sábado, 4 de enero de 2020

Evaluación del 2019 del sector envejecientes: pensionados y jubilados en RD (1de 2)



Por: Héctor González Vargas
SANTO DOMINGO,R.D.- La débil protección social en pensiones que se evidencia en Rep. Dominicana, con la existencia de un sistema fragmentado y de insuficiente e inequitativa cobertura de la población envejeciente.
Y eso lo refleja el monto de la pensión respecto al último salario devengado por la persona, lo que se denomina “tasa de reemplazo”, es muy baja, lo cual significa una reducción drástica de los ingresos para la persona jubilada.
La proporción de la población con 60 años de edad y más se ha incrementado de manera sostenida a lo largo de las últimas décadas. Según los últimos censos nacionales de población y vivienda, para el año 1981 el 3.7% de la población había cumplido 65 años, lo cual aumentó al 4.5% en 1993, al 5.6% para el 2002 y al 6.3% para el año 2010.
Se estima que para el año 2014, la población envejeciente (mayor de 60 años o más) alcanza 919,416 personas, o 9.3% del total de habitantes en el país1 . A 2015 este grupo etario representaría el 9.5% de la población, lo que aumentaría en 2020 al 26.5% en el electorado.
Este panorama refleja que cada año que se va y cada año nuevo este sector de envejecientes pensionados/jubilados representa malas huellas y experiencias, en la República Dominicana, en términos de garantizar a la persona envejeciente el ejercicio real de sus derechos sociales y la oportunidad de vivir una vida prolongada, saludable y digna.
Respecto a la protección social de la persona envejeciente, existe en el país un marco legal que le confiere formalmente derechos de protección social a los/las adultos/as mayores en el país.
La limitación de este marco es que las autoridades del sector, violan su aplicación, porque tratan a este sector como mendigos y no como un ente de la sociedad que reclama el cumplimiento de la LEY.
La ley 352-98 sobre Protección a la Persona Envejeciente y su reglamento 1372-04 definen como persona envejeciente a “toda persona mayor de sesenta y cinco años de edad, o de menos, que debido al proceso de envejecimiento experimente cambios desde el punto de vista psicológico, biológico, social y material”.
En adición, la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, describe como finalidad del Sistema de Pensiones “reemplazar la pérdida o reducción del ingreso por vejez, fallecimiento, discapacidad, cesantía en edad avanzada y sobrevivencia”.
Asimismo, más recientemente, el artículo 8 de la Constitución dominicana promulgada en 2010 llama a “la protección efectiva de los derechos de la persona” y en su artículo 60, habla sobre el derecho a la igualdad social y al “acceso universal a una adecuada protección en la enfermedad, discapacidad, desocupación y la vejez”. Pero LOS ORGANISMOS DEL ESTADO son los primeros que violan esas leyes.
La mayoría de personas envejecientes que reciben una pensión fueron las afiliadas bajo el anterior Sistema de Reparto (leyes 379-81 y 1896-48) y el 77.4% de éstas recibe pensiones equivalentes a la mínima, las cuales son financiadas por el Estado a través del Ministerio de Hacienda.
Según la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del referido Ministerio, amparados bajo la Ley 379-81, a Diciembre 2014, recibieron pensión un total de 112,818 personas, de las cuales el 91.3% son adultos mayores, es decir, que hay 102,972 personas envejecientes pensionadas en el país bajo el Sistema de Reparto o un 11.2% del total estimado de envejecientes para ese año.
Pero según HEPEJCODEEE,  un estudio realizado por HEPEJCODEEE con datos suministrados en la última memoria del 2017 que aparece en el portal de transparencia del Ministerio de Hacienda,aparece que el 84.6% del universo de pensionados/jubilados(147,611) viven por debajo de la línea de la pobreza, que podría llamarse dentro del rango de la miseria.
Donde el 47% equivalente a 69090 pensionados/jubilados ganan al mes alrededor de RD$ 5117.50, el 8.8% equivalente a 12,990 p/j ganan RD$10,000/mes; el 18.1% representan la cantidad de26,717.5(10.7)% ganan RD$20,000-30000/MES.
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viernes, 3 de enero de 2020

El sector eléctrico dominicano carece de transparencia en su servicio y en su gestión


SANTO DOMINGO,R.D.- El cinco de diciembre pasado, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) emitió un comunicado de prensa en el que informó que las empresas de distribución de energía, Edenorte, Edesur y Edeeste formalizaron la cesión sus derechos sobre la Central Punta Catalina, para facilitar su constitución como empresa generadora estatal

Desde la entrada en vigor de esa “formalización”, las acciones de la Central Punta Catalina pertenecen en un 99.2% a la CDEEE, que desde que entró en vigor plenamente la Ley No.100-13 que crea el Ministerio de Energía y Minas, pasó a convertirse en “la administradora de todas las empresas del sector energético donde el estado dominicano es propietario o socio mayoritario”.
Un Largo retraso institucional
Sin embargo, aunque podría ser un error por falta de la actualización de la página web, a la fecha de hoy la CDEEE se presenta, funcionalmente, “como órgano regulador de la generación, distribución y transmisión de la energía eléctrica en la República Dominicana”.
Un rol que, si bien desempeñó hasta el pasado no muy lejano, en el presente parece estar en conflicto con los mismos términos con los que la Superintendencia de Electricidad define su misión institucional. En su página dice que es: “Ente regulador del subsector eléctrico dominicano, que tiene la obligación de fiscalizar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias, y la normativa técnica aplicables al subsector, en relación con el desarrollo de las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad”.
Pero en su declaración del cinco de diciembre, la CDEEE se presenta como lo que en desde hace unos meses se transformó: “La administradora de todas las empresas del sector energético donde el Estado Dominicano es propietario o socio mayoritario”.
Otra institución que ocupa la cima del organigrama institucional del sector energía y minería, es el Ministerio de Energía y Minas. En su misma ley fundacional, la 100-13, se le atribuye que en “su calidad de órgano rector del sistema”, le corresponde la formulación, adopción, seguimiento, evaluación y control de las políticas, estrategias, planes generales, programas, proyectos y servicios relativos al sector energético y sus subsectores de energía eléctrica, energía renovable, energía nuclear, gas natural y la minera.
Así, la definiciones de múltiples roles aparentemente similares del sistema de energía eléctrica pasa a ser una gran galimatía, expresión que es posible considerar acorde con la que es una historia de décadas de apagones, pérdidas, deudas, inversiones fallidas, montos inimaginables de subsidios, y muchas denuncias de corrupción y contradicciones.
En ese contexto, el sector está en ciernes de dar un paso fundamental en un proyecto de generación, considerado trascendental, aunque muy polémico, en la capacidad de generación y sostenibilidad financiera del sector eléctrico.
El miércoles 4 de diciembre, las tres empresas estatales de distribución de energía realizaron asambleas extraordinarias para ceder sus acciones, en la Central Punta Catalina, a la CDEEE y al Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fomper).
Una operación que genera rechazos
En un comunicado de prensa, el Ministerio de Hacienda informó que la cesión se produce para facilitar la constitución de la sociedad comercial Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTCP). Y revela que, para las adquisiciones de acciones, para lo cual se realizó un aporte capital de US$622 millones, los adquirentes deberán asumir una deuda de US$1,750.9 millones, con lo que se completaría los US$2,372.9 millones invertidos en esa central a carbón.
En reacción a ese anuncio de Hacienda, el analista Juan Llado, calificó la operación como “otro gran desatino”, y que enmascarando y escondiendo costos, promete un impacto positivo en las finanzas públicas “aun cuando se crea una importante deuda”.
Destacó en un artículo fechado el 9 de diciembre pasado, que los adquirientes (que son estatales) asumirán una deuda de US$1,750.9 millones, como parte de la operación de traspaso de las acciones, y que entonces tanto la CDEEE como el Fomper “asumirían ese balance como una deuda con el Estado”.
Mientras que este 26 de diciembre, el ingeniero Antonio Almonte, experto en temas de energía y director ejecutivo de la Comisión de Energía del principal partido opositor, el Revolucionario Moderno, estima que la verdadera inversión realizada por el Estado en la construcción de la Central Punta Catalina es de más de US$3,000 millones, y “no US$2,500 millones, como ha dicho el Ministerio de Hacienda”.
Afirmó que, de acuerdo a la propuesta de venta anunciado, una vez compradas, la CDEEE venderá el 50% de sus acciones, por un precio de US$308,5 millones, a un inversionista privado que “se quedaría con la administración y control” de la central, que ya le ha constado al país más de los 3,000 millones de dólares que estima.
Se recuerda que según declaraciones de Jaime Aristy Escuder, administrador de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, ofrecidas el jueves 19 de septiembre de este año, se estima que los beneficios de la Central Punta Catalina sean de 240 millones de dólares al año.
Y agrega que el actual gobierno ha decidido que la diferencia entre los 622 millones y los 2,500 millones, ascendente a 1,878 millones de dólares sea registrado como una deuda de la nueva sociedad privada con el Estado dominicano, para ser pagada en 30 años.
El sector eléctrico, galimatías de hechos y palabras que nacen de ambiciones e intereses políticos, y que generan dudas y oscuridad en la iluminación eléctrica de todo un país.
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jueves, 2 de enero de 2020

Hacienda en Catalina

SANTO DOMINGO,R.D.- La causa efectiva de que se difundan y repitan tantas cifras diferentes sobre la inversión total hecha por el Gobierno en Punta Catalina es la ausencia de un informe único y oficial sobre esa cuenta.
En cualquier Estado mínimamente institucionalizado los ciudadanos tendrían a su disposición un informe oficial preliminar de inversiones, con detalles y frecuente actualización. Pero, lamentablemente, los responsables de la obra y ejecutores de su presupuesto, la CDEEE, la administración de Punta Catalina y el Ministerio de Hacienda no lo han hecho.
Por esa razón, cuando el Presidente Medina afirma – como lo hizo en su discurso improvisado el pasado  martes 17 – que la venta de las acciones de Punta Catalina se hará para “recuperar la inversión”, la primera pregunta que surge es: ¿cuál inversión señor Presidente? ¡explíquela!
Sin embargo, el Ministerio de Hacienda ha decretado, sin ninguna demostración ni detalles, que lo invertido en la central asciende a 2,500 millones de dólares (anteriormente había informado que hasta mediado de octubre la inversión sumaba 2,373 millones). Los 2, 500 millones solo incluye los 1,945 millones del contrato de Odebrecht, más cerca de 555 millones adicionales por inversiones extras derivadas de la extensión por más de dos años del periodo de construcción. La finalización estaba contratada para octubre 2017.
El grave error de Hacienda es que deja fuera un importantísimo renglón de costos que sin embargo ha pagado también la CDEEE en Catalina: los costos del dueño.
Si en Hacienda se revisara el Informe Investigación Especial sobre Punta Catalina hasta diciembre del 2017, aprobado por la Cámara de Cuentas mediante la  Resolución No. AUD-2019- 09, encontraría que del total de inversiones realizadas por el Gobierno hasta la fecha indicada, el 77% correspondía a pagos al contrato de Odebrecht y el restante 23% a gastos de la CDEEE en Punta Catalina pero fuera del contrato. A eso es que universalmente se le denomina en ingeniería costos del dueño.
En el informe de la Cámara de Cuentas los costos del dueño a 2017 sumaban aproximadamente 400 millones de dólares. Si se agregan los intereses pagados de 2017 a a diciembre 2019, así como otros gastos de la CDEEE fuera del contrato durante el retraso, tendríamos un gran total de más de tres mil millones de dólares…, aunque resulte duro asimilarlo.
https://acento.com.do/2019/opinion/8763469-hacienda-en-catalina/
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miércoles, 1 de enero de 2020

Pensiones en República Dominicana: ahorrar toda la vida plagado de desigualdad social


Cuando el año cero de las pensiones llegue a la República Dominicana, en 2033, alrededor de un 15 % de la población tendrá edad para retirarse, pero no muchos podrán. Las tres décadas de ahorro para más de 1.7 millones de ciudadanos se convertirán en menos de la cuarta parte del último ingreso que recibieron, y eso si lograron los aportes suficientes durante su vida laboral para alimentar sus cuentas de capitalización individual.
Esa tasa de reemplazo de 22 % que recibirían los cotizantes por sus fondos de pensiones es un cálculo de analistas, no hay una estimación oficial que precise cuánto recibirá en promedio cada trabajador. La respuesta desde la Superintendencia de Pensiones (Sipen) es que todo depende del caso. “No existe una única tasa de reemplazo para los pensionados por vejez del sistema dominicano de pensiones”, indicaron desde esa institución a través de Acceso a la Información. Hace siete años la entidad dejó de publicar la tasa de reemplazo de los afiliados a los fondos de pensiones. Para entonces, era de 36 % en promedio.
Pero Arismendi Díaz Santana, uno de los creadores de la Ley 87-01, que dio origen al sistema de seguridad social dominicano, tiene clarísimo el panorama: una persona que gana un salario de 20,000 pesos al mes se retirará con una pensión por vejez de apenas 6,000 pesos por sus 30 años cotizados en su cuenta de capitalización individual, y no es seguro que ese ahorro alcance hasta el día de su muerte. “Todos los sistemas de pensiones están en crisis”, zanjó.
La crisis de la seguridad social ya ha sido alertada. El propio superintendente de Pensiones, Ramón Contreras, señaló que hay que buscar una solución, pero que la salida debe ser legislativa. “Este es un sistema de capitalización individual que se alimenta de nuestros aportes y de los del empleador, de modo que, si aportamos poco y ahorramos poco en nuestra vida laboral, ya sea por bajas cotizaciones o por la intermitencia laboral, por la informalidad, la elusión y la evasión, al final los montos de retiro serán escasos”, dijo Contreras.
Agregó que es la Ley 87-01 la que establece la edad de retiro, así como los aportes de los trabajadores y la parte que corresponde al empleador, de manera que, si se quiere jugar con esos elementos para incrementar las pensiones del futuro, hay que concretar un cambio legal.
La normativa vigente indica que para pensionarse por vejez el afiliado debe haber cumplido 60 años de edad y haber cotizado durante un mínimo de 360 meses.
“Los aportes están determinados por la ley 87-01, y para variarlos hay que variar la ley”. Dijo que por ello desde el año pasado operan mesas de trabajo que intentan resolver el entuerto de un sistema de pensiones que está en crisis y ni siquiera ha comenzado a operar en su totalidad. Se trata de una instancia gubernamental y de otra privada y laboral para discutir sobre la seguridad social, “porque este es un tema tripartito y entre los tres debemos tomar las previsiones necesarias para que las pensiones puedan ser suficientes, dignas y garanticen la felicidad de los dominicanos cuando lleguen al fin de su vida laboral”, zanjó.
Pero esa solución de aumentar la edad de jubilación y la cotización no alcanza para todos. La única forma de lograr esa pensión de RD$6,000 pesos a la que se refiere Díaz Santana es si el afiliado cotiza ininterrumpidamente durante 30 años al sistema. No puede quedar desempleado por mucho tiempo ni trabajar en un pequeño emprendimiento informal o por su cuenta.
Rafael Ortiz, un hombre de 68 años de edad que ha laborado de forma independiente toda su vida, no tiene más opción que trabajar hasta que ya no pueda más. Para él no hay pensiones. “Me he pasado la vida trabajando, pero ya llegó un momento en que no puedo hacerlo como antes. Los independientes no tenemos pensiones, no tenemos nada. Cuando a mi se me acabe el dinero que tengo ¿qué es lo que me queda? Morir”, dice.
Y su drama va más allá del tema de las pensiones. Ortiz, quien hace cuatro años sufrió un derrame cerebral, tiene una póliza de seguro que le cubre lo justo. Por su edad, una aseguradora se lo pensaría dos y tres veces para aprobarle un plan de salud, así que debe mantenerse con el que tiene, que no le cubre las consultas médicas y le reconoce una pequeña porción de los 30,000 a 40,000 pesos que gasta cada mes solo en medicinas.
Aunque el caso de Ortiz revela la realidad del trabajador informal —que es más del 50 % del mercado laboral— en el mundo de las pensiones, la vulnerabilidad también abarca a los cotizantes del sistema de seguridad social. Díaz Santana explicó que el seguro de vida, para el que se aporta 1 % del salario cotizable del trabajador, perime cuando éste cumple 65 años de edad. No lo dice la norma 87-01, sino que esta y otras limitaciones se añadieron luego a los reglamentos que, señalan varios expertos, desdibujaron el sentido de la normativa marco de la seguridad social.
“Esos reglamentos no responden a las neccesidades de los trabajadores, porque fueron hechos para beneficiar a las empresas”, dijo Díaz Santana.
La paradoja salarial
De acuerdo a los datos que publicó la Sipen en su boletín enero-marzo de este año, los salarios de los trabajadores se van incrementando a medida que se acercan sus años de retiro, con lo que los aportes más altos a los fondos de pensión ocurren justo cuando la vida laboral está a punto de terminar.
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En la actualidad el salario cotizable de los más jóvenes del mercado laboral es, en promedio, de apenas RD$13,157 y el aporte que llega a la cuenta de capitalización individual por esa remuneración es de RD$1,052 al mes. El nivel salarial va avanzando poco a poco, pero no de forma contundente, de manera que cuando los trabajadores alcanzan su edad de jubilación es que registran sus salarios más altos. En la actualidad los mayores de 60 años de edad tienen un salario cotizable de RD$47,931, que se traducen en poco más de RD$3,800 mensual en aporte al fondo de pensión.
El problema no es solo que los salarios son bajos —y por ende, los aportes a las cuentas de capitalización individual—, y que la esperanza de vida aumenta cada vez más, con lo que se necesitan cotizar más años para cubrir esos años adicionales de vida. El estudio “Pensiones: ¿seguridad social o gran negocio?” presentado en conjunto por la fundación chilena Sol, la dominicana Fundación Juan Bosch y la organización no gubernamental internacional Médicos del Mundo, señala que la rentabilidad que genera el negocio de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) —que manejan los ahorros de los cotizantes de pensiones— supera con creces la rentabilidad que se obtiene para los fondos que éstas administran.
“En particular, entre 2004 y 2015, el negocio de las AFP registró una rentabilidad anual promedio sobre su patrimonio de 35,8%, mientras la rentabilidad real anualizada de los fondos ha sido de 4,98%”, señala el reporte.
Y, en todo caso, ese dinero que recibirán los pensionados en realidad comprará muy poco.
En el caso hipotético de una persona que se retira del mundo laboral a los 60 años para vivir de su fondo de pensiones, ¿cuánto podría cubrir de sus gastos? Según el Banco Central de la República Dominicana, el costo de la canasta familiar era de RD$30,832.30 en julio pasado, de manera que una persona que se retira en la actualidad apenas si podría cubrir un tercio del costo de vida. La última vez que el ente emisor presentó una encuesta sobre el gasto en los hogares, en el año 2007, la porción de los egresos familiares que se iba en alimentos era de 21.4 %, en transporte se gastaba 17.3 % del gasto mensual, 10 % en vivienda, 6 % en salud, un 5 % en prendas de vestir y calzado, un 3 % en comunicaciones, y el porcentaje restante en educación, recreación, restaurantes y servicios diversos.
Las pensiones no alcanzarán para cubrir ni un tercio de los gastos básicos de un ciudadano
https://www.diariolibre.com/economia/pensiones-en-republica-dominicana-ahorrar-toda-la-vida-para-seguir-trabajando-FG14037893
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lunes, 30 de diciembre de 2019

Las AFP logran rentabilidad de más RD$5,000 millones en el tercer trimestre



SANTO DOMINGO,R.D.- No otorgan 60% de pensiones por sobrevivencias y el 30% por discapacidad
Al mes de septiembre del moribundo año que ya llega a su final, dos cosas se repiten en el sistema de pensiones dominicano de capitalización individual, que ya son bien sabidas, e igual, bien olvidadas. La desigual y escandalosa rentabilidad, entre lo mucho que reciben las administradoras de fondos de pensiones, en comparación con lo recibido por los llamados y supuestamente protegidos del sistema, los afiliados, que tienen por futuro un destino de precarias pensiones a partir de sus retiros.

La otra cosa: la negación persistente de derechos a muchos familiares consistente en recibir las pensiones de sobrevivencias y discapacidad por la muerte o incapacidad para trabajar relacionadas con sus parientes afiliados.
En el boletín de tercer trimestre del 2019, divulgado por la Superintendencia de Pensiones, se observa las siete administradoras de fondos de pensiones que son habilitadas para operar en el sistema. Son estas la Atlántico, JMMB-BDI, Crecer, Popular, Reservas, Romana, Siembra.
Las dos primeras (Atlántico y JMMB-BDI) son de más reciente inicio en sus operaciones en el mercado dominicano, por lo que sus rentabilidades corporativas son muy bajas o negativas. La primera registró una utilidad neta, con relación a sus ingresos totales de 6.1%, y la segunda una pérdida 71.0%, también con relación a sus ingresos.
En tanto, sobre las de mayor longevidad en el mercado, Crecer, Popular, Reservas, Romana, Siembra, en conjunto sus ingresos sumaron cerca de RD$9,559,1 millones, y su rentabilidad neta alcanzó un poco más de RD$5,193.1 millones, lo que significa que el monto conjunto de sus utilidades netas representó el 54.3% del total de lo ingresado. O sea, es como si usted invierte un monto determinado para un negocio, y en siete meses ha recuperado más de la mitad del capital.
La Superintendencia de Pensiones incluye recientemente dos tipos de rentabilidades en su boletín, el económico y el financiero. El primero, el ROA, consiste en la rentabilidad sobre los activos; y el segundo, el ROE, mide la rentabilidad sobre el capital invertido.
Exceptuando a la AFP JMMB-BDI, que reciente ingresó al mercado y por tanto aún registra pérdidas, todas las restantes tienen rentabilidades positivas para ambos indicadores. En el caso de la ROE, la más baja es la de la AFP Atlántico (10% en ROE, y 6% en ROA). El resto varía entre 38% a 65% en la de la ROE; y 33% a 60% en la de la ROA.
En contraste, la rentabilidad promedio ponderada de los fondos de capitalización individual (CCI), a septiembre, fue de 10.75%.
Esto significa que las administradoras de fondos de pensiones pudieron alcanzar rentabilidades sobre los activos y sobre el capital invertido superior en hasta seis veces lo que les abonan a las cuentas de sus afiliados.
La otra cara
Como otra cara de la moneda, también es otro negocio muy lucrativo para las AFP y las compañías de seguros.
Al 30 de septiembre de 2019, los afiliados discapacitados, que antes de serlo, contribuyeron con aportes obligatorios de sus salarios a sus cuentas individuales, realizaron 17,570 pensiones por discapacidad. Solo las recibieron 12,212 discapacitados, equivalente al 69.5%.
Mientras que, sobre el caso de los afiliados fallecidos, sus familiares realizaron 22,570 solicitudes de pensiones de sobrevivencias. Solo fueron otorgadas 9,206, lo que equivale al 40.4%.
Sobre el casi 60% restante, es como un mundo de “almas muertas” al estilo novelesco de Nikolái Gógol, sobre la vida rusa rural y profunda de mediados del siglo XIX. Era un negocio comprar almas muertas, en la novela de Gógol, pues valían porque aun muertas sus nombres estaban inscritos en los registros de la propiedad, y eran un medio para inflar la posición social.
Pero en contraste, en el mundo moderno de los fondos de pensiones, la negación de las pensiones de sobrevivencias resulta un medio para inflar la posición financiera de las gestoras de esos fondos, y por demás, eso también infla la posición social.
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domingo, 29 de diciembre de 2019

Afiliados de la ARS Salud Segura pasarán al SeNaSa a partir del primero de enero


SANTO DOMINGO,R.D.-.- La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) informó este jueves el traspaso de la cartera total de afiliados y pensionados de la ARS Salud Segura a favor del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), correspondiente al Régimen Contributivo, con efectividad a partir del primero de enero.
En un comunicado firmado por Pedro Luis Castellanos, superintendente de Salud y Riesgos  Laborales,la institución indica que la medida obedece al cumplimiento de lo establecido por el Articulo 36 de la Ley No. 397-19, de fecha 30 de septiembre del presente año.
«En cumplimiento de la referida disposición legal, se ejecutará el traspaso de la cartera total de pensionados, afiliados a ARS Salud Segura, a favor del Seguro Nacional de Salud (ARS Senasa), beneficiarios del Plan de Servicios de Salud Especial Transitorio para Pensionados y Jubilados del Ministerio de Hacienda, creado mediante el Decreto No,. 342-09, de fecha 28 de abril de 2009 y el Decreto No. 2013-10, de fecha 15 de abril de 2010, con efectividad a partir del día primero de enero de 2020», establece el comunicado.
Señala que en consecuencia, el Seguro Nacional de Salud garantizará la continuidad de cobertura de las carteras de afiliados transferidas y será la ARS responsable de las autorizaciones y pago de los servicios que se generen a partir del día primero del mes de enero.
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