A continuación el texto íntegro de la declaración de la rueda de prensa celebrada:
Sector Social en el Pacto Eléctrico
¡El
Pacto Eléctrico será un cheque en blanco para
legitimar la mafia ODEBRECHT y la impunidad!
No es cierto que las discusiones del
Pacto Eléctrico hayan llegado a su fin en las discusiones pre-plenarias. Es una
falsificación de la verdad y de los progresos que lentamente se lograron, sin
tocar las cuestiones esenciales del tema eléctrico. Por el contrario, ha
entrado en una crisis institucional y moral.
Por eso, formalmente ante la sesión
Pre-plenaria, el martes 1º. de agosto, ante la negativa la discusión y
compromiso de acuerdo, en torno a los puntos fundamentales del pacto y los
reclamados especialmente por el Sector Social, PRESENTAMOS UN DISENSO A
TODOS LOS ACUERDOS ANTERIORMENTE ADOPTADOS, en ejercicio de derecho y basados
en la metodología que guía las discusiones, que establece: “mientras todo no
está acordado, nada está aprobado”.
Igualmente, alertamos al país que al
final de la jornada, no es un acto transparente proponerse fabricar una
“sociedad civil” o un “sector social” a última hora, con entidades que nunca
participaron o que simplemente fueron nombradas en el decreto presidencial y
que no tienen opiniones o nunca estuvieron presentes durante estos tres años de
trabajo y discusión.
Sin el Sector Social no puede haber
pacto legítimo. Cualquier acuerdo que no implique reconocer la metodología
aprobada y que ahora se intenta desconocer o retorcer, constituye la reedición
de las añejas prácticas de no transparencia y manipulación, frente a las que, de
producirse, rechazamos y denunciamos con toda responsabilidad.
Una parte fundamental de las llamadas
“propuestas consensuadas” son correspondientes a lo ya establecido en la ley y
a las que, en algunos casos, además de reafirmarlas se establecen plazos y
fechas para su entrada en aplicación. Las 31 propuestas esenciales de la
ciudadanía y el pueblo consumidor han sido ignoradas, colocadas en disenso o
simplemente ignoradas, en el tropel interesado por entregarle un “documento de
pacto” al presidente Medina.
Intentar freír nuevamente el Pacto
Eléctrico, por razones enteramente políticas y coyunturales, para “blindar a
Punta Catalina” como a nombre del gobierno lo reiteró Rubén Jiménez Bichara, es
un gran desprecio por el país, por nuestras familias consumidoras, por los
micro, pequeños y medianos productores y por el sector público consumidor.
El gobierno solo ha pretendido
utilizar el Pacto Eléctrico para asegurarle legitimidad a la gran estafa que
significa construir Punta Catalina sobrevaluada, para terminar, privatizándolas
como lo plantearon en el pacto y pretenden hacer nuevamente con las empresas
distribuidoras de energía (EDEs).
El sector social, como representante
de los intereses de consumidores, como vigilante en esas discusiones del interés
nacional, en medio de la marea de esperanza que marca la vida del país por el
Fin de la Impunidad, no firmará jamás un pacto eléctrico:
1- Si no hay
compromiso de rescindir el contrato mafioso de Punta Catalina, la recuperación
del dinero robado con las sobrevaluaciones, la aplicación estricta de la ley
sobre sobornos y la expulsión de Odebrecht del país, para abrir paso a un nuevo
Modelo de Negocios como hemos sostenido.
2- Sin la garantía de
que al consumidor no les será aumentada la tarifa eléctrica en el periodo de
saneamiento del sistema eléctrico, el cambio de matriz y la conversión en
eficientes de las empresas eléctricas del Estado.
3- Sin la garantía de
un Sistema de Seguimiento del pacto y Veeduría Social autónomo y con
funcionamiento garantizado, que no pueda ser manipulado por funcionarios
públicos o los poderes económicos, basado en grupos sociales y ciudadanía.
Jamás firmaríamos un pacto que se
proponga reducir o violar conquistas y derechos ganados por la gente con sus
luchas históricas.
No firmaríamos un Pacto Eléctrico:
a- Si no garantiza el
reembolso a los usuarios del por150% por cada hora de apagón, como establece la
ley 125-01.
b- Si no asegura el
cobro y aplicación del 10% de beneficios extraordinarios de los usuarios no
regulados por comprar la energía más barata, a la baja de la tarifa de los
usuarios regulados, como establece la ley 125-01.
c- Si no asegura el
cumplimiento de lo estipulado en la ley sobre el alumbrado público.
d- Si no hay un
saneamiento real de las EDEs hasta convertirlas en empresas eficientemente
dimensionadas.
e- Sin la
reestructuración y articulación eficiente de las instituciones del sector
eléctrico para acabar con el clientelismo.
f- Sin el compromiso
de salvar y recuperar nuestras empresas hidroeléctricas para elevar su
producción y productividad.
g- Sin una apuesta a
compromisos concretos de la energía renovable y alternativa, orientada a la
reducción de las emisiones de CO2 y al cumplimiento de los convenios y
tratados internacionales sobre el medio ambiente, de los que somos signatarios
y como lo pauta la Estrategia Nacional de Desarrollo (END 2017).
Actores del Sector
Social firmantes:
· Observatorio Dominicano
de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (ODPP-UASD)
· Fundación
por los Derechos del Consumidor (FUNDECOM)
· Articulación
Nacional Campesina (ANC)
· Confederación
Nacional de Mujeres del Campo (CONAMUCA)
· Asociación
de Comités de Amas de Casa del Distrito Nacional (ACACDISNA)
· Comité
Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCCC)
· Federación
Nacional de Cooperativas Eléctricas (FEDOCOPE)
· Fundación
Guayacán de Energía y Medio Ambiente (GEMA)
· Colegio
Dominicano de Economistas (CODECO)
