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sábado, 8 de octubre de 2016

Critica se quiera imponer tarifa eléctrica que perjudicaría a clientes de menor consumo



SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El Director de la Comisión de Energía del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Antonio Almonte, consideró injusto que se pretenda imponer una tarifa de electricidad que en la práctica eliminaría la diferencia de precio por nivel de consumo.
Explicó que se ponerse en práctica esa modalidad de tarifa, sería el fin del subsidio que en la actualidad pagan los clientes de alto consumo a favor de los de menor consumo.
Según explicó la implementación de la nueva tarifa técnica tendría un impacto terrible en lo que ha sido el modelo actual, debido a que representaría un aumento de más del 80 por ciento en la tarifa a sectores de escasos recursos y una reducción en un 25 por ciento a favor de los grandes consumidores.
Asimismo, consideró que la tarifa de electricidad en República Dominicana se maneja de manera “despótica y autoritaria”, ya que pese a que los costos del combustible y de generación descendieron cerca del 40 por ciento del 2014 a la fecha, el precio para los consumidores no ha descendido.
Aseguró que se ha tomado una decisión basada en el interés político, para sustentar una “política clientelar que ha funcionado durante décadas”.
“Si buscamos ahora el informe de desempeño de las empresas distribuidoras nos daremos cuenta que a través de la tarifa eléctrica la gente está pagando los dispendios y designaciones politiqueras del Gobierno, que tienen costos impresentables”, reprochó Almonte.
Apuntó que un estudio basado en la Ley General de Electricidad, en su artículo 115, solicitado por la Superintendencia de Electricidad y elaborado por la firma chilena INECON, señala que la tarifa eléctrica debe revalidarse cada 4 años mediante estudio de costos, mandato que no se cumple.
Consideró que el Gobierno no desea implementar la tarifa técnica propuesta por INECON, debido a que se desmontarían los elevados costos operacionales anuales de las empresas distribuidoras de electricidad.
Subrayó que sólo en el caso de Edesur, los costos deberían ser de 18 millones de dólares al año, y en la actualidad sobrepasan los 100 millones de dólares.


http://acento.com.do/2016/economia/8390147-ingeniero-almonte-critica-se-quiera-imponer-tarifa-electrica-perjudicaria-clientes-menor-consumo/

viernes, 8 de agosto de 2014

Foro para reducir los accidentes en RD: BID

SANTO DOMINGO,R.D.- El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, y representantes del sector automotriz dominicano e internacional discuten hoy medidas para reducir la mortalidad de los accidentes de tránsito en el país caribeño, que ostenta el segundo lugar a nivel mundial por muertes en incidentes viales.
El foro tiene como meta establecer planes para reducir los accidentes en 30% para 2016 y 50% para 2020, de acuerdo con el proyecto.
Seis personas, tres de ellas integrantes de una familia, murieron el viernes cuando el camión de carga en el que viajaban se salió de la carretera y se estrelló contra un inmueble a unos 48 kilómetros al norte de Santo Domingo, informó Roberto Lebrón, vocero de la institución que regula el tránsito.
Con 41,7 muertes por cada 100,000 habitantes, República Dominicana ocupa la segunda mayor tasa de mortalidad a nivel mundial en esa categoría, sólo superada por la isla de Nieu (con 68,3 muertes), según un estudio de la Organización Mundial de la Salud de 2013.
La mortalidad en accidentes de tránsito de República Dominicana duplica el promedio de 16 muertes por cada 100.000 habitantes de todo el continente.
El Banco Interamericano de Desarrollo anunció en abril una donación de 500.000 dólares para comenzar a diseñar una política y los lineamientos de una estrategia nacional de seguridad vial en República Dominicana.

http://www.listindiario.com/la-republica/2014/8/8/332935/BID-disena-plan-contra-accidentes-en-Rep-Dom

domingo, 13 de julio de 2014

Políticas relevantes para resolver la crisis eléctrica dominicana


Desde 2002 las autoridades han puesto en práctica diversas estrategias para mitigar los impactos negativos de la carrera alcista de los precios del petróleo sobre los consumidores de electricidad, pero también para 
garantizar la viabilidad financiera del servicio público, socavada por ingresos insuficientes debido al robo, el fraude y las facturas sin pagar. El conjunto de soluciones adoptadas no siempre se ha caracterizado por su coherencia y consistencia. La mayoría de las veces ha expresado la correlación de fuerzas del momento y se ha perdido la visión de mediano y largo plazo. 
i) ¿Hacia dónde se ha orientado el esfuerzo? Las medidas se han enfocado a reducir déficit en el corto plazo y sentar las bases para solucionar definitivamente el problema a mediano plazo. Destacan tres líneas estratégicas: 
• Ampliar la cobertura del servicio, mejorar su continuidad y proteger a la economía de consumidores. Se han establecido programas públicos de extensión de líneas de distribución en zonas marginales, subsidios al consumo y garantía de ¡suministro. Además, el gobierno ha retomado nuevamente las operaciones de distribución mediante la readquisición de ¡Edenorte y Edesur.
• Reducir el costo del suministro. Esto ha incluido; a) renegociar el Acuerdo de Madrid y los contratos con los productores independientes; b) alentar la competencia en el mercado de generación; c) promover la construcción de grandes centrales generadoras que operen con carbón —cuyo precio es más bajo, más estable y menos volátil que del petróleo—, en las que el Estado asume el riesgo comercial y de mercado para dar viabilidad a los proyectos (riesgo de precio y disponibilidad del combustible, así como riesgo sobre la venta de electricidad), y d) poner en marcha programas de reducción de pérdidas en la red eléctrica
• Elevar y asegurar el flujo los ingresos. Se han puesto en marcha programas de eliminación del robo de electricidad y combate a la “cultura del no pago”. De forma simultánea, el gobierno ha procurado cumplir puntualmente con las transferencias de recursos públicos a las distribuidoras para cubrir los subsidios 
a los consumidores, así como reducir la deuda contraída.
• Disminuir la presión sobre las finanzas públicas. Sin renunciar al otorgamiento de subsidios, éstos se han replanteado y se focalizan en los sectores más desprotegidos. De igual modo, se han estado eliminando los retrasos en la indexación de las tarifas con respecto al precio de los combustibles.
ii) ¿Por qué ha fallado?. Sin embargo, a pesar del esfuerzo de las autoridades, los resultados han sido poco contundentes y el proceso de solución ha estado marcado por avances y retrocesos. 
Las causas están en:
• Programas mal diseñados, insuficientes o desfasados. 
• Escasez de recursos fiscales para soportar un programa ambiciosos de subsidios generalizados.
• Debilidad institucional, tanto de las autoridades políticas y regulatorias del sector como del marco legal y reglamentario, lo que resta efectividad a la acción gubernamental y da espacio para que generadores, distribuidores y consumidores sólo vean por sus propios intereses y actúen alejados del interés colectivo.
• Búsqueda de objetivos contrapuestos y la tendencia de las autoridades a dar más importancia a la dimensión social y política del problema, que a los requerimientos económicos del subsector. Al respecto se debe mencionar que las medidas enérgicas que reclamaban los organismos financieros para un rápido saneamiento financiero del sector —elevación de tarifas, eliminación de los subsidios y establecimiento de penas severas por el robo de electricidad— hubieran implicado altos costos sociales difícilmente asumidos por el gobierno, especialmente en un clima de pobreza generalizada, inestabilidad social y presiones políticas derivadas de un corto período presidencial con posibilidad de reelección. 
Por su parte, las distribuidoras han desarrollado programas para reducir pérdidas y elevar el índice de recuperación de efectivo. Se ha puesto énfasis en racionar el suministro para ofrecer más a los circuitos con menos pérdidas; instalar nuevos medidores y reemplazar los más viejos; capturar como clientes a usuarios que consumen de manera ilegal; inspeccionar los medidores y otros dispositivos susceptibles de sufrir manipulaciones; eliminar el fraude electrónico y corregir las anomalías técnicas de los equipos. 
Sin embargo, los esfuerzos han sido débiles y el modesto avance en el índice de recuperación de efectivo está lejos de las metas establecidas. Resulta pertinente recordar que, cuando se privatizó la industria en 1999, las nuevas compañías de distribución comenzaron a funcionar con un índice de recuperación de efectivos (ire) de entre 40% y 50%. Meses más tarde, y con las prácticas empresariales privadas, el ire se elevó hasta situarse entre 62% y 69% en el caso de Edenorte y Edesur, respectivamente. Sin embargo, esos niveles estaban lejanos de los estándares internacionales cercanos a 100%. 
A raíz de la crisis financiera de 2003, el nivel promedio descendió a 56 por ciento.
iii) ¿Cómo mejorar el esfuerzo? A lo largo de la crisis se han expuesto diversos diagnósticos y propuestas que sin embargo no han sido compartidos por todos los actores: autoridades, operadores,consumidores, financistas, profesionales y analistas. Por ejemplo, para algunos analistas, los factores responsables de la crisis son la capacidad institucional y la supervisión deficientes, lo que constituye otro ejemplo de los costos elevados de una gobernabilidad débil. El complejo camino que va de los deficientes servicios públicos provistos por el gobierno a la privatización, luego a los subsidios implícitos y, finalmente, a la reestatización no resuelve los problemas de la calidad deficiente del servicio, que sigue siendo agravada por las conexiones ilegales y la falta de pago e impone un costo exorbitante para el gobierno y los consumidores. 
Concluyen que la reforma se ha visto retrasada o bloqueada por la falta de transparencia, de rendición de cuentas públicas y de un consenso político más amplio sobre el tema, además de una insuficiente voluntad política para impulsar una solución (véase Banco Mundial, 2006). 
• Los consensos se ubican en redoblar esfuerzos y complementar las medidas ya emprendidas con nuevas acciones. Entre las acciones de carácter técnico y comercial que deben realizar las distribuidoras, destacan las siguientes: 
• Investigar y perseguir a los grandes consumidores que recurren al fraude electrónico sofisticado para no pagar el servicio. 
• Instalar medidores electrónicos online para los grandes clientes,a fin de hacer un seguimiento continuo del consumo y detectar las anomalías a la brevedad; en otros sectores, es necesario remplazar los equipos obsoletos o defectuosos. 
• Facilitar el pago de las facturas residenciales aumentado el número de centros de pago y sus horarios de atención.
• Rediseñar las instalaciones de distribución de bajo voltaje con el fin de dificultar las conexiones ilegales y la manipulación de dispositivos.
• Reforzar los programas de mantenimiento y eliminación de las pérdidas técnicas en las líneas de
distribución.
Uno de los puntos de mayor relevancia y acuerdo entre los actores concierne a las inversiones. La crisis ha dejado una lección importante: 
mientras no se mejore sustancialmente la calidad del servicio, lo que significa reducir los apagones hasta eliminarlos, los consumidores no estarán dispuestos a pagar las tarifas actuales, y mucho menos si se incrementan. 
En efecto, resulta ineficaz aumentar aun más las tarifas para sanear las EDES.494

http://www.cepal.org/publicaciones/xml/0/37540/2009-LBC-104-web.pdf

viernes, 11 de julio de 2014

Rebalanceo de la tarifa eléctrica-17 julio, 2010

http://hoy.com.do/image/article/533/460x390/0/534A4DCE-9374-41F2-A1DB-F6A7D30DCA42.jpeg

SANTO DOMINGO,R.D.- El representante del BID en el País, sin quererlo, dejó sin argumentos a quienes desde el sector oficial y los generadores privados han estado vendiendo la idea de que la tarifa eléctrica vigente no cubre los costos y unido al subsidio cruzado que posee la misma, son de los principales responsables del déficit financiero del sector y, por ende, se justifica  una “flexibilización” de la tarifa (término comprometido en la carta de intención del FMI de marzo 2010) o un “rebalanceo” de la misma.
Con las afirmaciones del representante del BID de que “por más dinero que entre a un negocio el problema no se resuelve si no hay una buena gestión comercial de facturación y cobro de energía”, con lo cual coloca la llaga sobre el problema medular del sector eléctrico que radica en la ineficiencia y mala gestión de las distribuidoras, las autoridades oficiales tendrán que elaborar una nueva estrategia para justificar las intenciones de aumento de la tarifa disfrazado en las frases de “flexibilización” o “rebalanceo”, ya que no existe sustentación económica que justifique tales medidas, sobre todo cuando en mayo del 2010, según las cifras publicadas por la CDEEE en los Informes de Desempeño del Sector Eléctrico, el margen de intermediación promedio de las distribuidoras o Valor Agregado de Distribución (VAD) se sitúa cercano a los US$0.06/Kwh.
Este dato, unido a los VAD promedio que las distribuidoras han manejado del 2005 al 2009, superior a los US$0.03/Kwh a excepción de unos pocos meses en el 2008 cuando el precio del barril de petróleo se situó cercano a los US$150, es otro mentís a las afirmaciones de que la tarifa eléctrica vigente no cubre costos y que el subsidio cruzado en la misma es responsable del déficit financiero de las distribuidoras. Con subsidio cruzado, el VAD de las distribuidoras es positivo y es mayor de US$0.03/Kwh, valor referencial que se asigna a una distribuidora administrada de manera eficiente y con gastos corrientes económicamente y financieramente racionales.
Estos datos del VAD promedio con que las distribuidoras se han estado desempeñando, ponen en evidencia que las mismas han estado facturando en promedio la energía a los clientes a un precio muy superior al precio promedio a que esas empresas compran la energía a los generadores, ya que si el VAD fuera cero o negativo, entonces si se pudiera hablar que la tarifa no cubre costos. En consecuencia no se puede hablar con propiedad de que la tarifa eléctrica actual no cubre los costos ni de que el subsidio cruzado en la tarifa ocasione pérdidas a las distribuidoras.
Antes de hablar de “flexibilización” o “rebalanceo” de tarifas, debe imponerse la racionalidad económica en lo relativo a los gastos corrientes de las empresas eléctricas propiedad del Estado, ya que no es posible justificar “flexibilizaciones” o “rebalanceos” de tarifas cuando al mismo tiempo la nómina mensual  en las empresas eléctricas propiedad del Estado han aumentado en unos US$13 millones (US$156 millones anuales) con relación a agosto del 2004 y cuando la sociedad se despierta asombrada ante el aumento de un 75% en el salario mensual de uno de los asesores VIP de la CDEEE que situó el mismo en unos RD$526 mil, cuando al mismo tiempo las instituciones gubernamentales han tenido que ver reducido su presupuesto del 2010 en un 20% para transferirlo al sector eléctrico para cubrir las ineficiencias, mala gestión y gastos excesivos en nómina de las distribuidoras y empresas eléctricas propiedad del Estado.
Mientras las pérdidas entre energía comprada a los generadores y facturada a los clientes para las zonas PRA + No PRA se sitúen alrededor del 40%, no se puede hablar de “flexibilización” ni “rebalanceo” de tarifa. Mientras la Ley General de Electricidad se siga violando, sobretodo su artículo 110 en lo relativo a la potencia máxima que las distribuidoras deben contratar con los generadores (80% de la demanda; en la actualidad se tiene bajo contrato cerca del 90% con la anuencia de la SIE y la CDEEE), no se puede hablar de “flexibilización” y “rebalanceo” de la tarifa.
La “flexibilización” o “rebalanceo” de la tarifa, solamente serviría para cargar aun más sobre los que pagamos por un servicio caro y pésimo, el mantenimiento de la ineficiencia y mala gestión en las distribuidoras, los gastos excesivos en nóminas en las empresas eléctricas propiedad del Estado, en donde la CDEEE, según la nómina publicada de junio 2010, tenía 15 asesores (RD$2.6 millones mensuales), en adición a una nómina de 821 empleados fijos (RD$32.25 millones mensuales) más 168 militares (RD$701,000 mensuales).
¿Necesita la CDEEE de una empleomanía tan numerosa y de tantos asesores para desempeñar eficientemente sus funciones? 
Por BEERNARDO CASTELLANOS 


lunes, 7 de abril de 2014

La gestión de las pérdidas, la peor parte del sistema eléctrico en R.D.

SANTO DOMINGO,R.D.- El vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara, dejó establecido ante la Cámara Americana de Comercio (Amcham-DR) que la crisis del sector eléctrico es más compleja de lo que él suponía antes de asumir el cargo.
O se sube la tarifa o se incluyen nuevos clientes a la base de datos de las distribuidoras, esto con el fin de mejorar el flujo de caja y consecuentemente bajar el déficit que el año pasado terminó en la frontera de los US$1,300 millones.
La eficiencia en la gestión del sector está entre las principales metas del funcionario. Convertir a la CDEEE en sujeto de crédito internacional para lograr nuevos acuerdos con bancos de inversión, abriendo nuevas alternativas y mejores términos, es una de sus tareas, pero tiene de frente una deuda acumulada con los generadores que al 15 de marzo estaba en US$566.9 millones, de los que US$486.7 millones (85.8%) corresponden a cuatro generadores: San Felipe, EGE Haina, Seaboard y AES, los cuales aportan en capacidad instalada alrededor de 1,400 megavatios al sistema.
La gestión de las empresas de distribución, cuando se compara la compra de energía contra la cobrada, deja ver el reto que tienen en esta materia. Los números oficiales establecen que de 11,552 gigavatios comprados en 2012 por las distribuidoras apenas se recuperaron en cobros 7,041 gigavatios, equivalentes a 61%, lo que indica que el 39% se perdió vía las pérdidas técnicas y no técnicas. Las estadísticas establecen que el ratio de recuperación ha subido en promedio 4.8 puntos porcentuales en los últimos cinco años, pero no se corresponde con el nivel de despacho de energía.
La única demarcación donde se recupera sobre el 80% de la energía servida es el Distrito Nacional con 80.4%, seguida por la provincia Hato Mayor con un 75.9% y luego San Pedro de Macorís con 73.3%. En Santiago Rodríguez, según el informe sustentador por la CDEEE, se pierde el 30% de la electricidad que se despacha. Sin embargo, en La Altagracia, que por su posición en el turismo debería estar entre las tres primeras, apenas se recupera el 69.7%.
Según el reporte sobre el flujo financiero de las distribuidoras, hay 12 provincias donde las pérdidas superan el 50%, siendo Bahoruco (69.7%) y Sánchez Ramírez (64%) las que están en peor posición. La tercera peor demarcación del sistema la ocupa Monseñor Nouel con 63.7% de pérdidas, mientras que en Hermanas Mirabal solo se recupera el 41.3% de la energía servida por las distribuidoras.
Jiménez Bichara, ante la matrícula de la Amcham-DR, dejó establecido que las distribuidoras están obligadas a mejorar continuamente sus recaudaciones y calidad en el servicio, así como a optimizar sus procesos comerciales. De hecho apuntó, la gestión técnica, con la automatización de las operaciones, es parte de los planes de eficiencia.
El gobierno lleva siete meses y aún no se ve nada concreto para el sector.
EDEESTE
La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) informó que a partir de este mes los clientes de las zonas de menores ingresos recibirán una factura con un formato más pequeño y las informaciones habituales.
Edeeste estimó que con esta medida tendrá un ahorro un 37% del costo actual de impresión de las facturas que envía a más de 200,000 clientes de sectores pobres, reduce el consumo de papel y contribuye con la preservación del medioambiente.  
Detalló que este año invertiría RD$5.4 millones en la impresión de las facturas enviadas a más de 200,000 clientes, y que con el nuevo formato esa cantidad será reducida a RD$3.3 millones.
Agregó que con esta acción Edeeste reafirma el compromiso institucional de reducción de costos y contribuye con la disminución del déficit del sector eléctrico.  
Señaló que esta iniciativa está acorde con la finalidad del sector eléctrico de brindar un mejor servicio de electricidad a la población del país con menores costos.

http://www.listindiario.com/economia-y-negocios/2013/3/24/270782/La-gestion-de-las-perdidas-la-peor-parte-del-sistema-electrico