SANTO DOMINGO,R.D.- El gobierno ha convocado el Consejo Económico, Social e Institucional (CESI) para iniciar las discusiones para un Pacto Eléctrico. Adicionalmente se han sumado una serie de especialistas, ensayistas, partes interesadas, “opinadores” y personalidades a los miembros ex oficio del CESI, para el fin indicado. ¿Cuál es el objetivo de esta convocatoria? Llegar a un acuerdo consensuado para delinear un Plan Nacional que enfrente la extendida crisis del sector eléctrico, que se lleva entra las patas a casi un 2% del PIB en transferencias del presupuesto, en detrimento de sectores como la educación, la salud, la seguridad social, la seguridad ciudadana, el sistema judicial, las infraestructuras públicas, entre otras.
El país tiene uno de los más deficientes servicios eléctricos de América Latina y El Caribe. Caro, de mal servicio y que cada día extrae sumas mayores a las arcas públicas. Todos los intentos de buscar soluciones desde 1990 han fracasado estrepitosamente. Primero, bajo el gobierno del Presidente Joaquín Balaguer, se aprobó en 1990 una efímera Ley (14-90) de Incentivo a la Producción Eléctrica. Efímera, ya que fue derogada apenas menos de dos años después por el Código Tributario de 1992, ya que se basaba en otorgar exoneraciones fiscales a las empresas privadas que invirtieran en sistemas aislados o en nueva generación para vender a la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) bajo los mal recordados PPA, contratos de compra veta de energía bastante desfavorables para él comprador. Bajo ese esquema existen todavía muchas inversiones que no pagan un centavo al Estado, como en sistemas aislados, en Punta Cana/Macao y Las Terrena, o en generación de alto costo que opera con derivados del petróleo de alto impacto económico y ambiental.
A partir de 1992, bajo la egida y el auspicio del Banco Mundial y el apoyo del BID y de la USAID, se inician las discusiones para una “reforma integral” del sector eléctrico, bajo la premisa del desmantelamiento de la CDE y el traspaso total o parcial de las empresas eléctricas resultantes a los interese privados. Los criterios en boga entonces, bajo la política del Consenso de Washington, eran que todo lo posible debía ser privatizado. Entre 1992 y 1996 se produce un “tranque” en las discusiones coordinadas por Monseñor Agripino Núñez Collado, ya que los representantes de la oposición en aquel entonces, PRD y PLD, se oponían a la privatización directa, bajo la sospecha que “los reformistas que controlan el sector se lo van a robar todo”. En 1996 los representantes del PLD proponen una solución intermedia: que los activos del Estado no se traspasen al sector privado, pero que se haga una reforma de la CDE para dividirla en 7 empresas distintas, 3 distribuidoras, 2 generadoras térmicas, una empresa de transmisión y otra de generación hidráulica. Fue la llamada “Capitalización de la Empresa Pública”, un hibrido entre privatización y el modelo de Bolivia de capitalización. Esta solución fue la recomendada por el Banco Mundial en un estudio encargado a la consultora inglesa Coopers & Lybrant.
Con la instalación del gobierno del Presidente Leonel Fernández en agosto de 1996, y del Ingeniero Juan Temístocles Montás en la CDE, se inician los trabajos para reformar la CDE y aprobar una ley que se vino a llamar de “Capitalización de la Empresa Pública” a través de la Comisión de Reforma de la Empresa Pública (CREP) que presidió Antonio Isa Conde. En 1998, se completa el proceso de división de la CDE, con la creación de Edenorte, Edesur y Edeeste; las empresas generadoras EgeItabo y EgeHaina, y las dos empresas de generación hidráulica (EGIHD) y de transmisión (ETED). Las cinco primeras fueron licitadas y transferidas al sector privado, aunque el Estado mantuvo un 50% de las acciones, pero sin capacidad alguna de intervenir en las decisiones que adoptaren los gestores privados. El Estado pasó a ser un “convidado de piedra” en las empresas capitalizadas. Debido a que la oposición seguía bloqueando la nueva Ley General de Electricidad, que completaba el esquema institucional y de regulación, se creó por decreto la Superintendencia de Electricidad y el llamado Organismo Coordinador, y lo que era el cuerpo de la Ley, fue emitido como Reglamento del hoy Ministerio de Industria y Comercio, teniendo que esperar la Ley hasta 2001 que la aprobara el Congreso y el gobierno del PRD de Hipólito Mejía. Al final, le Ley salió como un “collage” de ideas estatistas de los “expertos del PRD” y la ley originalmente diseñada por técnicos chilenos de la empresa ENDESA Chile.
El nuevo sistema se basaba en el despacho de la energía mediante un sistema llamado de “precios marginales”, es decir donde la demanda se iba completando empezando por el productor más eficiente, el cual recibía el precio final del productor más ineficiente. En principio eso estimulaba a que los generadores fueran más eficiente cada vez y que bajara el precio promedio de la energía. ¿Pero pasó así? ¿Cuáles problemas presentó el sistema nuevo casi desde su nacimiento? En primer lugar no se puede olvidar que el servicio eléctrico no es un negocio como una tienda de telas o de zapatos. El servicio eléctrico es un SERVICIO PUBLICO de primer orden. Como lo es la salud, la educación o el transporte. En segundo lugar, un sistema de precios marginales debe funcionar normalmente sin déficit de oferta, y en el caso dominicano había un déficit crónico de producción, lo que llevó, en corto tiempo que los capitales invertidos en empresas de distribución se evaporaron como el agua bajo el sol en poco tiempo. En tercer lugar, el sistema nació con una predisposición de actores claves como fue la administración de la CDE, particularmente en el período iniciado el 16 de agosto de 2000 con el gobierno de Hipólito Mejía. Las ultimas estocadas la dieron las barbaridades de los administradores de las empresas de distribución, particularmente la española Unión Fenosa, con acciones fraudulentas como prestarse dinero de la casa matriz a 25% de interés anual cuando en los mercados internacionales la tasa de interés eran del orden del 5%; pero sobretodo, la devaluación del peso dominicano, producida a partir de mediados de 2002 por la errática política fiscal y monetaria del gobierno del PRD, que quebró financieramente la llamadas EDES. A partir de entonces se ha verificado un proceso de estatización de todas las EDES, primero en 2003 (Unión Fenosa) y luego en 2006 (AES), de eliminación del sistema de precios marginales para los generadores con la firma de los llamados Acuerdos de Madrid en 2001, lo que ha llevado a que el gobierno se vea en la obligación de otorgar crecientes transferencias a los distribuidores para pagar la elevadísima factura de compra de energía –con precios muy abultados.
Hoy en día el sistema eléctrico ha recibido, desde 2005 a 2015, según proyección, más de US$ 11.000 millones de transferencias del gobierno. El servicio empeora cada día más, y pareciera que el país está atrapado en un círculo vicioso de precios elevadísimos de la electricidad, entre otras razones por la sobrefacturación de los precios del Acuerdo de Madrid, el fraude y la ineficiencia, mal servicio con largos apagones, y un Estado que ya no puede soportar las cada vez mayores transferencias para pagar estas ineficiencias. La pregunta pertinente es ¿Qué hacer? ¿Cómo abordar esta madeja de intereses y distorsiones? ¿Puede un pacto resolver esta situación? Esto es lo que propuso el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en la llamada Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo (1-12) aprobada en enero de 2012.
Cabria preguntarse ¿Qué debe contener un pacto eléctrico? ¿Quién sacrifica qué? ¿Existe terreno para un pacto sin que sea la mera extensión de las inequidades existentes actualmente? ¿Cuáles son los principales que debe enfrentar un Pacto Eléctrico? Para resumir vamos a enumerar algunos de los problemas más relevantes.
1. Calculo del Precio de Generación: Hay que avanzar a una formula competitiva que elimine los sobrecostos actuales de los generadores y que cargan en demasía las empresas distribuidoras, subsidiadas por el Estado;
2. Eliminación del sistema de despacho por precio marginal de la carga, el cual no funciona y solo sirve para poner una pantalla irreal en los cálculos de los precios de la electricidad;
3. Unificación de la intervención del Estado en el sector. Hoy en día hay cinco empresas estatales 100% (Edenorte, Edesur, Edeeste, Egihd, Eted) mas la CDEEE, mas la Comisión Nacional de Energía (CNE), el Organismo Coordinador (OC), la Superintendencia de Electricidad (SIE) y arriba de todo, el nuevo Ministerio de Energía y Minas (MEM). Desde el punto de vista institucional, todas las dependencias no empresariales deben pasar bajo la tutela y la coordinación del MEM y todas las empresas deben proceder a una integración vertical bajo un nuevo Ente Nacional de Energía (ENE), dirigido por el MEM. Igualmente para las nuevas unidades térmicas en construcción a carbón en Punta Catalina;
4. No renovar el Acuerdo de Madrid que expira entre 2015-2016 y que el nuevo Ente Eléctrico y la distribuidora integrada verticalmente, compre por contratos de corto plazo, de un año a 18 meses indexado a los precios de los combustibles que usan;
5. Creación de un reglamento público de accesibilidad de terceros al Gas Natural, hoy solamente disponible en Punta Caucedo, y de esa forma evitar el absurdo de construir una segunda terminal a menos de 50 kilómetros lineales de la existente hoy;
6. Formular un Plan Nacional de Expansión de la Generación (junto con dos similares de la distribución y la transmisión) que permita agregar 2.000 MW en los próximos 6 años, a base de carbón y gas natural. A este plan de expansión puede invitarse al sector privado a ser inversor y proveedor de electricidad al Ente Nacional de Energía;
7. De inmediato, crear una Mesa de Combustibles para los generadores privados bajo contrato de las Edes, manejado vía REFIDOMSA y donde se le provea a precios competitivos y calidad de los combustibles;
8. Eliminación de los usuarios regulados y los no-regulados, lo que va en detrimento de las distribuidoras, y cargan el presupuesto público;
9. Realización de una auditoria de potencia de los generadores actuales para certificar cual su potencia real disponible;
10. Estimular el desarrollo del Parque Eléctrico de Manzanillo, a fin de desconcentrar la generación actualmente concentrada en la costa sur Caribe.
http://vanguardiadelpueblo.do/2014/11/12/cual-pacto-electrico/
El país tiene uno de los más deficientes servicios eléctricos de América Latina y El Caribe. Caro, de mal servicio y que cada día extrae sumas mayores a las arcas públicas. Todos los intentos de buscar soluciones desde 1990 han fracasado estrepitosamente. Primero, bajo el gobierno del Presidente Joaquín Balaguer, se aprobó en 1990 una efímera Ley (14-90) de Incentivo a la Producción Eléctrica. Efímera, ya que fue derogada apenas menos de dos años después por el Código Tributario de 1992, ya que se basaba en otorgar exoneraciones fiscales a las empresas privadas que invirtieran en sistemas aislados o en nueva generación para vender a la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) bajo los mal recordados PPA, contratos de compra veta de energía bastante desfavorables para él comprador. Bajo ese esquema existen todavía muchas inversiones que no pagan un centavo al Estado, como en sistemas aislados, en Punta Cana/Macao y Las Terrena, o en generación de alto costo que opera con derivados del petróleo de alto impacto económico y ambiental.
A partir de 1992, bajo la egida y el auspicio del Banco Mundial y el apoyo del BID y de la USAID, se inician las discusiones para una “reforma integral” del sector eléctrico, bajo la premisa del desmantelamiento de la CDE y el traspaso total o parcial de las empresas eléctricas resultantes a los interese privados. Los criterios en boga entonces, bajo la política del Consenso de Washington, eran que todo lo posible debía ser privatizado. Entre 1992 y 1996 se produce un “tranque” en las discusiones coordinadas por Monseñor Agripino Núñez Collado, ya que los representantes de la oposición en aquel entonces, PRD y PLD, se oponían a la privatización directa, bajo la sospecha que “los reformistas que controlan el sector se lo van a robar todo”. En 1996 los representantes del PLD proponen una solución intermedia: que los activos del Estado no se traspasen al sector privado, pero que se haga una reforma de la CDE para dividirla en 7 empresas distintas, 3 distribuidoras, 2 generadoras térmicas, una empresa de transmisión y otra de generación hidráulica. Fue la llamada “Capitalización de la Empresa Pública”, un hibrido entre privatización y el modelo de Bolivia de capitalización. Esta solución fue la recomendada por el Banco Mundial en un estudio encargado a la consultora inglesa Coopers & Lybrant.
Con la instalación del gobierno del Presidente Leonel Fernández en agosto de 1996, y del Ingeniero Juan Temístocles Montás en la CDE, se inician los trabajos para reformar la CDE y aprobar una ley que se vino a llamar de “Capitalización de la Empresa Pública” a través de la Comisión de Reforma de la Empresa Pública (CREP) que presidió Antonio Isa Conde. En 1998, se completa el proceso de división de la CDE, con la creación de Edenorte, Edesur y Edeeste; las empresas generadoras EgeItabo y EgeHaina, y las dos empresas de generación hidráulica (EGIHD) y de transmisión (ETED). Las cinco primeras fueron licitadas y transferidas al sector privado, aunque el Estado mantuvo un 50% de las acciones, pero sin capacidad alguna de intervenir en las decisiones que adoptaren los gestores privados. El Estado pasó a ser un “convidado de piedra” en las empresas capitalizadas. Debido a que la oposición seguía bloqueando la nueva Ley General de Electricidad, que completaba el esquema institucional y de regulación, se creó por decreto la Superintendencia de Electricidad y el llamado Organismo Coordinador, y lo que era el cuerpo de la Ley, fue emitido como Reglamento del hoy Ministerio de Industria y Comercio, teniendo que esperar la Ley hasta 2001 que la aprobara el Congreso y el gobierno del PRD de Hipólito Mejía. Al final, le Ley salió como un “collage” de ideas estatistas de los “expertos del PRD” y la ley originalmente diseñada por técnicos chilenos de la empresa ENDESA Chile.
El nuevo sistema se basaba en el despacho de la energía mediante un sistema llamado de “precios marginales”, es decir donde la demanda se iba completando empezando por el productor más eficiente, el cual recibía el precio final del productor más ineficiente. En principio eso estimulaba a que los generadores fueran más eficiente cada vez y que bajara el precio promedio de la energía. ¿Pero pasó así? ¿Cuáles problemas presentó el sistema nuevo casi desde su nacimiento? En primer lugar no se puede olvidar que el servicio eléctrico no es un negocio como una tienda de telas o de zapatos. El servicio eléctrico es un SERVICIO PUBLICO de primer orden. Como lo es la salud, la educación o el transporte. En segundo lugar, un sistema de precios marginales debe funcionar normalmente sin déficit de oferta, y en el caso dominicano había un déficit crónico de producción, lo que llevó, en corto tiempo que los capitales invertidos en empresas de distribución se evaporaron como el agua bajo el sol en poco tiempo. En tercer lugar, el sistema nació con una predisposición de actores claves como fue la administración de la CDE, particularmente en el período iniciado el 16 de agosto de 2000 con el gobierno de Hipólito Mejía. Las ultimas estocadas la dieron las barbaridades de los administradores de las empresas de distribución, particularmente la española Unión Fenosa, con acciones fraudulentas como prestarse dinero de la casa matriz a 25% de interés anual cuando en los mercados internacionales la tasa de interés eran del orden del 5%; pero sobretodo, la devaluación del peso dominicano, producida a partir de mediados de 2002 por la errática política fiscal y monetaria del gobierno del PRD, que quebró financieramente la llamadas EDES. A partir de entonces se ha verificado un proceso de estatización de todas las EDES, primero en 2003 (Unión Fenosa) y luego en 2006 (AES), de eliminación del sistema de precios marginales para los generadores con la firma de los llamados Acuerdos de Madrid en 2001, lo que ha llevado a que el gobierno se vea en la obligación de otorgar crecientes transferencias a los distribuidores para pagar la elevadísima factura de compra de energía –con precios muy abultados.
Hoy en día el sistema eléctrico ha recibido, desde 2005 a 2015, según proyección, más de US$ 11.000 millones de transferencias del gobierno. El servicio empeora cada día más, y pareciera que el país está atrapado en un círculo vicioso de precios elevadísimos de la electricidad, entre otras razones por la sobrefacturación de los precios del Acuerdo de Madrid, el fraude y la ineficiencia, mal servicio con largos apagones, y un Estado que ya no puede soportar las cada vez mayores transferencias para pagar estas ineficiencias. La pregunta pertinente es ¿Qué hacer? ¿Cómo abordar esta madeja de intereses y distorsiones? ¿Puede un pacto resolver esta situación? Esto es lo que propuso el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en la llamada Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo (1-12) aprobada en enero de 2012.
Cabria preguntarse ¿Qué debe contener un pacto eléctrico? ¿Quién sacrifica qué? ¿Existe terreno para un pacto sin que sea la mera extensión de las inequidades existentes actualmente? ¿Cuáles son los principales que debe enfrentar un Pacto Eléctrico? Para resumir vamos a enumerar algunos de los problemas más relevantes.
1. Calculo del Precio de Generación: Hay que avanzar a una formula competitiva que elimine los sobrecostos actuales de los generadores y que cargan en demasía las empresas distribuidoras, subsidiadas por el Estado;
2. Eliminación del sistema de despacho por precio marginal de la carga, el cual no funciona y solo sirve para poner una pantalla irreal en los cálculos de los precios de la electricidad;
3. Unificación de la intervención del Estado en el sector. Hoy en día hay cinco empresas estatales 100% (Edenorte, Edesur, Edeeste, Egihd, Eted) mas la CDEEE, mas la Comisión Nacional de Energía (CNE), el Organismo Coordinador (OC), la Superintendencia de Electricidad (SIE) y arriba de todo, el nuevo Ministerio de Energía y Minas (MEM). Desde el punto de vista institucional, todas las dependencias no empresariales deben pasar bajo la tutela y la coordinación del MEM y todas las empresas deben proceder a una integración vertical bajo un nuevo Ente Nacional de Energía (ENE), dirigido por el MEM. Igualmente para las nuevas unidades térmicas en construcción a carbón en Punta Catalina;
4. No renovar el Acuerdo de Madrid que expira entre 2015-2016 y que el nuevo Ente Eléctrico y la distribuidora integrada verticalmente, compre por contratos de corto plazo, de un año a 18 meses indexado a los precios de los combustibles que usan;
5. Creación de un reglamento público de accesibilidad de terceros al Gas Natural, hoy solamente disponible en Punta Caucedo, y de esa forma evitar el absurdo de construir una segunda terminal a menos de 50 kilómetros lineales de la existente hoy;
6. Formular un Plan Nacional de Expansión de la Generación (junto con dos similares de la distribución y la transmisión) que permita agregar 2.000 MW en los próximos 6 años, a base de carbón y gas natural. A este plan de expansión puede invitarse al sector privado a ser inversor y proveedor de electricidad al Ente Nacional de Energía;
7. De inmediato, crear una Mesa de Combustibles para los generadores privados bajo contrato de las Edes, manejado vía REFIDOMSA y donde se le provea a precios competitivos y calidad de los combustibles;
8. Eliminación de los usuarios regulados y los no-regulados, lo que va en detrimento de las distribuidoras, y cargan el presupuesto público;
9. Realización de una auditoria de potencia de los generadores actuales para certificar cual su potencia real disponible;
10. Estimular el desarrollo del Parque Eléctrico de Manzanillo, a fin de desconcentrar la generación actualmente concentrada en la costa sur Caribe.
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