viernes, 6 de marzo de 2015

Seminario nacional sobre “Crisis del Sector Eléctrico

SANTO DOMINGO,R.D.- El rector de la casa de altos estudios, doctor Iván Grullón Fernández, hizo la convocatoria durante una rueda de prensa que encabezó junto a representantes de diversas instituciones sociales, empresariales y sindicales que apoyan la actividad.
Seńaló que el evento tiene como propósito fortalecer el conocimiento y conciencia de los actores sociales sobre el tema eléctrico y garantizar que la consulta definida por el Comité Técnico de Apoyo al proceso del Pacto Eléctrico asegure la participación en el mismo de las organizaciones de la sociedad civil
Asimismo,destacó quedurante el seminario se busca analizar los problemas del sistema eléctrico nacional e identificar sus insuficiencias y obstáculos; a fin de proponer lascaracterísticas de la industria eléctrica que necesita el país para los próximos 15 ó 20 ańos y el conjunto de las acciones que deben ser ejecutadas.
“La Propuesta de Pacto Eléctrico Nacional se plantea en armonía con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y con la urgencia que impone al país la búsqueda de soluciones a la persistente crisis del sector eléctrico”, puntualizó la máxima autoridad de la academia estatal dominicana.
Resaltó Grullón Fernándezla necesidad de un compromiso para garantizar el porvenir y el desarrollo definitivo de la nación, por lo cual invitó a los grupos populares, organizaciones sindicales y profesionales, entidades especializadas e instituciones educativas a construir propuestas de interés.
De su lado, el coordinador del Observatorio de Políticas Públicas de la UASD,maestro Fernando Peńa,informó que 23 entidades nacionales de los sectores empresarial, laboral, social, así como organismos académicos especializados, participarán en el evento y que se espera que desde la UASD aporten a la definición de un pacto eléctrico que favorezca la nación.

Expresó Peńa que los temasa tratar durante el evento versaránsobre generación energética, transmisión eléctrica,distribución de energía, la tarifa y los consumidores y marco jurídico legal del sector;a cargo de30 expositores expertos.
Algunas de las organizaciones convocantes son: Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de la UASD; Fundación para la Defensa del Consumidor (FUNDECOM), Consejo Nacional de la Unidad Sindical (CNUS),Foro Social Alternativo (FSA), Colegio Médico Dominicano (CMD), Conferencia Dominicana de la Unidad Evangélica (CODUE), Asociación de Empresas Industriales de Herrera (AEIH), Federación de Asociaciones Industriales (FAI) yAsociación Dominicana de Profesores (ADP).
Otras entidades que invitan son: Centro Juan XXIII, la Federación Nacional de Comerciantes Detallistas de Provisiones (FENACODEP), Colegio Dominicano de Economistas (CODECO),Foro Ciudadano (FC), Articulación Nacional Campesina (ANC), Fundación “Grupo Energía y Medio Ambiente” (GEMA), Confederación Nacional de Mujeres Campesinas (CONAMUCA), Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO), Fundación República Dominicana 2030.

¿Qué es el Pacto Eléctrico?


jueves, 5 de marzo de 2015

Reflexiones sobre sector eléctrico de la República Dominicana



SANTO DOMINGO,R.D.- Hace algunos años, cuando presidía la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados, el Embajador de una nación asiática amiga me pidió una explicación de la crisis del Sector Eléctrico, que de tan crónica resultaba un caso muy famoso en el mundo.
Se sorprendió cuando le dije: “Embajador, no existe crisis eléctrica, eso es sólo un reflejo, una ilusión engañosa. Lo que se percibe como crisis eléctrica no es más que la expresión de las distorsiones y disfunciones que provoca la interacción del modelo político, -que es medularmente clientelar y populista- con el modelo de negocios rentista, con marcadas tendencias monopólicas y oligopólicas”.
Y cuando me preguntó por qué se había prolongado tanto, le dije: “se mantiene sobre todo por la fuerte tendencia cultural entre los dominicanos de procurar soluciones individuales, aún sean ineficientes y costosas, a problemas que por su complejidad demandan respuestas colectivas, generales. Por eso tenemos un enorme parque de plantas auxiliares, y todos los que pueden convertirse en usuarios no regulados lo hacen”.
Le aclaré, además, que ese fenómeno no es exclusivo del Sector Eléctrico, sino que se proyecta a muchas otras áreas estratégicas de la nación.
En efecto, esa articulación de política y negocio determina muchas cosas en la realidad dominicana: Un Estado con instituciones debilitadas por la dinámica del sistema político-partidario- que reparte o dispensa como favores lo que tiene que garantizar como derechos o exigir como deberes tiene una débil capacidad para regular a grupos de interés poderosos, que como en todas partes del mundo- más en zonas de capitalismo salvaje- tienden a la concentración de la riqueza y el poder, y se tornan resistentes a toda regulación, fiscalización o exigencia de transparencia. Por “efecto demostración”, esa realidad primaria se reproduce en muchos otros niveles sociales, reforzando las tendencias anómicas que nos aquejan.
Sin embargo, este proceso que es mucho más notorio, sin dudas, en el Sector Eléctrico, está llegando a sus límites: genera grandes déficits públicos cada vez más difíciles de subsidiar; lastra la competitividad de sectores y empresas; succiona o disipa, incluso, recursos concesionales como los de Petrocaribe; facilita corrupción pública y privada bajo el eufemismo “de las pérdidas no técnicas” o en un opaco mercado de combustibles. También, al refrenar la oferta de energía, y crearsobrecostos y costos ocultos, provoca un balance de exclusión social y marginalidad, a la vez que carga a las capas medias con obligaciones onerosas. Una familía de clase media paga entre US$400.00 a US$700.00dólares mensuales por servicio eléctrico.
Podríamos decir que ese balance tan negativo resulta insostenible, y reclama de acciones decididas y responsables, preferentemente acordadas dentro del más amplio consenso, con ánimo mas de rectificar que de acusar o descalificar.
De cara al Pacto Eléctrico dispuesto por al Estrategia Nacional de Desarrollo, es importante asumir un compromiso de reforma transcendente, histórico, en la línea de “hacer lo que nunca se ha hecho”, que refuerce la acertada decisión tomada por el Presidente Danilo Medina de ampliar y diversificar la base de generación a bajo costo.
En primer término, es preciso asumir a plenitud el carácter estratégico del sector eléctrico, que gestiona un servicio público de carácter esencial.
Algunos solo aspiran que sea o siga siendo un área de inversión muy rentable, a través de fórmulas de indexación cuestionables, protegidas por contratos desequilibrados, olvidándose que del buen funcionamiento del mismo depende el éxito de todas las demás empresas y de la Naciónmisma. Por tanto, esto supone que dicho sector se encuentre sometido a reglas y controles mucho más exigentes que cualquier otro, tanto por los órganos públicos como por los actores sociales.
En otro orden, resulta crucial que la reforma del Sector Eléctrico se concrete en estrecha relación con una agenda más amplia de Seguridad Energética, que precisa con urgencia una Nación insular como la nuestra, que acusa serias vulnerabilidades y dependencias en más de un sentido.
Para que se tenga una medida de cuan grave es ésta situación, basta considerar que República Dominicana sólo cuenta con una reserva de combustible líquido de una semana; que carece de una política nacional de compra de combustibles que maximice su poder de Compra País; queconcentra la gran mayoría de sus infraestructuras energéticas críticas en una línea de costa de 150 Kms en el sur de la República; que no tiene reglamentación con estándares internacionales de uso de terminales, gasoductos, oleoductos y redes; que ha postergado por largo tiempo el desarrollo de un polo energético en el Norte, alrededor del Puerto de Manzanillo.
Pero quizás la cuestión más crítica de todas las que deberán abordarse en el Pacto Eléctrico es la del modelo de gestión de las empresas eléctricas.
Éste dependerá de las fórmulas que se conciban para responder a diversosdesafíos.
Personalmente, creo que procede recuperar la integración vertical de la empresa eléctrica. En un sistema eléctrico con dimensiones muy modestas, nunca debió producirse su fragmentación alrededor de la generación, transmisión y distribución. Propiamente, este fue un fallo de origen del proceso de reforma del 1998. Si se hace una evaluación objetiva al respecto, se verá que los pros superan a los contras, a favor de volver a la integración vertical.
Desde luego, esto plantearía la interrogante de saber si las empresas eléctricas deben reconstituirse como una gran corporación nacional, o en cambio, en base a varias empresas operando en áreas geográficas diferentes.
En el presente, también se sigue discutiendo si el Estado debe limitarse a ser un regulador efectivo, permitiendo que sean los grupos privados los que gestionen el sector, frente al enfoque que propugna porque éste juegue un papel empresarial dominante en todos los ámbitos.
Por muchas consideraciones, entiendo que es pertinente reformular la opción de la alianza público-privada sobre unos fundamentos distintos a las que tiene en la actualidad, donde el Estado mantiene en el sector de generación una relación anómala de sociedad con apenas tres socios privados que además tienen la administración de las empresas.
Con motivo del Pacto Eléctrico surge la posibilidad de superar ese esquema que fracasó, como lo demuestra la experiencia, para dar paso de un proceso de recapitalización abierto, social, inclusivo de nuevos potenciales agentes, dentro de un esquema de capitalismo de amplia base o popular.
Ya el asidero jurídico de esa opción se fijó en el párrafo del Artículo 219 de la Constitución de la República del 2010, que dispone que cuando “el Estado enajene su participación en una empresa podrá tomar las medidas conducentes a democratizar la titularidad de sus acciones y ofrecerá a sus trabajadores, a las organizaciones solidarias y de trabajadores, condiciones especiales para acceder a dicha propiedad accionaria. La ley reglamentará la materia”.
Desde luego, el surgimiento de una empresa eléctrica con este nuevo diseño exige de nuevas reglas de gobernanza corporativa:
¿Cómo prevenir su captura?
¿Cuál es el porcentaje máximo de participación accionaria?
¿Cómo proteger los derechos de los socios minoritarios?
¿De qué forma se seleccionarán sus administradores y técnicos, y qué estatuto deben tener estos para garantizar que sean profesionales y estables, con una gestión orientada a la eficiencia, la responsabilidad y la transparencia?
¿Cómo auspiciar la incursión de los fondos de pensiones en las empresas eléctricas, con altos niveles de seguridad y adecuada rentabilidad?
¿De qué modo blindamos las empresas eléctricas frente a los vaivenes y embates del partidarismo?
¿Qué prerrogativas se reserva el Estado, como garante último de los servicios públicos y en qué circunstancias?
Una experiencia exitosa en ese sector podría eventualmente replicarse en otras áreas estratégicas. Se implantaría sin dudas un cambio cultural que facilitará el tránsito de las empresas estatales y familiares a las empresas públicas de mercado. En un ámbito más amplio, el Pacto Eléctrico deberá responder, además, a otras interrogantes relevantes: ¿Procede trazar políticas especiales y diferenciadas para las comunidades de frontera y montaña? ¿Debe levantarse una sub- red fronteriza?
¿Qué papel cabe asignarle a las cooperativas de consumidores?
¿Qué debemos hacer para usar las renovables como herramienta de inclusión social?
¿Podríamos concebir la ampliación del mercado eléctrico como eventuales exportadores de electricidad a Puerto Rico y Haití?
Además, el Pacto Eléctrico debe encarar puntualmente otros aspectos cruciales: superar los graves rezagos de la telemedicion, que por mandato legal debió estar vigente en todo el país en el 2012; fortalecer los órganos de coordinación y fiscalización del SENI; y avanzar en la creación de las condiciones institucionales, técnicas y legales que permitan eventualmente, la generación de fuentes nucleares.
Puede apreciarse con facilidad el Pacto Eléctrico constituye una gran prueba nacional, que exigirá apertura, desprendimiento, disposición de sacrificio de todos, en especial, de los que más pueden y deben. Si en el mismo logramos plasmar acuerdos acertados de hondo calado, audaces, con actitud sincera de cumplirlos a cabalidad, el Proyecto Nacional dominicano se fortalecerá, y se incrementará su capacidad de integrar a la producción, al consumo y a la ciudadanía efectiva a millones de compatriotas que padecen diferentes formas de exclusión.
Siempre se ha dicho que la energía eléctrica es la fuerza vital que mueve eldesarrollo de las naciones, pero debemos estar conscientes que en el caso dominicano esta vendrá de la mano de otra forma de energía superior, intangible, indispensable: la energía de la voluntad política e institucional de los dirigentes de una Nación que lucha con esperanza por alcanzar un futuro mejor para todos sus integrantes.

http://hoy.com.do/reflexiones-sobre-sector-electrico-de-la-republica-dominicana/
 

PACTO ELECTRICO, Econergia: Tarea de distribucion

SANTIAGO,R.D.- Desde que se inició la privatización del sector eléctrico dominicano, son las distribuidoras las que han cargado con la peor imagen. Ellas han sido las responsables de apagar a todo el país, y son las aparentemente responsables del estancamiento que la ausencia de este servicio produce en el desarrollo.
Las empresas de distribución fueron “capitalizadas” y pasaron a ser empresas privadas en los que el estado se asoció con empresas de capital extranjero. En el caso de Edesur y Edenorte el socio fue Unión FENOSA, y en Edeste el socio fue AES. Esto cambió y actualmente Edenorte y Edesur son 100% propiedad estatal, manteniéndose la condición original en el caso de Edeste.
Para entender los procesos de regulación de la parte de distribución hay que poder situarse en la realidad política que hemos vivido, y en la condición de que el regulador es una persona que es nombrada por el presidente de la republica, y por lo tanto es parte interesada.
1. Cuantas empresas distribuidoras existen en el país y comenta sobre su tamaño: área geográfica servida y número de consumidores. Estas empresas son de propiedad privada o publica?
 
EDE ESTE, surgió el 9 de agosto de 1999 producto del proceso de capitalización realizado enla República Dominicana para pasar a manos privadas la administración del negocio de distribución de energía eléctrica, que era manejado por el Estado Dominicano a través de la otrora Corporación Dominicana de Electricidad (CDE). El mismo fue divido en tres compañías Norte, Sur y Este. El 50% de las acciones de EDE Este fue adquirido por AES Corp., el restante 50% por el Estado Dominicano. La zona de concesión de EDE Este va desde la acera Este de la Av. Máximo Gómez, incluyendo Monte Plata y todas las provincias del Este.

Desde entonces cubre una extensión de 11,500 kilómetros cuadrados, sirviendo a más de 321,000 clientes y suministrando más de 260 millones de Kwh. al año.

En noviembre del 2004, el 50% de las acciones de AES Corp., fue adquirida por Trust Company of the West (TCW).
EDENORTE y EDESUR Dominicana son propiedad del Estado, que adquirió las acciones de su anterior propietario, el grupo español Unión Fenosa, y que la administra a través de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), que ejerce las funciones de Junta de Accionistas, y el Consejo de Administración.
EDENORTE distribuye un promedio mensual de 235 MWh a un total de 515 mil clientes, de los cuales se facturan unos 350 mil. Además, hay más de 250 mil usuarios que no están incluidos dentro del ciclo comercial vigente. El costo promedio mensual de la energía distribuida es de US$ 27 Millones
Sus redes de media y baja tensión cubren una extensión de 16,274 kilómetros Km2, e incluyen 65 subestaciones y 31,627 transformadores de distribución con una carga instalada de 1,466 MVA.
EDESUR es responsable de servir un área de 20956 Km2 con un total de 335900 clientes.
2. Mecanismo por el cual las empresas ejercen la función de distribución: licencias e concesión y condiciones de de las mencionadas licencias, o autorización administrativa.
 
La Superintendencia de Electricidad es la institución responsable de autorizar las concesiones para empresas distribuidoras, y estas se hacen a través de Licencias. En nuestro caso las licencias autorizan a las distribuidoras a comercializar la energía con los usuarios finales.
3. Esquema de retribución anual de la distribuidora: coste de servicio, limitación de precios, limitación de ingresos. Procedimientos utilizados por el regulador para ajustar los parámetros que regulan la remuneración en cada proceso de revisión tarifaría.
 
El esquema presentado por la Ley de electricidad es el de Coste de Servicio.
La revisión será realizada a solicitud de las distribuidoras de electricidad (EDENORTE, EDESUR y AES) y se podrá reajustar los precios en base a un análisis de costos de acuerdo a fórmulas establecidas por la SUPERINTENDENCIA DEELECTRICIDAD. 
La fórmula se expresará en función de precios o índices publicados por el BANCO CENTRAL de la República Dominicana.
El precio de la energía eléctrica en el mismo nivel de tensión debe ser igual para todos los usuarios ya que los recursos asignados son los mismos.
El VAD (valor agregado de distribución) será determinado por la Superintendencia cada 4 años.
La revisión tarifaría podrá realizarse en cualquier momento a pedido de las distribuidoras o de cualquier ente interesado o de la misma Superintendencia en si.
Las revisiones son realizadas mayormente por las alzas en el precio del combustible.
Las tarifas energéticas se basan en un alto porcentaje en un elemento social. Existiendo un fondo de estabilización de la tarifa eléctrica, el cual se creo mediante el decreto presidencial 302-03, con el fin de no modificar el precio de las tarifas a los usuarios regulados.

4. Como se incluye la remuneración de las distribuidoras en las tarifas que pagan los consumidores?
 
La parte de la tarifa que se corresponde con el pago a las distribuidoras es calculada a través del VAD.
5. Existe una regulación explicita de la calidad del servicio? El regulador ha propuesto o aplica penalizaciones para cuando la distribuidora no cumple con los estándares de calidad?
 
Existe un extenso compendio normativo de la calidad del servicio, incluyendo resoluciones y artículos específicos de la Ley que aplican penalizaciones por deficiencias en la calidad del servicio.
Lo que normalmente ocurre es que estas normativas de calidad no son aplicadas y se quedan como letra muerta.
6. Existe algún mecanismo para incentivar a las distribuidoras a disminuir las perdidas por debajo de unos estándares? Como fija el regulador los niveles de perdidas estándares?
 
Existen planes particulares de reducción de perdidas, los cuales en su generalidad no son propuestos por el Regulador. En la generalidad de los casos son las propias empresas las que tratan de implementarlos, dado el enorme costo económico que les representa.
Es así como este es el indicador que fundamentalmente esta siendo más manejado por los gerentes y administradores de las empresas distribuidoras, dado que en este próximo agosto se vencen los contratos de administración privadas que firmo el estado, a sugerencia del BID. De cómo puedan convencer a los que los nombraron, dependen los puestos de estos administradores, por lo que en la actualidad casi todos los esfuerzos están dedicados a ponerlo que se puedan presentar como logros.
Lo penoso es que esto se puede manipular.
7. Hay normativa específica que regule la conexión de generación distribuida a las redes de distribución? Cuales son las tarifas o cargos que se aplican a los generadores conectados a la distribución? Cuales son los aspectos que preocupan a las distribuidoras relativos a la conexión de generación distribuida?
 
No existe una norma que los regule. Entiendo que la generación distribuida existente participa en el mercado mayorista con iguales condiciones que el bloque de generadores conectados a transmisión.
Siempre será la principal preocupación de las distribuidoras lo relativo a la seguridad de operación de los sistemas eléctricos.

 
    CONCLUSIONES:
Estamos en un momento sumamente interesante para nuestro sistema electrico dado que en el congreso esta manejándose un proyecto de Ley que modificará la ley eléctrica vigente. En este proyecto se contempla penalizar el hurto electrico, modificar las condiciones que necesita cumplir un cliente para ser no regulado, reasignar funciones entre los organismos y aumentar el poder y los niveles de influencias de la CDEE, entre otros. 
 
En un país donde el primer problema es la presencia constante de interrupciones se está planteando la penalización a redistribuir la energía comprada, aunque esto sea casi una obligación para el cliente, dado los exagerados niveles de ineficiencias y mal servicio que prestan las distribuidoras a sus clientes. 
 
Es lamentable que  las empresas distribuidoras que son propiedad del estado estén siendo administradas por personal extranjero, los que a mi entender no han sido elementos de mejora significativa. El elemento mas importante que se supone aporten es la independencia política, cosa que parece que no ha funcionado en su totalidad.
 
Mientras exista un estado que supla todo el dinero que las distribuidoras necesitan para seguir operando será fácil administrarlas, dado que no importa los niveles de ineficiencia que presenten, siempre tendrán lo que necesiten para no cerrar. Esto genera que estas sean poco dadas a la reducción de costos y a la eficiencia operativa y financiera, dado que no es necesariamente necesario para seguir operando. Son empresas en quiebra, manejadas como si fueran empresas de alta rentabilidad.
 
Son las distribuidoras un enorme consumidor de recursos estatales, y las veo como grandes estructuras que promueven la ineficiencia, la centralización y el individualismo entre sus empleados. Las razones para que esto ocurra son muchas y espero presentarlas en próximas entregas.
 
El Regulador a actuado casi siempre como asociado de las distribuidoras y sus resoluciones han propiciado el sosteniendo financiero de estas en perjuicio de los clientes. Esto es justificable dado que es el estado el propietario de casi toda la distribución del país.
Es claro que el Regulador no es un elemento independiente, y estamos sufriendo las consecuencias.
Creo firmemente que esta maestría debería analizar las modificaciones a la Ley Eléctrica, y seria interesante que lo hiciéramos con su apoyo y experiencia.
 
 

Mito de la Tarifa Electrica Indexada en R.D.

La tarifa eléctrica vigente no se corresponde con la definición de tarifa técnica en la cual el margen de intermediación o Valor Agregado de Distribución (VAD) de las distribuidoras se calcula en base a una empresa distribuidora eficiente, dimensionada sin exceso de empleomanía ni gastos corrientes y con pérdidas totales (diferencia entre energía comprada a los generadores y cobrada a los clientes) menores al 15%.
En la actualidad las distribuidoras de electricidad de la Republica Dominicana distan mucho de ser empresas gestionadas de manera eficiente, pues sus pérdidas totales se sitúan alrededor del 40% y poseen exceso de empleomanía y gastos corrientes, a pesar de que la mayoría de los servicios que ofrecen están subcontratados con empresas externas.
SANTO DOMINGO,R.D.- La famosa tarifa indexada que calcula mensualmente la Superintendencia de Electricidad no es más que un mito y espejismo cuyo único objetivo es justificar la ineficiencia, pésima gestión y exceso de empleomanía y gastos corrientes de las distribuidoras, bajo el alegato falso de que la tarifa vigente no cubre costos y que el Gobierno subsidia la tarifa eléctrica a la población cuando en la realidad lo que el Gobierno subsidia es la ineficiencia, pésima gestión y exceso de empleomanía de las distribuidoras.
Si se aplicara la famosa tarifa indexada el margen de intermediación o VAD de las distribuidoras se situaría alrededor de US$0.10/Kwh el cual es más de tres veces el VAD teórico de una distribuidora gestionada de manera eficiente, sin exceso de empleomanía ni gastos corrientes y con pérdidas totales menores al 15%.
La aplicación de la tarifa indexada no reduciría los subsidios directos que año tras año otorga el Gobierno al sector eléctrico como tampoco lo han reducido los aumentos que la tarifa eléctrica ha sufrido del 2009 a la fecha, aumentos que han llegado acompañados con aumentos sistemáticos del subsidio directo al sector y deterioro progresivo y creciente de las finanzas eléctricas y calidad en el servicio brindado.
La aplicación de la tarifa indexada que ocasionaría un aumento brutal de la actual tarifa que de por si es muy cara, solo serviría para seguir cargando sobre los hombros de quienes pagamos por un servicio pésimo y caro, el costo de la ineficiencia, pésima gestión y exceso de empleomanía de las distribuidoras, mientras paralelamente las pérdidas totales y los excesivos gastos corrientes y empleomanía de esas empresas, así como el subsidio directo siguen creciendo tan campantes como el famoso whisky.

http://acento.com.do/2014/economia/1156015-analisis-de-un-especialista-sobre-los-mitos-en-el-sector-electrico-dominicano/

miércoles, 4 de marzo de 2015

Pacto Eléctrico ahorraría hasta 700 millones de dólares al año

Santo Domingo,R.D.- 3 mar (EFE).- La crisis del sector eléctrico que desde decenios padece la República Dominicana, solo puede solucionarse con una “integración armoniosa” de sus componentes, por lo que el Pacto Eléctrico vendría a blindar todos los proyectos de corto y largo plazo, sin excepción, lo que proporcionaría un ahorro anual al país entre 600 y 700 millones de dólares al año.
Así se expresó hoy el vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Bichara, al asegurar que el Pacto Eléctrico, directamente, abordará los temas de restauración de redes, cambio y eficiencia de la matriz de generación, eficiencia ligadas a tele medida, micro centrales y transmisión, los cuales forman parte de la propuesta gubernamental.
Dijo que el paso fundamental para terminar con la crisis es el cambio de matriz y su ampliación, lo cual permitirá un ahorro de 500 millones de dólares este año, debido a la baja del precio del fueloil, que de paso se lleva la mitad del subsidio eléctrico.
“Nosotros tratamos de aprovecharlo y avanzar en el proyecto y lograr al final del camino una matriz diversificada, fundamentada básicamente en gas natural”, afirmó Bichara, y recordó que en la región este del país se ha instalado una planta de 1.000 megavatios a la espera de gas para poder alimentarla, y que está funcionando con combustible muy costoso.
Sostuvo que la sustitución de la matriz actual impedirá que empresas e industrias, principalmente zonas francas, se muden del país, lo que podría impactar negativamente el crecimiento acelerado que lleva la República Dominicana, debido a los altos costos de la energía “porque cuando un proceso productivo se va del país se lleva consigo conocimiento, trabajo bien pago, posibilidad de ofrecer empleos”, expresó.
Resaltó el compromiso del Gobierno de ampliar y diversificar la matriz para hacerla más eficiente, y que funcione con gas natural adquirido a precios competitivos, indicó Rubén Bichara, de acuerdo a una nota enviada por la estatal Corporación de Radio y Televisión (CERTV).
El vicepresidente ejecutivo de la CDEEE dijo que el país se prepara para un servicio y un parque eficiente, continuo y a buen precio por los próximos 30 ó 40 años, y que la solución ante una demanda, que adiciona anualmente energía, equivalente a 125 megavatios cada tres años debido al ritmo de crecimiento que lleva el país.
“Debemos ponernos al día, ser preventivos, dejar el sistema de emergencia y pasar a un sistema preventivo”, manifestó, y en ese sentido agregó, que ya es tiempo de que el país deje a un lado la improvisación y la inmediatez, para que inicie la gran oportunidad del despegue al desarrollo y progreso constante.
Bichara refirió el proyecto de ciclo-combinados que ya inició; Punta Catalina, un incentivo a las energías renovables que aportará 400 megavatios en fase contractual, lo que aseguró, logrará que la República Dominicana sea diversificado, pero sobre todo, preparado para que cuando una planta salga de servicio pueda ser sustituida, igual de bajo costo.
Al referirse al proyecto de Punta Catalina, resaltó que estudios sobre previsión de demandas de energía obligaron al Gobierno a abocarse a una solución, y que de ahí surgió el proyecto de Punta Catalina, ya que los resultados arrojaron que se debía instalar mil 451 megavatios, de los cuales, 600 debían ser urgente, para mantener el estatus, y que de no ser así, la crisis sería “inmanejable” a nivel de servicio.
“Después de esos 600 megavatios, hay más de 800 megavatios que también deben ser instalados, eso es lo que dan tres estudios, uno detrás de otro”, afirmó el vicepresidente de la CDEEE.
Destacó que de continuar el ritmo de los trabajos, el proyecto de Punta Catalina, podría estar listo a final del año 2017, con un retorno de inversión de entre cuatro y cinco años. Estas plantas a carbón mineral podrían producir energía a un precio que no llega a once centavos (de dólar), indicó.EFE

Parque vehicular de RD era de 3, 398,662 unidades final 2014


E2

SANTO DOMINGO,R.D.- Al 31 de diciembre de 2014, el parque vehicular de República Dominicana era de 3,398,662 unidades, con 182,889 vehículos de nuevo ingreso. Del total de vehículos, el 53.1 por ciento son motocicletas y el 21.8% automóviles.
Así lo revela el Boletín Parque Vehicular 2014 de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), el cual está disponible para toda la ciudadanía en el portal web de la institución en la sección Publicaciones.
El informe revela que de los diferentes tipos de vehículos, las motocicletas presentan un mayor crecimiento absoluto con 124,349 unidades, para un incremento de 7.4%; seguido por los automóviles, que registran un aumento de 24,496, para un crecimiento de 3.4%. Luego siguen los tipo jeep (jeepetas) con un aumento de 20,618 nuevas unidades para un incremento de 6.6%.
En relación con la cantidad de vehículos de nuevo ingreso en 2014 se registraron 19,802 más que en 2013, cuando se importaron 163,087. El aumento en la cantidad de registros se debe principalmente al incremento en el registro de motocicletas, que fue superior en 12,185 que el mismo período del año anterior.
El boletín estadístico muestra el crecimiento de los vehículos por año de fabricación: los de 2015 representan un 0.4% y los de 2014 un 1.8%. El 41.8% corresponde al período 2001-2013, y el restante 56.0% concentra el año 2000 y los anteriores a este, es decir que más de la mitad de los vehículos en el país tiene más de quince años de fabricación. La mayor parte de los vehículos están en el Distrito Nacional y las provincias de Santo Domingo y Santiago, con una participación de 27.3%, 16.1% y 8.5%. La recaudación total por concepto de vehículos de motor en 2014 ascendió a RD$8,337.3 millones, superando al 2013 en RD$1,536.4 millones.

http://hoy.com.do/parque-vehicular-de-rd-era-de-3-398662-unidades-final-2014/

Nuevos contratos bajarían la tarifa electrica

SANTO DOMINGO,R.D.- La licitación de nuevos contratos eléctricos es una gran oportunidad para obtener mejores precios y condiciones para la compra de energía por las distribuidoras, y esto repercutirá en una tarifa más acorde con el mercado nacional.
Así lo expuso el superintendente de Electricidad, Eduardo Quincoces, quien refirió que esta es la primera vez que se logra realizar una licitación de contratos eléctricos entre generadores y distribuidoras, porque los contratos anteriores salieron condicionados por el proceso de capitalización de las empresas y por el Acuerdo de Madrid.
Agregó que esto debe marcar el inicio de una nueva época del suministro eléctrico en República Dominicana.
 En una entrevista concedida a LISTÍN DIARIO por el superintendente y los miembros del Consejo Administrativo, Diógenes Rodríguez Grullón y Ángel Canó Sención, se explicó que la plataforma de la litación permite que nuevas empresas se integren y se produzca una mejora en la tecnología, lo que permitirá el acceso a energía de menor costo y por ende, a una mejor tarifa.
Quincoces señaló que los primeros contratos debieron ser remplazados en el 2004, y que “desafortunamente” se firmó el Acuerdo de Madrid que bloqueó las posibilidades de hacer las licitaciones hasta el 2016. “Lo que se negoció en el Acuerdo de Madrid fue desafortunado para el país porque no hubo beneficios reales” apuntó el superintendente, e insistió en que el mismo no tuvo sentido.
Abril: Buen mes para los usuarios
La Superintendencia de Electricidad anunció buenas noticias para los usuarios del servicio eléctrico.  El superintendente y los miembros del Consejo Administrativo informaron que a partir del mes de abril se iniciará la implementación de un nuevo modelo de factura y del reglamento para depósitos, actualización y devolución de fianzas para contratos entre usuarios regulados y empresas distribuidoras.

Estos dos documentos regulatorios aprobados según lo establece la Ley de Electricidad buscan proteger las relaciones contractuales de las partes, indicó el superintendente, quien además exhortó a los usuarios a empoderarse de sus derechos y recurrir a las 40 oficinas de Protecom, establecidas en todo el país para reclamar ante cualquier acción violatoria de los mismos.  
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PACTO ELÉCTRICO

El objetivo del Pacto Eléctrico, según el criterio de la Superintendencia de Electricidad, debe ser que el sistema nacional de energía eléctrica pueda sustentarse por sí misma, sin la aportación de fondos públicos. El superintendente Eduardo Quincoces, dijo que pudiera contemplarse un subsidio a las familias más empobrecidas. Asimismo, indicó que es partidario del mantenimiento del Programa de Usuarios No regulados.



http://www.listindiario.com/economia-and-negocios/2015/3/3/358466/Nuevos-contratos-bajarian-la-tarifa-en-la-compra-de-energia

martes, 3 de marzo de 2015

La aritmética de la generación de energía eléctrica

SANTO DOMINGO,R.D.- Para el próximo día 19 de enero ha sido ya  anunciado el inicio del proceso de formulación del llamado Pacto Eléctrico, por lo que  los debates sobre cómo debe enfocarse el proceso de solución a la crisis eléctrica ya se  han reiniciado.
Sin ser un experto en  materia energética,   he podido comprobar que, pese al largo tiempo que tiene este tema bajo el escrutinio público, es evidente la gran ignorancia que existe sobre el mismo, sobre todo en  hacedores de opinión pública, por lo que   me he animado a aportar algunas informaciones que creo servirán  para poner en evidencia  una de las  verdaderas complejidades que encierra este tema.
Se trata, de cómo determinar la capacidad instalada necesaria para abastecer, de forma confiable y continua,  la demanda de energía eléctrica actual y futura, cumpliendo con los parámetros de calidad y eficiencia  marcados por la normativa vigente, y a precios  económicamente razonables.
He oído, ya, a hacedores de opinión pública afirmar, de forma categórica, que no se necesita la instalación de un solo megavatio adicional para afrontar la actual demanda; que la  capacidad instalada es suficiente, y que  el problema se reduce a que las EDE no realizan una gestión eficiente del servicio, por lo que las perdidas técnicas y no técnicas resultan ser muy elevadas.
Esta afirmación es, según mi opinión,  parcialmente cierta, ya que, según parámetros internacionales, en República Dominicana,  país clasificado como de renta media, las pérdidas  totales deberían situarse en el orden del 9%, y en la actualidad superan el 30%, según las últimas informaciones disponibles;  pero dicha afirmación  está montada sobre una aritmética no aplicable a los Sistemas Eléctricos de Potencia.
Amén  de que el entramado de intereses que confluyen en el mercado eléctrico es muy grande, el  cómo calcular  la capacidad instalada necesaria para abastecer la demanda actual y futura podría volverse un tema interesante, y requerir de una aritmética distinta a la de sumar las potencias especificadas en las placas de los distintos generadores eléctricos.
Por ejemplo, en el Informe Anual de 2013, con datos de 2012, elaborado por el Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), se puede ver que, la capacidad instalada era de unos 3,313.64 MW, y la demanda máxima registrada en ese mismo año  de unos 1994.9 MW, por lo que un simple cálculo aritmético sugiere que la oferta supera la demanda en unos 1,318.74 MW. Nada que discutir: Según esta aritmética, los partidarios de que la capacidad instalada es suficiente para la demanda actual, tienen la razón…


http://almomento.net/la-aritmetica-de-la-generacion-de-energia-electrica/

El Estado vuelve al negocio eléctrico


Se busca ampliar la generación con fuentes de bajo costo.
SANTO DOMINGO,R.D.-  El presidente Danilo Medina sometió al Senado un proyecto de ley que autoriza la participación provisional del Estado dominicano como promotor, titular y/o propietario directo o indirecto en la actividad de generación de electricidad, a través de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).
El proyecto autorizará la incursión y participación del Estado dominicano, a través de la CDEEE, en la actividad empresarial de generación de electricidad, ejerciendo la promoción, titularidad y propiedad, directa o indirecta, ya sea por cuenta propia y/o asociado con el sector privado, en proyectos de generación eléctrica que tengan como objetivo la modificación de la matriz energética y para ampliar la oferta de generación, a partir de fuentes de bajos costos y poco impacto medioambiental.
El artículo dos del proyecto establecería que la participación subsidiaria del Estado dominicano en la actividad de generación de electricidad será provisional, hasta tanto se logre la contratación y el inicio eficiente de operaciones de proyectos de generación que permitan la satisfacción plena de la demanda proyectada de electricidad y se garantice el acceso a la misma a todos los usuarios que la requieran en condiciones de universalidad, continuidad, eficiencia, calidad, equidad tarifaria y preservación del medioambiente.
De acuerdo al artículo tres de la propuesta del Ejecutivo, la negociación y el cierre de proyectos de generación promovidos, titularizados o que sean propiedad directa o indirecta, total o mancomunada del Estado dominicano a través de la CDEEE, en el marco de la atribución que le conferirá la ley, estarán eximidas de los procedimientos y plazos establecidos en la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado.
"Los objetivos perseguidos por la presente ley; así como sus disposiciones, tendrán primacía interpretativa y aplicativa sobre cualquier disposición de igual o menor rango jurídico que le resulte contraria o genere conflictos interpretativos respecto de su aplicación", explica la iniciativa.
El proyecto está motivado en que el déficit permanente del suministro de electricidad en el país constituye una realidad palpable que afecta todas las actividades de la vida nacional, al incidir con alto impacto en áreas sensibles, lo que provoca, entre otras problemas, altos costos en la logística de la producción industrial.

http://www.diariolibre.com/noticias/2014/02/13/i480371_estado-vuelve-negocio-elctrico-dice-que-ser-manera-provisional.html

lunes, 2 de marzo de 2015

¿Cuál pacto eléctrico en R.D.?

SANTO DOMINGO,R.D.- El gobierno ha convocado el Consejo Económico, Social e Institucional (CESI) para iniciar las discusiones para un Pacto Eléctrico. Adicionalmente se han sumado una serie de especialistas, ensayistas, partes interesadas, “opinadores” y personalidades a los miembros ex oficio del CESI, para el fin indicado. ¿Cuál es el objetivo de esta convocatoria? Llegar a un acuerdo consensuado para delinear un Plan Nacional que enfrente la extendida crisis del sector eléctrico, que se lleva entra las patas a casi un 2% del PIB en transferencias del presupuesto, en detrimento de sectores como la educación, la salud, la seguridad social, la seguridad ciudadana, el sistema judicial, las infraestructuras públicas, entre otras.
El país tiene uno de los más deficientes servicios eléctricos de América Latina y El Caribe. Caro, de mal servicio y que cada día extrae sumas mayores a las arcas públicas. Todos los intentos de buscar soluciones desde 1990 han fracasado estrepitosamente. Primero, bajo el gobierno del Presidente Joaquín Balaguer, se aprobó en 1990 una efímera Ley (14-90) de Incentivo a la Producción Eléctrica. Efímera, ya que fue derogada apenas menos de dos años después por el Código Tributario de 1992, ya que se basaba en otorgar exoneraciones fiscales a las empresas privadas que invirtieran en sistemas aislados o en nueva generación para vender a la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) bajo los mal recordados PPA, contratos de compra veta de energía bastante desfavorables para él comprador. Bajo ese esquema existen todavía muchas inversiones que no pagan un centavo al Estado, como en sistemas aislados, en Punta Cana/Macao y Las Terrena, o en generación de alto costo que opera con derivados del petróleo de alto impacto económico y ambiental.
A partir de 1992, bajo la egida y el auspicio del Banco Mundial y el apoyo del BID y de la USAID, se inician las discusiones para una “reforma integral” del sector eléctrico, bajo la premisa del desmantelamiento de la CDE y el traspaso total o parcial de las empresas eléctricas resultantes a los interese privados. Los criterios en boga entonces, bajo la política del Consenso de Washington, eran que todo lo posible debía ser privatizado. Entre 1992 y 1996 se produce un “tranque” en las discusiones coordinadas por Monseñor Agripino Núñez Collado, ya que los representantes de la oposición en aquel entonces, PRD y PLD, se oponían a la privatización directa, bajo la sospecha que “los reformistas que controlan el sector se lo van a robar todo”. En 1996 los representantes del PLD proponen una solución intermedia: que los activos del Estado no se traspasen al sector privado, pero que se haga una reforma de la CDE para dividirla en 7 empresas distintas, 3 distribuidoras, 2 generadoras térmicas, una empresa de transmisión y otra de generación hidráulica. Fue la llamada “Capitalización de la Empresa Pública”, un hibrido entre privatización y el modelo de Bolivia de capitalización. Esta solución fue la recomendada por el Banco Mundial en un estudio encargado a la consultora inglesa Coopers & Lybrant.
Con la instalación del gobierno del Presidente Leonel Fernández en agosto de 1996, y del Ingeniero Juan Temístocles Montás en la CDE, se inician los trabajos para reformar la CDE y aprobar una ley que se vino a llamar de “Capitalización de la Empresa Pública” a través de la Comisión de Reforma de la Empresa Pública (CREP) que presidió Antonio Isa Conde. En 1998, se completa el proceso de división de la CDE, con la creación de Edenorte, Edesur y Edeeste; las empresas generadoras EgeItabo y EgeHaina, y las dos empresas de generación hidráulica (EGIHD) y de transmisión (ETED). Las cinco primeras fueron licitadas y transferidas al sector privado, aunque el Estado mantuvo un 50% de las acciones, pero sin capacidad alguna de intervenir en las decisiones que adoptaren los gestores privados. El Estado pasó a ser un “convidado de piedra” en las empresas capitalizadas. Debido a que la oposición seguía bloqueando la nueva Ley General de Electricidad, que completaba el esquema institucional y de regulación, se creó por decreto la Superintendencia de Electricidad y el llamado Organismo Coordinador, y lo que era el cuerpo de la Ley, fue emitido como Reglamento del hoy Ministerio de Industria y Comercio, teniendo que esperar la Ley hasta 2001 que la aprobara el Congreso y el gobierno del PRD de Hipólito Mejía. Al final, le Ley salió como un “collage” de ideas estatistas de los “expertos del PRD” y la ley originalmente diseñada por técnicos chilenos de la empresa ENDESA Chile.
El nuevo sistema se basaba en el despacho de la energía mediante un sistema llamado de “precios marginales”, es decir donde la demanda se iba completando empezando por el productor más eficiente, el cual recibía el precio final del productor más ineficiente. En principio eso estimulaba a que los generadores fueran más eficiente cada vez y que bajara el precio promedio de la energía. ¿Pero pasó así? ¿Cuáles problemas presentó el sistema nuevo casi desde su nacimiento? En primer lugar no se puede olvidar que el servicio eléctrico no es un negocio como una tienda de telas o de zapatos. El servicio eléctrico es un SERVICIO PUBLICO de primer orden. Como lo es la salud, la educación o el transporte. En segundo lugar, un sistema de precios marginales debe funcionar normalmente sin déficit de oferta, y en el caso dominicano había un déficit crónico de producción, lo que llevó, en corto tiempo que los capitales invertidos en empresas de distribución se evaporaron como el agua bajo el sol en poco tiempo. En tercer lugar, el sistema nació con una predisposición de actores claves como fue la administración de la CDE, particularmente en el período iniciado el 16 de agosto de 2000 con el gobierno de Hipólito Mejía. Las ultimas estocadas la dieron las barbaridades de los administradores de las empresas de distribución, particularmente la española Unión Fenosa, con acciones fraudulentas como prestarse dinero de la casa matriz a 25% de interés anual cuando en los mercados internacionales la tasa de interés eran del orden del 5%; pero sobretodo, la devaluación del peso dominicano, producida a partir de mediados de 2002 por la errática política fiscal y monetaria del gobierno del PRD, que quebró financieramente la llamadas EDES. A partir de entonces se ha verificado un proceso de estatización de todas las EDES, primero en 2003 (Unión Fenosa) y luego en 2006 (AES), de eliminación del sistema de precios marginales para los generadores con la firma de los llamados Acuerdos de Madrid en 2001, lo que ha llevado a que el gobierno se vea en la obligación de otorgar crecientes transferencias a los distribuidores para pagar la elevadísima factura de compra de energía –con precios muy abultados.
Hoy en día el sistema eléctrico ha recibido, desde 2005 a 2015, según proyección, más de US$ 11.000 millones de transferencias del gobierno. El servicio empeora cada día más, y pareciera que el país está atrapado en un círculo vicioso de precios elevadísimos de la electricidad, entre otras razones por la sobrefacturación de los precios del Acuerdo de Madrid, el fraude y la ineficiencia, mal servicio con largos apagones, y un Estado que ya no puede soportar las cada vez mayores transferencias para pagar estas ineficiencias. La pregunta pertinente es ¿Qué hacer? ¿Cómo abordar esta madeja de intereses y distorsiones? ¿Puede un pacto resolver esta situación? Esto es lo que propuso el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en la llamada Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo (1-12) aprobada en enero de 2012.
Cabria preguntarse ¿Qué debe contener un pacto eléctrico? ¿Quién sacrifica qué? ¿Existe terreno para un pacto sin que sea la mera extensión de las inequidades existentes actualmente? ¿Cuáles son los principales que debe enfrentar un Pacto Eléctrico? Para resumir vamos a enumerar algunos de los problemas más relevantes.
1. Calculo del Precio de Generación: Hay que avanzar a una formula competitiva que elimine los sobrecostos actuales de los generadores y que cargan en demasía las empresas distribuidoras, subsidiadas por el Estado;
2. Eliminación del sistema de despacho por precio marginal de la carga, el cual no funciona y solo sirve para poner una pantalla irreal en los cálculos de los precios de la electricidad;
3. Unificación de la intervención del Estado en el sector. Hoy en día hay cinco empresas estatales 100% (Edenorte, Edesur, Edeeste, Egihd, Eted) mas la CDEEE, mas la Comisión Nacional de Energía (CNE), el Organismo Coordinador (OC), la Superintendencia de Electricidad (SIE) y arriba de todo, el nuevo Ministerio de Energía y Minas (MEM). Desde el punto de vista institucional, todas las dependencias no empresariales deben pasar bajo la tutela y la coordinación del MEM y todas las empresas deben proceder a una integración vertical bajo un nuevo Ente Nacional de Energía (ENE), dirigido por el MEM. Igualmente para las nuevas unidades térmicas en construcción a carbón en Punta Catalina;
4. No renovar el Acuerdo de Madrid que expira entre 2015-2016 y que el nuevo Ente Eléctrico y la distribuidora integrada verticalmente, compre por contratos de corto plazo, de un año a 18 meses indexado a los precios de los combustibles que usan;
5. Creación de un reglamento público de accesibilidad de terceros al Gas Natural, hoy solamente disponible en Punta Caucedo, y de esa forma evitar el absurdo de construir una segunda terminal a menos de 50 kilómetros lineales de la existente hoy;
6. Formular un Plan Nacional de Expansión de la Generación (junto con dos similares de la distribución y la transmisión) que permita agregar 2.000 MW en los próximos 6 años, a base de carbón y gas natural. A este plan de expansión puede invitarse al sector privado a ser inversor y proveedor de electricidad al Ente Nacional de Energía;
7. De inmediato, crear una Mesa de Combustibles para los generadores privados bajo contrato de las Edes, manejado vía REFIDOMSA y donde se le provea a precios competitivos y calidad de los combustibles;
8. Eliminación de los usuarios regulados y los no-regulados, lo que va en detrimento de las distribuidoras, y cargan el presupuesto público;
9. Realización de una auditoria de potencia de los generadores actuales para certificar cual su potencia real disponible;
10. Estimular el desarrollo del Parque Eléctrico de Manzanillo, a fin de desconcentrar la generación actualmente concentrada en la costa sur Caribe.

http://vanguardiadelpueblo.do/2014/11/12/cual-pacto-electrico/
 

Plantas a carbón desatan frenesí en el sector privado

SANTO DOMINGO,R,D,- El inicio de los trabajos de construcción de la central a carbón (dos plantas de 350 megavatios cada una) en Catalina, provincia Peravia, por parte de la estatal CDEEE ha desatado un verdadero frenesí de nuevos proyectos de generación en las generadoras EgeHaina y EgeItabo, bajo control privado.
Proyectos que, al parecer, estaban en carpeta por ambas generadoras han sido anunciados como nuevos, sobreponiéndose a otros previamente anunciados pero no iniciados, dando la impresión de que se quiere apabullar a la opinión pública y plantar dudas sea necesario que el Estado complete el plan de inversión, anunciado por el Presidente de la República Danilo Medina, el 27 de febrero del 2013.
En esa ocasión, el jefe del Estado prometió a la nación que la anciana crisis eléctrica quedaría en el pasado al término de su presente gestión de gobierno, pues a más de las dos plantas a carbón ya iniciadas se emprendería la construcción de otra central a gas natural de 1,000 megavatios y obras complementarias en las áreas de transmisión y distribución, dejando al sector privado oportunidad para incursionar en nueva generación y afrontar un déficit de oferta que se proyecta en 2,500 megavatios a partir del 2016.
El primero de marzo del 2013, el ingeniero Edgar Pichardo, alto ejecutivo de EgeHaina, en respuesta al discurso del Presidente Medina, dos días antes, reveló que “el país necesita centrales eficientes y EgeHaina cuenta con la solvencia técnica y administrativa, y con la experiencia comprobada de gestionar las alianzas y los recursos para desarrollar nuevos proyectos de generación que contribuyan al esfuerzo anunciado por el presidente Danilo Medina el pasado 27 de febrero para aumentar la capacidad instalada en el país y, a la par, modificar la matriz de generación para reducir nuestra dependencia del petróleo”.
Ege Haina cumplió, pues el 22 de septiembre de ese mismo año inauguró, junto a Barrick Gold-Goldcorp, la central generadora Quisqueya, en San Pedro de Macorís, con una potencia de 430 megavatios. Se trata de dos parques gemelos de motores en serie tipo Wartsila, de 215 megavatios cada parque, que pueden procesar por igual diesel, búnker o gas natural, dependiendo del precio del mercado de esos combustibles, pero que todavía no dispone del suministro de gas natural. Quisqueya Ia de Barrick-Pueblo Viejo, transporta energía hasta la mina de oro de la empresa en Cotuí, mediante una línea dedicada de alta tensión a 220 kva. El sobrante lo entrega al sistema interconectado. Quisqueya II de Ege Haina entrega toda su energía al sistema nacional.
Más tarde anunció que ese consorcio con otras tres empresas importadoras y distribuidoras de GLP para instalar una gigantesca procesadora y almacenadora de gas natural en San Pedro de Macorís, que servirá ese producto a las dos Quisqueya, a su planta Sultana del Este y también al grupo generador de 300 megavatios de la antigua Cogentrix, hoy propiedad de Basic Energy, que opera sólo con diesel, lo que la ha sacado del mercado, aunque CDEEE debe pagarle más de US$4 millones mensuales por su capacidad instalada.
El mismo primero de marzo de 2013, Ege Haina hizo saber que en sus planes está instalar una central de generación a gas natural con capacidad para 300 megavatios, la que se llamaría Quisqueya III, con una inversión de US$350 millones, según reporta Listín Diario ese mismo día.
También que se dispondría de otros US$100 millones para agregar 50 megavatios de capacidad al parque eólico Los Cocos, que opera el consorcio en Pedernales, y otros US$200 millones para agregar 150 megavatios de plantas térmicas a ciclo combinado en Haina.
Pichardo indicó que de esta forma EgeHaina ha llegado a ser líder del país en inversión para generación eléctrica, en capacidad instalada, en innovación tecnológica en el sector, y en contribución a la diversificación de la matriz energética nacional.
“La exitosa alianza público-privada de EgeHaina muestra resultados tangibles, ya que desde la capitalización ha inyectado cerca de 600 megavatios al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), a través del desarrollo de múltiples proyectos de generación con una inversión de cerca de US$700 millones. Esto evidencia que el Estado dominicano cuenta con el compromiso de EgeHaina para el desarrollo, construcción y operación sostenida de unidades de generación eficientes, que se transformen en un aumento de energía necesario para los usuarios y para el crecimiento económico del país”, concluyó Pichardo.
Para esa misa fecha, la generadora EgeItabo anunció que estaba avanzando para la licitación de una nueva central térmica a carbón (Itabo III), con capacidad de 250 a 300 megavatios, que completaría el parque Itabo, donde operan Itabo I e tabo II, cada una con capacidad para 125 megavatios.
Ege Itabo hace más de un año que no ha vuelto a hablar de la proyectada Itabo III, una unidad que se supone de alta viabilidad, pues no sólo dispone de un puerto carbonero ya construido, sino también de los terrenos y los estudios y diseños ya aprobados por las autoridades.
En cambio, los ejecutivos de Ege Itabo, una empresa que la gigante norteamericana AES Corporation posee en partes iguales con Estado, tal como ocurre con Ege Haina, propiedad de Vicini y el Estado, ha dicho que se propone invertir US$250 millones para agregar calderas recuperadoras de calor en su parque Los Minas (Dominican Power Partner), de 230 megavatios, para agregarle 114 megavatios.
Si todos estos proyectos de Ege Haina y Ege Itabo se realizan, y si además se soluciona el impasse planteado por Basic Energy para convertir los 300 megavatios de Cogentrix a gas natural, el sector privado estaría respondiendo en forma eficiente y concreta a la invitación del Presidente Medina del 27 de Febrero de 2013.
De la misma forma, si el Estado avanza con su promesa de propiciar o construir con recursos propios una central a gas natural, que todo indica se ubicaría en la costa Norte, específicamente en Manzanillo, Montecristi, con capacidad de 900 a 1,000 megavatios, se podría garantizar el ideal de acabar con la crisis eléctrica mucho antes de que termine la presente década. Esto así, porque no sólo se supliría la demanda actual y proyectada, sino porque también podríamos contar con una reserva fría de 20 a 30% de toda la demanda, para acabar, de una vez y por todas, con las crisis que provocan las salidas, a veces sin anuncio previo o programa conjunto con las autoridades reguladoras, de parques generadores para “mantenimiento”.
Ambiente de Confusión
Mientras el Estado llamó a licitación y cerró el contrato para su primero de dos parques de generación anunciados, el de carbón en Catalina, provincia Peravia, y mantiene su exhortación al sector privado para que se una al esfuerzo, este último no parece estar en consonancia.

En efecto, Otto González, presidente de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE), junto al vicepresidente ejecutivo de la misma entidad, ingeniero Milton Morrison, luego de afirmar que “hay un clima difícil para la inversión del sector privado, porque el futuro de la generación no está muy claro”, aprovechó para poner en dudas que el Estado disponga de US$1,400 millones para ampliar y renovar los sectores de distribución (US$600 a 800 millones) y transmisión (US$600 millones), dentro de los próximos cuatro a cinco años, según declaraciones publicadas este jueves 20 de marzo, en el Listín Diario. El propio Morrison ha venido sosteniendo que la inversión anunciada por el Estado en nueva generación, es innecesaria, pues el sistema opera con suficiente oferta.
Por otro lado, como se puede percibir de la relación de proyectos que se refiere en esta crónica, en el caso de Ege Haina existen proyectos ya materializados, pero hay otros de los cuales no se habla como Quisqueya III y las centrales a ciclo combinado en Haina.
Ya hemos dicho que Ege Itabo se ha silenciado con respecto a la importante y viable Itabo III, y que el proyecto a ciclo combinado en Los Mina se ha anunciado varias veces en el pasado y no acaba de materializar. En los últimos 10 años el único proyecto nuevo que ha anunciado en forma concreta Ege Itabo es una pequeña unidad a gas natural de 34 megavatios que realizaría junto al estatal Fomper, con inversión compartida de US$30 millones, y del que no ha vuelto a hablar del mismo.
El año 2014 será definitorio
Este año 2014 deberá definir si, en verdad, existe voluntad del sector privado para arrimar su hombre al Estado y poner fin a la crisis eléctrica.

Dos anuncios trascendentales han sido hechos por las generadoras Ege Haina y Ege Itabo que despejan bastante el problema vital de la fuente de suministro del energético básico para losnuevos desarrollos, pues ambas contrataron suministros de gas natural del que dispondrán en abundancia empresas suministradoras de Estados Unidos, a partir del año 2016, como lo ratificara el mismo Departamento de Comercio norteamericano al Presidente Medina.
Nuestra condición de país miembro del NAFTA-RD, privilegia al país, lo mismo que Centroamérica y Puerto Rico, para ser recipiente del gas natural de exportación norteamericano con respecto a cualquiera nación de la región.
Para cuando se inicien los contactos con fines de elaborar el Pacto Eléctrico, el Estado deberá haber materializado dos pasos importantes: 1.-estudio y diseño, con asesoría extranjera, si es necesario, del Plan de Expansión del desarrollo eléctrico, que imponen los Estados como forma de garantizar la previsibilidad del sistema e impedir crisis futuras, y 2.-la puesta en operación del recién creado Ministerio de Energía, autoridad suprema que se encargará de hacer cumplir este pacto y regular a todo los intervinientes en el sector.
Existe reservas todavía con respecto al seguro destino del Pacto Eléctrico, puesto que el presidente de la ADIE, Otto González, dice que en el mismo es la garantía para ellos intervenir en los futuros desarrollos. Y algo más, pone como condición que en las discusiones del mismo en función de observadores representantes de los Banco Mundial e Interamericano de Desarrollo, los cuales han tenido en el pasado reservas acerca de la participación del sector privado en el subsector eléctrico.
Los días y meses por venir pondrá de manifiesto si existe verdadera voluntad para conjurar un mal que ya lleva medio siglo sin solución.

http://vanguardiadelpueblo.do/2014/03/24/plantas-carbon-desatan-frenesi-en-el-sector-privado/

Reto del sector privado ante el Pacto Eléctrico

 SANTO DOMINGO,R.D.-A partir de la fecha el Consejo Económico y Social se avoca conocer los distintos planteamientos que se harán en procura de concertar un Pacto para la Reforma del Sector Eléctrico, como lo dispuso el Poder Ejecutivo, y como el Estado ya hizo pública su propuesta en representación del sector público, el sector privado enfrenta un gran reto.
El reto es que el sector privado fije posición sobre la propuesta de reforma integral de todo el subsector eléctrico que aparece consignada en el documento colgado en la red, para conocimiento general, por el Ministerio de la Presidencia. Se trata de la posición concertada de todas las agencias gubernamentales concernidas con el servicio energético.
Hasta este domingo 18 de enero ninguna de las instituciones o empresas ligadas al subsector eléctrico provenientes del sector privado había emitido opinión alguna relativa a la propuesta gubernamental, que ya lleva más de una semana hecha pública.
Como lo detalló Vanguardia del Pueblo, se trata de un riguroso estudio de la problemática energética del país con sus consecuentes sugerencias de solución, que engloban los aspectos básicos de generación, transmisión y distribución.
La propuesta gubernamental no deja cabos sueltos y es prolija en señalar respuestas de solución sobre cada uno de los nudos que se han identificado para enfrentar una crisis eléctrica que supera el medio siglo.
Tal y como lo consignó este diario digital, se resume en lo siguiente: “la creación de una Empresa de Generación Eléctrica Dominicana (EGEDOM), la conversión de la CDEEE en un holding que dirija todas las empresas eléctricas estatales incluidas las EDEs, la construcción de una re-gasificadora y plantas generadoras alimentadas a gas natural en Manzanillo (costa norte) y de una extensión Haina-San Pedro de Macorís de la Autopista Eléctrica a 345kv, y el establecimiento de una “mesa de combustibles”, además de la ratificación del ministerio de Energía y Minas como rector de los planes de expansión y regulador de todo el sistema eléctrico,forman parte del amplio listado de acciones que propone el Estado para la firma del Pacto Eléctrico”.
En adición, se hace consignar el compromiso del Estado de concluir la construcción por cuenta propia de la central térmica a carbón mineral de Punta Catalina, provincia Peravia, con capacidad nominal de 720 megavatios. La central tiene un costoaproximado a los US$2,000 millones y se encuentran en más de un 20% avanzada en su construcción.
O sea, de un tirón, en un solo proyecto, el Estado está igualando toda la inversión que ha hecho el sector privado nacional y extranjero durante el proceso de capitalización en casi 20 años.
Y como en la propuesta que hace el gobierno se invita al sector privado a incorporarse en forma conjunta o individual con nuevas inversiones para afrontar el déficit de generación para los próximos 15 años, hasta el 2030, de ese reto es que hablamos.

http://vanguardiadelpueblo.do/2015/01/19/reto-del-sector-privado-ante-el-pacto-electrico/