SANTO DOMINGO,R.D.- El ingeniero energético Antonio Almonte afirmó que el Gobierno pone en juego la inversión y la seguridad jurícica al incumplir con la Ley 57-07, de incentivo a la energía renovable, debido a los retrasos en aprobar las concesiones y al cambio de las reglas de juego.
Destacó el interés de inversionistas locales y extranjeros en la instalación de proyectos de energías renovables, para sustituir la matriz de generación eléctrica convencional, pero lamentó que el Estado incumpla con la ley que los incentiva.
Explicó que desde la década de 1980 en el mundo se ha desarrollado un proceso de transición energética, por el interés por sustituir la producción de electricidad térmica, a base de combustibles fósiles como el petróleo y sus derivados, la nuclear y a gas natural, por las fuentes primarias renovables, como el agua, el sol, el viento, la biomasa, el agua del mar y otras.
Expresó que hay países que han adoptado políticas de Estado dirigidas a aprovechar esos recursos naturales para producir energías limpias y aplicado estrategias para atraer inversiones, tendencia en la que se enrolado República Dominicana.
Indicó que esas estrategias de políticas públicas han estado basadas en otorgar subsidios e incentivos fiscales y aplicado tarifas fijas especiales subsidiadas, para reducir costos en la producción energética, y con garantía de financiamiento para el desarrollo de esos tipos de proyectos.
Almonte, coordinador de la Comisión de Política Energética del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM), afirmó que a pesar del país haber aprobado la Ley 57-07, para los fines señalados, no se ha cumplido con lo que ésta establece, pese a que se han instalado fincas energéticas solares, eólicas y de biomasa.
Durante su participación en el programa Milagros desde la Z, que producen Milagros Ortiz Bosch y Julio Cordero por la Z101.3 FM, argumentó que para muchos de esos proyectos los inversionistas locales y extranjeros han enfrentado el grave problema del financiamiento y con la concesión del Estado para la ejecución de estos.
Según afirmó, el Gobierno ha presentado tipos de ofertas al inversionista, pero una vez establecido se le cambian las reglas de juego y se cae en un problema de seguridad jurídica, situación la bajo la cual se hace difícil la atracción de grandes inversiones para grandes proyectos.
El otro problema es que esos inversionistas no han tenido la garantía de contratos de compra y venta de energía de largo plazo ni cuentan con grandes clientes, a excepción de la Empresa de Generación Energética de Haina (EgeHaina), que produce unos 275 megavatios a través de sus proyectos Los Coco I y II, así como Larimar I y II.
Observó que se esperaba que a la fecha tuviéramos mucho más proyectos de energías renovables, en especial eólica, aprovechando el viento.
Precisó que para el 2015 la meta era lograr que esos proyectos de energía renovable significaran el 10 % del parque energético total y que de un 25 % para el año 2020, lo cual aseguró que no ha sucedido.
Enfatizó que el país está muy lejos de lograr esos objetivos, debido al retraso en la inversión en estos tipos de proyectos, que atribuyó a los incumplimientos del Gobierno con la entrega de concesiones a tiempo y en garantizar la seguridad jurídica a los inversionistas.
