Me refiero a una ¨lucha¨ impulsada por el diputado por la provincia de la Romana, Pedro Tomás Botello Solimán, con escasamente 46 años, un político y profesional del derecho, inclusive, en 1997 fue ganador del premio nacional de la juventud y dirigente clubistico de su ciudad natal, en fin un gran gestor social, que en su calidad de diputado, forma parte de la bancada del Partido Reformista, PRSC.
Sería en honra a su perfil de luchador social, que dicho diputado, desde pocos días de ser juramentado, puso en la agenda nacional el reclamo del 30% para que a través de una ley el congreso autorice a las AFP´s el desembolso del monto correspondiente a esta partida de la masa total de los que dichos afiliados tienen acumulados como fondos de sus pensiones. Y hasta ahí, suena muy bonito y de paso su lucha le ha generado un buen rating político que solo se consigue a través de las acciones populistas que abrazan causas sustentadas en sentimientos colectivos que se generan de un hecho eminentemente ¨perentorio para las masas¨ y que se venden como reivindicaciones justas, siendo estas simplemente burbujas demagógicas.
Dicho lo anterior, es justo ponderar que el reclamo del diputado Botello tiene que ver con los aportes acumulados llamados fondos de capitalización individual, que no es más que las partidas provenientes del aporte del financiamiento del Régimen Contributivo, el cual, según el artículo 13 de dicha ley, se financia mediante: a) Las cotizaciones y contribuciones obligatorias de los afiliados y de los empleadores), misma que se reporta al Sistema de Seguridad Social, a través de la Tesorería de dicho sistema a fin que se forme una masa financiar que se sustenta en 360 cotizaciones en un promedio de 30 años aportándosele.
Dicha masa se forma de valor total de descuento equivalente al diez por ciento (10%) del salario cotizable. El cual se sustenta; a) 2.88% a cargo del afiliado; b) 7.12% a cargo del empleador, quien a la vez circula de la siguiente forma, 8.0% destinado a la cuenta personal, o sea, la que corresponde al fondo de los afiliados, ya que el restante 2% se distribuye; 1) Un máximo de 1.0% para cubrir el Seguro de Vida del afiliado; 2) Un 0.4% destinado al Fondo de Solidaridad Social; 3) Un 0.5% para la comisión básica por la Administración de Fondos de Pensiones del Afiliado; y 4; Un 0.1% para financiar las operaciones de la Superintendencia de Pensiones.
De la dinámica distributiva anterior, por mandato del artículo 35 de la ley que rige la materia, el sistema está obligado a cubrir la pérdida o reducción del ingreso por vejez, fallecimiento, discapacidad, cesantía en edad avanzada y sobrevivencia. Pero la lucha del diputado Botello es que se le entregue una 30% del dinero que los afiliados tienen acumulados para el tiempo de la vaca flaca, que es la vejez. Por lo tanto, el asunto no es tan simple como plantear una demanda popular, y más con la sed de dinero de la gente, lo cual sería lógico pensar que la misma tendrá adeptos hasta de afiliados que quizás sin tener vela en ese entierro, se enrolen en las protestas, sin saber sobre la realidad de recibir una pensión por vejez, más que es la protección del pensionado y de sus sobrevivientes y que se adquiere luego de que dicho afiliado haya acreditado; a) Tener la edad de sesenta (60) años y haber cotizado durante un mínimo de trescientos sesenta (360) meses; o b) Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años y acumulado un fondo que le permita disfrutar de una jubilación superior al cincuenta por ciento (50%) de la pensión mínima, pero, la situación es más perentoria al analizar que el artículo 46 de dicha ley, establece que las pensión por discapacidad, propiamente dicha, opera de la siguiente forma; a) cuando el afiliado sufra una enfermedad o lesión crónica cualquiera que sea su origen. Se considerará discapacidad total, cuando reduzca en dos tercios su capacidad productiva, y discapacidad parcial, entre un medio y dos tercios; y b) Haber agotado su derecho a prestaciones por enfermedad no profesional o por riesgos del trabajo de conformidad con la presente ley.
Ahora bien, este derecho tiene unos requisitos para poderse convertir en un derecho adquirido, según el artículo 50 de dicha ley, quien establece que el afiliado tendrá derecho a la pensión mínima en caso de cesantía por edad avanzada cuando quede privado de un trabajo remunerado y haya cumplido cincuenta y siete (57) años de edad y cotizado un mínimo de trescientos (300) meses. Pero, sin embargo, el afiliado cesante mayor de cincuenta y siete (57) años y que no haya cotizado un mínimo de trescientos (300) meses, se le otorgará una pensión en base a los fondos acumulados o podrá seguir cotizando hasta cumplir con el mínimo de cotizaciones para calificar para la pensión mínima por cesantía. En ningún caso la pensión por cesantía podrá superar el último salario del beneficiario. Y aquí yo pregunto, ¿Para dónde va un caballo cansado, si no tiene su yerbas aseguradas?
Lo dicho hasta aquí nos pinta un cuadro de cara al futuro de los afiliados, que de acuerdo al régimen contributivo, o sea el que hace dueño al afiliado-que no lo cotiza él solo, sino también que el empleador cotiza un 7.12%, y que se sepa, de un beneficio que no solo lo abarca a él, sino también, garantiza prestaciones a sus familiares, cuestión que a Botello se habría olvidado que ese derecho a la seguridad es un derecho constitucionalizado, que está amparado en el artículo 57 de nuestra carta magna en la sección I bajo el epígrafe de los derechos civiles y políticos, y que por efecto, ese asunto tiene un candado, amparado también en el artículo 57 de la Constitución Dominicana, que en su parte in fine, establece que el Estado garantizará los servicios de seguridad social integral (…), en ese mismo tenor el artículo 60 de la Carta Magna, establece que toda persona tiene derecho a la seguridad social, y que el propio Estado estimulará el desarrollo progresivo de la seguridad social (…) a fin de asegurar una adecuada protección en la enfermedad, discapacidad, desocupación y la vejez.
Entonces a la luz de lo planteado, Botello con su demanda convertida en proyecto de ley está obligando al propio Estado, siendo él una parte integral del mismo, debido a su condición de legislador, aprobar una ley que desmonte todo ese amparo que está planteado en dicho sistema. En ese afán populista, y aquí cabe una pregunta. ¿Y si a la masa total de la cuenta de capitalización individual en pleno trayecto de la acumulación que se logra por aportaciones, como vimos, 360 cotizaciones, o sea 30 años, se le saca un 30% que representa una tercera parte de las cotizaciones necesarias para recibir las pensiones, qué pasará con el destino final de los afiliados, que en honor a la verdad va a desmontar su plan que le garantiza una protección para su vejez?
Ahora bien, al margen del privilegio leonino que esta ley le otorga a las instituciones bancarias-, según el artículo 97 de la ley 87-01, el dinero de las AFP´s no es un dinero líquido y de circulación monetaria que está como una cuenta pasiva, sino que en su calidad de administradora de esos fondos, como las pensiones se adquieren luego de 30 años de servicios, con excepción de las correspondientes a enfermedades, accidentes laborales, esos fondo están, según lo autoriza el artículo 97 de la ley 87-01, invertidos en instrumentos financieros, tales como: a) Depósitos a plazo y otros títulos emitidos por las instituciones bancarias, el Banco Nacional de la Vivienda, el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) y las asociaciones de ahorros y préstamos reguladas y acreditadas; b) Letras o cédulas hipotecarias emitidas por las instituciones bancarias, el Banco Nacional de la Vivienda, el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) y por las asociaciones de ahorros y préstamos reguladas y acreditadas; c) Títulos de deudas de empresas públicas y privadas; d) Acciones de oferta pública; e) Títulos de créditos, deudas y valores emitidos o garantizados por estados extranjeros, bancos centrales, empresas y entidades bancarias extranjeras o internacionales, transadas diariamente en los mercados internacionales y que cumplan con las características que señalen las normas complementarias; f) Títulos y valores emitidos por el Banco Nacional de la Vivienda, para el desarrollo de un mercado secundario de hipotecas; g) Fondos para el desarrollo del sector vivienda; h) Cualquier otro instrumento aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), previa ponderación y recomendación de la Comisión Clasificadora de Riesgos.
Por lo tanto, sacarle un 30% a esos fondos, además que trunca el goce y disfrute de las pensiones de las personas envejecientes, genera que ni los bancos ni el propio Estado, que también se nutre de préstamos de esos fondos, fácilmente, podrán dejar pasar una ley que desmonte prácticamente el Sistema Dominicano de Seguridad, en el hecho que si al monto acumulado de las cuentas de capitalización individual, se le saca un 30%, tendríamos implicaciones funestas para los afiliados, en el sentido, que una inmensa cantidad de estos, que ya tendrían las 360 cotizaciones al sacarle ese porciento, sus pensiones se les irían de las manos. En el sentido, de que descompletarían todas las cotizaciones que ya les garantizaban sus prestaciones. Y más, sería como involucionar y producir una pesadilla o un círculo vicioso, y sería por consecuencia, volver a empezar, por el simple hecho que de una demanda populista se les entregue dicha partida, máxime que se sabe, por conducta social, que ese dinero se lo tragará la cultura de los gastos superfluos que en definitiva no se recuperan jamás. Por lo tanto, lo que se impone es fortalecer ese sistema y hacerlo menos onerosos para las bancas nacionales. ¡En efecto, Por lo tanto, ¡se debe tener mucho cuidado con esa demanda porque trastoca una prestación a futuro de los afiliados!
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