Situación general del sector eléctrico dominicano: BID y BM

Las crisis del sector eléctrico en República Dominicana tienen una larga data y presentan un patrón recurrente que viene dado por shocks petroleros o cambiarios frente a lo cual el Gobierno implementa medidas de congelamiento de tarifas y asume el compromiso de cubrir la diferencia entre las tarifas congeladas y las tarifas contractuales. Esto viene seguido por el incumplimiento de dichos compromisos por parte del Gobierno y, dada la falta de recursos financieros en el sector, esto culmina con apagones y racionamientos de electricidad. Estas crisis recurrentes, sumadas a una cultura o tradición donde el robo y el fraude no son penalizados, inciden cada vez más en el deterioro del sector eléctrico. 

Actualmente el sector eléctrico es un cuello de botella importante para el crecimiento económico, el desarrollo y la competitividad del país. La crisis del sector eléctrico ha llevado a un círculo vicioso (ver Figura I.1), donde los apagones y el racionamiento de electricidad son consecuencia directa del gran problema de hurto y no pago de un porcentaje muy alto de consumidores y usuarios, lo cual sumado a tarifas que no cubren costos, genera un déficit financiero crónico en el sector. Esta situación crea una falta de recursos financieros, muy necesarios no sólo para invertir en el sistema (mantenimiento y nuevas inversiones), sino que la falta de recursos es tal que no hay con qué comprar el combustible necesario para 
garantizar la generación eléctrica sin interrupciones. 


Gráfico 1.1 Círculo Vicioso 





Tarifas no cubren costos --Déficit financiero crónico--Falta de recursos  para inversión--Mala calidad de servicio-apagones-racionamiento--Hurto y no pago  sin sanción--Mal estado redes=pérdidas.- 



El sector eléctrico presenta una crisis estructural que tiene como causas principales: (i) deficiente gestión empresarial: pérdidas técnicas y no técnicas de aproximadamente el treinta por ciento de toda la energía producida y bajo índice de cobranza; (ii) tarifas congeladas que no cubren costos: generación eléctrica altamente dependiente de derivados del petróleo (86 por ciento de la generación total es térmica: 61 por ciento a base de fuel oil, 16 por ciento a gas natural y 9 por ciento a carbón) y cuyas fluctuaciones al alza afectan los costos de generación; (iii) subsidios no focalizados: subsidios establecidos por zonas geográficas
y no por nivel de ingreso (las zonas PRA), subsidios tarifarios para todos aquellos por debajo de 700 Kwh, subsidios a través de la Empresa de Generación Hidroeléctrica (EGEHID) que proporciona energía al sistema a precio cero, entre otros; e (iv) implementación incompleta de la institucionalidad sectorial con una falta importante en la planificación sectorial de generación y transmisión. 

Desde el 2005, el sector eléctrico en República Dominica ha venido implementando una serie de medidas para enfrentar la crisis del sector que se agudizó en el 2008 como consecuencia de los altos precios de petróleo. Entre las actividades realizadas se encuentran principalmente: (i) el programa de reducción de pérdidas y mejora de las cobranzas de las empresas distribuidoras; (ii) el desmonte y focalización de los barrios sometidos a un Programa de Reducción de Apagones (Barrios PRA - subsidiados); y (iii) la implementación de la Ley Antifraude. 

El resultado de dichas medidas se ve reflejado en la mejora de ciertos indicadores como son: (i) incremento en el índice de cobranza de 88 por ciento en 2005 a 94 por ciento en 2008; (ii) reducción de pérdidas comerciales de 39 por ciento en 2005 a 32 por ciento en 2008; e (iii) incremento del Índice de Recuperación de Efectivo (CRI por sus siglas en inglés) de 54 por ciento en 2005 a 68 por ciento en 2008. Estas mejoras has sido marginales especialmente si las comparamos a nivel internacional con otras empresas de características similares. Aún hay mucho por hacer con lo cual es imprescindible profundizar y complementar los avances. 

El robo de la energía es uno de los problema más grandes para el sostenimiento del sector eléctrico, tanto es así que resulta difícil estimar el número de clientes de cada distribuidora dado que los usuarios irregulares (los que hurtan energía, los que no pagan por su consumo real o los que no tienen medidores) son más numerosos que los que reciben normalmente su factura y la pagan. En República Dominicana sólo un 38 por ciento de los clientes servidos por las empresas distribuidoras está en las condiciones típicas de facturación en función del consumo (o sea que tiene medidor), un 14 por ciento es cliente servido por la 
distribuidora pero no tiene medidor y recibe una factura por un monto fijo, un 25 por ciento de usuarios accede a la energía mediante el hurto y un 23 por ciento de usuarios está ubicado en barrios PRA (subsidiados) donde el nivel de pérdidas alcanza el 90 por ciento. 

Adicionalmente, considerando que 86 por ciento de la generación del país es térmica (14 por ciento es hidroeléctrica) la cual depende de los derivados del petróleo, el problema del sector se ha agudizado en los últimos meses frente a un mercado de combustibles cuyos precios han tenido significativas fluctuaciones. 
Esta situación tiene un impacto directo en los costos de generación que, sumados a la imposibilidad de trasladar dichos incrementos a las tarifas eléctricas debido a que las tarifas están congeladas desde el 2006, obligó al Gobierno a incrementar las transferencias al sector como única forma de lograr el cierre económico-financiero de las empresas. 

Otro de los factores importantes que incide en la crisis del sector eléctrico es la existencia de una estructura institucional que no está cumpliendo efectivamente con sus funciones, a pesar de que la Ley General de Electricidad del 2001 creó sobre el papel un marco institucional muy completo acorde con las mejores prácticas internacionales. Existe una débil gobernabilidad e instituciones públicas frágiles en el sector. Esta implementación incompleta de la institucionalidad sectorial sumada a los cambios frecuentes del marco regulatorio (congelación de tarifas, entre otros), conlleva a un aumento del riesgo sectorial e impide la 
atracción de nuevas inversiones en generación a precios competitivos.

Los costos de servicio eléctrico también se ven incrementados por la falta de planificación del sector (generación y transmisión) que sirva para identificar la oportunidad y conveniencia de diferentes proyectos de expansión, lo cual conlleve a garantizar un abastecimiento de la demanda a un mínimo costo en el mediano y largo plazo incluyendo la diversificación de la matriz eléctrica del país. 

Todas estas deficiencias e ineficiencias del sector crean una fuerte carga fiscal y social insostenible para el Estado. Para el 2008, el Estado solventó un déficit estimado para el sector de aproximadamente US$1.2 billones, desplazando importantes gastos sociales y elevando los costos de producción. Es importante notar que dicho déficit es para cubrir un servicio público donde solo el 82 por ciento de la demanda es servida. 

Dado los altos niveles deficitarios del sector electrico y una muestra mas de la insostenibilidad economica-financiera del sector, es que a pesar de la inmensa cantidad de recursos que el Estado aporta al sector eléctrico, el Estado no consigue pagar el 100 por ciento de dicha factura eléctrica. En el 2008, de un déficit total de US$1.2 billones el Estado cubrió US$820 y cerró el año con una deuda de US$130 millones, considerando que US$250 millones se pagaron en bonos soberanos, es decir, su deuda total era US$380 millones. Todo esto, no sólo configura un sistema insostenible sino que deteriora el clima de inversión y replica el patrón recurrente de las crisis eléctricas en el país .
Como tal se hace imprescindible la formulación e implementación de un Plan de Modernización del sector con acciones en el  corto y mediano plazo que conduzcan a la sostenibilidad del sector eléctrico en el largo plazo. El éxito de dicho plan resultará, una vez más, de la gobernabilidad y voluntad política para resolver la crisis del sector que tiene un impacto negativo muy grande para el país tanto desde el punto de vista fiscal como en la competitividad del país en una economía cada vez más globalizada.


http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2012/06/04/000425962_20120604102457/Rendered/PDF/693090ESW0P11800v150130agosto0final.pdf