El pasado mes de diciembre, 195 naciones, incluida la República Dominicana, firmaron un acuerdo histórico en París, como resultado de intensas negociaciones en la Vigésimo Primera Conferencia Internacional sobre Cambio Climático (“COP 21” por las siglas de XXI Conferencia de las Partes), organizada por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). El documento, desglosado en unos siete pilares dentro de los que se encuentran mitigación, adaptación y financiamiento, fue calificado como “jurídicamente vinculante”, ya que implica obligaciones jurídicas para sus signatarios. De manera concreta las partes, clasificadas en naciones desarrolladas y en naciones en vías de desarrollo, tendrán responsabilidades comunes pero diferenciadas en virtud de sus capacidades.
Conforme a la posición que presentara la República Dominicana, y en línea al discurso que ofreciera el presidente Danilo Medina en dicho escenario, nuestro país se ha propuesto reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 25%, para cuyos fines se ha planteado la ambiciosa meta de que el 32% de la matriz de generación eléctrica provenga de fuentes renovables, entre otros objetivos diversos.
En adición a lo anterior, nuestra nación ya tenía metas claramente trazadas en materia de cambio climático, establecidas en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana 2030, que propone de manera concreta en su cuarto eje estratégico: “una sociedad con cultura de producción y consumo sostenibles, que gestiona con equidad y eficacia los riesgos y la protección del medio ambiente y los recursos naturales y promueve una adecuada adaptación al cambio climático.” En este eje se desglosan objetivos al 2030 relacionados con el manejo de los residuos, gestión sostenible y eficiente de los recursos hídricos, gestión de riesgos ambientales y uso de suelo, entre otros.
Sin embargo, transcurridos cuatro años desde la aprobación de la referida Ley, podemos afirmar que los avances en este sentido han sido minúsculos y que el camino a recorrer es extenso.
En lo que respecta a la gestión del agua, el año pasado República Dominicana atravesó por la peor sequía reportada desde los últimos veinte años, registrándose valores negativos en el 80% de las estaciones pluviométricas del país, sin que se hayan adoptado medidas importantes de cara al futuro en ese sentido. En el país no existen suficientes Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales para la demanda requerida, lo que se traduce en contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, y a esto se suma que el 60% del agua que reciben los ciudadanos se desperdicia, según datos del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado. Muchas han sido las iniciativas legislativas que persiguen reformular la política relativa a la gestión de este valioso recurso en el país desde los años noventa, y ninguna, fatídicamente, ha logrado el consenso de las partes involucradas.
El tema de la gestión de los residuos resulta otro gran reto. Solo basta señalar que residuos que manipulamos con frecuencia en nuestros hogares como los bombillos y las pilas eléctricas, no reciben el tratamiento correspondiente y terminan contaminando el suelo, el sub-suelo y el agua subterránea con metales pesados como el mercurio y el plomo, que resultan altamente peligrosos para la salud humana y el medio ambiente. Una cultura casi nula en materia de reciclaje, reducción y reutilización de residuos es una realidad indiscutible de nuestro país, e irrefutablemente insostenible a mediano y largo plazo.
El ordenamiento territorial corre una suerte similar al tema del agua, ya que no contamos con una legislación concreta que regule y tipifique los diversos usos del suelo, y es así como en el casco urbano en un mismo bloque encontramos edificios residenciales, estaciones de combustibles, restaurantes y muchos otros negocios variados. Además del riesgo para la salud humana que implica lo anterior – y un claro ejemplo de esto son los acontecimientos recientes que han involucrado envasadoras de gas– ambientalmente también resulta insostenible y dificulta, inclusive, la aplicación de normativas en la materia como la relativa al ruido, por ejemplo, ya que los límites máximos permisibles en decibeles se tipifican según áreas (comercial, residencial, industrial, etc.), sin embargo, resulta imposible en algunos casos definir la naturaleza de una zona.
El presidente Medina reconoció en su discurso de rendición de cuentas de este año la necesidad de un Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, el cual, según mandato del artículo 30 de la Ley General de Medio Ambiente, promulgada en el 2000, debió haberse ejecutado para el 2003. Esperemos este sea el impulso que requiere el proyecto legislativo sobre el tema en cuestión que cursa en el Congreso Nacional.
Finalmente, respecto de las energías renovables, y a los fines de cumplir con la meta de que el 32% de la matriz de generación eléctrica dominicana provenga de fuentes renovables, entendemos que será necesaria una reforma a la normativa en materia de incentivos a desarrollo de fuentes renovables de energía, Ley No. 57-07, la cual sufrió reducciones significativas a raíz de la reforma fiscal del 2012, además de solucionar las “trabas” burocráticas en instancias administrativas a los fines de optar por las concesiones que la referida Ley instituye. La meta del presidente Medina del 32% debe ser una oportunidad para este sector, no solo desde la esfera ambiental, sino también desde una óptica de potencialidad económica y competitividad nacional.
En definitiva, tenemos retos de cara al cambio climático, muchos, pero el primero es voluntad. Voluntad de la administración pública, de proceder oportuna y eficazmente, de humanizar sus gestiones, de trazar políticas públicas activamente, de pensar a futuro, de entender la responsabilidad que los ciudadanos dejamos en sus manos y de comprender la importancia de este tema. Como dijera el presidente Medina en su discurso en la COP21, “ha llegado la hora de la verdad para enfrentar los efectos del cambio climático... fenómeno que no es una fatalidad inevitable, sino un desafío para el cual hay que prepararse y enfrentar con responsabilidad y eficiencia”.
La autora es Directora del Departamento de Medio Ambiente de la firma DMK Abogados- Central Law.
http://www.diariolibre.com/opinion/en-directo/y-nuestro-pais-como-enfrenta-los-efectos-del-cambio-climatico-JE3006803
