SANTO DOMINGO,R.D.- Este año se cumplen dos décadas de la capitalización o privatización de la CDE, ejecutada por el Gobierno de Leonel Fernández en 1999. Esa privatización se hizo en medio de amplias críticas públicas, de políticos y de especialistas independientes, criticas que no fueron escuchadas o les respondían con ataques y descalificaciones.
Sin embargo, el resultado de aquel experimento, que se dijo traería el fin de los apagones y la politiquería en el sector, no podía ser peor.
Luego, en el 2013, durante la licitación que dio origen al contrato de Punta Catalina, hubo otro enconado y largo debate que incluyo criticas técnicamente fundamentadas y apegadas al interés nacional, sin embargo la respuesta de las autoridades y asesores fue la descalificación personal y profesional de los críticos.
No obstante, más allá de la arrogancia ha quedado el siguiente panorama: retraso por dos años de la entrega de las plantas, subida de los costos a niveles no pensados y el sometimiento de la CDEEE a una corte de arbitraje internacional por la friolera de 708 millones de dólares que esperamos termine con una sentencia a favor del país.
A ese record habría que añadirle la admisión pública de que Odebrecht pagó 39 millones de dólares para sobornos relacionados con el contrato de Punta Catalina. Es decir, aquellas críticas no estaban descaminadas.
Ahora el debate es sobre la pertinencia y el precio de la venta de Punta Catalina. Igual que antes han surgido los análisis críticos y también los descalificadores presumidos.
¿Cuál será el resultado? No lo sabemos todavía.
Punta Catalina no fue concebida y construida para venderla. Construir plantas eléctricas para luego venderlas a privados, no es negocio de ningún gobierno y ni siquiera de empresas privadas.
Ni el administrador de la CDEEE ni el de Punta Catalina le han informado a la sociedad cuánto se ha invertido en la termoeléctrica que ahora quieren vender.
Venta que según su administrador se haría por un método que le garantiza al inversionista privado la recuperación de su inversión y luego un mínimo de 20 años más, extras, produciendo y vendiéndonos energía.
Este año se cumplen dos décadas de la capitalización o privatización de la CDE, ejecutada por el Gobierno de Leonel Fernández en 1999. Esa privatización se hizo en medio de amplias críticas públicas, de políticos y de especialistas independientes, criticas que no fueron escuchadas o les respondían con ataques y descalificaciones.
Sin embargo, el resultado de aquel experimento, que se dijo traería el fin de los apagones y la politiquería en el sector, no podía ser peor.
Luego, en el 2013, durante la licitación que dio origen al contrato de Punta Catalina, hubo otro enconado y largo debate que incluyo criticas técnicamente fundamentadas y apegadas al interés nacional, sin embargo la respuesta de las autoridades y asesores fue la descalificación personal y profesional de los críticos.
No obstante, más allá de la arrogancia ha quedado el siguiente panorama: retraso por dos años de la entrega de las plantas, subida de los costos a niveles no pensados y el sometimiento de la CDEEE a una corte de arbitraje internacional por la friolera de 708 millones de dólares que esperamos termine con una sentencia a favor del país.
A ese record habría que añadirle la admisión pública de que Odebrecht pagó 39 millones de dólares para sobornos relacionados con el contrato de Punta Catalina. Es decir, aquellas críticas no estaban descaminadas.
Ahora el debate es sobre la pertinencia y el precio de la venta de Punta Catalina. Igual que antes han surgido los análisis críticos y también los descalificadores presumidos.
¿Cuál será el resultado? No lo sabemos todavía.
Punta Catalina no fue concebida y construida para venderla. Construir plantas eléctricas para luego venderlas a privados, no es negocio de ningún gobierno y ni siquiera de empresas privadas.
Ni el administrador de la CDEEE ni el de Punta Catalina le han informado a la sociedad cuánto se ha invertido en la termoeléctrica que ahora quieren vender.
Venta que según su administrador se haría por un método que le garantiza al inversionista privado la recuperación de su inversión y luego un mínimo de 20 años más, extras, produciendo y vendiéndonos energía.
Este año se cumplen dos décadas de la capitalización o privatización de la CDE, ejecutada por el Gobierno de Leonel Fernández en 1999. Esa privatización se hizo en medio de amplias críticas públicas, de políticos y de especialistas independientes, criticas que no fueron escuchadas o les respondían con ataques y descalificaciones.
Sin embargo, el resultado de aquel experimento, que se dijo traería el fin de los apagones y la politiquería en el sector, no podía ser peor.
Luego, en el 2013, durante la licitación que dio origen al contrato de Punta Catalina, hubo otro enconado y largo debate que incluyo criticas técnicamente fundamentadas y apegadas al interés nacional, sin embargo la respuesta de las autoridades y asesores fue la descalificación personal y profesional de los críticos.
No obstante, más allá de la arrogancia ha quedado el siguiente panorama: retraso por dos años de la entrega de las plantas, subida de los costos a niveles no pensados y el sometimiento de la CDEEE a una corte de arbitraje internacional por la friolera de 708 millones de dólares que esperamos termine con una sentencia a favor del país.
A ese record habría que añadirle la admisión pública de que Odebrecht pagó 39 millones de dólares para sobornos relacionados con el contrato de Punta Catalina. Es decir, aquellas críticas no estaban descaminadas.
Ahora el debate es sobre la pertinencia y el precio de la venta de Punta Catalina. Igual que antes han surgido los análisis críticos y también los descalificadores presumidos.
¿Cuál será el resultado? No lo sabemos todavía.
Punta Catalina no fue concebida y construida para venderla. Construir plantas eléctricas para luego venderlas a privados, no es negocio de ningún gobierno y ni siquiera de empresas privadas.
Ni el administrador de la CDEEE ni el de Punta Catalina le han informado a la sociedad cuánto se ha invertido en la termoeléctrica que ahora quieren vender.
Venta que según su administrador se haría por un método que le garantiza al inversionista privado la recuperación de su inversión y luego un mínimo de 20 años más, extras, produciendo y vendiéndonos energía.
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