cuenca hidrográfica del río Nizao, y proveer oportunidades de trabajo y de negocios para la región de alto valor agregado y potencial de desarrollo para las comunidades.

lunes, 12 de octubre de 2015

Academia de Ciencias llama a convertir millones de toneladas de algas en energía eléctrica

 
SANTO DOMINGO,R.D.- La Academia de Ciencias de la República Dominicana, llamó a los que producen energía eléctrica por biomasa aprovechar los millones de toneladas de algas sargazos en energía eléctrica y además al secarla la pueden convertir en abono.
El licenciado Milciades Mejía presidente de la academia al ser entrevistado por la periodista Johanna Parra en el programa Detalle Semanal  explicó que no se debe ver la invasión de algas marinas como un mal aterrador ya que son precisamente las algas las que aportan el 55% del oxígeno del planeta, además de que se sacan alimento para animales y algunos tipos de medicinas.
De su lado el también miembro de la Academia de Ciencias y biólogo Luis Carvajal reveló que en lo particular no todos los sectores han sido afectados negativamente por la invasión de las algas sargazo ya que los pescadores se han beneficiado positivamente incrementando sus producciones de peces.  
Otro factor positivo es la estabilidad en la arena de las playas dominicanas las cuales estaban en un significativo deterioro y las algas están equilibrando los suelos actualmente.
Los miembros de  la Academia  de Ciencias recomendaron al Ministerio de Turismo a convertir la crisis en oportunidad e invitar a los turistas a conocer el fenómeno natural que no se ve todos los días y que ocurre cada tres años especialmente en el Caribe y de la especie algas sargazo hay unos 36 mil tipos mientras que existen unas 200 mil especies de algas marinas en el fondo del mar.
“Parte de lo que debemos vender es la biodiversidad del trópico en todo su conjunto no solo una playa muerta sin sus atractivos propios del ecosistema” apuntó Carvajal.


 http://www.elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=447715

Los retos del Pacto Eléctrico

SANTO DOMINGO,R.D.- Las expectativas creadas con la firma del Pacto Eléctrico se fundamentan en décadas de frustración colectiva por la no solución del problema eléctrico. Administraciones públicas han venido y se han ido, y conociendo diagnósticos de la problemática eléctrica realizados por múltiples instituciones y consultores, locales e internacionales, no han tenido la voluntad ni la decisión para enfrentar un problema que ha requerido la transferencia de más de RD$400,000 millones de recursos públicos en los últimos 15 años para mantener operando un sistema eléctrico deficiente.
En los actuales momentos, se llevan a cabo las discusiones del dilatado Pacto Eléctrico que manda la ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo; dilatado porque la misma ley 1-12 del 26 de enero del 2012 en su artículo 35 establecía que a más tardar un año de promulgada la misma, es decir, en enero del 2013, “las fuerzas políticas, económicas y sociales arriben a un pacto para solucionar la crisis estructural del sector eléctrico, asegurando la necesaria previsibilidad en el marco regulatorio e institucional que posibilite la inversión necesaria en la energía que demanda el desarrollo nacional”.
Han pasado casi tres años de la fecha en que debió haberse firmado el pacto y aún nos encontramos en las discusiones que pretenden evitar una nueva frustración colectiva ante la incapacidad que como Nación hemos vivido para tener un servicio eléctrico constante, de calidad, a precios competitivos y sostenible en términos ambientales y financieros.
Las discusiones del Pacto Eléctrico se están llevando a cabo en seis mesas que tocan los temas del marco institucional y regulatorio, generación, transmisión, distribución, aspectos tarifarios y financieros, y consumidores.
El mayor reto que tiene el Pacto Eléctrico es sobreponerse a su propia metodología que limita a que las propuestas válidas sean aquellas que resulten del consenso absoluto, tarea muy difícil de conciliar por la diversidad de visiones, intereses y asimetría de información que se presentan entre los actores participantes.
Cabe señalar, que no necesariamente porque una propuesta sea resultado del consenso sea la adecuada para resolver el problema eléctrico. Consenso ni mayoría implica idoneidad o certeza en lo que se decide, sino más bien que es una propuesta que ha pasado el filtro de la democracia participativa y no necesariamente el filtro de la factibilidad técnica y económica.
El artículo 9 del decreto 389-14 que convoca al pacto señala que si las partes no llegan a acuerdos fruto del consenso en el tiempo establecido, “el Poder Ejecutivo podrá ejercer el derecho a someter iniciativas legislativas, arribar a acuerdos y/o dictar decretos, resoluciones, reglamentos e instrucciones en el marco del mandato constitucional”.
Por la cantidad de disensos que se presentarán en las diversas mesas del pacto, todo parece apuntar que las decisiones finales serán tomadas por el gobierno, ya sea de manera unilateral o resultado de acuerdos entre las partes.
Retos en el marco institucional y regulatorio: Las leyes de electricidad y de incentivos a las energías renovables han sido incumplidas en muchos de sus artículos, y hasta cierto punto desestimadas sin haberlas puesto a prueba en toda su extensión. Por tanto, el cumplimiento de las mismas es el principal reto que tiene el sector eléctrico. De igual manera, las instituciones deben cumplir el rol que se les ha asignado y reducir las duplicidades que terminan derrochando recursos y tiempos con resultados insuficientes.
Deben cumplirse los mandatos de ley que protegen al consumidor, pero a la vez hacerlos cumplir sus deberes; la ley debe ser garante para que los agentes del mercado encuentren incentivos que les permitan invertir y desarrollar nuevos proyectos bajo un manto de seguridad jurídica y sin la amenaza de competencia desleal. Sin cumplimiento de las leyes no puede existir orden y armonía en el sector eléctrico. Hay que llevar al sector eléctrico a la legalidad, y el Pacto Eléctrico debe ser garante de eso.
Retos en la generación: Hay que pactar la realización del plan de expansión de la generación eléctrica a mínimo costo que se imponga a las improvisaciones coyunturales y a los cambios de administraciones gubernamentales. Este plan deberá proyectar las tecnologías, capacidades, ubicación de las plantas, tipos de combustibles, en función de la demanda eléctrica y necesidades demográficas de aquí al 2030 para suministrar una electricidad a precio competitivo y sostenible ambientalmente.
Otro reto es cumplir la Ley de Electricidad en cuanto a las licitaciones de compra de energía por parte de las distribuidoras a los fines de cubrir la demanda a mediano y largo plazo. Además se deben corregir las distorsiones que se han creado con la no compensación adecuada del cargo de potencia, y otros aspectos relacionados a la regulación de frecuencia y la limitante del tope de precios en el mercado spot.
Retos con la distribución, subsidios y tarifas: En distribución deben pactarse las acciones inmediatas, así como las inversiones necesarias para reducir drásticamente las pérdidas de energía que actualmente rondan el 33% y representan para las EDE un déficit de centenas de millones de dólares.
De igual forma, mejorar los aspectos operacionales y administrativos de las empresas, y pactar la focalización del subsidio a la tarifa a aquellos consumidores que realmente lo necesitan, así como la aplicación de la tarifa técnica.
Retos en los consumidores: Las empresas deben brindar un buen servicio para poder exigirle al consumidor. De igual forma, el consumidor que cumple sus deberes de manera responsable puede exigir sus derechos. En tal sentido, el Pacto Eléctrico no tendrá sentido si el consumidor no es el centro de las discusiones, porque un consumidor satisfecho es el incentivo para posibilitar la sostenibilidad financiera, y las inversiones que necesita este sector.


 http://www.eldinero.com.do/16801/los-retos-del-pacto-electrico/

Deuda eléctrica volverá si distribuidoras de electricidad no mejoran la gestión

 

Esteban Delgado


En los últimos dos años, las empresas distribuidoras de electricidad Edenorte, Edesur y EdeEste han incrementado sus gastos operativos en un 14.5% y su nómina de empleados ha subido en 15.1%, mientras que sus pérdidas apenas bajaron 5.5%. Desde los primeros siete meses de 2013 a igual período de este año, las tres distribuidoras apenas han subido un punto porcentual a sus niveles de cobranza sobre lo facturado, con el agravante de que solamente facturan el 67.2% de la energía que compran y colocan en redes, con una pérdida irrecuperable de 32.8% de facturación.
Hace dos años las EDEs facturaban el 66% saldo-deuda-generadoresde la energía comprada, por lo que en dos años apenas avanzaron en 1.2 puntos de “eficiencia”.
Los precarios resultados que muestran las distribuidoras en eficiencia se registran a pesar de que en los primeros siete meses de este año están comprando la energía a un precio que es 23.4% menor que en igual período de 2013, debido a la reducción del precio del petróleo y su derivado el fuel oil de generación.
El Informe de Desempeño de las Empresas Distribuidoras de Electricidad a julio 2015, publicado por la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), indica que de los primeros siete meses de 2013 a igual período de este año las cobranzas de las EDEs sobre lo facturado pasaron de 96.4% a 97.1%, menos de un punto en “efectividad”.
Con esos pobres resultados, las pérdidas generales de las tres distribuidoras promedian a la fecha un preucupante 32.1%.
Acuerdo de pago y subsidio
La CDEEE promovió un acuerdo de pago con los generadores privados que implica el saldo de US$778.2 millones (90% de la deuda a septiembre de 2015) en un período de cinco años (59 meses), con una tasa de interés anual de 10% sobre el saldo insoluto.
Para garantizar el pago, las EDEs están obligadas a depositar en una cuenta en plica en el Banco de Reservas el 80% de sus ingresos corrientes para que los acreedores se descuenten un promedio de US$20 millones mensuales y luego el resto puede ser usado para cumplir sus compromisos cotidianos.
Actualmente, las EDEs tienen un flujo mensual promedio de US$123.3 millones, mientras que la factura que cada mes les pasan los generadores por venta de energía promedia los US$136.7 millones, para un déficit de US$13.4 millones mensuales al que se suman US$28.8 millones mensuales de gastos operativos y ahora otros US$20 millones mensuales para el pago de la deuda reconocida y reestructurada. Eso arroja un déficit mensual de US$62.2 millones, sin contar los gastos en inversiones y egresos financieros adicionales que tienen esas empresas.
En lo que va de este año, el Gobierno debió entregarle al sector eléctrico un subsidio mensual de US$78.3 millones, pero como los precios del petróleo y los gastos de generación han bajado, desde el Palacio se ha dispuesto una reducción del subsidio que ahora es de US$52 millones mensuales, según confirmó el vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, Rubén Jiménez Bichara.
Lo anterior indica que en la actualidad, con una reducción coyuntural de los costos de generación en un 23.4%, y extrayendo los gastos de inversión y compromisos financieros corrientes, las EDEs, aun recibiendo el subsidio del Gobierno, operan con un déficit de al menos US$10 millones mensuales, que podría subir si varía el precio del petróleo.
Entonces, si no mejoran su eficiencia, es casi seguro que las EDEs volverán a acumular una deuda con los generadores.
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Para el 2016 la partida subsidiaria asignada seguirá en US$52 millones mensuales.
Edesur es la de menos avance
En el proceso de reducción de pérdidas, la distribuidora que muestra mejores resultados es Edenorte, que bajó de 35.9% en enero-julio de 2013 a 31.9% en igual período de este año (4 puntos de mejoría).
En tanto que EdeEste pasó de 36.9% a 35.6% (1.3 puntos), y Edesur se queda como la que menos avances muestra, ya que pasó de 29.7% a 29.1% en el período (apenas 0.6 puntos).
El triste desempeño de Edesur se registra a pesar de que tiene la mejor cartera de clientes y en dos años aumentó su nómina de empleados en un 26.8% y sus gastos operativos se han incrementado en un 19.1% en el período.

domingo, 11 de octubre de 2015

La renegociación de la deuda con los generadores

SANTO DOMINGO,R.D.- La Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) renegoció US$778.3 millones de la deuda con los generadores, ascendente a US$864.4 millones, equivalentes al 90%. Sin duda es una noticia positiva, pues quita presión a un sector que necesita liquidez.
Se puede decir que Rubén Jiménez Bichara se anotó varios puntos a su favor, si se analiza lo que venía sucediendo en torno a los compromisos financieros del Estado con las empresas que generan electricidad.
Uno de los puntos más convenientes es que la renegociación dará al Estado un saldo neto positivo que le permitirá un ahorro aproximado de US$151 millones durante los próximos 59 meses, pagando una tasa de interés de 10% anual sobre el saldo insoluto. Además, se agrega como elemento a favor, que las cuotas irán bajando en la medida en que se reduzca el monto del capital.
El hecho de que los generadores de electricidad puedan “hacer líquido en el presente el flujo de esas facturas” agrega otro valor. La forma transparente en que se manejó el proceso también puso en perspectiva la situación particular de las distribuidoras.
Por el monto negociado se sabe cuál empresa distribuidora está en peor posición. La CDEEE, en la rendición del informe, señaló que US$278.1 millones corresponden a Edesur; US$288.9 millones de Edenorte y US$211.1 de Edeeste. Sin duda que esta situación financiera debe constituir una vergüenza para quienes están al frente de estas compañías, cuyo déficit es uno de los principales focos de preocupación para las finanzas públicas.
Los ejecutivos que presidente las tres EDES tienen de frente ahora un reto vital: revertir este maleficio del que no han podido salir, independientemente de si baja o no el precio de la energía que compran a los generadores. El problema fundamental está en la mala gerencia que se hace y la irresponsabilidad de quienes deben tomar el “toro por los cuernos” para sacar de raíz el cáncer que durante décadas afecta el sistema eléctrico.
A nadie se le puede desear que esté en los zapatos de Jiménez Bichara, partiendo de la difícil situación financiera en que están las distribuidoras. Aunque el funcionario ha dicho que la CDEEE no es garante de la operación, todo el mundo sabe que los cañones financieros apuntan hacia el holding, que a final de cuentas deberá liderar cualquier situación que se presente.
Si bien hay que felicitar el proceso de renegociación de la deuda con los generadores, porque quita presión inmediata, también es de orden decir que el reto es mucho más grande que lo resultados de haber negociado en excelentes condiciones la deuda.
Los gerentes de las EDES tendrán que demostrar ahora que su capacidad es suficiente para reducir los niveles de pérdida, aumentando los cobros e incluyendo más clientes formales. Si no cumplen la función para la que fueron designados, sea quien sea, deberían actuar con humildad y poner sus cargos a disposición del Presidente de la República.



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¿Tarifa o estafa?en R.D.


SANTO DOMINGO,R.D.- Algunos economistas al servicio del Gobierno quieren confundir a la población con piruetas aritméticas sobre una tarifa eléctrica que permanece congelada en las alturas a pesar de la drástica reducción de los precios del petróleo.
En realidad, el impacto de los precios de los combustibles en la tarifa eléctrica no es tan difícil de explicar.
Por ejemplo, el precio final de la electricidad refleja la suma de los costos siguientes: costo de generación, peaje de transmisión, costos de distribución y los aportes que según la ley 125-01 deben hacer las empresas del sector a la Comisión Nacional de Energía, a la Superintendencia de Electricidad y al Organismo Coordinador (OC).
Además, también se incluyen los costos por compensación a algunas plantas generadoras que realizan servicios de regulación de frecuencia y otros denominados auxiliares y que son imprescindibles para mantener la estabilidad de todo el sistema.
De todos esos costos, el principal es el de generación de la energía.
Veamos el caso de EDENORTE. Para abastecerse de la electricidad que le demandan sus abonados, en junio pasado, EDENORTE hizo una compra total de energía, potencia, transmisión, compensaciones y servicios auxiliares, por un monto de 2,256.2 millones de pesos, de los cuales 1820.9 millones (88%) correspondieron al rubro de energía.
Sabemos, de acuerdo a las fórmulas de cálculos de precios en contratos y en el Spot, que el costo de la energía en las plantas térmicas predominantes en el país queda determinado en un 65 o 70% por los precios internacionales de los combustibles.
Por esa razón, debido a la caída del precio del petróleo y sus derivados, el precio medio de compra de energía de EDENORTE en el periodo enero-junio del 2014 fue de 18.39 centavos de dólar y en el mismo periodo del 2015 se redujo a 13.38 centavos, 25% menos. En ese mismo porcentaje debió bajar la factura que paga cada consumidor; es decir, la familia que paga 4 mil pesos mensuales debería pagar solo 3mil pesos.
Esa es una estafa; una manera de subir ilegalmente la tarifa eléctrica ¡Un abuso de poder!


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