Emiratos aporta fondo paneles solares en RD

SANTO DOMINGO,R.D.- La República Dominicana recibirá 3 millones de dólares del Fondo de Energías Renovables Emiratos Árabes Unidos-Caribe para la instalación de paneles solares en 1,000 centros sanitarios del país, informó ayer el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía dominicana, Juan Rodríguez Nina. Esta aportación se enmarca en un acuerdo global con diferentes países del Caribe de 50 millones de dólares en total, cuyo objetivo es desarrollar en la región proyectos de energía renovable como la solar, baterías de acumuladores y otras. El acuerdo fue presentado hoy en Abu Dabi por el ministro de Cambio Climático y Medio Ambiente, Zani Bin Ahmed al Zeyudi, en un acto que contó con la presencia de representantes de cada uno de los Estados receptores.
Rodríguez Nina aseguró a Efe que se trata de “un ambicioso proyecto que aportará el 40 por ciento de la energía que precisan las instalaciones de los centros sanitarios”. “Estamos hablando de un aporte importante no reembolsable de casi 3 millones de dólares de un presupuesto total de 100 millones de dólares”, agregó. Por su parte, Amer El Kadi, consejero asistente de la embajada de la República Dominicana en Abu Dabi, que intervino en el acto acompañado de Rodríguez Nina, expresó su “gratitud” a Emiratos.


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Edeeste protegida por la clase política

SANTO DOMINGO ESTE,R.D.- Causa eficiente del deterioro indetenible del servicio eléctrico en el municipio Santo Domingo Este, a cargo de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, ha sido el silencio cómplice que guardan las autoridades congresuales y municipales frente a las interrupciones diarias del suministro energético, junto a averías frecuentes, prolongadas e inexplicadas, un proceso abusivo que mantiene en vilo a miles de familias, hospitales y clínicas, escuelas y colegios, negocios e instituciones sociales de la región Oriental.
Es inconcebible, por ejemplo, que la respetada Senadora Cristina Lizardo Mezquita, PLD-Provincia Santo Domingo, no ha hecho valer su influencia para que, por lo menos, Edeeste explique a los munícipes que la han elegido consecutivamente desde el 2006 a una curul en el Congreso, las razones de tal descalabro energético.
Tampoco los diputados representantes del municipio Santo Domingo Este, 9 del PLD y 2 del PRM, abren la boca para referirse a esta problemática que cada día incita el rechazo de la población adulta preparada para votar en los comicios del 2020. “Diputado es el hombre (o la mujer) encargado por el pueblo para que estudie su situación, para que examine sus males, para que los remedie en cuanto pueda, para que esté siempre imaginando la manera de remediarlos”. (José Martí, libertador de Cuba).
Ni el Alcalde de Santo Domingo Este, Alfredo Martínez, nada dice respecto del peor servicio público existente en su demarcación; Edeeste, contraria a la eficiencia mínima esperada, provee dos y tres apagones diariamente, cobra abultadas facturas, corta la energía con pasmosa puntualidad y presiona compulsivamente a desvalidos usuarios.
Quizá la clase política oriental disfruta privilegios de conexión o facturación, o Edeeste suele emplear a los recomendados por los partidos, pero su protección política es innegable. Faltan dos años para las elecciones.

Por: Melvin Matthews

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RD puede ser una potencia en energía solar

SANTO DOMINGO,R.D.- El país debe comenzar a dar pasos firmes - planificados en el marco de las políticas públicas- para reducir al mínimo los combustibles fósiles en la producción de energía, aprovechando su alto potencial solar en todo el territorio nacional, que supera los parámetros internacionales.

El planteamiento fue hecho por el joven empresario Carlos Grullón Mejía, presidente de la firma Raas Solar, que actualmente realiza notables aportes en instalación de estructuras fotovoltaicas para producción agrícola, regadío, residencias, centros de servicios y otras operaciones productivas.

“Direccionar la estrategia energética hacia el uso de fuentes limpias no sólo significa aliviar  las finanzas públicas de una pesada factura petrolera, sino que implica crear un entorno limpio, una atmósfera respirable que se traduce en el bienestar de la gente”, manifestó el emprendedor.

Al referirse al potencial solar de la República Dominicana, Grullón citó recientes estudios de ‘World Watch Institute’ según los cuales la irradiancia global horizontal va de 5 a 7 kilovatios-hora por metro cuadrado por día (kWh/m2 /día) en la mayor parte del país y se acerca a 8 kWh/m2 /día en algunas regiones.

Indicó que, según los mismos estudios, Alemania, que cuenta con casi la mitad de la capacidad instalada de energía solar fotovoltaica del mundo, tiene pocos lugares con una irradiancia global horizontal por encima de 3.5 kWh/m2 /día.

Asimismo, Phoenix, Arizona, una ciudad del suroeste de los Estados Unidos, famosa por su potencial solar, tiene una irradiancia global horizontal promedio de 5.7 kWh/m2 /día.

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Uers dice invirtió RD$738 MM en electrificación, 24 proyectos

SANTO DOMINGO,R.D.- Un total de 738 millones de pesos fueron invertidos por la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana (Uers) en 24 proyectos de electrificación por redes convencionales y la construcción de siete micro hidroeléctricas en provincias.
La directora de la entidad, Thelma Eusebio, explicó que 434.5 millones de pesos fueron invertidos en 1,057 operativos de mejoras y soluciones, en beneficio de miles de personas que habitan en comunidades rurales y barrios del Distrito Nacional con alto índice de inseguridad.

Una comunicación indica que la inversión forma parte del programa del desmonte territorial total y en respuesta a las metas y visitas sorpresas del presidente Danilo Medina durante 2017.
Eusebio explicó que 17 obras de energía por redes convencionales fueron instaladas en el Este, Sur, Norte y Nordeste, con una inversión superior a los 160 millones de pesos para beneficio directo a más de 1,800 familias, una media de más de 13 mil personas.

Un total de 100 millones de pesos fueron destinados para la construcción de siete micro-centrales hidroeléctricas y la instalación de sistemas fotovoltaicos con uso de paneles solares aportando al sistema eléctrico dominicano energía limpia y sostenible.


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El Protocolo de kioto y los costos ambientales

El Protocolo de Kioto (PK) concreta diversos instrumentos para reducir el impacto de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), siendo los más significativos económicamente los mercados de permisos de emisión entre los países industrializados, los mecanismos de flexibilidad (mecanismos de desarrollo limpio y proyectos de inversión conjunta) y el desarrollo de absorbentes y sumideros de estos gases. La entrada en vigor, en febrero de 2005, del PK implica un cambio de paradigma, teórico y práctico, en los costos ambientales.

Las empresas que se ubican en los países industrializados, han ratificado el PK y cuentan con un Registro de Emisiones Contaminantes, deben prestar especial atención a los costos que pueden derivarse de las actividades a realizar para reducir sus emisiones, así como los originados por una emisión superior a los límites autorizados. Además estos límites se irán reduciendo, por lo que las entidades afectadas estarán cada vez más lejos de los costos ambientales que, hasta ahora, consciente o inconscientemente, acostumbraban a considerar como costos externos o externalidades.

Para cumplir las metas, las empresas de los países que han ratificado el PK deberán prestar especial atención a las inversiones que les permitan una producción más limpia y una absorción de GEI eficiente, así como a las nuevas fuentes de financiación que el PK facilita.

La entrada en vigor en febrero de este año 2005, del Protocolo de Kioto implica un cambio de paradigma teórico y práctico en los costos ambientales. Esta situación se profundiza en los países industrializados que cuentan con un Registro de Emisiones Contaminantes.
En este trabajo:

a) Se desarrollan los aspectos esenciales del marco que configura el PK para comprender el mercado de permisos de emisión de la Unión Europea y las posibilidades económicas y financieras abiertas en los países del Mercosur.
b) Se analiza la gestión de los costos ambientales ante las obligaciones derivadas del PK para las empresas europeas, pero ampliando nuestro enfoque a las empresas del Mercosur que hayan emprendido o deseen emprender proyectos asociados al Desarrollo Limpio (MDL), los Sumideros y Depósitos y otros relativos a los Fondos de Carbono.
c) Se estudian las distintas situaciones que se presentan a las empresas que deban reflejar información sobre permisos de emisión en sus Estados Financieros de uso externo, tomando como base la Interpretación 3 del IFRIC (International Financial Reporting Interpretations Committee).

 El PK es un acuerdo internacional vinculado a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la cual:

• Reconoce que existe un peligro real de que el clima cambie rápida y espectacularmente en los decenios y siglos venideros, siendo inciertas las consecuencias de este cambio climático. Para reducir este peligro, establece como objetivo reducir las concentraciones de GEI en la atmósfera a un nivel que impida interferencias humanas peligrosas en el sistema climático. Esta reducción debe lograrse en un plazo suficiente para: a) permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, b) asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y c) hacer posible un desarrollo económico sostenible.
• Establece un marco general y un procedimiento para acordar las medidas específicas que será necesario adoptar, prescribiendo las medidas preliminares que parecen más razonables y fomentando la investigación sobre el cambio climático.
• Considera que este problema aumenta la desigualdad entre naciones desarrolladas y en vías de desarrollo, ya que las más industrializadas han sido (aunque no siempre de forma consciente) las principales responsables del aumento de GEI. Por ello, la Convención atribuye a los países desarrollados la mayor parte de la factura a pagar (a través de transferencias de tecnología y aportaciones a fondos de carbono) y, a la vez, reconoce la vulnerabilidad a los efectos del cambio climático de los países más pobres y su derecho al desarrollo económico.
• Afirma, como consecuencia de todo ello, que el modelo tradicional de desarrollo ha de cambiar hacia un desarrollo sostenible, para lo cual la Convención alienta a fomentar y compartir las tecnologías y los conocimientos prácticos ambientalmente racionales y la difusión pública de información sobre cambio climático.

El Protocolo firmado en Kioto, el 11 de diciembre de 1997, ratificado actualmente por 142 países, y en vigor desde febrero de 2005, concreta estas líneas, con el objetivo de promover el desarrollo sostenible mediante la limitación y reducción de las emisiones de GEI. Para ello:

http://www.estrucplan.com.ar/secciones/Producciones/entrega.asp?IDEntrega=3778

Descarta Punta Catalina comience a operar en 2018

SANTO DOMINGO,R.D.- La Comisión de Energía del Partido Revolucionario Moderno (PRM) aseguró que ninguna de las plantas de la central termoeléctrica que construye el Gobierno en Punta Catalina entrará en operación en 2018.

El organismo perremeísta contradijo declaraciones en ese sentido externadas por el director ejecutivo de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).

El ingeniero Antonio Almonte, director ejecutivo de la comisión de Energía del PRM, aseguró que la construcción de la multimillonaria obra podría quedar totalmente paralizada, como consecuencia del arbitraje internacional a que será sometida, producto del conflicto entre la constructora Odebrecht y el Gobierno, por una diferencia en el costo de 708 millones de dólares.

Sin embargo, precisó que “aunque no haya suspensión o parada de la construcción es muy probable que en Catalina no se pueda poner en operación ninguna planta este 2018 y Bichara lo sabe”.

“Para que cualquiera de las dos plantas inicie su operación este año, las pruebas de sus sistemas debieron haber comenzado, como mínimo, el año pasado, cosa que no ocurrió ni siquiera se prevé que pueda comenzar en el primer trimestre de este año”, manifestó Almonte, en declaraciones escritas.

Agregó que “Bichara sabe, como jefe máximo del proyecto, que para entregar la planta se requiere realizar un conjunto de pruebas inevitables como, por ejemplo, las del sistema de agua de circulación, el primer encendido de la caldera”.

Explicó que antes de entrar en operación esas plantas ameritan pruebas de sincronización conforme, primer encendido con carbón, ajustes de caldera y de la planta en su conjunto, de aceptación provisional, de desempeño y de aceptación final.
“La secuencia y duración de la ejecución de esas pruebas son invariables y rigurosas en proyectos de este tipo”, precisó.

“Fue por esa razón que la propia Odebrecht declaró, hace pocos meses, que la central estaría terminada en el 2019 sujeto a que la CDEEE le pague los 708 millones de dólares extra que reclama”, dijo.

Un Apunte

Imposible
Antonio Almonte señaló que aunque no haya suspensión o parada de la construcción es muy probable que en Catalina no se pueda poner en operación ninguna planta este 2018. Aseguró que Bichara conoce esa situación.

Almonte dijo que otra afirmación poco creíble de Bichara es que la construcción de la obra no se detendría durante el juicio internacional sometido por el contratista.

“Si la litis es porque el contratista dice que necesita 708 millones de dólares para terminar la obra, entonces, cabría preguntar ¿de dónde sacará el consorcio constructor ese dinero para terminar la obra antes del veredicto de la corte internacional de Nueva York?”, cuestionó.

Consideró que el Gobierno y Bichara deben informar al país sobre el estado real de la obra y el alcance de la demanda de los 708 millones de dólares.

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¿Cuánto se puede ahorrar consumiendo "marcas blancas"?:ECONOMÍA

SANTO DOMINGO,R.D.- Quizás por el costo de la canasta básica, que al cierre de diciembre de 2017 ascendió a los RD$29,982,94, muchos dominicanos han buscado mecanismos para tratar de solventar y obtener un ahorro en el día a día.

Es normal que con la búsqueda de descuentos recurran a la compra de productos que esté en oferta o cuyos precios no sobrepasen al que se tiene estimado gastar. En muchas ocasiones los compradores sustituyen las marcas tradicionales por otras que sean de un costo menos elevado.

En los últimos años alrededor de ocho supermercados nacionales han comenzado a producir las llamadas “marcas blancas”, que no son más que productos elaborados por la misma cadena.

Estos artículos, por lo regular de precios más económicos que los de marcas privadas, son gran atractivo para quienes buscan reducir costos a la hora de realizar sus compras.

Arroz, habichuelas, aceites, sardinas, pastas alimenticias, detergentes, productos de uso personal, embutidos, leche, quesos, margarinas y otros lácteos, son algunos de los productos que oferta a precios competitivos, el mercado de marcas propias.

Por ejemplo, para la compra de diez libras de un arroz superior de una marca tradicional un consumidor tendría que invertir  RD$270. Al recurrir a una marca blanca el costo disminuye, quedando en  RD$200, lo que supone un ahorro  de alrededor de 26 %.

Al asegurar que no siempre lo que es caro es lo mejor, muchos se refugian en esos tipos de productos, que sin dudas traen beneficios a consumidores, ya que es posible lograr ahorros de hasta un 20% en artículos que son básicos en los hogares dominicanos.

Un elemento que suma es que hasta el momento los principales productores y comercializadores de marcas propias son negocios de reconocida trayectoria, por tanto su calidad no es cuestionada.

https://www.listindiario.com/economia/2018/01/21/499536/cuanto-se-puede-ahorrar-consumiendo-marcas-blancas

Protección al consumidor:ANTE EL ABUSO

La protección del consumidor se extiende a todas las ramas del ordenamiento jurídico, lo cual se expresa en el artículo 103 de la Ley de Protección al Consumidor cuando estatuye que la responsabilidad penal alcanza al agente culpable de la infracción o delito, según la tipificación que establece la ley, el Código Penal y otras leyes especiales.

Es decir, pese a que predomina un modelo sancionatorio administrativo, en materia de consumo existe un subsistema de protección penal del consumidor conformado por una legislación propia, así como por diferentes disposiciones contenidas en el Código Penal y en las leyes especiales.

SANTO DOMINGO,R.D.- El artículo 117 de la Ley de Protección al Consumidor dispone que la Dirección Ejecutiva de Pro-Consumidor será la entidad competente para iniciar, de oficio o a denuncia de parte, la investigación por las infracciones a la Ley y las disposiciones dictadas para su ejecución.

Ahora bien, las referidas infracciones a que hace alusión el artículo anterior no se clasifican ni catalogan específicamente como penales o administrativas, por el contrario, la Ley lo que hace es enunciar una serie de prohibiciones y deberes, cuya violación acarrea la comisión de una infracción y la imposición de una pena.

El artículo 104 de la Ley prescribe que, “las infracciones en materia de consumo serán objeto de las sanciones correspondientes, previa instrucción del expediente sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden que puedan concurrir”.

La interpretación de este artículo de la Ley nos conduce forzosamente a la conclusión de que nuestra norma configura infracciones de naturaleza administrativa, independientemente de la acción penal o civil.
Esta interpretación pudiera subsanar el déficit en la tipificación de las infracciones de la Ley, que se manifiesta en la ausencia de un elemento subjetivo y en la falta de resolución sobre el título de la imputación, lo cual le podría hacer pasible de control constitucional, puesto que plantea desafíos para un Derecho Penal garantista.

Así, tales circunstancias pueden generar violaciones al principio de legalidad, puesto que no se exterioriza la conducta que rige para la actividad punitiva.

Sin embargo, la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, en su artículo 105, señala los tipos de infracciones sancionables: a) infracciones referidas al deber de seguridad y de no poner en riesgo la salud e integridad física de los consumidores, b) infracciones referidas al deber de información, c) infracciones referidas al deber de respetar la oferta tal como fue emitida, d) infracciones referidas al deber de respetar las modalidades de provisión de cosas y servicios como fueron pactados, d) deber de prestar garantías de productos y servicios, e) deber de extender por escrito documento de venta.

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UNCUREN llama a sectores a no firmar Pacto Eléctrico por ser inconstitucional

SANTIAGO,R.D.- La Unión Nacional de Consumidores y Usuarios en la Región Norte, instó a los sectores involucrados en el Pacto Eléctrico a que no firmen el documento, ya que en su conocimiento se dejaron fuera a los representantes de los consumidores.

Carlos González, presidente de la entidad, dijo que el Pacto Eléctrico no defiende a los consumidores, que son los que benefician al Estado con el pago de sus impuestos.

Estamos haciendo un llamado a los sectores que participaron en el conocimiento del Pacto Eléctrico a no firmarlo, porque es violatorio a la Constitución de la República”, precisó el dirigente comunitario.

Dijo que más que beneficiar, hundirá más en la miseria a los consumidores, ya que el mismo está plagado de impuestos.

Además, quienes conocieron el mismo sabían de la situación que ahora está ocurriendo, pero no se pusieron al lado de los sectores de menores ingresos, pura y simple, porque son empresarios, y ahora éstos se niegan a firmarlo, acotó González.

Recordó que cuando se estaba conociendo el Pacto Eléctrico, solo participaron el sector empresarial y el Gobierno, dejando fuera a los verdaderos representantes de los consumidores.

Indicó que el tercer sector implicado en la revisión de dicho pacto fue el sector sindical, el cual nunca defendió a sus afiliados que también son consumidores, pero aprobaron el mismo sin el consentimiento de los sectores más empobrecidos de la nación.

Según la Uncuren, la aprobación del Pacto Eléctrico implica que el consumo de energía eléctrica será medida como un chic telefónico, que el usuario tendrá que recargar cuando le sea suspendido el servicio.

Criticó que el sector empresarial “quiera sacar de las costillas de los consumidores, el 32 porciento de pérdida que dice tienen las distribuidoras de energía”.

“Eso es muy peligroso, porque el país cuenta con millones de familias empobrecidas, que no pueden pagar el servicio eléctrico, pero además, hay una gran cantidad de pequeñas empresas y negocios, que si ese pacto es firmado y aprobado por el Gobierno, quebrarían sus negocios, lo que seria catastrófico para el país.

González llamó a los sectores de consumidores a nivel nacional a mantenerse vigilantes, ante la acción del gobierno de querer aprobar y firmar el Pacto Eléctrico.

https://elnuevodiario.com.do/uncuren-llama-sectores-no-firmar-pacto-electrico-inconstitucional/