SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El ingeniero Ramón Alburquerque consideró preocupante la tendencia de “segregación” seguida en el mercado local de combustibles, mediante la apertura de un creciente número de estaciones de expendio según el tipo de hidrocarburo, lo que en su opinión hace que proliferen innecesariamente estos establecimientos.
El experto y ex presidente del Senado criticó “la tendencia seguida en el país de segregar los mercados” de combustibles. “Por un lado se otorgan permisos para la instalación de “estaciones o bombas de gasolina, gasoil y kerosene; por otro lado, se autorizan estaciones o plantas de GLP, y últimamente se conceden permisos a estaciones de GNV”.
Indicó que esta “especialización o segregación está provocando que en todas partes de la geografía del pequeño país haya almacenes o tanques de combustibles que, aun cumpliendo con las normas técnicas y de seguridad, no dejan de representar amenazas contra la salud y la seguridad de las familias y propiedades, como también a la sostenibilidad ambiental”.
De acuerdo con Alburquerque, ex presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa), la tendencia mundial consiste vender todos los combustibles en las mismas estaciones, modelo que simplifica el negocio, “haciendo innecesario el alto número de estaciones diseminadas a lo largo y ancho” del territorio nacional.
Exenciones al margen de la ley“¿Cómo es posible que haya plantas de GLP, de GNV y las tradicionales bombas de gasolina y gasoil, prácticamente cada cinco esquinas, o cada diez kms?, se preguntó Alburquerque, al tiempo que llamó a las autoridades a diseñar estrategias para resolver la situación.
Agregó que en el país se viola constantemente el mecanismo estipulado en la Ley 112-00 para tarifar semanalmente los precios de los hidrocarburos, al tiempo que en abundan las “concesiones a particulares, algunas producto de actos dolosos al margen” de la legalidad.
“Éstas van desde exenciones de impuestos a grandes corporaciones pasando por asignaciones o permisos de facto a personeros vinculados al Gobierno, que introducen grandes cantidades de hidrocarburos libremente o con tasas impositivas aplicadas ilegalmente”, sostuvo.
Por otro lado, cuestionó que se tolere “que ciertas empresas, vendan al mercado parte de sus cuotas exoneradas, como si fueran agentes autorizados”.
El dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) aseguró que el Estado recauda anualmente cerca de 45 mil millones de pesos por concepto de la comercialización de combustibles, cantidad que mediante “el saneamiento del sector y la eliminación de exenciones” podrían aumentar en otros 20 mil millones de pesos.
“El negocio de los combustibles se acerca anualmente a los 450 mil millones de pesos dominicanos, o sea, aproximadamente 10 mil millones de dólares estadounidenses”, apuntó Alburquerque al disertar sobre el tema, en el marco del Primer Congreso Internacional de Ingenierías, Arquitectura y Agrimensura (Codia).
A la altitud a la que vuelan los aviones comerciales, la presión del aire no permite que los seres humanos respiren independientemente.
Para superar este problema, se extrae aire comprimido de los motores y, una vez enfriado, se hace circular a la cabina. A esto se le llama “sangrar aire” de los motores.
Esto no supone un riesgo para la salud en sí mismo. Pero algunos activistas creen que fallas potenciales en los sellos de los motores pueden conducir a que gases producidos por la combustión de aceite, así como fluidos hidráulicos y químicos dañinos llamados organofosfatos -utilizados para lubricar las partes de metal del motor-contaminen el aire.
Sostienen que esto puede tener consecuencias negativas para la salud, tanto por los “incidentes de gas” -situaciones puntuales en las que gases de aceite del motor entran a la cabina- como por la exposición frecuente -de bajo nivel, pero de largo plazo- de los viajeros frecuentes. La única excepción sería el nuevo Boeing 787 que usa tecnología “libre de sangrado”.
Los activistas llaman a estos efectos “síndrome aerotóxico“, pero las aerolíneas británicas y la CAA sostienen que no hay evidencia científica que muestre que la condición existe.
¿Con qué frecuencia ocurren los eventos de gas?
El profesor Alan Boobis, director de la Unidad de Toxicología del organismo de salud pública de Inglaterra (Public Health England), que funciona en la universidad Imperial College de Londres, estima que los incidentes de gas ocurren en “uno de cada 2.000 vuelos (británicos)”. En consecuencia, dicen, ningún estudio ha podido registrarlos.
El aire que entra a la cabina viene del motor. Al proceso se lo llama “sangrar el motor” del avión.
Boobis añade que la información disponible indica que durante potenciales incidentes de gas, los niveles de contaminación del aire “son bajos, y probablemente por debajo de los niveles que afectarían la salud en seres humanos”.
Según informes de seguridad entregados a la CAA, entre abril de 2014 y mayo de 2015 hubo 251 incidentes de gas o humo en cabinas de aviones.
Estos números sólo incluyen aerolíneas de Reino Unido. Los sucesos reportados por otras aerolíneas no figuran, aún si ocurrieron dentro del espacio aéreo británico.
En la medida de lo posible, la BBC eliminó los casos en los claramente hubo una falla debido a equipo defectuoso, como los baños o los sistemas de aire acondicionado.
La doctora Jenny Goodman, del Biolab Medical Unit, que ha tratado a muchos miembros de tripulación, dice haber escuchado historias de “viejos apestosos”: aviones en los que la cabina se llena de gases cada vez que se enciende el motor.
Goodman explica que aunque el humo se ha evaporado para cuando los pasajeros suben a bordo, los miembros de la tripulación quedan expuestos a la contaminación.
¿Se incrementa el riesgo para la salud con la cantidad de tiempo que se pasa volando?
Las autoridades creen que se requiere de más investigación antes de poder hablar de la existencia de un “síndrome aerotóxico”.
Goodman cree que el riesgo de sufrir complicaciones de salud es particularmente grande para empleados de las aerolíneas y viajeros frecuentes.
“Si vuelas regularmente, o viajas por trabajo, vas a exponerte a fugas de bajo nivel constantes, de las que puedes o no estar consciente”, explica.
Aquellos que toman vuelos de larga distancia son más susceptibles, si lo hacen en forma regular. “Estás atrapado ahí por horas y horas. Estás respirando niveles mucho más concentrados de esas sustancias, y en mucha más cantidad”, añade.
El abogado especializado en aviación Frank Cannon cree que los pilotos y la tripulación de cabina enfrentan el mayor riesgo, y que como resultado de su exposición al aire contaminado podrían quedar inhabilitados para volar.
Cannon cree que en algunos casos los pilotos están dispuestos a ocultar disfunciones cognitivas o déficits de memoria causados por la baja calidad del aire por miedo a perder sus trabajos, lo que pone a otros en riesgo.
En otros casos, dice, los pilotos pueden no estar conscientes de los síntomas, lo que significa que igualmente siguen volando cuando no están en condiciones de hacerlo.
El profesor Boobis dice que la posibilidad de que haya efectos a largo plazo por la exposición repetida a incidentes de gas es un área que necesita más investigación.
¿Cuáles son los síntomas?
Goodman dice que el síntoma aerotóxico afecta el sistema nervioso central y el cerebro en particular.
Mientras que variaciones genéticas hacen que no todos experimenten los mismos síntomas, la naturaleza de los químicos presentes en el aire contaminado pueden “disolver nuestras membranas celulares, penetrar nuestras células y, en consecuencia, entrar a todos los sistemas del cuerpo”, asegura.
Según activistas, hay pilotos que están dispuestos a no reportar problemas cognitivos derivados de su exposición a los gases tóxicos por miedo a perder sus trabajos.
La variedad de síntomas incluirían migraña, fatiga, dificultad para pensar, dolores en las articulaciones y músculos, problemas para respirar, problemas digestivos y hasta un incremento en el riesgo de cáncer de mama para las mujeres.
Añade que muchos doctores no identifican la relación con volar en aviones y prescriben antidepresivos de forma equivocada.
Pero el profesor Boobis piensa que los niveles de químicos en la cabina después de una filtración son “similares a los que pueden ocurrir en la casa o lugar normal de trabajo” y no representan un riesgo serio para la salud.
Boobis afirma que los síntomas que describe Goodman podrían ser el resultado de un “efecto nocebo“, en el cual un individuo cree falsamente que se ha visto afectado por un químico despúes de oler algo en la cabina, probablemente combustible.
El especialista cree que esto puede llevar a “problemas serios de salud” por sí mismo y no debe ser ignorado. Pero, agrega, no debe se malinterpretado como un síndrome aerotóxico.
¿Qué puede hacerse en el futuro?
Goodman y Cannon dicen que la industria debe asegurarse de que haya filtros en los motores de avión.
Los viajeros frecuentes de larga distancia tendrían un nivel de riesgo más alto, así como quienes trabajan a bordo de los aviones.
Canon apunta que hay “dos o tres compañías diferentes” que los hacen, incluida una fábrica que asegura puede evitar la contaminación en un 99,9%.
Ambos creen que la razón principal por la que la industria está renuente a introducir los filtros es que, al hacerlo, eso sería visto como una “admisión tácita” de que el síndrome aerotóxico existe.
Un informe del Comité de Toxicidad de diciembre de 2014, comisionado por el departamento de Transporte y encabezado por el profesor Boobis, concluyó que hay un “imperativo de minimizar el riesgo de incidentes de gases que den lugar a los síntomas”, sea que se expliquen por toxicidad o por un efecto nocebo.
Por su parte, la CAA dijo en una declaración que “no hay evidencia positiva de una relación entre la exposición a contaminantes en la cabina y efectos de salud de largo plazo, aunque tal relación no puede descartarse“.
En múltiples ocasiones hemos escuchado el reclamo de los Directivos de la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina (Anadegas) denunciando que, en el país los combustibles pagan impuestos en base a una calidad que no tienen, afectando a los sectores productivos, al medio ambiente y provocando daños a las maquinarias, equipos y medios de transporte.
Por ejemplo, se ha señalado que el gasoil que se comercializa en el país, Premium o Regular, contiene niveles de azufre superiores a los exigidos por la Ley 112-00 (0.3%, incluso más del 0.5%), lo que significa que están vendiendo un combustible con una calidad por debajo de la requerida; mientras que en mercados como los Estados Unidos y Europa lo máximo que se permite es que el gasoil contenga 0.04% partes de azufre por millón y, en la República Dominicana, es 0.5% y más; esta situación está causando que los importadores de vehículos están entrando al país jeepetas de gasolina y no de gasoil, debido a que los fabricantes deben ofrecer una garantía por daños que se está venciendo muy rápido. Esto ha llegado al extremo de que algunas marcas han prohibido la exportación de sus vehículos de gasoil al mercado nacional porque la máquina de esos vehículos no soporta la mala calidad de ese combustible que se despacha en el país.
También se ha dicho que en el caso del gas licuado de petróleo (GLP) la mezcla debe ser 70% propano y 30% butano. Pero que la realidad de la República Dominicana es 85% propano y 15% butano, lo que significa un mal rendimiento de ese carburante.
Otro factor irregular que incide en el mercado de hidrocarburos es que, aproximadamente 23 millones de galones al año de gasoil (según estimaciones de Anadegas), se comercializan de manera irregular en República Dominicana. Además de que, el Estado deja de percibir RD$800 millones de impuesto por la importación ilegal de esos combustibles. También han señalado la venta irregular de gasoil, proveniente de combustibles exonerados que salen al mercado ordinario sin pagar impuestos, contrabandos de carburantes y robos. Estos son vendidos a menor precio de lo establecido, en bombas de patio e incluso en estaciones que poseen contratos con importadoras y lo compran irregularmente.
La venta irregular de gasoil no sólo representa una competencia desleal para Anadegas y una violación a las leyes que regulan el mercado de los combustibles, sino que además se convierten en un peligro latente para el medio ambiente y la seguridad ciudadana.
Así mismo, la dirección del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles ha denunciado en múltiples ocasiones el arduo trabajo que realiza para reducir los robos a camiones que transportan carburantes y su posterior comercialización.
No menos importante es el fraude en el expendio de los diferentes combustibles, especialmente el que se manifiesta con las continuas quejas de los consumidores de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y que además ha sido confirmado por Pro-Consumidor, al punto que se han incautado y clausurado dispensadores de envasadoras de gas e incluso Pro-Consumidor ha empoderado al Ministerio Público, a través de sus fiscales, quienes han llegado a disponer el apresamiento de empleados y propietarios porque los han atrapado de modo flagrante en la comisión de fraude.
Pero quizás, uno de los delitos más frecuentes y menos detectado en la comercialización de hidrocarburos de nuestro país, lo representa la mezcla de estos con otros productos o, los Premium con los Regulares para venderlos como Premium entre otras tantas mezclas.
Consideramos pues que, indispensablemente, nuestras autoridades deben hacer lo que hacen naciones desarrolladas e incluso países de la propia región del caribe, que contratan empresas líderes mundiales en servicios de inspección y pruebas, capaces de garantizar la transparencia, la seguridad y la igualdad de oportunidades para todos los participantes en esta Industria.
La Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) dejó establecidos y juramentados ayer tres Comités que se encargarán de dirigir los próximos procesos de licitación que emprenderá la entidad.
Dichos comités tendrán a su cargo la licitación de los nuevos contratos de compraventa de energía de las distribuidoras; los servicios de operación y mantenimiento de la Central Termoeléctrica Punta Catalina y el suministro de carbón para esta planta.
El vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, Rubén Jiménez Bichara, al concluir la juramentación de los miembros de los Comités, manifestó que se debe garantizar la transparencia de los procesos de licitación y que ante acciones de “lobismo” debe prevalecer el interés nacional.
Manifestó que es algo “común y legítimo” que cuando se realizan licitaciones que implican muchos recursos, sobre todo, las empresas internacionales buscan contactos a nivel de funcionarios, legisladores y empresas relacionadas con el Gobierno.
“Estamos apostando al compromiso que tenemos con el país y estamos obligados a hacer un proceso transparente que defienda el interés nacional por encima de todo”, expresó.
Informó que entre julio y agosto del 2016 se vencen los contratos de compraventa de energía para las distribuidoras y que ya 11 empresas han manifestado interés en las licitaciones.
El Comité para la licitación de los nuevos contratos para la energía de las distribuidoras estará coordinado por la directora de Gestión de Energía de la CDEEE, Santa Ramos, e integrado por el administrador de Edesur, Rubén Montás: el administrador de EdeNorte, Julio César Correa; el administrador de EdeEste, Luis de León; directora Jurídica de la CDEEE, Milagros Santos; la directora de Servicios Financieros, Rosanna Montilla; y Radhamés del Carmen, director de Proyectos y Control de Gestión.
Bichara especificó que los nuevos contratos de compra de energía para las distribuidoras serán de corto plazo (3 a 5 años) y largo plazo (10 a 15 años), dependiendo de si son nuevas o viejas las plantas generadoras.
De la licitación para contratar el suministro de carbón mineral para Punta Catalina, se encargará el comité integrado por Milagros Santos, directora jurídica de la CDEEE; Carlos Jeremías Santana, coordinador administrativo UEPG; Pablo Rivas Méndez, coordinador técnico UEPG; Ángel Casado, director de Responsabilidad Social, y José Medina, director administrativo de la CDEEE. El mismo será coordinado por Rosanna Montilla, directora financiera de la Corporación.
La licitación internacional restringida de los servicios de mantenimiento y operación de la Central Termoeléctrica está integrada por Milagros Santos, Rosanna Montilla, Radhamés del Carmen; Carlos Jeremías Santana, Pablo Rivas Méndez, y Manuel Pérez Suárez, gerente sénior coordinación técnica UEPG.
En el acto de juramentación, realizado en el Hotel El Embajador, participaron representantes de todo el sector eléctrico y exvicepresidentes de la CDEEE.
Pacto se firmará en agosto
Monseñor Agripino Núñez Collado, que estuvo en mesa de honor del acto de juramentación de los comités de licitación, admitió que ha habido dilación o retraso en el cronograma del Pacto Eléctrico por la gran cantidad de propuestas recibidas, unas 1,105 en total. Aseguró que se espera que para finales de agosto se esté firmando el documento definitivo del Pacto.
Agregó que el proximo lunes 22 se reunirán todos los actores del sistema eléctrico, que contempla el decreto para entregarles el documento con la conciliación de las propuestas y la metodología.
BICHARA: ALARMENTE ES EL COSTO DE GENERACIÓN
Respecto a la queja de los generadores de electricidad, porque la deuda del sector en siete meses y medio ha llegado a 850 millones de dólares, el vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, Rubén Bichara, dijo que “lo que es alarmante es el costo de la generación. Las cosas están muy alarmantes”, y que espera que los nuevos proyectos que se están realizando ayuden a tener energía menos costosa, que haga más manejable las grandes cantidades que hay que pagar por el costo de la generación.
La Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE) manifestó hoy su preocupación por el retraso del Gobierno en la licitación para la compra de la energía que se requiere para garantizar el suministro a la nación.
El vicepresidente ejecutivop de ADIE, Milton Morrison, precisó que la planta San Felipe, que genera 180 megavatios, continúa fuera de servicio, porque su contrato venció en enero y todavía el Gobierno no le ha renovado.
Morrison indicó que hay otras generadoras que sus contratos vencen en julio del 2016 , como es el caso de las vinculadas al Acuerdo de Madrid, “fundamentalmente lo que tiene que ver con EGE Haina, Itabo y la parte que tiene que ver con gas natural”, detalló.
Deploró que muchos generadores están operando en el mercado sport sin contrato, como el caso de la empresa Seaboard , Laesa y la CPP.
“Preocupan de que se puedan vencer los contratos y se quede la generación en el aire. Lamento que aquí se haya satanizado el tema de los contratos, donde éstos son la garantía para poder exigir un cumplimiento”, dijo al intervenir en Telematutino 11, por Telesistema.
Dijo que tan pronto se venzan los contratos, las generadoras no tienen una obligación con el Estado.
“ Yo creo que ya es tiempo de dejar la negligencia a un lado para ponerle atención a esos aspectos que son importantes, porque esperar el Pacto Eléctrico no tiene sentido, porque eso es un consenso tanto del sector privado dentro de la sombrilla que abrasa al Conep, tanto en el sector social como sindical que están a una de que hay que hacer las licitaciones para la nueva generación que se necesita y el Gobierno no termina de hacerla”, dijo.
Citó que la Ley General de Electricidad en su artículo 110 señala que deben realizarse licitaciones para que las empresas distribuidoras compren la energía que necesiten.
UN APUNTE
Contrato con San Felipe
Morrison se quejó de que el contrato con la generadora San Felipe, que administra el presiden te de la ADIE, Marcos Cochón, se venció en enero y el Gobierno no lo ha renovado.
He llegado a la conclusión de que el pueblo dominicano es masoquista, ignorante, conformista, ingenuo, pero mi intención no es ser despectivo, sino realista.
Yo tengo setenta y tres (73) años de edad, he visto pasar todos los gobiernos, desde la era de Trujillo, todos son iguales, no tengo preferencia por ningún político, razones por la que nunca me he acercado a una mesa de votación a sufragar.
Cómo es posible, que en las encuestas que se publican, el Presidente de la República Dominica, Danilo Medina, refleja una gran popularidad, sin atender los innumerables problemas que agobian a la sociedad, como por ejemplo: el Presidente nunca ha señalado a los miles y miles de servidores públicos, jubilados y pensionados con cargo al Estado, que no se les ha hecho un aumento de cinco pesos, tomando en consideración cómo anda el costo de la vida.
Quien suscribe le envió una comunicación vía la Consultoría Jurídica, hace año y medio, destacando la pírrica pensión que percibo, con detalle de los gastos fijos del mes, por hipertenso, diabético, catarata, glaucoma, depresión, ansiedad, que padezco, consecuencia de la lucha llevo para conseguir mis medicamentos, sin incluir alimentación, entre otros gastos, y ni por cortesía he recibido respuesta.
SANTO DOMINGO,R.D.- Las plantas de carbón que el Gobierno construye en Punta Catalina emitirán más de 5 millones de toneladas de dióxido de carbono al año, y las mismas se construyen cuando el resto de países aboga por su eliminación, destacó el Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático (CNLCC).
El comité señaló que la construcción de estas plantas es contrario a los compromisos que el gobierno dominicano ha contraído con la comunidad internacional de reducir la huella de carbono del país y reclamó la sustitución del carbón mineral por otro combustible menos contaminante en las plantas que construye en Punta Catalina, provincia Peravia.
A juicio del Comité, con motivo de la conmemoración hoy del día internacional de acción por el cambio climático, es un "contrasentido" que cuando el mundo aspira a sustituir para antes del 2050 la generación a base de carbón mineral, el gobierno dominicano insista en construir dos plantas que producirán 769.8 megavatios con este combustible que es "el más sucio y el mayor emisor de dióxido de carbono a la atmósfera".
Explicó que las plantas de Punta Catalina emitirán 5,294,281.2 toneladas al año de dióxido de carbono a la atmósfera.
"Estos altos niveles de emisión retrotraerán al país por detrás del nivel de emisiones de dióxido de carbono del año 2000, con una emisión de por lo menos de 3.46 toneladas por habitante, cuando en la actualidad se emiten 2.9 toneladas per cápita, lo que significará un incremento de alrededor de un 20 por ciento", añadió.
Claro, Orange y Tricom sin las tres principales empresas del sector./elDinero
POR REDACCIÓN ELDINERO
16 junio, 2015
El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) y el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (ProConsumidor) firmaron un convenio para revisar, registrar, analizar, validar o rechazar los contratos de adhesión suscritos por los usuarios y consumidores de los servicios de telecomunicaciones en República Dominicana.
Según el acuerdo, el Indotel y ProConsumidor establecerán el Libro de Reclamaciones de los Usuarios (LRU) que deberá ser adquirido por las prestadoras de telecomunicaciones.
En sectores de clase alta de la capital los postes están sobrecargados de alambres con y sin uso de las compañías de telecomunicaciones. | Gabriel Alcántara
El convenio fue firmado por el presidente del consejo directivo del Indotel, Gedeón Santos, y la directora ejecutiva de ProConsumidor, Altagracia Paulino Ureña, durante un acto celebrado en el salón multiuso del órgano regulador, con la asistencia del director ejecutivo del Indotel, Alberty Canela Fernández; el consejero Nelson Guillén, así como gerentes y ejecutivos de ambas instituciones.
Al intervenir en la actividad, Santos dijo que al designarlo en el cargo el presidente Danilo Medina le pidió poner a los ciudadanos en el centro de las políticas públicas, lo que entiende ha tenido que hacer con la defensa de ese ciudadano en su relación con el mercado y el comercio.
“El consumidor solo tiene al Estado, si el Estado lo deja abandonado esa relación desigual va a ir en contra de él a pesar de que nosotros buscamos un equilibrio entre el mercado y los consumidores”, expresó Santos.
Destacó que la Ley General de Telecomunicaciones tiene mandatos sobre la protección al consumidor, pero que en este caso el Indotel se asociará a ProConsumidor “para vigilar y de alguna forma evitar el tema de los contratos de adhesión” con cláusulas abusivas y que atan a los usuarios.
“La relación de consumidor y prestadoras casi siempre es desigual, normalmente el consumidor no tiene la fuerza para contratar abogados lobistas que lo defiendan individualmente; en cambio las empresas tienen grandes barras de abogados muchos recursos para ellos poder desarrollar sus políticas como empresas”, precisó el presidente del Indotel.
Indotel y ProConsumidor acuerdan que establecerán un Libro de Reclamaciones de los Usuarios (LRU)”.
“Los contratos de adhesión que comienzan con la letra pequeña meten cláusulas confusas que no se entienden bien y al final ese mal entendimiento termina en perjuicio del consumidor. Esos contratos tenemos que vigilarlos, evitarlos y evitar que le hagan daño al consumidor que es, en la relación, la parte más débil en este proceso”.
“Este acuerdo es para unir esfuerzos y evitar que estos contratos de adhesión hagan daños, es para defender a los consumidores de ellos”, enfatizó.
Por su lado, la directora ejecutiva de Pro Consumidor consideró formidable la idea de este acuerdo, en razón de que evitará la duplicación de trabajos para los usuarios y entre las dos instituciones.
Paulino resaltó que la única ley elaborada para regular los contratos de cláusulas ambiguas, abusivas y atadas es la que crea ProConsumidor porque el legislador vio en ese momento que había un vacío en estas transacciones que incluyen también al sector financiero.
Señaló que Pro Consumidor llevará un registro de los contratos de adhesión, ya que en la primera revisión que se hizo a éstos, “encontramos cláusulas abusivas en los contratos de las telefónicas prevista en la Ley 153-98 que dice claramente cuáles son las cláusulas abusivas”.
Abogó por que los contratos de adhesión no sean cambiados cada mes ni cada seis meses, ni cuando las prestadoras quieran, sino que en estos los entes reguladores cumplan una función de equilibrio que permita vigilar para la paz y la democracia el accionar de las partes.
El pasado 30 de abril, el Sistema de la Seguridad Social Dominicano (SDSS) había transferido RD$2,783.47 millones de pesos a favor de 3,330,051 afiliados al Seguro Familiar de Salud (SFS), según datos de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL).
Significa que el aporte per cápita del SDSS al total de afiliados al SFS, titulares, dependientes directos e indirectos, rondó RD$835.90.
En términos absolutos, el monto total dispersado creció en 7.28% y 8.25% respecto a abril año 2014, en tanto un importante aumento se produjo en lo dispersado a favor de los dependientes adicionales del SFS, el que ascendió a 21.10%.
El comportamiento del aseguramiento durante del cuatrimestre enero-abril 2015 respecto del mismo período del 2014 reporta una varianza similar (7.95% para los titulares y 8.05% para los dependientes directos), permitiendo apreciar una tendencia hacia arriba en la afiliación de dependientes indirectos, ya que las dispersiones a su favor crecieron 2.79% más que en el cuatrimestre enero-abril del 1204, acumulando un total de 23.89% ya que según la misma fuente, pasaron de ser 141,110 en abril del 2014 a 170,875 en el mismo mes de 2015.
Lanzada esta data contra lo reportado en el Boletín Trimestral del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) del mes de marzo, se trata de unos fondos provenientes de la cotización de trabajadores públicos y privados y de las empresas para las que laboran. Al mes de marzo 2015 la cantidad de trabajadores cotizantes en el SDSS totalizó 1 millón 676 mil 747.
Lo interesante aquí es observar que, en tanto el sector privado aporta el 85% al PIB, sus trabajadores representan el 72.38% de los afiliados a un SDSS donde los trabajadores o empleados gubernamentales representan el 27.62% de los que el 16.92% proviene del sector público centralizado.
Es una consecuencia directa de un país que, partiendo de la data suplida por el CNSS, el sector salud podría ser asumido como fuente de promoción de la productividad local y el emprendimiento ya que de las 66,946 empresas cotizantes en el SDSS hasta marzo del año 2015, menos de 39 mil (38,991) emplean entre 1 y 5 personas a pesar de ser el 58.24% del total de empresas cotizantes.
Esta situación deviene aún más significativa al observar que las empresas que emplean entre 6 y 10 personas son 50,932 y representan 17.84% de las empresas cotizantes al SDSS. Es así porque agrupando las empresas con 1 a 5 y 6 a 10 empleados tendríamos un grupo de empresas de 1 a 10 empleados que representarían el 76.08% de las empresas que cotizan al SDSS y que, sin embargo, apenas aportan el 11.3% de las afiliaciones del sistema y, consecuentemente, de los recursos que capta.
Esta estadística, que construye al Sistema Dominicano de la Seguridad Social como un fiel y útil espejo y termómetro de las situaciones y coyuntura económicas nacionales cuando otros actores oficiales del SDSS apuestan contrario a la transparencia, también otorga los soportes documentales para advertir tempranamente los retos y articular políticas públicas tendentes al fomento del empleo y la producción como fuentes del desarrollo y bienestar social y ciudadano.
Información atinente, valiosa e importante cuando el sistema está alegando elusión por parte del sector empleador y la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA) afirmó el pasado 10 del corriente haber detectado que mil empresas evadían y eludían sus aportes al SDSS. Esta data da cuenta de un salario promedio en el sector privado que entre diciembre del 2014 y marzo del 2015 decreció al pasar de RD$16,246.00 a RD$16,415.00 indicando reducción en los sueldos y salarios o pérdida y solapamiento de empleos en el sector privado.
En este campo vale resaltar que la data sugiere una presión moral del gobierno sobre el sistema económico nacional a favor de un mejor salario promedio ya que los empleados públicos pasaron de devengar (sueldo promedio) RD$ 20,545.00 en diciembre del 2014, a RD$21,540.00 en marzo del 2014 y los empleados del sector público centralizado pasaron de obtener RD$22,507.00 a recibir RD$23,952.00 en igual período lo que, en ambos casos, representa promedios salariales superiores a los verificados en el sector privado.
Es esta data procedente del sistema de la seguridad nacional la que podría señalar la existencia de irracionalidad económica en las conductas políticas privadas frente al salario. Ellas pueden abocetar una clara conducta no colaborativa, una tendencia a potenciar la acumulación mediante la optimización de la ganancia (plusvalía), incrementando los rasgos de desigualdad ya marcadamente ostensibles en el sistema económico nacional y nuestra sociedad.
Lo afirmamos al observar que las probabilidades de estimular el consumo de bienes inducida por un incremento de sueldos y salarios tiene fuertes posibilidades de acreditar a las grandes empresas ya que estas son, a la vez, los más grandes empleadores y ofertantes de bienes y servicios.
Especialmente al ponderar que si en el SDSS cotizan 1,676,747 trabajadores/empleados públicos y privados y en el mismo los afiliados, incluidos dependientes directos e indirectos, totalizaron 6,258,655, estamos hablando de un ratio igual a 3.73 afiliaciones/titular, lo que mueve a otras ponderaciones y comprobación real.
Como puede notarse, se trata de aspectos medulares a considerar detalladamente ya que poseen amplias implicaciones en los entornos económico, la seguridad social, el bienestar y la salubridad de los ciudadanos y las ciudadanas de la República Dominicana, con un fuerte impacto sobre la calidad de vida (bienestar) y la salud.
