lunes, 30 de diciembre de 2019

Las AFP logran rentabilidad de más RD$5,000 millones en el tercer trimestre



SANTO DOMINGO,R.D.- No otorgan 60% de pensiones por sobrevivencias y el 30% por discapacidad
Al mes de septiembre del moribundo año que ya llega a su final, dos cosas se repiten en el sistema de pensiones dominicano de capitalización individual, que ya son bien sabidas, e igual, bien olvidadas. La desigual y escandalosa rentabilidad, entre lo mucho que reciben las administradoras de fondos de pensiones, en comparación con lo recibido por los llamados y supuestamente protegidos del sistema, los afiliados, que tienen por futuro un destino de precarias pensiones a partir de sus retiros.

La otra cosa: la negación persistente de derechos a muchos familiares consistente en recibir las pensiones de sobrevivencias y discapacidad por la muerte o incapacidad para trabajar relacionadas con sus parientes afiliados.
En el boletín de tercer trimestre del 2019, divulgado por la Superintendencia de Pensiones, se observa las siete administradoras de fondos de pensiones que son habilitadas para operar en el sistema. Son estas la Atlántico, JMMB-BDI, Crecer, Popular, Reservas, Romana, Siembra.
Las dos primeras (Atlántico y JMMB-BDI) son de más reciente inicio en sus operaciones en el mercado dominicano, por lo que sus rentabilidades corporativas son muy bajas o negativas. La primera registró una utilidad neta, con relación a sus ingresos totales de 6.1%, y la segunda una pérdida 71.0%, también con relación a sus ingresos.
En tanto, sobre las de mayor longevidad en el mercado, Crecer, Popular, Reservas, Romana, Siembra, en conjunto sus ingresos sumaron cerca de RD$9,559,1 millones, y su rentabilidad neta alcanzó un poco más de RD$5,193.1 millones, lo que significa que el monto conjunto de sus utilidades netas representó el 54.3% del total de lo ingresado. O sea, es como si usted invierte un monto determinado para un negocio, y en siete meses ha recuperado más de la mitad del capital.
La Superintendencia de Pensiones incluye recientemente dos tipos de rentabilidades en su boletín, el económico y el financiero. El primero, el ROA, consiste en la rentabilidad sobre los activos; y el segundo, el ROE, mide la rentabilidad sobre el capital invertido.
Exceptuando a la AFP JMMB-BDI, que reciente ingresó al mercado y por tanto aún registra pérdidas, todas las restantes tienen rentabilidades positivas para ambos indicadores. En el caso de la ROE, la más baja es la de la AFP Atlántico (10% en ROE, y 6% en ROA). El resto varía entre 38% a 65% en la de la ROE; y 33% a 60% en la de la ROA.
En contraste, la rentabilidad promedio ponderada de los fondos de capitalización individual (CCI), a septiembre, fue de 10.75%.
Esto significa que las administradoras de fondos de pensiones pudieron alcanzar rentabilidades sobre los activos y sobre el capital invertido superior en hasta seis veces lo que les abonan a las cuentas de sus afiliados.
La otra cara
Como otra cara de la moneda, también es otro negocio muy lucrativo para las AFP y las compañías de seguros.
Al 30 de septiembre de 2019, los afiliados discapacitados, que antes de serlo, contribuyeron con aportes obligatorios de sus salarios a sus cuentas individuales, realizaron 17,570 pensiones por discapacidad. Solo las recibieron 12,212 discapacitados, equivalente al 69.5%.
Mientras que, sobre el caso de los afiliados fallecidos, sus familiares realizaron 22,570 solicitudes de pensiones de sobrevivencias. Solo fueron otorgadas 9,206, lo que equivale al 40.4%.
Sobre el casi 60% restante, es como un mundo de “almas muertas” al estilo novelesco de Nikolái Gógol, sobre la vida rusa rural y profunda de mediados del siglo XIX. Era un negocio comprar almas muertas, en la novela de Gógol, pues valían porque aun muertas sus nombres estaban inscritos en los registros de la propiedad, y eran un medio para inflar la posición social.
Pero en contraste, en el mundo moderno de los fondos de pensiones, la negación de las pensiones de sobrevivencias resulta un medio para inflar la posición financiera de las gestoras de esos fondos, y por demás, eso también infla la posición social.

domingo, 29 de diciembre de 2019

Afiliados de la ARS Salud Segura pasarán al SeNaSa a partir del primero de enero


SANTO DOMINGO,R.D.-.- La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) informó este jueves el traspaso de la cartera total de afiliados y pensionados de la ARS Salud Segura a favor del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), correspondiente al Régimen Contributivo, con efectividad a partir del primero de enero.
En un comunicado firmado por Pedro Luis Castellanos, superintendente de Salud y Riesgos  Laborales,la institución indica que la medida obedece al cumplimiento de lo establecido por el Articulo 36 de la Ley No. 397-19, de fecha 30 de septiembre del presente año.
«En cumplimiento de la referida disposición legal, se ejecutará el traspaso de la cartera total de pensionados, afiliados a ARS Salud Segura, a favor del Seguro Nacional de Salud (ARS Senasa), beneficiarios del Plan de Servicios de Salud Especial Transitorio para Pensionados y Jubilados del Ministerio de Hacienda, creado mediante el Decreto No,. 342-09, de fecha 28 de abril de 2009 y el Decreto No. 2013-10, de fecha 15 de abril de 2010, con efectividad a partir del día primero de enero de 2020», establece el comunicado.
Señala que en consecuencia, el Seguro Nacional de Salud garantizará la continuidad de cobertura de las carteras de afiliados transferidas y será la ARS responsable de las autorizaciones y pago de los servicios que se generen a partir del día primero del mes de enero.

sábado, 28 de diciembre de 2019

Director de Jubilaciones y Pensiones cita logros institucionales durante celebración de aniversario


SANTO DOMINGO,R.D.-La Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado (DGJP) celebró este viernes su 13 aniversario en medio, afirmó, de diversos logros institucionales a favor de las personas beneficiadas con el derecho a una pensión.

Al depositar una ofrenda floral en el Altar de la Patria, el director general de la institución, German Nova Heredia, hizo un breve recuento de todas las iniciativas logradas durante el 2019 a favor de los más de 150 mil jubilados y pensionados civiles y de la Policía Nacional.
A través de un comunicado, indicó que entre las conquistas obtenidas en el 2019 están la implementación del Plan Transitorio de Servicio de Salud para Jubilados y Pensionados, creado mediante decreto por el Poder Ejecutivo, a principio del año en curso.

viernes, 27 de diciembre de 2019

Un estudio alerta de que el aumento de la tasa de obesidad incrementa las emisiones de gases de efecto invernadero


MADRID.- Un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda han alertado de que el aumento de las tasas de obesidad entre la población está incrementando las emisiones de gases de efecto invernadero.
Todos los organismos que necesitan oxígeno para vivir producen dióxido de carbono como resultado de los procesos metabólicos. La producción total de dióxido de carbono de cualquier especie está relacionada con la tasa metabólica promedio, el tamaño corporal promedio y el número total de individuos de la especie.
En este sentido, las personas con obesidad producen más dióxido de carbono a partir del metabolismo oxidativo que las que tienen un peso normal. Además, el mantenimiento de pesos corporales mayores requiere la producción y el transporte de más alimentos y bebidas a los consumidores. Del mismo modo, el transporte de personas más pesadas se asocia con un mayor consumo de combustibles fósiles.
Esto da como resultado emisiones adicionales de dióxido de carbono relacionadas con los procesos de producción y transporte de alimentos. "Este estudio deja en claro que pagamos un alto precio por dificultar el acceso a la atención para la obesidad. La obesidad no solo afecta a la salud de las personas que la padecen, sino que cuando no se trata también puede contribuir a problemas ambientales", han dicho los expertos.
Para evaluar el impacto de la obesidad en el medio ambiente, utilizaron las definiciones estándar de obesidad (índice de masa corporal mayor o igual a 30 kilogramos por metro cuadrado) y peso normal (índice de masa corporal menor de 25). Hicieron cálculos de la emisión adicional de gases de efecto invernadero (dióxido de carbono, metano y óxido nitroso) del aumento del metabolismo oxidativo, el incremento de la producción y el consumo de alimentos, así como el aumento del combustible utilizado para transportar el mayor peso corporal de las personas con obesidad.
En comparación con una persona con peso normal, los investigadores descubrieron que un obeso produce 81 kilogramos adicionales de emisiones de dióxido de carbono por tener un metabolismo más alto y 593 kilogramos adicionales por un mayor consumo de alimentos y bebidas. En general, la obesidad se asoció con aproximadamente un 20 por ciento más de emisiones de gases de efecto invernadero, respecto a las personas con peso normal.

miércoles, 25 de diciembre de 2019

Un Panorama de las Pensiones en America Latina y el Caribe

“Panorama de las Pensiones en América Latina y el Caribe” presenta por primera vez un amplio rango de indicadores para la comparación de los diseños de los sistemas pensiona - les en 26 países de América Latina y el Caribe. Los indicadores son comparables con los de los países de la OCDE y miembros seleccionados del G-20, publicados por la OCDE. Este reporte fue preparado de manera conjunta por los equipos especializados en pen - siones de la Unidad de Mercados Laborales y Seguridad Social del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la División de Política Social de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Dirección de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales, y el De - partamento de Protección Social y Trabajo del Banco Mundial (BM). El equipo principal es - tuvo conformado por Ángel Melguizo (OCDE, previamente BID), David Kaplan (BID), Robert Palacios (BM), Andrew Reilly (OCDE), Carolina Romero (BM) y Edward Whitehouse (OCDE). Múltiples funcionarios de los Ministerios de Trabajo, Ministerios de Protección Social, Ministerios de Hacienda y autoridades pensionales de los 26 países de América Latina y el Caribe realizaron aportes activos e invaluables para el estudio, confirmando y validando los perfiles de los países en la gran mayoría de los casos. Queremos hacer un reconocimiento especial a los aportes de Camila Mejía (BID) y Brooks Evans (consultor, Banco Mundial), el efectivo diálogo liderado por Nathyeli Acuna y Ana Paula Sánchez (BID), y el apoyo a lo largo de todo el proceso del Sector de Conocimiento y Aprendizaje del BID, en particular de María Nelly Pavisich. El informe se ha beneficiado de los comentarios de muchos otros funcionarios nacio - nales y colegas, en especial Mariano Bosch, Santiago Levy, Carmen Pagés-Serra y Norbert R. Schady del BID; John P. Martin, Monika Queisser, Stephano Scarpetta y Anne Sonnet de la OCDE; y Fiona Stewart, Rafael Rofman, Gonzalo Reyes y Phillip O’Keefe del Banco Mundial. Los modelos pensionales de la OCDE, que forman la base de los indicadores de los de - rechos a pensión, utilizan los modelos APEX ( Analysis of Pension Entitlements across Countries ) desarrollados por Axia Economics


 Resumen ejecutivo E l mayor desafío de la política de pensiones al que se enfrentan en la actualidad la mayo - ría de los países de América Latina y el Caribe (ALC) es la baja cobertura de los sistemas de pensiones, tanto en términos de proporción de trabajadores que participan en los sistemas pensionales como la proporción de personas mayores que reciben algún tipo de pensión. Por lo tanto, los esfuerzos por cerrar la brecha en términos de cobertura, por ejemplo, a través de las pensiones no contributivas, están en el centro del debate sobre la política de pensiones en la región. Sin embargo, estas políticas podrían plantear desafíos fiscales significativos en las próximas décadas debido a que la población envejece. La segunda parte del libro presenta tres indicadores principales que describen las condiciones demográficas relevantes para la política de pensiones: las tasas de fecundidad, la esperanza de vida y las tasas de dependen - cia en la vejez. Posteriormente, la tercera parte del libro ofrece una comparación sistemática de los diseños de sistemas a lo largo de los países que utilizan el estándar de la tipología del Panorama de Pensiones de la OCDE y la presentación de una serie de indicadores clave de adecuación,  incluyendo  las  tasas  de  reemplazo  bruta  y  neta  en  función  del  género  y  de  la riqueza de la pensión en los diferentes niveles de ingresos. Finalmente, la última parte pre - senta los perfiles de cada sistema de pensiones en América Latina y el Caribe en términos de estructura, reglas y parámetros 

Pensiones sociales 
La  expansión  de  las  pensiones  no  contributivas  (también  conocidas  como  “pensiones sociales”) o transferencias monetarias orientadas a las personas de la tercera edad es un fe - nómeno global 11 , presente sobre todo en América Latina. Rofman et al, (2013) documentaron este reciente fenómeno para 10 países de la región, que en conjunto representan más del 90% de la población de ALC. La tabla 1.4, que se basa en dicho estudio, ilustra los cambios de políti - ca más importantes de las dos últimas décadas y muestra claramente el patrón de expansión reciente de estos programas no contributivos. Todos los programas, en sus diversas formas, buscan aumentar la proporción de perso - nas de la tercera edad que reciben transferencias del gobierno. En Bolivia, existe una pensión universal cuyo monto se reduce para aquellas personas que reciben pensiones contributivas. En Venezuela y en México, la elegibilidad es contingente al hecho de recibir o no una pensión. 
República Dominicana
 Banco Central de Republica Dominicana, http://www.bancentral.gov.do Ley 87-01 artículos 15, 83 y 95. Ministerio de Hacienda, Dirección General del Presupuesto, DIGEPRES, 2010, informe de Ejecución. Presupuestaria del Gobierno Central 2010. Oficina Nacional de Estadística (2011), República Dominicana en Cifras 2011. Secretaría de Estado de Trabajo, Consejo Nacional de Seguridad Social, Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Socia 





Escrito por OECD, Inter-American Development Bank, The World Bank 


martes, 24 de diciembre de 2019

Frustración del presidente por el sector eléctrico y su desempeño


SANTO DOMINGO,R.D.- El Presidente de la Republica improvisó un discurso en la inauguración del gasoducto Caucedo San Pedro de Macorís, en el que expresa su enojo y frustración con los resultados y desempeño en el sector eléctrico en sus siete años y medio de gestión gubernamental.
Dice el Presidente, y con sobrada razón, que la situación hoy día está peor, ya que a pasar del esfuerzo y sacrificio fiscal para el Gobierno que ha representado transferir al sector eléctrico mas de trece mil millones de dólares.
La culpa del descalabro financiero del sector eléctrico de que hoy día la situación esté peor, no es culpa de las personas que formulan criticas constructivas a las ejecutorias del Gobierno en el sector eléctrico, sino que se deben al exceso de gastos corrientes y empleados en las distribuidoras y la CDEEE, a las altas perdidas de energía de las distribuidoras y a la muy deficiente gestión de los funcionarios correspondientes, quienes a pesar de manejar tan cuantiosos recursos económicos, la situación hoy este peor, según las propias palabras pronunciadas por el Presidente.
Según esos mismos funcionarios, con mil millones de dólares se resuelve el problema de las pérdidas en el sistema de distribución, y a pesar de que esos funcionarios han manejado transferencias del Gobierno por unos trece mil millones de dólares, según las palabras del Presidente, el problema de las pérdidas en la distribución y el déficit financiero del sector eléctrico sigue igual o peor.
El discurso refleja la frustración del Presidente, pero esa frustración en vez de volcarla hacia los críticos de la forma en como se ha ejecutado la construcción de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, la misma debe ser dirigida y enfocada hacia los funcionarios con responsabilidades en el sector eléctrico.
Posiblemente, esos mismos funcionarios, fueron los que le vendieron la idea al Presidente, de que era mejor cancelar, sin ninguna explicación ni justificación, la licitación en marcha que había iniciado Celso Marranzini en el 2011 y que se encontraba en su fase final, para contratar hasta 1,500 Mw de nueva generación, sin que el Estado tuviera que erogar un solo centavo. Esa licitación se canceló sin llegar a evaluar las ofertas y dicha cancelación se hizo sin dar tampoco ninguna explicación al respecto.
Al producirse la cancelación abrupta y unilateral de la licitación promovida por la administración de Celso Marranzini, es cuando el Estado toma la decisión de desarrollar con recursos propios a Punta Catalina. La decisión del Estado de involucrarse en la construcción de Punta Catalina es la consecuencia directa de la cancelación unilateral, abrupta y sin explicación, de la licitación de potencia y energía que dejó Celso Marranzini.
Esos mismos funcionarios fueron los que dijeron que Punta Catalina costaría 1,500 millones de dólares, sin tomar en cuenta los gastos que tenía que realizar el Estado fuera del contrato EPC (supervisión, personal CDEEE, asesores -legales, financieros, ambientales, técnicos-, estudios, intereses y comisiones financieras durante construcción, pago prima seguro riesgo país. etc.).  Lo gastado a la fecha, proyectando los resultados de la auditoria de la Cámara de Cuentas, supera los tres mil millones de dólares y contando.
El rol regulador del Estado es a través del regulador del mercado eléctrico y ese regulador se llama Superintendencia de Electricidad.
El Estado no regula los precios de generación ni el sector eléctrico construyendo activos de generación.
La planta AES Andrés de 300 Mw a gas natural, se instaló en el país fruto de un proceso de licitación convocado por las distribuidoras en el 2001, donde AES Andrés resultó ser la empresa que ofertó el precio de energía más barata.
La licitación del 2001, trajo como consecuencia la introducción del gas natural en la República Dominicana, con la instalación de los 300 Mw de AES Andrés, la conversión a gas natural de los 230 Mw de Los Minas V y VI y la instalación de la terminal regasificadora de gas natural en Andrés, inversiones que totalizaron más de 600 millones de dólares y que fueron realizadas en su totalidad por el sector privado, sin que el Estado Dominicano tuviera que erogar un solo centavo y sin que tuviera que otorgar garantía soberana.
Después del 2001, prácticamente no se realizaron licitaciones de energía, en consecuencia, el sector privado no podía arriesgarse a instalar nueva generación si previamente no se producían las licitaciones de energía por parte de las distribuidoras, que produjeran contratos de compra de energía a un plazo de diez (10) o quince (15) años.
Sin contratos de venta de energía, resulta muy difícil, por no decir prácticamente imposible para el sector privado, obtener financiamientos a tasas de interés razonable y competitivas.
Las empresas privadas que han instalado plantas de energía renovables, eólica y solar, lo han hecho por que han conseguido contratos de venta de energía con la CDEEE o con usuarios no regulados (UNR).
El sector privado invierte cuando de por medio existen licitaciones de energía que producen contratos de venta de energía. Sin licitaciones ni contratos de venta de energía, es prácticamente imposible que el sector privado invierta en nueva generación.
La conversión del parque de generación de San Pedro de Macorís, que incluye las centrales de Cogentrix, Quisqueya I y II, Sultana del Este y Los Orígenes, se ha podido realizar, por que la CDEEE, violando la Ley General de Electricidad, ha otorgado contratos grado a grado, sin licitación, a las empresas generadores que han decidido convertir sus plantas de generación para utilizar gas natural como combustible en lugar de derivados del petróleo.
Si la CDEEE no firma esos contratos que son violatorios de la Ley General de Electricidad, no se hubiera producido la conversión a gas natural del parque de generación de San Pedro de Macorís.
Para el Estado Dominicano poder vender el 50% de las acciones de Punta Catalina, como pretende el Gobierno, previamente la empresa creada, Central Termoeléctrica Punta Catalina, deberá haber firmado un contrato de venta de potencia y energía con las distribuidoras. Si ese contrato previo de venta de potencia y energía con las distribuidoras no se firma, prácticamente será imposible poder vender el 50% de las acciones de Punta Catalina.
Se afirma que no había gas natural para Republica Dominicana, pero desde el 2002 en Republica Dominicana se está utilizando gas natural para producir electricidad y se importa desde Trinidad Tobago.
No hay gas natural para República Dominicana, pero apareció para Panamá en el 2015 cuando AES gano una licitación para instalar una central de 380 Mw a gas natural, la cual entro en operación comercial desde mediados del 2018 y desde entonces opera con gas natural importado desde los Estados Unidos de Norteamérica (EUA).
¿Es EUA el único productor de gas natural en el mundo? Claro que no. ¿Y Trinidad y Tobago, Catar, Rusia, Países Árabes, Algeria, etc., no son países productores y exportadores de gas natural? Claro que sí y eso se puede comprobar fácilmente con el auxilio de Wikipedia en el siguiente enlace que muestra el listado de terminales exportadoras y receptoras de gas natural en el mundo. https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_LNG_terminals
El enojo y frustración del Presidente es entendible y atendible y tiene todo el derecho y razón en expresarlo públicamente, pues con ese dinero desperdiciado transferido al sector eléctrico, son muchas las obras que pudo haber realizado.
Pero el Presidente erró en el blanco de su enojo y frustración. Debió apuntar hacia sus propios funcionarios del sector eléctrico. Ellos son los responsables.

lunes, 23 de diciembre de 2019

ATENCION ENVEJECIENTES:pensionado /jubilado.Presupuesto de 2020 mantiene frisado el ajuste por inflación(INDEXACION) a los salarios


SANTO DOMINGO,R.D.-El ajuste por inflación (indexación salarial) aplicado a las rentas de los trabajadores del país se mantendrá igual que en los últimos años, lo que implica que las personas físicas no recibirán el ahorro que cada año recibían comenzando enero, por medio del reconocimiento del impacto de los precios con base al año anterior. Con este, ya van cinco años que se mantiene la medida. 
En el Presupuesto que regirá el próximo año se lee que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) no aplicará el ajuste por inflación a las escalas establecidas para el Impuesto sobre la Renta (ISR) de las personas naturales y residentes o domiciliadas en el país, de acuerdo con el artículo 296 del Código Tributario de la República Dominicana de 1992.
“Quedará sin efecto durante el citado año fiscal el numeral 1, literal a), del Artículo 327 del citado Código. Otras medidas y acciones que implementarían la DGII y la DGA (Aduanas) en el 2020 para aumentar las recaudaciones, mitigar la evasión y la elusión tributaria, y racionalizar el gasto tributario.
En la actualidad, las rentas hasta RD$416,200 anual están exentas del pago del ISR, equivalentes a RD$34,683.3 al mes; mientras que las rentas de RD$416,200.01 hasta RD$624,329  pagan un 15% del excedente hasta RD$416,20.1; las rentas de RD$624,329.01 hasta RD$867,123 pagan un 20% del excedente. Las rentas de RD$867,123 en adelante tributan una tasa de 25% de ISR.
Otras medidas tienen que ver con la designación de “agentes de percepción del ITBIS”,  Impuesto Sobre la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), de forma que reciban un anticipo del impuesto a pagar, para lo cual manda a las entidades recaudadoras a crear una norma.
También, asegurar que los vehículos y motocicletas importados salgan de los muelles con placas para que transiten identificados, lo que ayudará a mantener la seguridad ciudadana, “principalmente por los acontecimientos delincuenciales ocurridos en motocicletas sin placas”.
De igual modo, se plantea un recargo que se aplicaría a la venta de contenidos digitales de plataformas internacionales, a partir del año 2020. “Es decir, a todos los servicios vendidos por Internet, que no tienen domicilio en el país. Siendo los agentes de retención los intermediarios en el pago de dichos servicios”, contempla la ley de Presupuesto 2020, pendiente de promulgación por el Poder Ejecutivo.

sábado, 21 de diciembre de 2019

Seguridad Social para todos: Dos retrocesos y un salto hacia delante

SANTO DOMINGO,R.D.- Las autoridades dominicanas no cesan en sus prácticas y políticas contrarias a los mandatos específicos de la Ley 42-01 General de Salud, y de la Ley 87-01, que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).
A pesar de que la Ley 42-01 alerta a la población sobre los riesgos y peligros de la ingesta excesiva de bebidas alcohólicas porque afecta el estado de salud de las personas; y a pesar de su fatal incidencia en las muertes y lesiones por accidentes de tránsito, las autoridades han vuelto a levantar las restricciones sobre el consumo excesivo de alcohol en los lugares públicos y centros de recreación.
Mientras se habla del enorme costo de los accidentes de tránsito y de su relación con el consumo de alcohol, durante toda la temporada navideña personas irresponsables no sólo podrán comprar y beber ron, cerveza, whisky y vinos “en tandas extendidas” sino, además, hacer ostentación pública de tal práctica, arriesgando la seguridad ciudadana. Ahora, con el agravante de que, según las propias autoridades, alrededor del 30% del consumo lo realizan menores de 18 años.
En otro orden, las autoridades del CNSS anuncian que durante el 2020 se iniciará un plan piloto sobre atención primaria, un caramelito con el que se pretende justificar su mezquindad presupuestaria, y su incapacidad para “cumplir y hacer cumplir” la Ley 87-01, cediendo ante la presión de grupos que hacen un gran negocio con la enfermedad de la gente.
Esta decisión constituye una violación de la ley 87-01, la cual condiciona el inicio del Seguro Familiar de Salud, en sus tres regímenes, al establecimiento de un primer nivel de atención basado en la atención primaria como puerta de entrada a la red nacional de salud. El estado de derecho es tan precario, que una reforma legal y esencial, luego de 12 años de retraso, queda degradada a un simple plan piloto. Se alega la falta de recurso, tema sobre el que volveremos al inicio del 2020.    
ADESA: un gran salto cuantitativo y cualitativo esperanzador
Me satisface resaltar el salto cualitativo de la Alianza por el Derecho a la Salud (ADSESA) durante este año. Por la extracción social de sus líderes y activistas, y por su enfoque realmente centrado en la defensa de los auténticos intereses de la población marginada del país, ADESA ha venido aglutinando a la gran mayoría de los núcleos sociales que reclaman un mejor servicio público de salud y una atención médica para todos, sin copagos.
Pero este año su mayor aporte fue la publicación de su investigación de campo sobre la situación y las perspectivas de las unidades de atención primaria del sector público. Con limitados recursos, y una férrea voluntad, ADESA logró integrar un grupo de jóvenes talentosos quienes durante más de medio año de arduo trabajo describieron y cuantificaron la situación, las limitaciones, los retos y las oportunidades de avanzar hacia una modelo de atención basado en la promoción y la prevención.
Los resultados y hallazgos son tan impactantes y objetivos, que dicha publicación se ha convertido en un referente obligado para cualquier estudioso del tema, para la opinión pública, para los organismos internacionales, así como para las autoridades sectoriales y nacionales.
En el 2020 el gran reto de ADESA será continuar creciendo en la representación popular, y promover e incidir activamente en los debates sobre el sector salud durante las elecciones municipales, congresuales y presidenciales. Ojalá ADESA logre concertar un compromiso nacional para impulsar las reformas pendientes, reducir el gasto de bolsillo y mejorar los servicios públicos de salud.
Aprovecho la ocasión para desearles una feliz Navidad y un 2020 más promisorio para todos y todas, y especialmente, para nuestro país. Además, para reiterarles mi inquebrantable compromiso de continuar demandando una verdadera seguridad social para todos.

jueves, 19 de diciembre de 2019

Inversiones en la electricidad fluyeron en el año 2019


SANTO DOMINGO,R.D.- El país no se liberó de los apagones, pero consiguió que se avance en el desarrollo de energías más limpias
En 2019 el país no logró librarse de los apagones y el Gobierno tampoco se libró del pago de un subsidio eléctrico, que solo en octubre le obligó a destinar RD$1,171.26 millones a través del Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica y casi RD$20,000 millones, si suma de forma global lo destinado entre enero y noviembre.

Pero en República Dominicana se dieron pasos importantes, especialmente con inversiones privadas, dirigidas a mejorar el sector eléctrico y a lograr menos dependencia de derivados del petróleo y -de paso- reducir la factura petrolera.
2019 abrió con la colocación de capitales cuantiosos encaminados a producir energía más limpia y así se movió prácticamente los 12 meses. Pero “entre una “cosa y la otra” hubo momentos difíciles, como a mediados de año, cuando se sintió con fuerza el incremento de los apagones, atribuidos a la salida de una serie de plantas generadoras por causas diversas. Solo en una tarde de junio había 18 plantas disponibles, 21 con indisponibilidad parcial y 17 fuera. Nada deseable.
Dentro de las inversiones establecidas en suelo dominicano en 2019 figura la del mes de abril, con la primera fase del proyecto energético Parque Eólico Agua Clara, en Monte Cristi, que aporta 50 megavatios al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (Seni). La obra, de la multinacional INKIA Energy, tuvo una inversión de US$103 millones y está compuesta por 25 generadores de 2 megavatios cada uno, lo que representa una producción anual 170 mil megavatios-hora, que suple de energía a alrededor de 250 mil personas. La producción anual de Agua Clara sustituye el uso de 250,000 barriles de petróleo, equivalente al consumo aproximado de 16,000 vehículos, lo que representa un ahorro para el país de US$16 millones en la compra de combustibles fósiles, según cálculos de la firma.
En septiembre se inauguró el Parque Eólico Matafongo, en Sabana Buey, provincia Peravia, con aportes de 34 megavatios al Seni. “Cuenta con 17 aerogeneradores de dos megavatios de potencia nominal unitaria; cada uno de ellos lleva instalado un transformador que eleva la tensión de generación (690 voltios) a la de transporte interna del parque (34.5 kilovoltio)”, se explicó en su momento.
Su producción es de 91,800 megavatios-hora, equivalente a 3,100 horas de producción anual. El proyecto fue desarrollado por el Grupo Eólico Dominicano, S.A., con aportes de Genera Avante y con financiación de la banca privada. Tuvo una inversión aproximada de US$71 millones. Los detalles que se dieron sobre la obra indican que abastece a alrededor 30,000 viviendas, disminuyendo así la dependencia de petróleo y derivados.
El 19 de noviembre, Grupo AES Dominicana inició los trabajos para la construcción del parque AES Bayasol, que tendrá capacidad instalada de 58 megavatios de fuente solar, como parte de la estrategia de la empresa, de crecer incorporando energías renovables a su portafolio.
No es el único paso que dio AES este año, con esa inversión aproximada a los U$60 millones. Ese grupo se ha convertido en el mayor inversionista del sector energético de República Dominicana, con un monto que supera los US$1,600 millones, de acuerdo con datos cortados al mes de noviembre de este año 2019.
También en noviembre el consorcio Washington Capital Group Energy puso en servicio un parque de energía solar con capacidad para generar 110 millones de kilovatios hora al año. Fue construido a un costo de US$70 millones en la comunidad de Mata de Palma, en Guerra, provincia Santo Domingo.
La semana pasada, InterEnergy Group Ltd. (InterEnergy) a través de su participación accionaria en “Energas” y junto a AES Dominicana anunció la conformación de una alianza estratégica para formar Energía Natural Dominicana (Enadom), entidad que comercializará gas natural en toda la región Este de República Dominicana, a través de un gasoducto actualmente en construcción.
A través de esa sociedad que representará inversiones superiores a los US$300 millones en cuatro años, se incrementará el uso de Gas Natural Licuado (GNL) para generar electricidad y otros usos desde un 32% de la demanda actual hasta aproximadamente un 70% para el 2022.
De otro lado, en 2019 logró terminarse una de las dos plantas a carbón que componen la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC). En septiembre, mientras era probada representaba entre 12 y el 16% del aporte total de energía en país, sumando 300 megavatios en ocasiones y 360 en otras. En octubre se sincronizó la segunda unidad y se ha garantizado que enero próximo ambas aportarán entre el 30 y el 35% de la demanda total de energía al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado. Una vez estén las dos operando sumarán 752 megavatios brutos.
El 4 de diciembre se informó que la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) será propietaria del 99.2% en Punta Catalina y el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) del 0.8%, para lo cual se hizo un aporte de capital de US$622.0 millones, y se asumió una deuda de US$1,750.9 millones con el Estado.
En total, esos recursos completan los RD$2,372.9 millones invertidos en la obra.
La decisión se tomó en asambleas generales extraordinarias en las que las tres empresas distribuidoras de electricidad (Edenorte, Edesur y Edeeste) aprobaron la cesión de sus derechos de las dos plantas a carbón a la CDEEE.
Las distribuidoras siguen arrastrando las pérdidas
Instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo siguieron acompañando al sector eléctrico en la mejoría de la red de distribución, buscando bajar las pérdidas en Edesur, Edenorte y Edeeste, con una intervención que aprobó el año pasado por US$155 millones. Se trata de una operación firmada este año, pero no se ha remitido al Congreso, informó el representante local del organismo, Miguel Coronado.
“Las pérdidas de electricidad continúan siendo el talón de Aquiles del sector eléctrico, con un 27.1%”, dijo hace varios días la Asociación de la Industria Eléctrica (ADIE). Edeeste cierra 2019 con las mayores pérdidas (37%, igual que en el mismo periodo de 2018). Edenorte redujo sus pérdidas a 22% y la empresa Edesur también a 22%.

martes, 17 de diciembre de 2019

Las cuentas de Catalina la Grande


Las cuentas de Catalina la Grande


  1. Auditoria Cámara de Cuentas hasta el 31 Diciembre 2017, unos US$2,120 millones.
  2. Balance pendiente por pagar al 31 Diciembre 2017 al Consorcio Odebrecht-Technimont-Estrella con relación al monto inicial del Contrato firmado en el 2014, según Auditoria de la Cámara de Cuentas, unos US$227 millones.
  3. Fondo Contingencia pagado al Consorcio para terminar obra, US$336 millones.
  4. Estimado de Gastos 2018 y 2019, US$150 millones.
  5. Intereses financieros y comisiones bancarias durante seis (6) años de construcción y rumbo al séptimo año (el acto de inicio de obra fue el 15 de Diciembre 2013 y el primer pago de US$150 millones ocurrió en Enero 2014), pues todavía la unidad 2 a pesar de que se anunció que sincronizo hace más de un (1) mes (Noviembre 6 2019), todavía no ha iniciado las pruebas, alrededor de US$400 millones.
  6. Total gastado hasta Diciembre 2019, unos US$3,233 millones,
  7. Monto mínimo reconocido por el Ministerio de Hacienda, US$2,373 millones.
  8. Monto calculado por el Ministerio de Hacienda según modelo financiero en función al contrato de venta de energía y potencia, valoración económica mínima del Ministerio de Hacienda, US$2,500 millones.
  9. Faltante no reconocido por el Ministerio de Hacienda entre el monto gastado a Diciembre 2019 y la valoración económica mínima del Ministerio de Hacienda de US$2,500 millones, unos US$733 millones, lo cual es pérdida total para el Estado Dominicano.
  10. En función a la valoración económica fijada por el Ministerio de Hacienda, de dos mil quinientos (2,500) millones de dólares, el precio monomico de venta (potencia + energía) a las distribuidoras se situará entre los US$0.10/KWh y los US$0.11/KWh, el cual será mayor que el valor prometido que fue de menos de US$0.08/Kwh.
  11. Como el capital a ser registrado en la empresa Central Termoeléctrica Punta Catalina, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda, será de US$622 millones, dividido en US$617 millones propiedad de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y US$5 millones propiedad del Fondo Patrimonial de la Empresa Publica Reformada (FONPER).  y la diferencia con relación al valor de US$2,500 millones fijados por el Ministerio de Hacienda, será deuda de la empresa creada la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC) con el Estado Dominicano, a ser pagada en un periodo de treinta (30) años, un inversionista privado aportando US$308.5 millones adquiere prácticamente el 50% de Catalina La Grande, además del control absoluto administrativo, de operación y mantenimiento de un activo en el cual el Estado Dominicano ha gastado a Diciembre del 2019, más de tres mil (3,000) millones de dólares.
  12. Existían por lo menos dos (2) opciones para el establecimiento el capital accionario de la empresa Central Termoeléctrica Punta Catalina. Una primera opción, el capital accionario igual a 2,500 millones de dólares, de acuerdo con la valoración del Ministerio de Hacienda. En este caso, el inversionista privado tendría que desembolsar en un solo pago mil doscientos cincuenta (1,250) millones de dólares, para adquirir el 50% de las acciones de la empresa creada.
  13. El otro esquema, el seleccionado por el Ministerio de Hacienda, un bajo capital accionario, 622 millones de dólares, se coloca a la venta el 50% de la participación de la CDEEE en la empresa creada CTPC (US$617 millones), y una alta deuda de la empresa creada (CTPC) con el Estado Dominicano, la cual se situara sobre los mil setecientos (1,700) millones de dólares, la cual se paga, en un periodo de treinta (30 años), con el propio flujo de caja o ingresos que produce el contrato de venta de energía de CTPC con las distribuidoras o con la CDEEE.
  14. Mientras el Estado Dominicano se endeuda para financiar la construcción de la Central Termoeléctrica Punta Catalina a plazos que oscilan entre diez (10) y quince (15) años, el propio Estado le financia a una empresa controlada por un inversionista privado, la deuda de mas de 1,700 millones de dólares, a un plazo de treinta (30) años.
  15. En la opción seleccionada por el Ministerio de Hacienda, el inversionista privado solo tiene que desembolsar unos 308.5 millones dólares y es el dueño de prácticamente del 50% y el control absoluto de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, en cuyo activo, el Estado Dominicano ha erogado hasta Diciembre del 2019, mas de tres mil (3,000) millones de dólares. Una verdadera ganga.
  16. Con la coletilla establecida por el Ministerio de Hacienda, de que cualquier pago que en el futuro el Estado Dominicano realice con cargo a la Central Termoeléctrica Punta Catalina, por ejemplo, perdida del arbitraje de 708 millones de dólares, nuevas reclamaciones y demandas judiciales que pudiera entablar el Consorcio responsable de la construcción de la Central Termoeléctrica Punta Catalina contra la CDEEE, esos posibles y potenciales pagos adicionales, se contabilizarían al capital accionariado de la CDEEE en la empresa creada (CTPC), con lo cual disminuiría la proporción accionaria del inversionista privado en la empresa creada, o el inversionista privado tendría que realizar un aporte adicional de capital para igualar al Estado Dominicano. Un inversionista privado extranjero, difícilmente acepté ese riesgo.
  17. La Autoridad Del Canal De Panamá (ACP), institución estatal autónoma que administra y opera el Canal de Panamá, según una nota periodística reciente, ha gastado unos US$130.5 millones, en los gastos legales y de asesoría técnica, relacionados con la demanda en arbitraje que el consorcio responsable de la construcción del Tercer Juego de Esclusas del Canal de Panamá ha sometido en cortes internacionales a la ACP.
  18. ¿Cuánto gastara la CDEEE y el Estado Dominicano en gastos legales y de consultorías y asesorías técnicas asociadas al arbitraje de US$708 millones y los que pudieran surgir en el futuro? US$20 millones, US$30 millones, US$40 millones, US$50 millones, US$60 millones?
  19. ¿Están esos costos de arbitraje incluidos en la valoración económica del Ministerio de Hacienda para la venta de las acciones de la Central Termoeléctrica Punta Catalina a un inversionista privado, o serán perdidas adicionales que tendrá que asumir el Estado Dominicano? Parecería que estos costos legales y de consultoría técnica asociados al arbitraje existente y a los que podrían venir en el futuro, no han sido incluidos en la valoración económica del Ministerio de Hacienda y luce que dichos costos serían asumidos como perdidas adicionales por el Estado Dominicano.
  20. Beneficios Anuales que produciría la Central Termoeléctrica Punta Catalina según su Administrador, 240 millones de dólares.
  21. Beneficio Anual para el inversionista privado dueño de prácticamente el 50% de las acciones de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, con el control absoluto de la operación, mantenimiento, administración y gestión comercial, unos 120 millones de dólares.
  22. Periodo de tiempo en que el inversionista privado recupera el 100% de su inversión de 308.5 millones de dólares, 2.57 años, equivalentes a dos (2) años, seis (6) meses, veinticinco (25) días y doce (12) horas.
  23. ¿Cuál negocio en la faz del planeta Tierra garantiza al inversionista privado la recuperación total de su inversión en menos de treinta y un (31) meses, sin prácticamente ningún riesgo? Solo la Central Termoeléctrica Punta Catalina.
  24. Si la Central Termoeléctrica Punta Catalina es tan rentable, ¿Por qué prácticamente regalar esa rentabilidad a un inversionista privado?
  25. ¿Cuál es la prisa y urgencia de prácticamente regalar la Central Termoeléctrica Punta Catalina a un inversionista privado, en donde con tan solo unos 308.5 millones de dólares de inversión, el inversionista privado adquiere alrededor del 50% de un activo en donde el Estado Dominicano a Diciembre 2019, ha gastado más de tres mil (3,000) millones de dólares, asumiendo además el inversionista privado, el control absoluto de la administración, operación, mantenimiento y comercialización, con lo que se garantiza al inversionista privado la recuperación total de su inversión en menos de treinta y un (31) meses, sin prácticamente ningún riesgo para el inversionista privado?.
  26. ¿Por qué razón el Gobierno ha preferido poner oídos sordos a la recomendación número 88 que figura en la página 125, del Informe de fecha 30 de Junio 2017, elaborado por la Comisión de alto nivel creada por el Poder Ejecutivo, mediante el Decreto Numero 6-17 del 10 de Enero del 2017, para Investigar el Proceso de Licitación y Adjudicación del Contrato de EPC de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, la cual establece que la Central Termoeléctrica Punta Catalina” debe inicialmente quedarse bajo control estatal y a la vez reservarse la administración del proyecto a personas y/o entidades que no tengan conflicto de interés en el negocio eléctrico dominicano”?. 
  27. De acuerdo con el economista y sociólogo canadiense James Petras, las privatizaciones solo han servido para que los estados asuman las perdidas, los huesos y piltrafas y el inversionista privado las ganancias o la masa. En otras palabras, se socializan las pérdidas y se privatizan las ganancias. Los huesos del estado, las ganancias del privado.
  28. Pareciera que, en el caso de la venta de las acciones de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, se confirmaría una vez más, la afirmación de James Petras, “se socializan las pérdidas y se privatizan las ganancias, los huesos del estado, las ganancias del privado”.
  29. https://acento.com.do/2019/opinion/8760893-las-cuentas-de-catalina-la-grande/

lunes, 16 de diciembre de 2019

Plantas generadoras usarán gas natural en febrero 2020


SANTO DOMINGO,R.D.-El Gobierno terminó el proceso de negociación con las generadoras privadas para convertir 750 megavatios de energía de la zona del este a gas natural a partir de febrero de 2020.
Esa es primera fase de dicho proceso de conversión, pero más adelante continuarán con las demás, siempre y cuando sus condiciones económicas sean factibles, según informó el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, Rubén Bichara, durante una rueda de prensa en el Salón Orlando Martínez del Palacio Nacional.
Según Bichara, en esa zona hay alrededor de 1,000 megavatios instalados, cuya conversión sería facilitada con la culminación del gasoducto de 50 kilómetros que construye AES Dominicana desde Andrés Boca Chica a San Pedro de Macorís para transportar ese combustible hacia la zona.
“Este logro asegura una matriz de generación diversificada, flexible. Pero sobre todo suficiente sostenible que nos permita continuar con el desarrollo de República Dominicana”, dijo.
De su lado el presidente de AES Dominicana, Edwin Santos, dijo que la inversión le ahorra anualmente al Estado cientos de millones de dólares. Lo que genera al país un horizonte de competitividad amplio, permitiendo tener un beneficio a mediano y largo plazo.
Las finalización de los negocios se realizó luego de 10 años.
Generadoras
Santos manifestó que el gasoducto alimentará a las unidades generadoras Quisqueya I y Quisqueya II, de las empresas Barrick Pueblo Viejo, EGE Haina y la empresa CESPM, la cual se convertirá también de gas natural.
Al mismo tiempo dijo que la inauguración del proyecto se realizará la semana próxima.
A pesar de que las plantas harán el cambio de combustible, estas podrán utilizar tanto el fuel oil como el gas natural.
En tanto la presidenta de Barrick Pueblo Viejo, Juana Barceló, manifestó que cuando la empresa realizó la construcción de la planta Quisqueya I se hizo con la intención de que operara con gas natural.
“El año pasado firmamos el acuerdo con AES Dominicana para fines de usar gas natural en la planta y reducir la huella de CO2”, expresó Barceló.
Roberto Herrera, director de la Compañía de Electricidad de San Pedro de Macorís, indicó que para el verano próximo todas las plantas generadoras de energía de la zona este trabajarán con gas natural.
Medioambiente
La conversión de las plantas a gas natural tendrá un ahorro de más del 60 por ciento de la huella del CO2 que dejan las plantas generadoras de San Pedro de Macorís.
El gas natural
—1— Tiempo
Se estima que para el año 2023 la República Dominicana produzca energía con gas natural.
—2— Uso
En el país existen 70 empresas que utilizan gas natural como combustible.
—3— Combustible
También puede usarse como combustible para el transporte, barcos e industrias.
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domingo, 15 de diciembre de 2019

Entregan a 316 jubilados de diferentes instituciones públicas más de 2 millones de pesos


SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Instituto de Auxilios y Viviendas (INAVI), entregó a 316 personas más de 2 millones de pesos por concepto de pago de discapacidad, cesantía y seguros de vida.
La administradora del INAVI, Maritza López de Ortiz, explicó que la cesantía se les paga a los empleados públicos que han sido cancelados o jubilados en alguna institución del Gobierno.
López de Ortiz también detalló que el pago por discapacidad es cuando se indemniza un colaborador que ha sido jubilado por enfermedad, mientras que en los seguros de vida se les paga a beneficiarios de empleados fallecidos del estado.
Indicó que estos pagos se realizan por ley, porque es un dinero que se le descuenta a cada colaborador de las instituciones del tren gubernamental y nuevamente ese dinero vuelve a ello al final de vida laboral.
Por concepto de discapacidad, los fondos fueron recibidos por Nereida Lecler, Aleida Altagracia Almonte Temares, María Victoria Díaz Betances y Benigna Feliz Novas, entre otros.
Merys Bienvenida Sanchez Pujols de Carrasco, Cornelio López Ventura, Milta Saldaña Terrero y Maria Teresa García García recibieron sus pagos por cesantía.
En tanto que por seguro de vida: Juan Francisco Hernández Disla, Fanller Feliz Segura, Ana Consorcia Peña de Acevedo y Dilcia Josefina Arias Herrera de González, fueron algunos de los beneficiados.11 de diciembre de 2019

sábado, 14 de diciembre de 2019

El 2019: la promesa de Punta Catalina y el olvido del pacto:Resumen del Sector Eléctrico


BANI,REP. DOMINICANA.-La central termoeléctrica Punta Catalina, la necesidad de incrementar la producción de renovables y los apagones fueron los temas que más sonaron en 2019 en el sector eléctrico, mientras que el gran olvidado fue  el pacto nacional para la reforma del sector, que debió ser firmado pero se quedó en el silencio del Palacio Nacional.
Punta Catalina fue el centro de toda la actividad del Holding Eléctrico Estatal, cuyos ejecutivos han asegurado que con la entrada al sistema de sus dos unidades (752 MW) quedarán resueltos los mayores problemas del sector y la población no tendrá que sufrir los cotidianos apagones.
A principio de febrero se sincronizó la unidad I, en octubre la unidad II y se estima que para enero del 2020, las dos unidades estén aportando al sistema eléctrico entre 30 y 35% de la demanda total.
En abril, la construcción de Punta Catalina sufrió contratiempo por la negativa del Consorcio Odebrecht-Estrella-Tecnimont a pagar la bonificación correspondiente al 2018.  Para subsanar el conflicto el Gobierno destinó cerca de RD$400 millones para “gratificar” a 12,000 empleados.
A pesar de que la unidad 1 de esta nueva planta empezó a aportar energía al sistema en modo de prueba, los apagones no cesaron y las molestias de los consumidores se dejaron sentir. Los déficit de energía se mantuvieron a la orden del día, por mantenimientos programados de plantas generadoras, por aumento de la demanda de suministro, por el déficit económico de las distribuidoras y las pérdidas de energía, en fin por situaciones que se repiten año tras año.
Aunque Punta Catalina aún se encuentra en tiempo de prueba, ya el Gobierno inició el proceso para vender cerca del 50% de sus acciones.
A final de noviembre se anunció la creación de una nueva empresa, las distribuidoras cedieron sus derechos sobre la Termoeléctrica a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y al Fonper y se espera que se ponga en venta en el mercado internacional a principio del año próximo.
Aunque el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, y otras autoridades  afirman que la inversión en la termoeléctrica es de US$1,945 millones y suman más US$336 millones de un fondo de contingencia.  En la actualidad se lleva a cabo un proceso de arbitraje que se lleva a cabo en una corte de Nueva York por el reclamo del Consorcio Odebrecht-Estrella-Tecnimont US$708 millones por “costos extras”. Algunos analistas indican que el costo real de este proyecto no se debe limitar al costo nominal del contrato, sino que se deben sumar el costo de los financiamientos, estudios, asesoría y pagos incurridos fuera de la ejecución de la obra.
Subsidios siguen
El gasto del Gobierno para el subsidio de la tarifa eléctrica se mantiene, entre enero y noviembre se estima que alcanza RD$18,272.34 millones.
LOGROS
24 horas A junio de este año, existen 1,741,938 clientes en el programa 24 horas.
Pérdidas Las pérdidas de energía han disminuido a 27.4%, según la CDEEE.
Renovables La Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE) informó la incorporación de 180 MV de energía renovable solar y eólica.