¡Ay! Las pensiones en R.D.

SANTO DOMINGO,R.D.- Sabía Ud. que una gran cantidad de pensionados y empleados del Gobierno Central estamos esperando un justo aumento de nuestros sueldos para cumplir con nuestras necesidades, porque estamos en la peor situación de nuestras vidas.

Ud. fue partidario de ese aumento en los años anteriores a las gananciosas campañas que lo llevaron al poder, pero después de ese ejercicio no ha hablado sobre el particular.

Para cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, techo, salud, etc., se requiere de un ingreso de 30,000 a 35,000 pesos mensual, sin embargo con un sueldo mínimo de 5,000 o 7,000 pesos mensuales, estamos muy distantes de la realidad.

La seguridad social es una ley de desarrollo, de tiempos modernos y a pesar que tiene un fondo de 57,000 millones que en parte fue aporte de nosotros, esos fondos duermen sin recibir la bonanza que nos corresponde.

Cualquier país del mundo tiene a sus pensionados como una reserva que se respeta y se le da beneficio marginales, como son bonos de alimentos y medicinas, pasajes baratos, preferencia en algunos servicios, facilidad de vivienda y otros.

Ud. fue elegido por el pueblo y tiene derecho a manejar sus fondos a su criterio.

Señor Presidente, como se ha olvidado quienes somos, se lo quiero recordar.

Somos una reserva moral, porque no fuimos corrupto. Somos los que no tenemos padrinos, ni sindicalistas, que nos representen.

Somos los que morimos lentamente mirando aumentos de precios de medicina, alimento, alquileres, etc., sin poder satisfacer esas necesidades.

Juan Francisco Núñez Jiménez

https://www.diariolibre.com/opinion/cartas-al-presidente/ay-las-pensiones-LN8807049

Acabar los apagones y el robo eléctrico con proyectos de US$368 millones

SANTO DOMINGO,R.D.- En la primera etapa se rehabilitaron 42 circuitos, correspondientes a las 3 distribuidoras de electricidad del país.En la segunda etapa se busca normalizar unos 428,000 usuarios del servicio eléctrico y rehabilitar unos 2,547 kilómetros de redes.

Desde 2010 distintos organismos multilaterales, como los bancos Mundial (BM) e Interamericano de Desarrollo (BID), iniciaron la financiación de proyectos que en República Dominicana buscan reducir las pérdidas eléctricas, tanto técnicas, como no técnicas.

La idea de los proyectos fue la de apoyar a las empresas distribuidoras de electricidad (EDE), porque la infraestructura que tenían y que databan de 40 y 50 años hacían frágiles el sistema y permitían que la gente se conectara a la red con gran facilidad.

Los apagones no han desaparecido totalmente en el país y la gente no ha dejado de hacer trampa para tener un servicio sin pagar, pero con todo y eso se ha logrado avanzar. Así lo establecen las estadísticas de la Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP) de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE). Los proyectos entraron ya en una segunda etapa. En la primera la UEP rehabilitó 42 circuitos en el territorio de las tres empresas distribuidoras de electricidad (Edesur, Edenorte y Edeeste). En ese momento se normalizaron 210,000 usuarios del servicio eléctrico. Se logró una media de reducción de pérdidas en esos circuitos rehabilitados de un 70 a un 18 por ciento.

En la segunda etapa se trabajan 100 circuitos, con una ejecución de 368 millones de dólares, por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que tiene 78 millones; 60 millones del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID); 120 millones de dólares del Banco Mundial; 100 millones del Banco Europeo de Inversiones y una cooperación técnica no reembolsable de la Unión Europea de 10 millones de dólares, que vienen acompañando al préstamo de 100 millones del Banco Europeo.

Marilyn Brito, coordinadora de la UEP, en una entrevista para elCaribe, asegura que en la segunda etapa se hicieron las correcciones necesarias. “Por ejemplo, la primera etapa del proyecto no se enfocaba en el tema de la medición, ya que el enfoque principal era rehabilitar redes y si tú no te empleas en la medición, tú no vas a poder recuperar. La primera etapa no contemplaba la medición prepago y la telemedida de manera masiva. Ahora en estos proyectos todos los circuitos tienen medidores telemedidos, ya sea prepago o pospago”, sostiene la funcionaria.

Indica que en adición a lo anterior, todas las subestaciones en las salidas tienen un medidor y todos los transformadores tienen un medidor. Eso que refiere Brito significa que poco a poco se les va cerrando el círculo a las pérdidas. “Antes había pérdidas en un sector, pero no se sabía en qué edificio ni en cuál casa se daba el problema concretamente. Ahora el transformador que está situado frente a un edificio tiene un medidor. Si la energía que se inyecta a ese transformador está dando una diferencia, resulta mucho más fácil establecer el control, porque se sabe que es en uno de los apartamentos que componen el edificio donde se está originando el problema”, explica Marilyn Brito. “No es que no nos van a hacer fraude, porque aquí la gente se la ingenia, pero hoy día es mucho más difícil que lo logren”, agrega.

Las distribuidoras hacen proyectos con fondos propios e instalan telemedidores, pero en el caso de la entrevista con Brito, se hace hincapié, específicamente, en los proyectos trabajados con fondos de organismos internacionales. “El fin último-principal de los proyectos es mejorar la vida de la gente”, dice Brito.

La meta de la segunda etapa es normalizar unos 428,000 usuarios del servicio eléctrico, rehabilitar unos 2,547 kilómetros de redes y rehabilitar 100 circuitos de las tres distribuidoras. Se espera alcanzar una reducción de pérdidas en un 5.6% con la inversión.

Los datos de la UEP indican que el desembolso de los fondos por parte de los organismos que financian se da luego de agotar un proceso (incluye que el Congreso conozca de los préstamos) que culmina con la apertura de una cuenta en dólares en el Banco Central de República Dominicana para cada préstamo. Aparte de eso, se requiere una cuenta en pesos en el Banco de Reservas, que se alimenta de la cuenta existente en el Banco Central, porque hay pagos que se realizan en pesos mientras se ejecuta el proyecto y los trabajos, incluyendo el salario de los propios obreros.

El proyecto del BID –de la segunda etapa- se ha desarrollado en tiempo récord, no solo mirándolo desde el punto de vista de los que se hacen en este país, sino cuando se compara con proyectos de América Latina. Ese proyecto, el de los 78 millones de dólares, se logró culminar en menos de tres años. De las tres distribuidoras, Edenorte y Edeeste concluyeron y Edesur cierra en marzo 2018.

El de los fondos OFID está en ejecución, se espera que concluya en agosto 2018. La parte del BM (de US$120 millones) está en proceso de contratación de las empresas que participaron en la licitación. El préstamo del Banco Europeo está en el Congreso para su ratificación.

Uno de los circuitos más importantes que con financiamiento del BID está trabajando la UEP es el de Haina. “En una parte de ese lugar, perteneciente a la provincia San Cristóbal, Edesur tenía en su base de datos alrededor de 5,000 clientes y cuando se hizo el levantamiento el dato fue sorprendente. Había concretamente 13,700, es decir, que más de ocho mil personas estaban usando el servicio de electricidad sin pagar ni un centavo. No estaban registrados en la empresa distribuidora”, informó Marilyn Brito.

Edesur es la que tiene el mayor atraso de las tres

La cantidad de medidores telemedidos en la segunda etapa (la primera no incluyó telemedición), con el financiamiento del BID, es de 65,507; de la meta faltan 18,424. Eso que falta corresponde básicamente a Edesur Dominicana, que va más retrasada en el proyecto BID, según dijo la coordinadora de la UEP. Edenorte concluyó con los cinco circuitos que tenía a cargo y Edeeste también concluyó. Brito, que es licenciada en Administración de Empresas con especialidades en Finanzas y en Gestión de Proyectos, dijo que con los fondos OFID se han instalado 16,510 medidores telemedidos y faltan 70,048, para las tres EDE.

http://www.elcaribe.com.do/2017/12/19/rd-busca-acabar-los-apagones-y-el-robo-electrico-con-proyectos-de-us368-millones/

CNSS, Sipen y sindicalistas han desprotejidos a los pensionados de R.D.

SANTO DOMINGO,R.D.- Muchos de las problemas actuales de desprotección de los afiliados de la Seguridad Social se deben a que los miembros del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) han aplicado reglamentos confusos, que responden a intereses ajenos a la protección social y porque además la Superintendencia de Pensiones (Sipen) no ha cumplido con su papel de fiscalización en beneficios de los afiliados.
Así lo afirmó Arismendi Díaz Santana, quien diseño el sistema y redactó la Ley de Seguridad Social entre 2000 y 2001 y fue el primer gerente general del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS).
Para él, las debilidades del sistema también se deben a que los representantes de los trabajadores no han hecho lo suficiente para hacer valer los derechos de los afiliados.

Díaz Santana dijo que apoya la modificación de la ley, pero evaluando los puntos que afectan el desarrollo del sistema actual.
A su atender, si no se hacen los cambios a tiempo se crearán más frustraciones e indigencia. Dijo que urge la reducción de la comisión de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) porque son muy elevadas y erosionan el crecimiento de los fondos para el retiro. “No comparto la propuesta de establecer una comisión fija sobre el monto del fondo, ya que el mismo se multiplica como una bola de nieve, lo que aumentaría las ganancias a las AFP independientemente de su desempeño, y aunque los trabajadores pierdan”.

Resaltó que otra reforma de fondo necesaria es la de elevar gradualmente el porcentaje de cotización, pues con el 9.97% actual es imposible asegurar una pensión digna, aunque se reduzcan las comisiones. Dijo que inicialmente se previó el 12%, pero se tuvo que reducir porque el Consejo Nacional de la Empresas Privada (CONEP) y las centrales sindicales dijeron que no podían pagar más del 21%. “Al tener que recortar, optamos por dejar intacta la salud y sacrificar las pensiones. Este aumento debe ser gradual, prorrateado en tres o cuatro años. Nada del otro mundo”, dijo.
Díaz Santana resaltó que otra tercera gran reforma es aumentar la edad de retiro de forma gradual, que es la más difícil de entender y aceptar. Explicó que esto es necesario porque la esperanza de vida hoy en día es mucho más que antes. “Aquí el promedio de vida se sitúa en 75 años y continuará aumentando. En este nuevo escenario es imposible pensionar con 20 años de trabajo o 60 de edad, porque en promedio esa persona podría vivir más años como pensionada que como cotizante, generando una distorsión y un déficit superior al PIB del país”, indicó.
Díaz Santana expuso que el gran reto del país es afiliar a los trabajadores informales, a partir de sus propias características socioeconómicas. Explicó que en la Ley 87-01 se creó un Régimen Contributivo Subsidiado, algo totalmente original, pero las autoridades lo rechazaron y propusieron eliminarlo en la reforma abortada a principio de este año.
“Mientras este problema no se aborde con realismo y desde una perspectiva social, no convencional, la mayoría de la población económicamente activa permanecerá fuera de la Seguridad Social”, indicó.

http://hoy.com.do/diaz-santana-cnss-sipen-y-sindicalistas-han-creado-desproteccion-de-pensionados/

En Las Terrenas se registran apagones de hasta 10 horas

SANTO DOMINGO,R.D-. La gerente general de la compañía Luz y Fuerza de Las Terrenas, Alejandra Orsini, denunció que la empresa registra pérdidas financieras por no aplicarse la tarifa técnica, y que hay bajo voltaje y apagones de hasta 10 horas en esa zona turística.

Dijo que Luz y Fuerza, aparte de ser la única empresa del país con tarifa técnica, es el único sistema interconectado que no recibe subsidio estatal. “El Estado anualmente gasta más de US$800 millones en subsidio, lo cual permite que el usuario final vea un precio mucho menor al precio que realmente debería tener. Y las empresas distribuidoras privadas no tienen ese privilegio”, recalcó.

Explicó que la tarifa técnica de Luz y Fuerza se calculó mal al principio, lo que provocó pérdidas por RD$95 millones. La Superintendencia de Electricidad la corrigió, pero desde julio de 2016 está congelada. “Lo que hace la SIE es que mensualmente en la resolución de la tarifa dice: a Luz y Fuerza está pendiente por traspasarse tantos millones de pesos, y se ha ido creando un fondo deficitario agregado a los RD$95 millones”, expresó la ejecutiva.

Además, Orsini relató que antes de pasar al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, la empresa registraba 20 horas de apagones al año y ahora sobrepasan las 300 anuales. “Esto ha afectado gravemente el turismo en el área”, indicó.

Dijo que están expuestos a cualquier situación que ocurra en el Sistema Eléctrico Interconectado y que el país sufre a diario las fallas creadas por deficiencias del sistema. Explicó que además de los apagones otro problema por el cual han recibido muchas quejas es por el bajo voltaje.

https://www.diariolibre.com/portada/modulo-2/en-las-terrenas-se-registran-apagones-de-hasta-10-horas-DK8851342

Nota de Prensa:El Sector Social del Pacto Eléctrico y los Consumidores Reiteran que elevará la tarifa

_{NO FIRMAR EL PACTO ELECTRICO}

Nota de Prensa,

Jueves, 21 de diciembre de 2017,

Santo Domingo, D.N.                                             

Fracasó de nuevo la maniobra del gobierno de imponer como pacto eléctrico un acuerdo tras bastidores arreglado con una parte de la cúpula monopólica del gran empresariado que es beneficiaria de la crisis y el desorden en el sistema eléctrico dominicano.

Señalaron que el acuerdo Gobierno-Cúpula del CONEP, aumentará la tarifa eléctrica, mantendrá las pérdidas de energía eléctrica que es donde está concentrada la corrupción, eliminará de la ley que obligapago de compensación por los apagones, suprimirá el 10% que deben pagar los usuarios no regulados y no establecerá la veeduría social independiente en todo el sistema eléctrico.

Las entidades que conforman el Sector Social y losConsumidores felicitaron, al mismo tiempo, a la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia de Santo Domingo por negarse a firmar el Pacto Eléctrico.

Calificaron de digna y de correcta la postura de los industriales de Herrera de rehusarse a hacerle el coro a un Pacto Eléctrico carente de transparencia, en el que el Gobierno y la cúpula empresarial impidieron el consenso sobre los aspectos claves de la matriz eléctrica del país y que se conociera la mega corrupción de Punta Catalina.

Manifestaron que no tiene objeto suscribir un acuerdo que viola por completo la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, número 1-12, que establece que la economía nacional debe descarbonizarse y que los fósiles importados deben ser reemplazados por fuentes renovables en la generación de electricidad.

Señalaron que por iguales razones que la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo, el Sector Social y de los Consumidores se retiraron de las discusiones a medidos de año y anunciaron finalmente que no suscribirían el Pacto Eléctrico, si no se abordaba y se discutía la mega corrupción presente en la construcción de las plantas de carbón de Punta Catalina, había un compromiso de sanear realmente las EDEs, no se subiría la tarifa eléctrica al consumidor final y se establecería el sistema de contraloría y veeduría social en el sector eléctrico.

Llamaron a los demás sectores empresariales que en su condición de consumidores seguirán pagando una elevada tarifa eléctrica recibiendo prolongados apagones, para beneficio de la corrupción y de la cúpula empresarial sometida a los intereses de los grandes generadores eléctricos, a que no suscriban este Pacto Eléctrico.

“Mientras la cúpula empresarial está dispuesta a suscribir el Pacto Eléctrico para garantizar la continuidad de sus negocios en desmedro del pueblo, los industriales de Herrera se sitúan al lado de todos los consumidores, que necesitan suministro de electricidad de calidad, sin apagones y a bajo precio”, observaron.

Extendieron este llamado de no firmar el Pacto Eléctrico al Sector Laboral que siguiendo una lógica de obtención de mínimos, se presta a legitimar un acuerdo que lesiona los intereses de la nación y favorece la mafia público-privada que explota a los trabajadores y los hace cada día más pobres.

Expresaron que en la firma de este Pacto Eléctrico está implicado, ante todo, un asunto de ética que las grandes movilizaciones realizadas por el pueblo dominicano desde el 22 de enero, colocaron en primer plano, que es la dilucidación de la mega corrupción cometida por Odebrecht y por el Gobierno en Punta Catalina. El gobierno solo quiere hacer lo que confesó Jiménez Bichara, cuando afirmó que “el Pacto Eléctrico era para blindar a Punta Catalina”.

“Debería ser imposible para todas las personas e instituciones que estén de acuerdo con el fin de la impunidad y de la corrupción, suscribir un Pacto que endose por omisión esta corrupción”, aseguró.

Entre las organizaciones que constituyen el Sector Social y de Consumidores figuran el Observatorio Dominicano de Políticas Pública de la UASD, Articulación Nacional Campesina, Asociación de Comités de Amas de Casa, la Federación Nacional de Consumidores, Fundación Guayacán de Energía y Medio Ambiente, y el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC).

Pacto Eléctrico prevé variación de tarifas a partir de julio de 2018

Meta de pérdidas del Pacto Eléctrico

SANTO DOMINGO,R.D.- Dos de los grandes cambios que el Pacto Eléctrico le impone al sector es que le fija una fecha a un nuevo esquema de tarifas variables y, también, que permite a las Empresas Distribuidoras Eléctricas (EDE) subcontratar a otras compañías para que manejen la comercialización del servicio eléctrico, incluyendo el cobro de las facturas a sus clientes.

El documento final del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico 2017-2030, que sería firmado el pasado 21 de diciembre y al que Diario Libre tuvo acceso, indica que “hasta el 30 de junio de 2018, los niveles de las tarifas eléctricas aplicadas a los usuarios regulados se mantendrán invariables”. A partir del día siguiente, el 1ro de julio del próximo año y hasta el 31 de diciembre de 2022 se aplicará un régimen tarifario de transición a los usuarios regulados calculado en función de las variaciones en el precio medio de compra de la energía, en la tasa de cambio, la reducción de pérdidas de las EDE y la mejora de eficiencia de estas empresas. Las tarifas se revisarán cada tres meses, indica el pacto.

Luego, el 1ro de enero del año 2023 se iniciará la aplicación de otro esquema de tarifas, denominado “de referencia”, que reconoce los costos del suministro eléctrico y, además, agrega un valor agregado de distribución (VAD) que contempla los costos de inversión y funcionamiento del sector y la gestión financiera de las EDE.

Aunque restan cinco años para su entrada en vigor, la Superintendencia de Electricidad (SIE), junto a otros representantes del Poder Ejecutivo, están obligados a presentar un estudio sobre ese esquema tarifario antes de que finalice el primer cuatrimestre de 2018.

Otro asunto planteado en el marco de ese esquema es la reducción del subsidio cruzado a un nivel moderado que no podrá superar el 12% de la tarifa, ni ser inferior al precio medio al que las EDE compran energía.

Cuando ese cambio tarifario se complete, la SIE “verificará la existencia de las condiciones establecidas en la Ley 125-01 para la entrada en vigencia de la tarifa técnica”, pero ese marco de referencia no podrá durar más de cuatro años, advierte el propio texto del Pacto Eléctrico.

En cuanto a que las EDE puedan subcontratar a otras compañías, el documento dice que la SIE tendrá 12 meses desde la firma del pacto para definir una normativa que establezca las condiciones para que, vía licitación pública, subcontraten “con empresas privadas o de capital mixto y cooperativas eléctricas” para que les presten el servicio de comercialización y facturación y así las distribuidoras puedan centrarse en su función principal de repartir energía eléctrica.

Las diferencias

La firma del Pacto Eléctrico estaba pautada para el pasado 21 de diciembre, pero los representantes del sector social (que se había retirado de las discusiones a mediados de año), de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia de Santo Domingo (AEIH) y de la Universidad Autónoma de Santo Domingo expresaron que no firmarían el documento final. Ante la falta de apoyos, el Consejo Económico y Social (CES) decidió posponer la firma del Pacto Eléctrico para enero, pero sin fecha definida.

Participantes en las negociaciones indicaron que no se distribuyó el documento como correspondía. Fuentes consultadas en sectores sociales, laborales y empresariales indicaron que sólo el presidente Danilo Medina y la directiva del CES conocían la versión final del Pacto Eléctrico.

https://www.diariolibre.com/economia/pacto-electrico-preve-variacion-de-tarifas-a-partir-de-julio-de-2018-CD8858334

59 ACTORES Y UN PACTO ELÉCTRICO QUE PARECE IMPOSIBLE

SANTO DOMINGO,R.D.- Para que una estrategia funcione no solo debe verse o leerse bien en el papel, también debe ser altamente efectiva al momento de su ejecución. 

Es alarmante ver cómo muchas iniciativas del Estado o de algunas las entidades que se encuentran bajo su sombrilla, se desgastan, se descontinúan y no funcionan porque lo que se concibió no estaba acorde ni con los actores, ni con la realidad de ese momento y tampoco con los diferentes escenarios futuros que pudieron haberse previsto antes de.

Desde hace tres años y medio, el Estado ha promovido el Pacto Eléctrico; un proyecto que buscaba solucionar la crisis estructural del sistema eléctrico del país. Según el Decreto 389-14, publicado en el 2014 por el Poder Ejecutivo, este propósito se cumpliría a través de la creación de mesas de diálogo. 

En estas, estarían presentes 59 actores que formaban parte del Sistema Eléctrico Nacional (públicos y privados), 55 expertos que fungirían como soporte técnico, 6 organizaciones nacionales e internacionales invitadas (supervisión) y 7 directores de Medios de Comunicación.

Han pasado tres años y la “energía que demanda el desarrollo nacional” no ha llegado a las casas de ninguno de los que dependemos de aquellas distribuidoras conectadas al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI). 

Los apagones continúan, las deudas con los generadores siguen, los conflictos entre el Estado y los generadores son el pan nuestro de cada día y las pérdidas que se producen en la cadena generación-distribución no terminan porque las instalaciones no se encuentran en las condiciones en que deberían, es decir no están óptimas.

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Uno de los objetivos de este pacto era, precisamente, reducir el precio de la energía eléctrica, tomando en cuenta que si se mejoraban las estructuras y se modificaba la Ley General de Electricidad 125-01 el costo descendería.

La realidad es otra. Continuamos siendo uno de los países donde se paga una de las energías más caras e ineficientes, los generadores y el Estado siguen en desacuerdo y el Pacto Eléctrico que se iba a firmar ayer no se materializó porque algunos de los 59 actores que fueron convocados no están de acuerdo con lo acordado.

Entonces, ¿funcionó la estrategia del Pacto Eléctrico? ¿Fue suficiente el tiempo que se pautó (8 meses) para finalizar las discusiones? ¿El pacto eléctrico era suficiente para solucionar este problema que arrastramos desde hace más de 50 años?

¿Fue correcto convocar a 59 actores, 55 de soporte técnico, seis organizaciones y siete directores de medios a las mesas de diálogo? ¿El Diálogo era la herramienta ideal entre tantos intereses diferentes? Juzguen ustedes mismos.

Que el Pacto Eléctrico sea un ejemplo de que una estrategia debe ser realista, ajustada al contexto en que se va a desarrollar y, sobre todo, debe ser flexible: es decir si no está funcionando hay que modificarla.

http://z101digital.com/articulos/59-actores-y-un-pacto-electrico-que-parece-imposible-12-24-2017

¿Seguros de salud o Negocio seguro?(Parte 2 de 2)

SANTO DOMINGO,R.D.- Tras analizar cómo en el campo de la salud se ha impuesto el modelo de la privatización, en su informe “¿Seguros de salud o Negocio seguro? Un Análisis del modelo de financiamiento y mercantilización de la salud bajo el régimen de seguros en República Dominicana”, la Fundación Juan Bosch hace algunos planteamientos en aras de encontrar posibles soluciones.
En ese sentido, vuelve al campo de las ideas, ese minado por realidades lamentables como que la salud es un servicio y no un derecho fundamental, para plantear la necesidad inminente de “recolocar la democracia y los derechos humanos, económicos, sociales y ambientales, que protegen el bienestar colectivo, en el centro de la organización de la sociedad”, y desmercantilizarlos.
Esto, porque tal como están administrados hoy en día, ponen todo el esfuerzo de la colectividad al servicio de la ganancia de una casta minoritaria, y condicionan la dignidad humana y la calidad de vida a su buen rendimiento financiero que, obviamente, a la gran mayoría se le impide a través de condiciones estructurales de desigualdad e inequidad.
Por eso, los investigadores Bosch y Fernández plantean la necesidad de alcanzar un verdadero Sistema Universal de Salud y Protección Social, algo urgente pero imposible del país no abocarse a un debate objetivo y franco sobre lo que se está haciendo en República Dominicana con el financiamiento a la salud y las repercusiones que esto tiene para la dignidad y el disfrute de los derechos fundamentales consagrados en la propia Constitución nacional y en los pactos internacionales.
No hay dudas de que esto es urgente, pues son millones los dominicanos a quienes se les violenta el sagrado derecho a la salud, máxime de calidad.
Y esto no pasa sólo en el sector público, sino también en el privado, donde muchas veces y en muchos centros no hay una relación costo-calidad que sea justa, proporcional y eficiente, sino que se registran abusos contra los usuarios que pisan las clínicas y “no le ponen un dedo encima” hasta que verifican cobertura del seguro y medios y posibilidades de pago. La humanidad escasea.
Ahora bien, ¿Cuáles son las posibilidades reales de que, ahora que ya casi llega un año nuevo, este tema entre en la agenda pública y trascienda el match entre autoridades de salud y del Colegio Médico Dominicano, tomando en cuenta, además, que quienes han dirigido el Estado dominicano en las últimas décadas han impulsado, auspiciado y autorizado procesos de privatización?
La voluntad polìtica y la existencia de actores que tengan la visión del colectivo y los derechos en primer lugar se impone, pero, lamentablemente, ambas cosas siguen brillando por su ausencia. ¿Será diferente en el 2018?

http://hoy.com.do/seguros-de-salud-o-negocio-seguro-2/

EL 85 % DE LOS VEHÍCULOS EN RD TIENE MÁS DE 15 AÑOS Y EL 57 % MÁS DE 20

SANTO DOMINGO,R.D.- La directora del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Claudia Franchesca de los Santos, dio a conocer este sábado durante la programación especial de la Z 101 en La Vega, que el 85 % del parque vehicular en el país tiene más de 15 años y el 57 % más de 20.

Señaló que estos datos confirman que el parque vehicular del país es muy antiguo y que con el nuevo plan de movilidad se busca masificar el transporte de pasajeros y para eso, estas unidades tienen que salir de los corredores.

Destacó que se contempla la inspección técnica vehicular, pero que… pensando en la realidad país, hay realidades que se deben manejar, ya que la ley 63-17 entra de manera gradual por esta situación que vive República Dominicana.

Señaló que en esa inspección técnica hay cosas no negociables, como lo son la calidad de los neumáticos y las luces, ya que la cantidad de accidentes se han dado por estos elementos.

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“Ayer en el 9 en una hora a cuatro autobuses se le hicieron cambiar los neumáticos, los operadores accedieron y sí, se cambiaron las gomas…”, citó como ejemplo.   

Sobre la proyección y para qué deben prepararse los operadores en el nuevo año, manifestó que se han reunido con todos y en febrero comienzan el proceso de la masificación del transporte de pasajeros que ocurre en dos etapas.

Explicó que el Estado establece unas especificaciones técnicas de qué debe haber, y por ende esos vehículos deberán cumplir con unas especificaciones, si el operador no está en capacidad de cambiar equis cantidad de vehículos, puede asociarse o buscar otras alternativas.

http://z101digital.com/articulos/intrant-85-de-los-vehiculos-en-rd-tienen-mas-de-15-anos-y-el-57-mas-de-20-12-23-2017

Celular causa más accidentes que el alcohol

SANTO DOMINGO,R.D.- Contrario a lo que se piensa, el uso del celular al conducir es un factor de distracción que desencadena en más choques de tránsito que el consumo de alcohol.

La afirmación es del doctor Héctor Quezada, viceministro de Salud Colectiva del Ministerio de Salud Pública, quien manifestó que el uso de dispositivos móviles incide en el 54% de los siniestros viales, seguido por las distracciones generadas por la propaganda publicitaria en las vías; el cambio de estación en la radio; la atención a los niños que viajan en los vehículos y en último lugar cita el alcohol que interfiere en apenas el 5% de los casos.

Según el funcionario, en dos años la República Dominicana pasó de ser el segundo país con la mayor cantidad de muertos por choques de tránsito a la posición número catorce según la más reciente medición realizada en el 2015.

Indicó que en el 2013 el país reportaba una tasa de 41 fallecidos por cada 100 mil habitantes, mientras que en el 2015 se redujo a 29 por cada 100 mil habitantes. No obstante, recordó que la cifra no deja de ser alta ya que el promedio de la región es de 16 fallecidos.

Durante el lanzamiento de la Jornada de Seguridad Vial por la Prevención y la Atención “Navidad Segura 2017”, que organiza el Programa de Reducción de Mortalidad por Accidentes de Tránsito (Premat) conjuntamente con el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue) el galeno dijo que todos los estudios indican que no pueden considerarse como accidentes los “eventos” de tránsito ya que los mismos son producto de errores humanos que pueden evitarse.

De acuerdo con el director del Premat, Leonel Ureña, en el mes de diciembre los siniestros viales suelen experimentar un aumento de un 10% por la liberalización de la venta de alcohol, el mayor flujo de dinero. Sólo en el mes de diciembre del año pasado fallecieron 193 personas en las carreteras.

Según el doctor Quezada, se estima que por cada muerto hay cinco lesionados, lo que permite deducir que solo ese mes hubo 965 heridos.

http://www.elcaribe.com.do/2017/12/19/celular-causa-mas-accidentes-que-el-alcohol/