Políticas relevantes para resolver la crisis eléctrica dominicana

Desde 2002 las autoridades han puesto en práctica diversas estrategias para mitigar los impactos negativos de la carrera alcista de los precios del petróleo sobre los consumidores de electricidad, pero también para 
garantizar la viabilidad financiera del servicio público, socavada por ingresos insuficientes debido al robo, el fraude y las facturas sin pagar. El conjunto de soluciones adoptadas no siempre se ha caracterizado por su coherencia y consistencia. La mayoría de las veces ha expresado la correlación de fuerzas del momento y se ha perdido la visión de mediano y largo plazo. 
i) ¿Hacia dónde se ha orientado el esfuerzo? Las medidas se han enfocado a reducir déficit en el corto plazo y sentar las bases para solucionar definitivamente el problema a mediano plazo. Destacan tres líneas estratégicas: 
• Ampliar la cobertura del servicio, mejorar su continuidad y proteger a la economía de consumidores. Se han establecido programas públicos de extensión de líneas de distribución en zonas marginales, subsidios al consumo y garantía de ¡suministro. Además, el gobierno ha retomado nuevamente las operaciones de distribución mediante la readquisición de ¡Edenorte y Edesur.
• Reducir el costo del suministro. Esto ha incluido; a) renegociar el Acuerdo de Madrid y los contratos con los productores independientes; b) alentar la competencia en el mercado de generación; c) promover la construcción de grandes centrales generadoras que operen con carbón —cuyo precio es más bajo, más estable y menos volátil que del petróleo—, en las que el Estado asume el riesgo comercial y de mercado para dar viabilidad a los proyectos (riesgo de precio y disponibilidad del combustible, así como riesgo sobre la venta de electricidad), y d) poner en marcha programas de reducción de pérdidas en la red eléctrica
• Elevar y asegurar el flujo los ingresos. Se han puesto en marcha programas de eliminación del robo de electricidad y combate a la “cultura del no pago”. De forma simultánea, el gobierno ha procurado cumplir puntualmente con las transferencias de recursos públicos a las distribuidoras para cubrir los subsidios 
a los consumidores, así como reducir la deuda contraída.
• Disminuir la presión sobre las finanzas públicas. Sin renunciar al otorgamiento de subsidios, éstos se han replanteado y se focalizan en los sectores más desprotegidos. De igual modo, se han estado eliminando los retrasos en la indexación de las tarifas con respecto al precio de los combustibles.
ii) ¿Por qué ha fallado?. Sin embargo, a pesar del esfuerzo de las autoridades, los resultados han sido poco contundentes y el proceso de solución ha estado marcado por avances y retrocesos. 
Las causas están en:
• Programas mal diseñados, insuficientes o desfasados. 
• Escasez de recursos fiscales para soportar un programa ambiciosos de subsidios generalizados.
• Debilidad institucional, tanto de las autoridades políticas y regulatorias del sector como del marco legal y reglamentario, lo que resta efectividad a la acción gubernamental y da espacio para que generadores, distribuidores y consumidores sólo vean por sus propios intereses y actúen alejados del interés colectivo.
• Búsqueda de objetivos contrapuestos y la tendencia de las autoridades a dar más importancia a la dimensión social y política del problema, que a los requerimientos económicos del subsector. Al respecto se debe mencionar que las medidas enérgicas que reclamaban los organismos financieros para un rápido saneamiento financiero del sector —elevación de tarifas, eliminación de los subsidios y establecimiento de penas severas por el robo de electricidad— hubieran implicado altos costos sociales difícilmente asumidos por el gobierno, especialmente en un clima de pobreza generalizada, inestabilidad social y presiones políticas derivadas de un corto período presidencial con posibilidad de reelección. 
Por su parte, las distribuidoras han desarrollado programas para reducir pérdidas y elevar el índice de recuperación de efectivo. Se ha puesto énfasis en racionar el suministro para ofrecer más a los circuitos con menos pérdidas; instalar nuevos medidores y reemplazar los más viejos; capturar como clientes a usuarios que consumen de manera ilegal; inspeccionar los medidores y otros dispositivos susceptibles de sufrir manipulaciones; eliminar el fraude electrónico y corregir las anomalías técnicas de los equipos. 
Sin embargo, los esfuerzos han sido débiles y el modesto avance en el índice de recuperación de efectivo está lejos de las metas establecidas. Resulta pertinente recordar que, cuando se privatizó la industria en 1999, las nuevas compañías de distribución comenzaron a funcionar con un índice de recuperación de efectivos (ire) de entre 40% y 50%. Meses más tarde, y con las prácticas empresariales privadas, el ire se elevó hasta situarse entre 62% y 69% en el caso de Edenorte y Edesur, respectivamente. Sin embargo, esos niveles estaban lejanos de los estándares internacionales cercanos a 100%. 
A raíz de la crisis financiera de 2003, el nivel promedio descendió a 56 por ciento.
iii) ¿Cómo mejorar el esfuerzo? A lo largo de la crisis se han expuesto diversos diagnósticos y propuestas que sin embargo no han sido compartidos por todos los actores: autoridades, operadores,consumidores, financistas, profesionales y analistas. Por ejemplo, para algunos analistas, los factores responsables de la crisis son la capacidad institucional y la supervisión deficientes, lo que constituye otro ejemplo de los costos elevados de una gobernabilidad débil. El complejo camino que va de los deficientes servicios públicos provistos por el gobierno a la privatización, luego a los subsidios implícitos y, finalmente, a la reestatización no resuelve los problemas de la calidad deficiente del servicio, que sigue siendo agravada por las conexiones ilegales y la falta de pago e impone un costo exorbitante para el gobierno y los consumidores. 
Concluyen que la reforma se ha visto retrasada o bloqueada por la falta de transparencia, de rendición de cuentas públicas y de un consenso político más amplio sobre el tema, además de una insuficiente voluntad política para impulsar una solución (véase Banco Mundial, 2006). 
• Los consensos se ubican en redoblar esfuerzos y complementar las medidas ya emprendidas con nuevas acciones. Entre las acciones de carácter técnico y comercial que deben realizar las distribuidoras, destacan las siguientes: 
• Investigar y perseguir a los grandes consumidores que recurren al fraude electrónico sofisticado para no pagar el servicio. 
• Instalar medidores electrónicos online para los grandes clientes,a fin de hacer un seguimiento continuo del consumo y detectar las anomalías a la brevedad; en otros sectores, es necesario remplazar los equipos obsoletos o defectuosos. 
• Facilitar el pago de las facturas residenciales aumentado el número de centros de pago y sus horarios de atención.
• Rediseñar las instalaciones de distribución de bajo voltaje con el fin de dificultar las conexiones ilegales y la manipulación de dispositivos.
• Reforzar los programas de mantenimiento y eliminación de las pérdidas técnicas en las líneas de
distribución.
Uno de los puntos de mayor relevancia y acuerdo entre los actores concierne a las inversiones. La crisis ha dejado una lección importante: 
mientras no se mejore sustancialmente la calidad del servicio, lo que significa reducir los apagones hasta eliminarlos, los consumidores no estarán dispuestos a pagar las tarifas actuales, y mucho menos si se incrementan. 
En efecto, resulta ineficaz aumentar aun más las tarifas para sanear las EDES.494

http://www.cepal.org/publicaciones/xml/0/37540/2009-LBC-104-web.pdf