sábado, 2 de mayo de 2015

Proyecto a carbón de Sichuan era más conveniente a R.D. que Punta Catalina


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Foto: Orlando Ramos/Acento.com.do/Radhamés Segura fue titular de la CDEEE en dos períodos, entre 1998 y 2009.
SANTO DOMNIGO, R. D.- Entre los proyectos que Radhamés Segura promovió con más empeño cuando estuvo al frente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (1998-2000/2004-2009), sobresale el contrato con la empresa china Sichuan, firmado en 2006, para la construcción de una central a carbón mineral de 600 megavatios, en Montecristi.
Segura, a quien tocó vivir en carne propia el controvertido proceso de capitalización -o privatización- de los activos de la CDEEE (1999), recuerda que aquella planta produciría casi tantos megavatios de energía como las dos que se construyen en Punta Catalina, provincia Peravia, pero a un costo mucho menor para el Estado.
Afirma que “fue un contrato muy transparente para comprarle energía a esa firma, que iba a traer sus plantas, que las iba a instalar y las iba a operar a todo costo y riesgo (…) pero a mucho menor costo, porque en lugar de coger dos mil millones de dólares para invertirlos en las plantas (de Punta Catalina), el Estado podía haberlos utilizado en obras de carácter social”.
“Que se haga lo que más convenga al interés del país. Si conviene que esas plantas pasen al sector privado, que se haga así, si conviene que permanezcan en el sector público, pues que se haga de esa manera, pero es evidente que tiene que haber esa integración”
Al preguntarle por qué sucumbió, entonces, esa inversión, la respuesta del académico y alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) es inmediata: “el proyecto fue saboteado por gente que vinculada al Gobierno (2004-2008) y también del sector privado, que tenían interés en que no caminara; gente del Gobierno y empresarios que eran neoliberales”.
“Ahora bien, entiendo que también el presidente Medina puede haber pensado en que debido a lo que se hizo con las plantas en el pasado, pues para evitar que también hubiera un torpedeo (con Punta Catalina), pues por eso decidió asumirlo como una voluntad del Gobierno”, aclaró.
Pero si algo acabó por sepultar el proyecto fue la falta de apoyo del ex presidente Leonel Fernández, quien gobernaba el país, manifestó Segura al periódico Acento. “El presidente Fernández en aquel entonces no tuvo la voluntad política para evidentemente trabajar de manera distinta, e imponerse, como lo que ha hecho ahora el presidente Danilo Medina, a partir del 2012”.
Distinto a Fernández, el actual mandatario “ha tenido la voluntad política necesaria para las plantas” a carbón, de 360 megavatios cada una, cuya construcción fue adjudicada mediante licitación al consorcio Odebrecht-Technimont-Estrella, a un costo estimado de unos US$2,000 millones.
“Yo no era partidario de comprar plantas, sino de que las trajera el sector privado, y nosotros compráramos la energía con la modalidad que hay ahora mismo con los generadores privados”, dijo Radhamés Segura en el marco de la “Jornada de Socialización” del Pacto Eléctrico, en la que participaron varios ex titulares de la CDEEE.
Mediante el contrato suscrito en enero del 2006 con Sichuan Machinery Equipment, la CDEEE se comprometía a comprar de manera continua entre 50% y 55% de la energía disponible de la empresa, para lo cual se creaba un fondo de garantías de los pagos.
“El tiempo me ha dado la razón”
Otro contrato para generación firmado por Segura, ese mismo año, fue con la empresa Emirates Power -de los Emiratos Árabes-, con miras a la instalación de dos unidades con capacidad para generar otros 600 megavatios en la zona Pueblo Viejo, de Azua.
Con relación a la propuesta del sector empresarial, que propugna por privatizar las plantas de Punta Catalina, Segura se manifestó partidario “de una solución mixta” en la que participen tanto el Estado como el sector privado.
“Que se haga lo que más convenga al interés del país. Si conviene que esas plantas pasen al sector privado, que se haga así, si conviene que permanezcan en el sector público, pues que se haga de esa manera, pero es evidente que tiene que haber esa integración”, expresó.
Radhamés Segura recordó que fue “el primero” que propuso la conversión de fuel oil a gas natural de la central de 300 MW de la Compañía de Electricidad de San Pedro de Macorís (CESPM), otrora Cogentrix, cuyo contrato que ha sido muy cuestionado y en el que figura su firma.
“En agosto del 2004 hicimos el Plan Integral de Desarrollo del Sector Eléctrico que contemplaba la generación a carbón, la conversión a gas de Cogentrix, las plantas de ciclo combinado que se instalaron, de energías alternativas y la autopista eléctrica Santo Domingo-Santiado de 345,000 voltios”, dijo Segura, a quien sucedió en la CDEEE el empresario Celso Marranzini.
Indicó que con los precios actuales del petróleo, CESPM puede ofertar el kilovatio/hora a unos 11 centavos de dólar, un precio bastante competitivo en el mercado eléctrico dominicano. “Ocurre que la verdad se vino a ver ahora, aunque tuve en aquel tiempo muchos detractores”, manifestó.

http://acento.com.do/2015/economia/8245666-radhames-segura-dice-leonel-no-tuvo-voluntad-politica-para-proyecto-plantas-de-carbon/

viernes, 1 de mayo de 2015

Exadministradores de la CDEEE no pudieron resolver el problema eléctrico

El CES confía que el pacto eléctrico se podrá firmar en  junio, como está previsto. |  Fotógrafo: Danelis Sena
SANTO DOMINGO,R.D.- Cuatro exadministradores de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), los cuales fueron designados en su momento para dirigir las políticas tendentes a resolver el problema eléctrico del país, tarea que ninguno pudo cumplir, se juntaron ayer con empresarios del sector y el actual incumbente de esa institución como parte de las acciones que realiza el Consejo Económico y Social (CES) para la firma del pacto eléctrico.
Entre contar experiencias y justificar acciones que cada uno enrumbó para resolver el problema eléctrico del país, y expresando algunas consideraciones de lo que creen se debe hacer en lo adelante, los extitulares de la CDEEE se pasaron cinco horas en un acto organizado por el CES, en el que también participaron los ministros de Hacienda y de Economía Planificación y Desarrollo, Simón Lizardo y Temístocles Montás, respectivamente.
El acto fue aperturado por el presidente del CES, monseñor Agripino Núñez Collado, y moderado por la directora ejecutiva de ese órgano de consenso, Iraima Capriles, y tuvo una gran presencia de empresarios, funcionarios y personalidades vinculadas al sector eléctrico.
Al preguntársele a Núñez Collado por qué se puede creer que estos viejos actores del sistema eléctrico nacional podrán ahora aportar a la solución de la crisis eléctrica en el país, la cual se evidencia a través de largas tandas de apagones y de su costo, Monseñor dijo: “La unión hace la fuerza”.
Además Núñez Collado afirmó que todos esos administradores, a través de sus distintas gestiones, tienen experiencias en el sector que pueden aportar para lograr la solución del problema, y recordó que el decreto que manda a convocar los sectores para la firma de un pacto eléctrico habla de abrir espacios de discusión para lograr ese objetivo.
“La unión hace la fuerza, aquí están los organismos internacionales, hay expertos, personas que conocen a fondo el problema, están los generadores, están todos los sectores nacionales con este sector, de manera que vamos a confiar en que algo positivo podrá salir”, expresó el presidente del CES.
La misma pregunta se le hizo al investigador del Observatorio Dominicano de Políticas Públicas (ODPP), Edwin Croes, y éste respondió que hay posibilidades de resolver el problema, pero las mismas dependen de factores permitan que el gobierno le haga caso a su propia propuesta y la deje de violar, y que el sector privado esté preparado para invertir masivamente.
Manifestó que entre las propuestas para el pacto eléctrico se han presentado una serie de medidas y cambios que ayudarían a resolver el problema energético, y que sólo si se respetan se podrá lograr el objetivo de la reforma en este sector.
Un punto de la propuesta del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) para la reforma del sector eléctrico demanda que la generación eléctrica pase a ser completamente privada, y que el gobierno se concentre en su rol de regulador y sancionador.
Ante este llamado, el vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, Rubén Jiménez Bichara, dijo que primero hay que ver completamente la propuesta, y luego proceder a estudiarla.
“Culquier propuesta, y más la del Conep, con mucho gusto la ponderaremos y valoraremos en su justa dimensión”, dijo Bichara.
El exadministrador de la CDEEE, Radhamés Segura, manifestó que él es partidario de una combinación de los sectores público y privado para el desarrollo del sector eléctrico.
Y Montás dijo que no tiene sentido que el gobierno construya plantas para abaratar el costo de la energía, y luego la pase al sector privado para poner en riesgo ese objetivo.
“Uno de los objetivos de implantar este tipo de tecnología, es para reducir costos, o sea, el gobierno no se va a desdecir construyendo plantas para reducir el costo de la energía, y luego entregárselas a gente que puedan poner en peligro ese objetivo del gobierno”, dijo.
Hacienda: gobierno siempre paga

Durante el acto en el que participaron los exadministradores de la CDEEE, Marcelo Jorge, César Sánchez, Radhamés Segura y Celso Marranzini, el ministro de Hacienda manifestó que se había reunido con los generadores de electricidad, para tratar el tema relacionado a la deuda que mantiene el gobierno con esas empresas.

Ayer manifestó que se reuniría nuevamente con los generadores y con el vicepresidente de la CDEEE para tratar el tema del pago pendiente, y afirmó que el gobierno siempre paga.

http://www.diariolibre.com/economia/2015/04/30/i1124491_individualmente-pudieron-resolver-problema-elctrico.html

El subsidio eléctrico será de RD$113 millones en mayo 2015 y la tarifa disminuyó

SANTO DOMINGO,R.D.- La Superintendencia de Electricidad informó que el subsidio eléctrico será de RD$112.68 millones en mayo. Mediante la Resolución SIE-025-2015-TF, el organismo estableció que la tarifa eléctrica para los usuarios del servicio público se mantendrá inalterable.

El FETE acumulado para el período enero- mayo 2015 es de RD$ 1,162.34 millones.

El órgano regulador dio a conocer la información mediante la resolución SIE-025-2015-TF, firmada por el superintendente, ingeniero Eduardo Quincoces Batista.

Según lo detalla la resolución en el comportamiento de las variables que determinan la tarifa eléctrica indexada, el Fuel Oil número 6 registró una disminución de 5.62% al pasar de US$48.5847/Bbl a US$45.8550/ Bbl y el Gas Natural disminuyó de US$2.9580/MMBTU a US$2.7538/ MMBTU.

Agrega la resolución que el Carbón Mineral se mantuvo en US$67.55/ ton. En tanto que la tasa de cambio promedio mensual disminuyó de RD$44.7395 a RD$44.7391 pesos por dólar.

Indica que como resultado de las variaciones antes citadas, la tarifa indexada para el mes de mayo experimentó una disminución de 1.42% con relación a la del mes de abril. Como la tarifa aplicada vigente continúa siendo menor que la tarifa indexada en un 2.0 por ciento, el Estado deberá subsidiar con RD$112.68 millones la tarifa eléctrica para mantener invariables los precios a los usuarios en el mes de mayo.


http://www.diariolibre.com/economia/2015/04/30/i1125391_subsidio-elctrico-ser-rd113-millones-mayo.html

Sugiere vender las EDES tras considerar que están quebradas

SANTO DOMINGO,R.D.- El ingeniero Eduardo Quincoces, quien en la actualidad se desempeña como titular de la Superintendencia de Electricidad(SIE), ha propuesto a título personal vender las empresas distribuidoras de electricidad (EDES) al sector privado, tras considerar que las mismas están técnicamente quebradas, con ingresos en el orden del 65% de sus gastos.
En su propuesta de 13 páginas, sobre el Pacto Eléctrico, dirigida a la directora ejecutiva del Consejo Económico y Social (CES), señora Iraima Capriles, Quincoces expresa que los gastos de operación de las EDES son en el orden de un 40%  más altos que los gastos de empresas de Centro y Sur América con mercados similares pero que operan de manera eficiente.
Resalta Quincoces que las inversiones para obras de rehabilitación y expansión de redes de las EDES provienen de recursos públicos y/o de financiamientos de organismos multilaterales que terminan convirtiéndose en deuda pública para el país.
Puntualiza el documento que alrededor del 45% de los usuarios de las referidas empresas no tiene un servicio continuo, sino que diariamente sufren apagones del orden de 6,8 y hasta 12 horas, significando que las tarifas eléctricas que se aplican al 80% de los usuarios no se corresponden con los costos de prestación del servicio.
Indica que debido a los subsidios gubernamentales el 80% de los usuarios reciben tarifas sub-valuadas, lo cual los induce al desperdicio y al dispendio energético.
Quincoces consigna en su propuesta sobre el Pacto Eléctrico que las deficiencias de las EDES se manifiesta en la cantidad astronómica de reclamaciones recibidas en PROTECOM, las que sumaron más de 170 mil entre los años 2006 y 2015.
Reitera en su propuesta que las EDES deben ser vendidas preferentemente a inversionistas nacionales, a fin de que el país alcance los siguientes objetivos: primero lograr que las mismas sean financieramente autosustentables, y, segundo, reducir el extraordinario nivel de riesgo que representa para las inversiones en generación el altamente deficitario desempeño financiero de las EDES.
Asimismo, indica que con esa decisión el Estado quedaría liberado de las cuantiosas transferencias de recursos públicos a las EDES, salvo los que se destinen a subsidios de carácter social.
El actual titular, siempre hablando a título personal y como experto en la materia, sugiere utilizar los recursos que se obtengan de la venta de las EDES para saldar obligaciones financieras del Estado por deudas o préstamos originados por el sector.
También recomienda pasar a los inversionistas privados la obligación de obtener los recursos financieros que requieren las EDES, y que en la actualidad tiene que solventar el Estado, procurando obtener los siguientes beneficios: (a) Asegurar y acortar en varios años la ejecución de las obras de rehabilitación y ampliación que las EDES ameritan, por cuanto la inversión privada puede ser más efectiva para captar recursos, tanto por aportaciones de capital como por financiamiento; y, (b) Mejorar la eficiencia operativa técnica, comercial y administrativa de las EDES, y que la prestación del servicio a los usuarios se ajuste a estándares internacionales.
Además, propone Quincoces eliminar de las EDES los conflictos de autoridad que se crean entre las instituciones rectoras y empresas distribuidoras públicas, para con ello asegurar que las EDES se ajusten a las disposiciones de la normativa vigente de carácter técnico, comercial y de calidad de la prestación del servicio, que disponen la Ley General de Electricidad, su Reglamento de Aplicación, y los reglamentos y resoluciones emitidos por Superintendencia de Electricidad.
Asimismo, Quinncoces recomienda interconectar al SENI los Sistemas Aislados que actualmente existen en el país, a fin de llevar las eficiencias de la generación del SENI a dichos sistemas y homogeneizar los costos de abastecimiento con respecto a las EDES principales.
Finalmente, propone crear un nuevo esquema para el servicio de alumbrado público, consistente en: Pasar la responsabilidad de prestar el servicio de los ayuntamientos a las EDES, ajustado a los niveles de iluminación que establezca el Reglamento de Alumbrado Público que emita la SIE; y cargar el servicio como un pequeño cargo porcentual en la factura de los usuarios.
Además, propone permitir a las EDES el libre derecho de uso de las vías públicas por tratarse de un servicio público que es para beneficio de los ciudadanos.


http://www.elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=423884

jueves, 30 de abril de 2015

Exigen auditorías de las distribuidoras eléctricas en R.D.

SANTO DOMINGO,R.D.- Diversas organizaciones del país demandaron que se expongan a la luz pública las auditorías, los contratos, los expedientes judiciales y todos los gastos de los recursos de las distribuidoras eléctricas del país, al alcance de la población.  Fernando Peña, coordinador del Observatorio de Política Pública (ODPP) de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), dijo que la población necesita saber qué están haciendo las distribuidoras de energía del país con sus recursos y cómo se manejan internamente. 
Asimismo, expresó que el país debe comprender que el problema fundamental de la ineficiencia del sistema de distribución de energía es que las EDEs no facturan ni cobran el 33% de la energía comprada, enfatizando que esa es precisamente la estafa que se llama subsidio eléctrico, y es por eso que el déficit eléctrico no existe.
“Nosotros como pueblo necesitamos las auditorías, los contratos, los expedientes judiciales de los principales casos relacionados al tema, la rebaja inmediata de un 30-35% de la tarifa eléctrica y todo lo que tenga que ver con el gasto de los recursos de las distribuidoras del país, y así saber cómo se manejan ellos”, indicó Peña.
Asegura que los que administran el proceso de la energía eléctrica en el país no han dedicado el empeño suficiente para garantizar la demanda de la sociedad y de las organizaciones, enfatizando que la mayoría de las administradoras han estado delinquiendo. 
“Creemos que el Presidente de la República debe intervenir en este problema y no dejarse enredar por la presión que combinan la burocracia de funcionarios públicos, que están asociados y articulados con grupos en el sector, han hecho un desastre en las distribuidoras”, puntualizó. Asimismo, dijo que exigen el respeto a todas las regularidades.

http://www.listindiario.com/economia-and-negocios/2015/4/29/365329/Exigen-se-revelen-auditorias

“Los accidentes laborales aumentaron 8 por ciento en el 2014”

Promueven seguridad y salud en el trabajo.
SANTO DOMINGO. En el 2014, la Administradora de Riesgo Laborales (ARL) recibió el reporte de 31,032 personas afectados por accidentes de trabajo, de los cuales se registran 100 fallecimientos.
Los trabajadores con menos de un año de labor fueron los más afectados, lo que el director de la ARL, Elisaben Matos, atribuye a la falta de inducción.
En este renglón se incluye los accidentes de tránsito, donde predominan las motocicletas, que llevan la delantera con 30, 630 reportes.
Por enfermedades profesionales se registraron 402, lo que significa un aumento de un 8% con relación al 2013 que finalizó con 28,635.
Matos habló del tema en la apertura del Primer Simposio Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, auspiciado por la ARL.
El director de la ARL se refirió al informe anual sobre este tema, que evidencia que de los incidentes 25,920 ocurrieron en el sector privado y 5,112 en el público.
Dentro del grupo de mayor reporte están las personas que trabajan en empresas que elaboran productos alimenticios, bebidas, textiles y calzados.
Las personas que laboran en el sector salud, servicios sociales y educación tienen un reporte de más de cuatro mil casos.
En referencia a las estadísticas de la ARL, Matos dijo que el mayor número de accidentes reportados del 2014 ocurrió en los meses de marzo, con 2,940, y octubre, con 2,890.
Simposio
Con el objetivo de ofrecer a los participantes la oportunidad de intercambiar conocimientos, experiencias e ideas sobre la manera de lograr que los puestos de trabajo sean seguros y sanos, los autoridades de la ARL y del Ministerio de Trabajo realizan en primer simposio sobre el tema.
En la actividad que culmina hoy se habló de la necesidad de crear espacios de trabajo saludables, y la implementación de estrategias sostenibles para el bienestar de los trabajadores, lo que los promotores aseguran redundará en mayor productividad.

http://www.diariolibre.com/noticias/2015/04/29/i1122911_matos-los-accidentes-laborales-aumentaron-por-ciento-2014.html

Un crimen traspasar plantas a carbón al sector privado

Santo Domingo,R.D.- El diputado de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Vinicio Castillo Semán, consideró que sería un “crimen” contra el país traspasar al sector privado las plantas de carbón que el Estado construye en Punta Catalina, Baní, a un costo superior a los 2,000 millones de dólares, rechazando de plano la petición del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) en ese sentido.
“El Estado está construyendo las plantas con 2,000 millones de dólares prestados, en ausencia de inversiones del sector privado en el campo de la generación eléctrica.  Las plantas de carbón permitirían que el Estado venda a las distribuidoras una energía a 6 ó 7 centavos, contrario a los más de 30  en que los generadores eléctricos producen y venden en este momento.  Sería un gran crimen contra el pueblo dominicano que esas plantas puedan ser traspasadas al sector privado”, expresó Castillo Semán.
“Los candidatos presidenciales que van a terciar en las elecciones próximas tienen que definir claramente ante el país cuál es su posición frente a esta propuesta del CONEP.  El Estado subsidia más de 1,200 millones de dólares al sector eléctrico anualmente; y ahora que se abre la posibilidad de abaratar sustancialmente la generación, el sector privado manifiesta su interés de apropiarse de las plantas en construcción.  Esto es muy serio y muy grave y el país debe rechazarlo de plano”, agregó.
“Resulta altamente sospechoso que la propuesta del CONEP  sobre las plantas de carbón se producen en momentos en que el gobierno del Presidente Danilo Medina anda tocando puertas en apoyo a una reforma constitucional para su reelección.  El CONEP es el único gremio de empresarios que no ha fijado su posición sobre la reelección y la reforma planteada.  El país tiene que estar alerta de que la propuesta del CONEP tenga que ver con el tema reeleccionista”, concluyó Castillo Semán.

http://eldia.com.do/vinicito-dice-seria-un-crimen-traspasar-plantas-a-carbon/

miércoles, 29 de abril de 2015

SENASA dice garantiza cobertura a más de 642 mil afiliados mayores de 60 años


SANTO DOMINGO,R.D.- Un total de 642 mil 16 personas mayores de 60 años afiliados al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) recibe la cobertura del Plan de Servicios de Salud (PDSS3.0), conocido también como  Plan Básico, a través de los regímenes de financiamiento que administra y del plan Especial de Pensionados y Jubilados del Ministerio de Hacienda.
Así lo informó este miércoles el director ejecutivo del SENASA, Chanel Rosa Chupany, al destacar que la cifra representa el 18.2% de la cartera total de afiliados de la ARS estatal que suman en la actualidad  3 millones 514 mil 804 persona, al tiempo que “refleja el compromiso del gobierno por brindar protección a las personas mayores  través de la garantía del derecho a la salud”.
Dijo que al cierre de 2014 fueron autorizados más de 5 millones de servicios para esa población como apoyo diagnósticos, consultas, hospitalización, emergencias, cirugías, entre otros  y en el primer trimestre de 2015 han sido más de 1.3 millones,  lo que corresponde a valores  autorizados de más de RD$ 4 mil 372 millones de pesos en los últimos 15 meses.
Régimen Subsidiado. A marzo de 2015,  564 mil 868 dominicanos y dominicanas mayores de 60 años están  afiliados al Régimen Subsidiado de la Seguridad Social. En lo que va de año han sido autorizados 574,003 servicios con valores de RD$ 442 millones 610 mil 777.
Régimen Contributivo. 67 mil 626 afiliados mayores de 60 años tienen las atenciones médicas garantizadas a través de del Régimen Contributivo, por quienes se han autorizado en el primer trimestre del 2015 unos RD$ 314 millones 647 mil 126.
Pensionados y Jubilados del Ministerio de Hacienda: El Plan de Servicios de Salud Especial Transitorio para los Pensionados y Jubilados (PSSET) fue creado mediante el Decreto No. 342-09, emitido por el Poder Ejecutivo el 28 de abril de 2009 para garantizar la cobertura de salud de los pensionados y jubilados que reciben sus retribuciones a través de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado, dependencia adscrita al Ministerio de Hacienda.
En el primer trimestre de 2015 se autorizaron 81,039 servicios para un valor autorizado de RD$  33 millones 614 mil 341 pesos con una población usuario de  9 mil 522. A la fecha, el Plan Especial Transitorio para pensionados y Jubilados cuenta con  10 mil 515 afiliados.

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Actualmente, son 22 las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) que  componen el Seguro Familiar de Salud y un total de 6 millones 105 mil 388 afiliados, de los cuales el 57.2% están afiliados a SeNaSa entre Régimen Contributivo, Subsidiado y Pensionados y Jubilados, convirtiendo a SeNaSa en la ARS más grande del país.


http://www.elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=423474

Subsidio eléctrico se llevó RD$350 mil millones en 15 años en R.D.

SANTO DOMINGO,R.D.- El subsidio al sector eléctrico le ha costado al Estado RD$350,000 millones en quince años, equivalente al 2% del producto interno bruto (PIB) del año 2014 y equivalente al 50% de lo destinado por el país al sector educación (en 2014).Esto, partiendo de un diagnóstico realizado y presentado ayer por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep). “Es un dinero que el país sencillamente está quemando sin sacarle ningún provecho. Para nosotros ese es el cáncer más importante que tiene en estos momentos la economía nacional”, aseguró el presidente de la organización, Rafael Blanco Canto, cuando abordó el tema en un encuentro con periodistas del área económica.

Y calculó que los 350,000 millones de pesos que se ha llevado el subsidio al sector eléctrico en tres lustros equivalen al presupuesto general de un año de la República Dominicana. El encuentro de ayer en la sede del Conep, con representantes de la prensa y de diversas ramas del sector eléctrico tuvo como objetivo principal explicar los alcances de su propuesta para el Pacto Eléctrico.

Como parte de eso, aclaró que su propuesta presentada para eximir a las distribuidoras de electricidad, de pagar un 3% de sus ventas a las distintas alcaldías por los derechos de espacio y uso de suelo y concomitantemente que se libre a los ayuntamientos del pago a las empresas distribuidoras de electricidad (Edes) por las inversiones que realicen en el alumbrado público, no representa un cargo adicional para los usuarios.

Marisol Vicens, vicesecretaria del Conep, aseguró que ese cargo (como un todo incluido) ya existe, porque las distribuidoras, en el momento que pagan a los ayuntamientos, ya el costo lo tienen todos los consumidores. “Queremos dejar claro que con nuestra propuesta no se está creando un costo que no existe. Lo que pasa es que nosotros tenemos una factura que es poco transparente”, dijo Marisol Vicens. La aclaración es oportuna, considerando que desde que se dio a conocer la propuesta (colgada hace semanas en el portal Pacto Eléctrico) se generó bastante ruido y rechazo por parte de la opinión pública. La propuesta general del Conep tiene seis ejes temáticos y surgió luego de amplias reuniones y análisis entre las instituciones de ese organismo, cúpula del empresariado nacional.

El Conep ha pedido que para un acuerdo eléctrico prevalezcan la seguridad jurídica y el respeto y cumplimiento a las leyes, y dejar claro que el rol principal del Estado deberá ser normativo, fiscalizador y sancionador (actividades propias de la gestión pública).
Hay que evitar que haya una competencia desleal
El Conep reiteró que se debe promover la libre competencia y las inversiones en el sector eléctrico para todos sus segmentos, garantizando la estabilidad del marco legal, la seguridad jurídica y un adecuado clima de inversiones en el que no existan condiciones de competencia desleal o barreras de entrada a la inversión privada. Dice que las empresas eléctricas, propiedad pública o privada, deben ser autónomas de las decisiones políticas.  

-www.elcaribe.com.do/2015/04/29/subsidio-electrico-llevo-350-mil-millones-15-anos

Manifiestos por la tierra, las aguas, los territorios y la vida

Hoy 22 de abril, se conmemora el llamado “día de la tierra”, donde algunos sectores sin ningún sentido aprovechan estas fechas para “celebrar” y desinformar. Sin embargo, se hace indispensable promover conciencias frente a los desequilibrios e injusticias, promover un pensamiento crítico y formar personas más sensibles, más humanas y más libres ante las actuales catástrofes y crisis promovidas principalmente por actividades explotadoras y depredadoras promovida por la bipolaridad occidental, como son las industrias y extractivismo minero, forestales – celulosa (papeleras); hidroeléctrico, geotermia, termoeléctrico; salmoneras y pesqueras, que han venido en estos últimos años expandiéndose y arrasando buena parte del planeta o bien, alterando diversos ecosistemas indispensables para la vida, manteniendo el presente en una situación caótica.
En este marco, aprovechamos la ocasión para compartir dos documentos emitidos desde la Red por la Defensa de los Territorios en la denominada Región de la Araucanía. Uno, es el llamado “Manifiesto por la Tierra” difundido luego de una manifestación el día 22 de abril del 2011. El otro, son las demandas y propuestas del movimiento “Hacia la recuperación de las aguas, por la defensa de los territorios”, emitido el 22 de marzo del año 2015 luego de una masiva marcha pasacalle y acto artístico, cultural y político en el centro de Temuco.

http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Manifiestos_por_la_tierra_las_aguas_los_territorios_y_la_vida

jornada del sector eléctrico en R.D.



SANTO DOMINGO,R.D.-  Autoridades del Gobierno y del Consejo Económico y Social (CES) se reunirán hoy de 8:00 a.m. a una de la tarde en el Salón Bonanza del Hotel Sheraton, Santo Domingo, con la finalidad de realizar una jornada de socialización que denominan “El sector eléctrico desde la óptica de las administraciones de la CDEEE”. 
  La actividad forma parte de las actividades que lleva a cabo el CES en el Pacto Nacional para la reforma del sector eléctrico. 
 Entre los participantes figuran, según la agenda, los ministros de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montás; y de Hacienda, Simón Lizardo: el vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, Rubén Bichara; y los exadministradores de la CDEEE, César Sánchez, Marcelo Jorge, Radhamés Segura, Celso Marranzini, y Amílcar Romero. 
Entre los ejes temáticos de la agenda, a la que ha sido convocada la prensa nacional, que será partícipe además de una rueda de prensa al final del acto, se encuentran: Marco institucional y regulatorio, generación, transmisión, y distribución.
Además, serán tratados otros temas como aspecto tarifarios y financieros, y usuarios y consumidores.
En la rueda de prensa, pautada para la una de la tarde, intervendrán el presidente del CES, Monseñor Agripino Núñez Collado; y el vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, Rubén Jiménez Bichara.

http://www.listindiario.com/economia-and-negocios/2015/4/28/365205/Haran-hoy-jornada-del-sector-electrico

martes, 28 de abril de 2015

El desorden de las pensiones en R.D.

SANTO DOMINGO,R.D.- Se supone que la ley 87-01 dejó sin efecto la ley de pensiones del gobierno 379-81 y los reglamentos que crearon las instituciones financieras y descentralizadas, porque al crearse los fondos de pensiones del sistema de capitalización individual pasaron todos los demás fondos de pensiones al sistema complementario de reparto.

Sin embargo, el CNSS y el Sipen, a pesar de varias resoluciones, no han podido completar este proceso, y ahora coexisten las pensiones por la ley 87-01 en las instituciones públicas y privadas, las pensiones en instituciones públicas y las megas pensiones de ex funcionarios.

El problema es que mientras los pensionados por la ley 87-01 requieren de 360 meses, y tener 60 años de edad para poder acceder a una pensión, las instituciones públicas se han dado unos reglamentos que permiten pensionar a sus ex trabajadores con menos de 20 años de trabajo y menos de 55 años de edad.

Pero lo peor son las pensiones de los funcionarios de las instituciones financieras y descentralizadas que permite pensionarse hasta con un período de trabajo y con montos millonarios.

Según el Sipen, hay 425,321 afiliados de ingreso tardío, y se les ha devuelto el saldo acumulado a 50,012 personas.

Para los miles de pensionados de ingreso tardío con edades de 45 años o más, que no trabajan, y que no han cotizado lo suficiente, han creado la resolución 372-14 para la devolución del dinero acumulado de pensiones en un solo pago. Esta decisión ha generado mucha frustración e impotencia, porque se están quedando a la intemperie, sin posibilidad de poder acceder a una pensión de ley.

Creo que así como le están devolviendo el dinero aportado a miles de trabajadores pobres, también deben devolvérselo a los miles de trabajadores públicos y a los ex funcionarios que no han cotizado lo suficiente para una pensión.

En su defecto, haga cumplir la ley para todos por igual.

El art. 39 párrafos 2: dice, el Estado debe aportar recursos del presupuesto para crear un fondo especial que permita incrementar el monto de las pensiones de ingreso tardío.

No es justo que haya fondos para los ex funcionarios, y no haya fondos para los trabajadores de los hijos de Machepa.

http://www.diariolibre.com/opinion/2015/04/27/i1118891_desorden-las-pensiones.html

El agua en R.D.: Camino a la privatización

Por Carlos E. Pimentel Florenzán. 27 de abril de 2015 - 12:08 am - 0 Comentarios
No puede ninguna disposición entregar en concesión el uso del agua, porque estamos ante un bien público inembargable y no puede ninguna “autoridad” o instancia decir sobre lo que es de todos y todas.

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“El acceso al agua para la vida es una necesidad humana básica al mismo tiempo que un derecho humano fundamental”
SANTO DOMINGO,R.D.-La ciudadanía debe estar alerta y defender su derecho al acceso al agua, esperemos que el próximo golpe del Partido de la Liberación Dominicana contra la población,  no sea la privatización del agua, en su práctica de la  apropiación del patrimonio público vía la trasferencia al sector privado o multinacionales, como ya ocurrió con las empresas públicas, en el sector eléctrico,  minería, las tierras de vocación agrícola y ahora el agua, un bien público camino a su privatización.
En los actuales momentos cursan en el Congreso Nacional dos iniciativas uno el Proyecto de Ley General de Aguas y el Proyecto de Ley de Agua Potable y Saneamiento, ambas iniciativas impulsadas por organismos internacionales, con la colaboración de los legisladores Heinz Vieluf, Adriano Sánchez Roa, Carlos Castillo y Félix Nova. 
Los referidos Proyectos de Ley presentan algunas inconsistencias, ligerezas y debilidades que de producirse su aprobación, violentaría la función esencial del Estado, la protección efectiva de los derechos de las personas, el respeto de su dignidad y la protección y garantía del acceso al agua potable.
Las iniciativas legislativas para privatizar el agua en la República Dominicana, soslayan y obvia en su fin el artículo 15 de nuestra Constitución que indica claramente que los recursos hídricos, como el  agua, “constituye un patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida”. El consumo humano del agua tiene prioridad sobre cualquier otro uso y el artículo 61 numeral 1 también establece claramente que “el Estado debe velar por la protección de la salud de todas las personas y el acceso al agua potable”.
Es precisamente por esas disposiciones constitucionales la ciudadanía debe prestar especial atención a las referidas iniciativas legislativas y a su intencionalidad, tomando en cuenta la naturaleza del agua, debido a que la propuesta en estudio en el Congreso Nacional revela que toda persona física o jurídica puedan comercializar con este bien público, convirtiéndose en una característica básica en el camino de la privatización del agua.
De la lectura del Proyecto de Ley se desprende que el Estado tendrá la opción de otorgar derechos a beneficiarios particulares para el uso del agua y para esos fines crea la Autoridad Nacional del Agua (ANAGUA) con las competencias y funciones para otorga permiso de concesión para el uso y aprovechamiento del agua.
Cuando en este proyecto se refiriere a las concesiones, esto es un alerta importante porque nos  indica que serán contrato de derecho administrativo en virtud de los cuales se confiere a los beneficiarios, público o privado el derecho de utilizar el dominio público hídrico, existiendo el riesgo de concesionar uno de nuestros acuíferos, presas, canales, ríos, aguas subterráneas  a empresas nacionales o internacionales.
El problema que conduce la aprobación de ese proyecto como está concebido, creado y presentado, conllevaría a privatización del agua, como sucedió en el pasado con otro servicios públicos y hoy sufrimos las consecuencias, nueva vez nos encontramos ante un Estado privatizador y que no garantiza los servicios básicos y los bienes públicos de la población.
No puede ninguna disposición entregar en concesión el uso del agua, porque estamos ante un bien público inembargable y no puede ninguna “autoridad” o instancia decir sobre lo que es de todos y todas.
Para las transnacionales y las instituciones financieras internacionales el agua es un bien económico-comercial, como el petróleo, y puede ser vendido o comprado, pero para la población  el acceso al agua es una necesidad vital.
Aprovechamos para recordar a los legisladores proponente y defensores de los proyectos privatizadores del agua que, la Asamblea General de las Naciones Unidas pronunció una resolución que establece que “el acceso a fuentes de agua potable y segura, son un derecho humano esencial para el goce pleno de la vida y de todos los derechos humanos fundamentales”.
En ese sentido, también la Convención sobre el Derecho al Agua indica la obligación de los Estados de respetar y abstenerse de cualquier acción o política que interfiera con el disfrute del agua como un derecho humano. La República Dominicana debe proteger el agua y no transferir a las corporaciones nacionales o trasnacionales el disfrute de ese derecho natural e inherente al ser humano, como lo es el agua.
El gobierno del Partido de la Liberación Dominicana tiene la obligación de ejecutar y adoptar medidas dirigidas a la protección del agua como bien público protegido y descartar su intensión con los Proyectos de Ley que se conocen en el Congreso Nacional, que conlleva a la privatización y transferencia al sector privado de uno de nuestros recursos naturales más preciado, llamamos la atención de los demás legisladores sobre este particular.   
Los Ciudadanos/as dominicanos no podemos admitir, ni aceptar la aprobación de un Proyecto de Ley que bajo la influencia de organismos españoles, conduzca a la privatización del agua, bajo el diseño de la concesión de usos privativos de este bien público, veamos otros países, donde la administración pública continúa siendo la propietaria del agua.
Sobre esa base vamos a construir nuestro propio sistema y norma, para regular el dominio público hídrico, garantizando que siempre será un bien público, como lo estableció las Naciones Unidas que es un derecho humano indispensable, que debe ser considerado un bien social, cultural y no un producto básico de carácter económico.
Por este camino nos conducimos a lo que nunca se ha hecho…

http://acento.com.do/2015/opinion/editorial/8243661-el-agua-camino-a-la-privatizacion-2/