viernes, 11 de octubre de 2019

Crecimiento vehicular es 9 veces mayor que el poblacional


SANTO DOMINGO, R.D.-  El crecimiento vehicular dominicano registra una aceleración nueve veces mayor que el crecimiento poblacional y hasta el 31 de diciembre de 2018 existían 4.3 millones de vehículos de motor, un quinto más (20%) que en 2015, aseguró la directora ejecutiva del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Claudia Franchesca De los Santos.
“Entre 2004 y 2018 se ha registrado un aumento de la motorización nueve veces mayor al crecimiento poblacional”, dijo textualmente, según sendas notas de prensa del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y también del (INTRANT), que informaron sobre lo abordado en la última edición del programa Diálogo INTEC para la Acción (DIA).
De los exactamente 4,350,884 vehículos existentes hasta el año pasado, el 55 % (alrededor de 2.4 millones) eran motocicletas, precisó la funcionaria.
Expresó que entre los años 2004 y 2018 la población del país aumentó en un 16%, mientras que el parque vehicular se incrementó en un 149%, «verificándose un aumento de la motorización nueve veces mayor al crecimiento poblacional», repitió.
También habló de la antigüedad del parque vehicular y reveló que al año 2018 el 46% correspondía a vehículos fabricados en el año 2000 o antes.
Sobre los accidentes de tránsito, remarcó que se han convertido en la principal causa de muertes violentas en el país en los últimos años, «problema serio en la República Dominicana».
En el 2017 unas 2,804 personas perdieron la vida y 97,821 resultaron lesionadas, según el Observatorio Permanente de Seguridad Vial (OPSEVI).
«La situación es más grave aún si consideramos que el 42% de esas muertes fueron jóvenes entre 15 y 29 años”, advirtió la funcionaria, ingeniera de profesión.
Entre otros datos, reveló que un estudio sobre las formas de desplazamiento del Gran Santo Domingo, efectuado por su instancia y «de la mano» de  la Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD), determinó que «se realizan más de 3 millones viajes al día, donde el transporte privado representa el 42% de los desplazamientos, el uso del carro particular un 32%, el motor 5%, el motoconcho 3% , el Taxi-Uber 2% y menos del 1% se realiza en bicicleta».
Para la transformación de la problemática del transporte urbano en el Gran Santo Domingo es necesario, subrayó, comenzar por “la instalación de un verdadero régimen de consecuencias”. La titular del INTRANT aludió con ello a la falta de castigos y sanciones para quienes incumplen las normas de tránsito.
El exceso de vehículos y también de la impunidad, revelan, entre otras cosas, que “tenemos todavía un largo recorrido, porque son muchas las malas prácticas… hace falta un verdadero régimen de consecuencias para que se produzca el cumplimiento de un sector que desgraciadamente durante demasiado tiempo se ha instaurado en la anarquía”, enfatizó De los Santos.
La funcionaria señaló esos factores como los principales, un diagnóstico que, sostuvo, da “una dimensión real del problema, aportando luego las decisiones y medidas tomadas para enfrentarlo”.
En ese sentido, Erick Dorrejo, arquitecto urbanista, dijo que la planificación del transporte no ha ido acorde con el crecimiento de la población,
“La movilidad masiva de pasajeros será efectiva si es sustentada en la creación de un sistema institucional de participación público privado, que pueda potenciar la integración administrativa, integración tarifaria, de modos y servicios, integración urbana, y de políticas gubernamentales”, dijo.
Como propuesta, expuso la conexión de redes “Network Connection” en términos circulares para el transporte urbano, la cual permitiría una mayor eficiencia.
“Sin tocar las rutas actuales que están en poder de los órganos estatales y sindicales, se debe conectar lo que ya existe para dar una nueva alternativa a los ciudadanos”.

jueves, 10 de octubre de 2019

Inventando con Catalina y la Capitalizacion de la CDE

SANTO DOMINGO,R.D.- Este año se cumplen dos décadas de la capitalización o privatización de la CDE, ejecutada por el Gobierno de Leonel Fernández en 1999. Esa privatización se hizo en medio de amplias críticas públicas, de políticos y de especialistas independientes, criticas que no fueron escuchadas o les respondían con ataques y descalificaciones.
Sin embargo, el resultado de aquel experimento, que se dijo traería el fin de los apagones y la politiquería en el sector, no podía ser peor.
Luego, en el 2013, durante la licitación que dio origen al contrato de Punta Catalina, hubo otro enconado y largo debate que incluyo criticas técnicamente fundamentadas y apegadas al interés nacional, sin embargo la respuesta de las autoridades y asesores fue la descalificación personal y profesional de los críticos.
No obstante, más allá de la arrogancia ha quedado el siguiente panorama: retraso por dos años de la entrega de las plantas, subida de los costos a niveles no pensados y el sometimiento de la CDEEE a una corte de arbitraje internacional por la friolera de 708 millones de dólares que esperamos termine con una sentencia a favor del país.
A ese record habría que añadirle la admisión pública de que Odebrecht pagó 39 millones de dólares para sobornos relacionados con el contrato de Punta Catalina. Es decir, aquellas críticas no estaban descaminadas.
Ahora el debate es sobre la pertinencia y el precio de la venta de Punta Catalina. Igual que antes han surgido los análisis críticos y también los descalificadores presumidos.
¿Cuál será el resultado? No lo sabemos todavía.
Punta Catalina no fue concebida y construida para venderla. Construir plantas eléctricas para luego venderlas a privados, no es negocio de ningún gobierno y ni siquiera de empresas privadas.
Ni el administrador de la CDEEE ni el de Punta Catalina le han informado a la sociedad cuánto se ha invertido en la termoeléctrica que ahora quieren vender.
Venta que según su administrador se haría por un método que le garantiza al inversionista privado la recuperación de su inversión y luego un mínimo de 20 años más, extras, produciendo y vendiéndonos energía.

Este año se cumplen dos décadas de la capitalización o privatización de la CDE, ejecutada por el Gobierno de Leonel Fernández en 1999. Esa privatización se hizo en medio de amplias críticas públicas, de políticos y de especialistas independientes, criticas que no fueron escuchadas o les respondían con ataques y descalificaciones.
Sin embargo, el resultado de aquel experimento, que se dijo traería el fin de los apagones y la politiquería en el sector, no podía ser peor.
Luego, en el 2013, durante la licitación que dio origen al contrato de Punta Catalina, hubo otro enconado y largo debate que incluyo criticas técnicamente fundamentadas y apegadas al interés nacional, sin embargo la respuesta de las autoridades y asesores fue la descalificación personal y profesional de los críticos.
No obstante, más allá de la arrogancia ha quedado el siguiente panorama: retraso por dos años de la entrega de las plantas, subida de los costos a niveles no pensados y el sometimiento de la CDEEE a una corte de arbitraje internacional por la friolera de 708 millones de dólares que esperamos termine con una sentencia a favor del país.
A ese record habría que añadirle la admisión pública de que Odebrecht pagó 39 millones de dólares para sobornos relacionados con el contrato de Punta Catalina. Es decir, aquellas críticas no estaban descaminadas.
Ahora el debate es sobre la pertinencia y el precio de la venta de Punta Catalina. Igual que antes han surgido los análisis críticos y también los descalificadores presumidos.
¿Cuál será el resultado? No lo sabemos todavía.
Punta Catalina no fue concebida y construida para venderla. Construir plantas eléctricas para luego venderlas a privados, no es negocio de ningún gobierno y ni siquiera de empresas privadas.
Ni el administrador de la CDEEE ni el de Punta Catalina le han informado a la sociedad cuánto se ha invertido en la termoeléctrica que ahora quieren vender.
Venta que según su administrador se haría por un método que le garantiza al inversionista privado la recuperación de su inversión y luego un mínimo de 20 años más, extras, produciendo y vendiéndonos energía.
Este año se cumplen dos décadas de la capitalización o privatización de la CDE, ejecutada por el Gobierno de Leonel Fernández en 1999. Esa privatización se hizo en medio de amplias críticas públicas, de políticos y de especialistas independientes, criticas que no fueron escuchadas o les respondían con ataques y descalificaciones.
Sin embargo, el resultado de aquel experimento, que se dijo traería el fin de los apagones y la politiquería en el sector, no podía ser peor.
Luego, en el 2013, durante la licitación que dio origen al contrato de Punta Catalina, hubo otro enconado y largo debate que incluyo criticas técnicamente fundamentadas y apegadas al interés nacional, sin embargo la respuesta de las autoridades y asesores fue la descalificación personal y profesional de los críticos.
No obstante, más allá de la arrogancia ha quedado el siguiente panorama: retraso por dos años de la entrega de las plantas, subida de los costos a niveles no pensados y el sometimiento de la CDEEE a una corte de arbitraje internacional por la friolera de 708 millones de dólares que esperamos termine con una sentencia a favor del país.
A ese record habría que añadirle la admisión pública de que Odebrecht pagó 39 millones de dólares para sobornos relacionados con el contrato de Punta Catalina. Es decir, aquellas críticas no estaban descaminadas.
Ahora el debate es sobre la pertinencia y el precio de la venta de Punta Catalina. Igual que antes han surgido los análisis críticos y también los descalificadores presumidos.
¿Cuál será el resultado? No lo sabemos todavía.
Punta Catalina no fue concebida y construida para venderla. Construir plantas eléctricas para luego venderlas a privados, no es negocio de ningún gobierno y ni siquiera de empresas privadas.
Ni el administrador de la CDEEE ni el de Punta Catalina le han informado a la sociedad cuánto se ha invertido en la termoeléctrica que ahora quieren vender.
Venta que según su administrador se haría por un método que le garantiza al inversionista privado la recuperación de su inversión y luego un mínimo de 20 años más, extras, produciendo y vendiéndonos energía.

Por:
Antonio Almonte aalmonte@hotmail.com