Los consumidores en la República Dominicana vienen pagando
un precio que ha permanecido
constante a lo largo del tiempo, ajeno totalmente a
cualquier señal de escasez o de abundancia de los recursos, independiente
además de las eficiencias o ineficiencias del sistema y de los costos del
servicio. En consecuencia, al cumplirse casi tres años de congelamiento
tarifario, con una inflación acumulada del 25% en ese periodo y con un sector
eléctrico que está inmerso en una grave crisis por la insuficiencia de recursos
para cubrir sus costos operativos, resulta imprescindible poner fin a este
régimen y retornar a la flexibilidad tarifaria.
En el corto plazo resulta imprescindible tomar cuatro
acciones en el tema de tarifas: (i) realizar un ajuste tarifario (de un
10%-15%) para acercar el nivel tarifario medio a los costos actuales de
prestación del servicio; (ii) simplificar la estructura tarifaria reduciendo de
9 bloques tarifarios a no más de 3; (iii) reducir el umbral de consumo para el
subsidio tarifario de 700 Kwh a un máximo de 300 kWh de manera que todo consumo
mensual por encima de los 300 kWh pague la tarifa indexada correspondiente a su
bloque y (iv) regresar a un sistema de flexibilidad tarifaria que refleje
cambios en los costos de provisión del servicio.
En resumen, en el tema tarifario de corto plazo urge poner
fin al congelamiento de tarifas procediendo a realizar un reajuste tarifario
acompañado de una simplificación de la estructura tarifaria (bloques y
reducción de subsidios) y el regreso a un sistema de flexibilidad tarifaria en
el que la tarifa refleje las variaciones en los costos de producción
(fundamentalmente precios de combustibles, inflación y tipo de cambio).
Paulatinamente, además se debe ir
desmantelando el sistema de tarifas acumulativas para que la
tarifa pagada sea determinada por el nivel de consumo total.
A mediano plazo, se requiere un sistema tarifario eficiente
que permita el desarrollo sostenible del sector eléctrico, caracterizado por:
(i) ingresos anuales autorizados (IAA) de cada empresa distribuidora
determinados de forma que permita prestar los servicios de distribución y
comercialización de energía eléctrica en forma eficiente, cumpliendo las metas
de calidad de servicio establecidas en la normativa vigente, así como obtener
una rentabilidad razonable sobre el capital invertido, acorde con el riesgo del
negocio; (ii) un mecanismo para trasladar los precios pagados por las
distribuidoras por la compra de energía y
servicios de transmisión asociados a las tarifas pagadas por los consumidores
finales (pass-through) de precios de generación y trasmisión); (iii) un valor
regulatorio de pérdidas totales por el servicio de distribución y
comercialización que la EDE está autorizada a trasladar a las tarifas pagadas por
sus clientes como compra adicional de energía, calculado considerando una
gestión eficiente; (iv)una estructura tarifaria que permita asignar los
ingresos totales (nivel tarifario medio) entre las diferentes categorías de
usuarios. Las categorías de la estructura y los cargos dentro de cada una deben
ser establecidos de modo de reflejar los costos reales de prestación eficiente
del servicio causados por cada tipo de usuario y, al mismo tiempo, asegurar que
la estructura tarifaria resulte lo más simple y transparente posible. Es
urgente determinar con la mayor celeridad posible este “punto de llegada”(sistema
tarifario eficiente) e implementar una trayectoria o período período de
transición que permita evolucionar desde la situación actual hacia el punto de
llegada en un plazo política y socialmente viable.
El desempeño del sector mejoraría substancialmente, si los
procesos para la definición e implementación del sistema tarifario eficiente y
sus ajustes automáticos y revisiones periódicas, así como de la trayectoria
para la convergencia de la situación actual a ese sistema, se desarrollan en
forma transparente, y que sea posible la estricta fiscalización de su
cumplimiento por parte de los agentes sociales y económicos.
Finalmente, se recomienda adoptar medidas para mitigar el
riesgo a la alta volatilidad de los precios de los combustibles, pues ello
tiene una incidencia directa sobre los costos de generación de electricidad en
la República Dominicana, haciendo que -como muestran experiencias muy
recientes- los shocks de precios del petróleo deriven invariablemente en crisis
(financieras y de suministro) en el sector eléctrico. Consideramos que el uso
adecuado de instrumentos de cobertura contra el riesgo de precios de los
combustibles, no sólo va a ayudar al Gobierno de la República Dominicana a
cumplir sus objetivos fiscales con mayor certidumbre, debido a una más
previsible planificación de los montos de las transferencias al sector
eléctrico, sino que también permitirá reducir las tensiones que permanentemente
existen sobre los costos de generación, las cláusulas de indexación de los
contratos y las presiones sobre tarifas.
Existen múltiples alternativas e instrumentos financieros
para reducir los riesgos derivados del precio de los combustibles. No
proponemos aquí ninguna forma específica de cobertura o de seguro, sino sugerimos
que las autoridades dominicanas (en particular, la Secretaría de Hacienda)
evalúen las alternativas existentes y elijan aquella que le proporcione al país
la combinación adecuada de riesgo-costo(prima). Una vez elegida la opción, es
la Secretaría de Hacienda la entidad gubernamental llamada a adquirir la
cobertura. Será fundamental que cualquier proceso de transferencias de la
Secretaría de Hacienda a los generadores derivado de las coberturas que se contraten,
se realice a través del mecanismo de fideicomiso con manejo independiente que
se plantea en el presente Plan de Acción para dotar al mecanismo de la
transparencia necesaria.
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2012/06/04/000425962_20120604102457/Rendered/PDF/693090ESW0P11800v150130agosto0final.pdf
No hay comentarios:
Publicar un comentario