sábado, 28 de diciembre de 2019

Director de Jubilaciones y Pensiones cita logros institucionales durante celebración de aniversario


SANTO DOMINGO,R.D.-La Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado (DGJP) celebró este viernes su 13 aniversario en medio, afirmó, de diversos logros institucionales a favor de las personas beneficiadas con el derecho a una pensión.

Al depositar una ofrenda floral en el Altar de la Patria, el director general de la institución, German Nova Heredia, hizo un breve recuento de todas las iniciativas logradas durante el 2019 a favor de los más de 150 mil jubilados y pensionados civiles y de la Policía Nacional.
A través de un comunicado, indicó que entre las conquistas obtenidas en el 2019 están la implementación del Plan Transitorio de Servicio de Salud para Jubilados y Pensionados, creado mediante decreto por el Poder Ejecutivo, a principio del año en curso.

viernes, 27 de diciembre de 2019

Un estudio alerta de que el aumento de la tasa de obesidad incrementa las emisiones de gases de efecto invernadero


MADRID.- Un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda han alertado de que el aumento de las tasas de obesidad entre la población está incrementando las emisiones de gases de efecto invernadero.
Todos los organismos que necesitan oxígeno para vivir producen dióxido de carbono como resultado de los procesos metabólicos. La producción total de dióxido de carbono de cualquier especie está relacionada con la tasa metabólica promedio, el tamaño corporal promedio y el número total de individuos de la especie.
En este sentido, las personas con obesidad producen más dióxido de carbono a partir del metabolismo oxidativo que las que tienen un peso normal. Además, el mantenimiento de pesos corporales mayores requiere la producción y el transporte de más alimentos y bebidas a los consumidores. Del mismo modo, el transporte de personas más pesadas se asocia con un mayor consumo de combustibles fósiles.
Esto da como resultado emisiones adicionales de dióxido de carbono relacionadas con los procesos de producción y transporte de alimentos. "Este estudio deja en claro que pagamos un alto precio por dificultar el acceso a la atención para la obesidad. La obesidad no solo afecta a la salud de las personas que la padecen, sino que cuando no se trata también puede contribuir a problemas ambientales", han dicho los expertos.
Para evaluar el impacto de la obesidad en el medio ambiente, utilizaron las definiciones estándar de obesidad (índice de masa corporal mayor o igual a 30 kilogramos por metro cuadrado) y peso normal (índice de masa corporal menor de 25). Hicieron cálculos de la emisión adicional de gases de efecto invernadero (dióxido de carbono, metano y óxido nitroso) del aumento del metabolismo oxidativo, el incremento de la producción y el consumo de alimentos, así como el aumento del combustible utilizado para transportar el mayor peso corporal de las personas con obesidad.
En comparación con una persona con peso normal, los investigadores descubrieron que un obeso produce 81 kilogramos adicionales de emisiones de dióxido de carbono por tener un metabolismo más alto y 593 kilogramos adicionales por un mayor consumo de alimentos y bebidas. En general, la obesidad se asoció con aproximadamente un 20 por ciento más de emisiones de gases de efecto invernadero, respecto a las personas con peso normal.

miércoles, 25 de diciembre de 2019

Un Panorama de las Pensiones en America Latina y el Caribe

“Panorama de las Pensiones en América Latina y el Caribe” presenta por primera vez un amplio rango de indicadores para la comparación de los diseños de los sistemas pensiona - les en 26 países de América Latina y el Caribe. Los indicadores son comparables con los de los países de la OCDE y miembros seleccionados del G-20, publicados por la OCDE. Este reporte fue preparado de manera conjunta por los equipos especializados en pen - siones de la Unidad de Mercados Laborales y Seguridad Social del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la División de Política Social de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Dirección de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales, y el De - partamento de Protección Social y Trabajo del Banco Mundial (BM). El equipo principal es - tuvo conformado por Ángel Melguizo (OCDE, previamente BID), David Kaplan (BID), Robert Palacios (BM), Andrew Reilly (OCDE), Carolina Romero (BM) y Edward Whitehouse (OCDE). Múltiples funcionarios de los Ministerios de Trabajo, Ministerios de Protección Social, Ministerios de Hacienda y autoridades pensionales de los 26 países de América Latina y el Caribe realizaron aportes activos e invaluables para el estudio, confirmando y validando los perfiles de los países en la gran mayoría de los casos. Queremos hacer un reconocimiento especial a los aportes de Camila Mejía (BID) y Brooks Evans (consultor, Banco Mundial), el efectivo diálogo liderado por Nathyeli Acuna y Ana Paula Sánchez (BID), y el apoyo a lo largo de todo el proceso del Sector de Conocimiento y Aprendizaje del BID, en particular de María Nelly Pavisich. El informe se ha beneficiado de los comentarios de muchos otros funcionarios nacio - nales y colegas, en especial Mariano Bosch, Santiago Levy, Carmen Pagés-Serra y Norbert R. Schady del BID; John P. Martin, Monika Queisser, Stephano Scarpetta y Anne Sonnet de la OCDE; y Fiona Stewart, Rafael Rofman, Gonzalo Reyes y Phillip O’Keefe del Banco Mundial. Los modelos pensionales de la OCDE, que forman la base de los indicadores de los de - rechos a pensión, utilizan los modelos APEX ( Analysis of Pension Entitlements across Countries ) desarrollados por Axia Economics


 Resumen ejecutivo E l mayor desafío de la política de pensiones al que se enfrentan en la actualidad la mayo - ría de los países de América Latina y el Caribe (ALC) es la baja cobertura de los sistemas de pensiones, tanto en términos de proporción de trabajadores que participan en los sistemas pensionales como la proporción de personas mayores que reciben algún tipo de pensión. Por lo tanto, los esfuerzos por cerrar la brecha en términos de cobertura, por ejemplo, a través de las pensiones no contributivas, están en el centro del debate sobre la política de pensiones en la región. Sin embargo, estas políticas podrían plantear desafíos fiscales significativos en las próximas décadas debido a que la población envejece. La segunda parte del libro presenta tres indicadores principales que describen las condiciones demográficas relevantes para la política de pensiones: las tasas de fecundidad, la esperanza de vida y las tasas de dependen - cia en la vejez. Posteriormente, la tercera parte del libro ofrece una comparación sistemática de los diseños de sistemas a lo largo de los países que utilizan el estándar de la tipología del Panorama de Pensiones de la OCDE y la presentación de una serie de indicadores clave de adecuación,  incluyendo  las  tasas  de  reemplazo  bruta  y  neta  en  función  del  género  y  de  la riqueza de la pensión en los diferentes niveles de ingresos. Finalmente, la última parte pre - senta los perfiles de cada sistema de pensiones en América Latina y el Caribe en términos de estructura, reglas y parámetros 

Pensiones sociales 
La  expansión  de  las  pensiones  no  contributivas  (también  conocidas  como  “pensiones sociales”) o transferencias monetarias orientadas a las personas de la tercera edad es un fe - nómeno global 11 , presente sobre todo en América Latina. Rofman et al, (2013) documentaron este reciente fenómeno para 10 países de la región, que en conjunto representan más del 90% de la población de ALC. La tabla 1.4, que se basa en dicho estudio, ilustra los cambios de políti - ca más importantes de las dos últimas décadas y muestra claramente el patrón de expansión reciente de estos programas no contributivos. Todos los programas, en sus diversas formas, buscan aumentar la proporción de perso - nas de la tercera edad que reciben transferencias del gobierno. En Bolivia, existe una pensión universal cuyo monto se reduce para aquellas personas que reciben pensiones contributivas. En Venezuela y en México, la elegibilidad es contingente al hecho de recibir o no una pensión. 
República Dominicana
 Banco Central de Republica Dominicana, http://www.bancentral.gov.do Ley 87-01 artículos 15, 83 y 95. Ministerio de Hacienda, Dirección General del Presupuesto, DIGEPRES, 2010, informe de Ejecución. Presupuestaria del Gobierno Central 2010. Oficina Nacional de Estadística (2011), República Dominicana en Cifras 2011. Secretaría de Estado de Trabajo, Consejo Nacional de Seguridad Social, Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Socia 





Escrito por OECD, Inter-American Development Bank, The World Bank 


martes, 24 de diciembre de 2019

Frustración del presidente por el sector eléctrico y su desempeño


SANTO DOMINGO,R.D.- El Presidente de la Republica improvisó un discurso en la inauguración del gasoducto Caucedo San Pedro de Macorís, en el que expresa su enojo y frustración con los resultados y desempeño en el sector eléctrico en sus siete años y medio de gestión gubernamental.
Dice el Presidente, y con sobrada razón, que la situación hoy día está peor, ya que a pasar del esfuerzo y sacrificio fiscal para el Gobierno que ha representado transferir al sector eléctrico mas de trece mil millones de dólares.
La culpa del descalabro financiero del sector eléctrico de que hoy día la situación esté peor, no es culpa de las personas que formulan criticas constructivas a las ejecutorias del Gobierno en el sector eléctrico, sino que se deben al exceso de gastos corrientes y empleados en las distribuidoras y la CDEEE, a las altas perdidas de energía de las distribuidoras y a la muy deficiente gestión de los funcionarios correspondientes, quienes a pesar de manejar tan cuantiosos recursos económicos, la situación hoy este peor, según las propias palabras pronunciadas por el Presidente.
Según esos mismos funcionarios, con mil millones de dólares se resuelve el problema de las pérdidas en el sistema de distribución, y a pesar de que esos funcionarios han manejado transferencias del Gobierno por unos trece mil millones de dólares, según las palabras del Presidente, el problema de las pérdidas en la distribución y el déficit financiero del sector eléctrico sigue igual o peor.
El discurso refleja la frustración del Presidente, pero esa frustración en vez de volcarla hacia los críticos de la forma en como se ha ejecutado la construcción de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, la misma debe ser dirigida y enfocada hacia los funcionarios con responsabilidades en el sector eléctrico.
Posiblemente, esos mismos funcionarios, fueron los que le vendieron la idea al Presidente, de que era mejor cancelar, sin ninguna explicación ni justificación, la licitación en marcha que había iniciado Celso Marranzini en el 2011 y que se encontraba en su fase final, para contratar hasta 1,500 Mw de nueva generación, sin que el Estado tuviera que erogar un solo centavo. Esa licitación se canceló sin llegar a evaluar las ofertas y dicha cancelación se hizo sin dar tampoco ninguna explicación al respecto.
Al producirse la cancelación abrupta y unilateral de la licitación promovida por la administración de Celso Marranzini, es cuando el Estado toma la decisión de desarrollar con recursos propios a Punta Catalina. La decisión del Estado de involucrarse en la construcción de Punta Catalina es la consecuencia directa de la cancelación unilateral, abrupta y sin explicación, de la licitación de potencia y energía que dejó Celso Marranzini.
Esos mismos funcionarios fueron los que dijeron que Punta Catalina costaría 1,500 millones de dólares, sin tomar en cuenta los gastos que tenía que realizar el Estado fuera del contrato EPC (supervisión, personal CDEEE, asesores -legales, financieros, ambientales, técnicos-, estudios, intereses y comisiones financieras durante construcción, pago prima seguro riesgo país. etc.).  Lo gastado a la fecha, proyectando los resultados de la auditoria de la Cámara de Cuentas, supera los tres mil millones de dólares y contando.
El rol regulador del Estado es a través del regulador del mercado eléctrico y ese regulador se llama Superintendencia de Electricidad.
El Estado no regula los precios de generación ni el sector eléctrico construyendo activos de generación.
La planta AES Andrés de 300 Mw a gas natural, se instaló en el país fruto de un proceso de licitación convocado por las distribuidoras en el 2001, donde AES Andrés resultó ser la empresa que ofertó el precio de energía más barata.
La licitación del 2001, trajo como consecuencia la introducción del gas natural en la República Dominicana, con la instalación de los 300 Mw de AES Andrés, la conversión a gas natural de los 230 Mw de Los Minas V y VI y la instalación de la terminal regasificadora de gas natural en Andrés, inversiones que totalizaron más de 600 millones de dólares y que fueron realizadas en su totalidad por el sector privado, sin que el Estado Dominicano tuviera que erogar un solo centavo y sin que tuviera que otorgar garantía soberana.
Después del 2001, prácticamente no se realizaron licitaciones de energía, en consecuencia, el sector privado no podía arriesgarse a instalar nueva generación si previamente no se producían las licitaciones de energía por parte de las distribuidoras, que produjeran contratos de compra de energía a un plazo de diez (10) o quince (15) años.
Sin contratos de venta de energía, resulta muy difícil, por no decir prácticamente imposible para el sector privado, obtener financiamientos a tasas de interés razonable y competitivas.
Las empresas privadas que han instalado plantas de energía renovables, eólica y solar, lo han hecho por que han conseguido contratos de venta de energía con la CDEEE o con usuarios no regulados (UNR).
El sector privado invierte cuando de por medio existen licitaciones de energía que producen contratos de venta de energía. Sin licitaciones ni contratos de venta de energía, es prácticamente imposible que el sector privado invierta en nueva generación.
La conversión del parque de generación de San Pedro de Macorís, que incluye las centrales de Cogentrix, Quisqueya I y II, Sultana del Este y Los Orígenes, se ha podido realizar, por que la CDEEE, violando la Ley General de Electricidad, ha otorgado contratos grado a grado, sin licitación, a las empresas generadores que han decidido convertir sus plantas de generación para utilizar gas natural como combustible en lugar de derivados del petróleo.
Si la CDEEE no firma esos contratos que son violatorios de la Ley General de Electricidad, no se hubiera producido la conversión a gas natural del parque de generación de San Pedro de Macorís.
Para el Estado Dominicano poder vender el 50% de las acciones de Punta Catalina, como pretende el Gobierno, previamente la empresa creada, Central Termoeléctrica Punta Catalina, deberá haber firmado un contrato de venta de potencia y energía con las distribuidoras. Si ese contrato previo de venta de potencia y energía con las distribuidoras no se firma, prácticamente será imposible poder vender el 50% de las acciones de Punta Catalina.
Se afirma que no había gas natural para Republica Dominicana, pero desde el 2002 en Republica Dominicana se está utilizando gas natural para producir electricidad y se importa desde Trinidad Tobago.
No hay gas natural para República Dominicana, pero apareció para Panamá en el 2015 cuando AES gano una licitación para instalar una central de 380 Mw a gas natural, la cual entro en operación comercial desde mediados del 2018 y desde entonces opera con gas natural importado desde los Estados Unidos de Norteamérica (EUA).
¿Es EUA el único productor de gas natural en el mundo? Claro que no. ¿Y Trinidad y Tobago, Catar, Rusia, Países Árabes, Algeria, etc., no son países productores y exportadores de gas natural? Claro que sí y eso se puede comprobar fácilmente con el auxilio de Wikipedia en el siguiente enlace que muestra el listado de terminales exportadoras y receptoras de gas natural en el mundo. https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_LNG_terminals
El enojo y frustración del Presidente es entendible y atendible y tiene todo el derecho y razón en expresarlo públicamente, pues con ese dinero desperdiciado transferido al sector eléctrico, son muchas las obras que pudo haber realizado.
Pero el Presidente erró en el blanco de su enojo y frustración. Debió apuntar hacia sus propios funcionarios del sector eléctrico. Ellos son los responsables.

lunes, 23 de diciembre de 2019

ATENCION ENVEJECIENTES:pensionado /jubilado.Presupuesto de 2020 mantiene frisado el ajuste por inflación(INDEXACION) a los salarios


SANTO DOMINGO,R.D.-El ajuste por inflación (indexación salarial) aplicado a las rentas de los trabajadores del país se mantendrá igual que en los últimos años, lo que implica que las personas físicas no recibirán el ahorro que cada año recibían comenzando enero, por medio del reconocimiento del impacto de los precios con base al año anterior. Con este, ya van cinco años que se mantiene la medida. 
En el Presupuesto que regirá el próximo año se lee que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) no aplicará el ajuste por inflación a las escalas establecidas para el Impuesto sobre la Renta (ISR) de las personas naturales y residentes o domiciliadas en el país, de acuerdo con el artículo 296 del Código Tributario de la República Dominicana de 1992.
“Quedará sin efecto durante el citado año fiscal el numeral 1, literal a), del Artículo 327 del citado Código. Otras medidas y acciones que implementarían la DGII y la DGA (Aduanas) en el 2020 para aumentar las recaudaciones, mitigar la evasión y la elusión tributaria, y racionalizar el gasto tributario.
En la actualidad, las rentas hasta RD$416,200 anual están exentas del pago del ISR, equivalentes a RD$34,683.3 al mes; mientras que las rentas de RD$416,200.01 hasta RD$624,329  pagan un 15% del excedente hasta RD$416,20.1; las rentas de RD$624,329.01 hasta RD$867,123 pagan un 20% del excedente. Las rentas de RD$867,123 en adelante tributan una tasa de 25% de ISR.
Otras medidas tienen que ver con la designación de “agentes de percepción del ITBIS”,  Impuesto Sobre la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), de forma que reciban un anticipo del impuesto a pagar, para lo cual manda a las entidades recaudadoras a crear una norma.
También, asegurar que los vehículos y motocicletas importados salgan de los muelles con placas para que transiten identificados, lo que ayudará a mantener la seguridad ciudadana, “principalmente por los acontecimientos delincuenciales ocurridos en motocicletas sin placas”.
De igual modo, se plantea un recargo que se aplicaría a la venta de contenidos digitales de plataformas internacionales, a partir del año 2020. “Es decir, a todos los servicios vendidos por Internet, que no tienen domicilio en el país. Siendo los agentes de retención los intermediarios en el pago de dichos servicios”, contempla la ley de Presupuesto 2020, pendiente de promulgación por el Poder Ejecutivo.