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miércoles, 14 de diciembre de 2016

B.M.:No Hay Transparencia en el sector eléctrico dominicano

SANTO DOMINGO,R.D.- El estudio del Banco Mundial se refiere al tema eléctrico, y encontró que existe poca transparencia y rendición de cuentas en el uso de las transferencias gubernamentales a ese sector y sobre el desempeño financiero de las empresas de distribución de electricidad (EDES).
El BM indica que el Ministerio de Hacienda y el Viceministerio de Crédito Público y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo disponen de limitada información acerca de la utilización, por parte de las entidades del sector, de las grandes transferencias previstas para cubrir el déficit recurrente del sector eléctrico. “Además, estas entidades no han vinculado estas transferencias con un mejor desempeño”, precisa el estudio dado a conocer ayer.
El informe del BM también precisa que si bien las últimas reformas eléctricas crean un marco legal y regulador moderno, la aplicación del mismo no ha sido muy eficaz.
Dice que el sector sigue afectado por la duplicación de funciones entre las principales instituciones. “Hay una duplicación de funciones entre el Ministerio de Energía y Minas (MEM) de reciente creación,
CNE, y CDEEE”.



http://www.diariolibre.com/economia/transparencia-en-sector-electrico-GC5721383

sábado, 8 de octubre de 2016

Critica se quiera imponer tarifa eléctrica que perjudicaría a clientes de menor consumo



SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El Director de la Comisión de Energía del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Antonio Almonte, consideró injusto que se pretenda imponer una tarifa de electricidad que en la práctica eliminaría la diferencia de precio por nivel de consumo.
Explicó que se ponerse en práctica esa modalidad de tarifa, sería el fin del subsidio que en la actualidad pagan los clientes de alto consumo a favor de los de menor consumo.
Según explicó la implementación de la nueva tarifa técnica tendría un impacto terrible en lo que ha sido el modelo actual, debido a que representaría un aumento de más del 80 por ciento en la tarifa a sectores de escasos recursos y una reducción en un 25 por ciento a favor de los grandes consumidores.
Asimismo, consideró que la tarifa de electricidad en República Dominicana se maneja de manera “despótica y autoritaria”, ya que pese a que los costos del combustible y de generación descendieron cerca del 40 por ciento del 2014 a la fecha, el precio para los consumidores no ha descendido.
Aseguró que se ha tomado una decisión basada en el interés político, para sustentar una “política clientelar que ha funcionado durante décadas”.
“Si buscamos ahora el informe de desempeño de las empresas distribuidoras nos daremos cuenta que a través de la tarifa eléctrica la gente está pagando los dispendios y designaciones politiqueras del Gobierno, que tienen costos impresentables”, reprochó Almonte.
Apuntó que un estudio basado en la Ley General de Electricidad, en su artículo 115, solicitado por la Superintendencia de Electricidad y elaborado por la firma chilena INECON, señala que la tarifa eléctrica debe revalidarse cada 4 años mediante estudio de costos, mandato que no se cumple.
Consideró que el Gobierno no desea implementar la tarifa técnica propuesta por INECON, debido a que se desmontarían los elevados costos operacionales anuales de las empresas distribuidoras de electricidad.
Subrayó que sólo en el caso de Edesur, los costos deberían ser de 18 millones de dólares al año, y en la actualidad sobrepasan los 100 millones de dólares.


http://acento.com.do/2016/economia/8390147-ingeniero-almonte-critica-se-quiera-imponer-tarifa-electrica-perjudicaria-clientes-menor-consumo/

miércoles, 7 de septiembre de 2016

Edenorte y CDEEE hacen inversion en circuitos de la Zona Norte

SANTIAGO,R.D.- A través del Programa de Rehabilitación de Redes Eléctricas, la empresa distribuidora de energía, Edenorte en conjunto con la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) puso en operación los proyectos de mejoras en cinco circuitos de la Región Norte, con una inversión de USD$21.2 millones de dólares a través  del financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Esta intervención eléctrica contempla la instalación de 5,109 postes, 176 kilómetros de cable de media y baja tensión, 694 transformadores de distribución, la normalización de 19,527 clientes y 5,251 luminarias para estos circuitos, desarrollada junto a una gestión amigable con el medio ambiente.
Sectores intervenidos
Los circuitos de la zona urbana de Montecristi; Esperanza, Valverde; Villa Tapia, Hermanas Mirabal y en Santiago el municipio de Puñal y el barrio Yagüita de Pastor son las localidades que están siendo intervenidas para mejorar la calidad de vida de sus residentes.
El Programa de Rehabilitación de Redes Eléctricas busca aumentar la sostenibilidad financiera del sector y mejorar la calidad del suministro de electricidad a los clientes, a través de la modernización de las redes de distribución y la reducción de las pérdidas.
Según una nota de prensa, en cada uno de estos circuitos se ha formado un Comité de Seguimiento Eléctrico (COSE) compuesto por líderes comunitarios, representantes de organizaciones de desarrollo y empresarial, munícipes independientes y autoridades públicas de estas zonas con la misión de ser garantes del buen desarrollo de esta iniciativa y como vínculo de enlace con Edenorte.

http://www.listindiario.com/economia/2016/09/07/434208/edenorte-y-cdeee-mejoran-cinco-circuitos-de-la-zona-norte

sábado, 2 de mayo de 2015

Proyecto a carbón de Sichuan era más conveniente a R.D. que Punta Catalina


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Foto: Orlando Ramos/Acento.com.do/Radhamés Segura fue titular de la CDEEE en dos períodos, entre 1998 y 2009.
SANTO DOMNIGO, R. D.- Entre los proyectos que Radhamés Segura promovió con más empeño cuando estuvo al frente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (1998-2000/2004-2009), sobresale el contrato con la empresa china Sichuan, firmado en 2006, para la construcción de una central a carbón mineral de 600 megavatios, en Montecristi.
Segura, a quien tocó vivir en carne propia el controvertido proceso de capitalización -o privatización- de los activos de la CDEEE (1999), recuerda que aquella planta produciría casi tantos megavatios de energía como las dos que se construyen en Punta Catalina, provincia Peravia, pero a un costo mucho menor para el Estado.
Afirma que “fue un contrato muy transparente para comprarle energía a esa firma, que iba a traer sus plantas, que las iba a instalar y las iba a operar a todo costo y riesgo (…) pero a mucho menor costo, porque en lugar de coger dos mil millones de dólares para invertirlos en las plantas (de Punta Catalina), el Estado podía haberlos utilizado en obras de carácter social”.
“Que se haga lo que más convenga al interés del país. Si conviene que esas plantas pasen al sector privado, que se haga así, si conviene que permanezcan en el sector público, pues que se haga de esa manera, pero es evidente que tiene que haber esa integración”
Al preguntarle por qué sucumbió, entonces, esa inversión, la respuesta del académico y alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) es inmediata: “el proyecto fue saboteado por gente que vinculada al Gobierno (2004-2008) y también del sector privado, que tenían interés en que no caminara; gente del Gobierno y empresarios que eran neoliberales”.
“Ahora bien, entiendo que también el presidente Medina puede haber pensado en que debido a lo que se hizo con las plantas en el pasado, pues para evitar que también hubiera un torpedeo (con Punta Catalina), pues por eso decidió asumirlo como una voluntad del Gobierno”, aclaró.
Pero si algo acabó por sepultar el proyecto fue la falta de apoyo del ex presidente Leonel Fernández, quien gobernaba el país, manifestó Segura al periódico Acento. “El presidente Fernández en aquel entonces no tuvo la voluntad política para evidentemente trabajar de manera distinta, e imponerse, como lo que ha hecho ahora el presidente Danilo Medina, a partir del 2012”.
Distinto a Fernández, el actual mandatario “ha tenido la voluntad política necesaria para las plantas” a carbón, de 360 megavatios cada una, cuya construcción fue adjudicada mediante licitación al consorcio Odebrecht-Technimont-Estrella, a un costo estimado de unos US$2,000 millones.
“Yo no era partidario de comprar plantas, sino de que las trajera el sector privado, y nosotros compráramos la energía con la modalidad que hay ahora mismo con los generadores privados”, dijo Radhamés Segura en el marco de la “Jornada de Socialización” del Pacto Eléctrico, en la que participaron varios ex titulares de la CDEEE.
Mediante el contrato suscrito en enero del 2006 con Sichuan Machinery Equipment, la CDEEE se comprometía a comprar de manera continua entre 50% y 55% de la energía disponible de la empresa, para lo cual se creaba un fondo de garantías de los pagos.
“El tiempo me ha dado la razón”
Otro contrato para generación firmado por Segura, ese mismo año, fue con la empresa Emirates Power -de los Emiratos Árabes-, con miras a la instalación de dos unidades con capacidad para generar otros 600 megavatios en la zona Pueblo Viejo, de Azua.
Con relación a la propuesta del sector empresarial, que propugna por privatizar las plantas de Punta Catalina, Segura se manifestó partidario “de una solución mixta” en la que participen tanto el Estado como el sector privado.
“Que se haga lo que más convenga al interés del país. Si conviene que esas plantas pasen al sector privado, que se haga así, si conviene que permanezcan en el sector público, pues que se haga de esa manera, pero es evidente que tiene que haber esa integración”, expresó.
Radhamés Segura recordó que fue “el primero” que propuso la conversión de fuel oil a gas natural de la central de 300 MW de la Compañía de Electricidad de San Pedro de Macorís (CESPM), otrora Cogentrix, cuyo contrato que ha sido muy cuestionado y en el que figura su firma.
“En agosto del 2004 hicimos el Plan Integral de Desarrollo del Sector Eléctrico que contemplaba la generación a carbón, la conversión a gas de Cogentrix, las plantas de ciclo combinado que se instalaron, de energías alternativas y la autopista eléctrica Santo Domingo-Santiado de 345,000 voltios”, dijo Segura, a quien sucedió en la CDEEE el empresario Celso Marranzini.
Indicó que con los precios actuales del petróleo, CESPM puede ofertar el kilovatio/hora a unos 11 centavos de dólar, un precio bastante competitivo en el mercado eléctrico dominicano. “Ocurre que la verdad se vino a ver ahora, aunque tuve en aquel tiempo muchos detractores”, manifestó.

http://acento.com.do/2015/economia/8245666-radhames-segura-dice-leonel-no-tuvo-voluntad-politica-para-proyecto-plantas-de-carbon/

martes, 5 de agosto de 2014

Proceso de capitalización del sector eléctrico Dominicano

Inicialmente, en la Republica Dominicana se comenzó a trabajar un proceso de reforma
estructural del sector eléctrico y de las empresas públicas que no contemplaba la
capitalización como mecanismo de inserción del capital privado.  Los trabajos se iniciaron
con la redacción de un nuevo marco legal e institucional para la industria eléctrica sin
poner énfasis en  el proceso de inserción de capital en sí mismo. A final del año 1992 se
contrataron los servicios de cuatro profesionales chilenos de muy alto nivel y vasta
experiencia (un abogado, dos ingenieros y una economista) con la asistencia técnica del
BID. Con dichos consultores se trabajó durante la primera mitad del 1993 y para inicios del
tercer trimestre de 1993 ya se contaba con el primer borrador completo del anteproyecto
de la ley general de electricidad.  Ese documento se discutió posteriormente en el seno de
la Comisión Nacional de Energía creada por Decreto en aquel entonces, que concluyó  los
trabajos de elaboración final del proyecto que se presentó al Congreso en Diciembre del
1993. Dicho proyecto de ley se estancó en el Congreso hasta la primera mitad del 2001
cuando fue aprobado. Es importante mencionar que el texto aprobado en el 2001 se
diferencia muy poco del texto que fue sometido originalmente en el 1993. Eso es una
señal de lo altamente politizado que es el sector y de que el proceso de reforma fue y es  
más político que económico.  La primera idea que debe quedar establecida aquí, es que el
proceso de capitalización, más que un proceso de reforma económica y estructural, es un
proceso político, donde se requiere la voluntad política para llevarlo adelante y la voluntad
política para apoyar todos los eventos subsiguientes del mismo proceso: No es un evento,
es un proceso.    Si la capitalización hubiera concluido en el momento en el que se
anunciaron los ganadores y se entregó la administración de las empresas a los socios
privados, tuviésemos que evaluar la eficiencia y eficacia del proceso de capitalización solo
hasta ese punto.

Como Evento, la capitalización tuvo una primera etapa que fue desarrollar los trabajos de
definición de cuál era la visión que como Nación o Estado Dominicano se quería para la industria eléctrica; poner en blanco y negro esa visión, convencer a los capitales privados
para que la compartieran y vinieran a invertir a la Republica Dominicana.
   
Hasta ese punto el proceso fue bastante exitoso, ya que efectivamente se lograron todos
los objetivos trazados.    Incluso se obtuvieron recursos para inversión en las empresas
capitalizadas    y compromisos adicionales de inversión superiores a las expectativas que
tenía el equipo que trabajó en ese proceso.
La historia de cómo surgió la propuesta de adoptar el mecanismo de capitalización es la
siguiente. Entre el 1994 y el 1996, el país estaba enfocado en la reforma constitucional
que se realizó durante ese periodo y en la solución a la crisis política del 1994. El país
estuvo detenido en cuanto a nuevas decisiones políticas y el proceso de privatización
sufrió esa misma suerte ya que es un proceso cuya ejecución demanda mucho capital
político. El proyecto de ley sometido en 1993 perimió y no hubo  avances en el Congreso.
Desde el punto de vista político o de negociaciones políticas para llevar adelante el
proceso todo se detuvo entre 1994 y 1996.  Sin embargo, durante ese periodo hubo un
pequeño equipo técnico de cuatro personas que siguió trabajando amparado y financiado
básicamente con unos fondos de la cooperación del BID y luego de ayudas adicionales
asignadas primero por el Banco Mundial y luego por la USAID, y se fueron realizando  
todos los trabajos técnicos que iban puntualizando la visión general que estaba
bosquejada en el proyecto de ley.  Esos trabajos contenían toda la información necesaria
para preparar los pliegos de licitación para la privatización (posteriormente capitalización
cuando se definió el tema).  En ese tiempo se contrataron consultores internacionales que
ayudaron a la Republica Dominicana a diseñar no tanto el proceso de privatización
propiamente dicho, sino la estructura industrial de la industria eléctrica.  Fue ahí cuando
se definió técnicamente que el país quería dividir la CDE en empresas de generación, de
transmisión y de distribución; fue ahí que se definió que serian tres las empresas de
distribución regionalmente distribuidas en la forma en que resultaron; fue ahí que se
definió la agrupación de la generación térmica en dos empresas (posteriormente Itabo y
Haina); y que se decidió que todo el parque hidráulico quedaría en manos de una empresa
(la decisión de dejarla en manos del sector publico fue posterior).  También en esta etapa,
se hicieron corridas económicas para verificar la viabilidad económica del esquema
propuesto, y los trabajos terminaron en el tercer trimestre del año 1995.  Ya en ese año se
entró en un compás de espera hasta las elecciones del año 1996.  Revelado el ganador de
las elecciones, se empezó a trabajar con el equipo de transición del PLD, partido ganador
de esas elecciones. Durante ese periodo de transición se llevaron a cabo una serie de
negociaciones entre las fuerzas políticas, entre el PLD y el PRD como principales fuerzas
políticas, y el PRSC que aún era gobierno. Las negociaciones se llevaron a cabo en la
PUCMM con la mediación de la iglesia católica. En lo concerniente al tema eléctrico se
concluyó que era urgente llevar adelante el proceso de privatización bajo algún esquema,
más que nada porque la crisis eléctrica en los años 1995 y 1996 fue muy fuerte.  En ese
escenario es donde se decide que la estrategia de inserción del sector privado a la industria eléctrica de la Republica Dominicana se haría mediante un proceso de
capitalización similar al que se realizo en Bolivia, ya que cuando se capitaliza una empresa
no se enajena el activo, sino que se atraen nuevos capitales para reactivar la empresa
manteniendo el activo original invariable en manos del mismo propietario estatal.  Esa fue
la solución que los partidos políticos dominicanos encontraron para poder viabilizar un
nuevo orden institucional que incluyera la participación de capital privado en la industria
eléctrica y la administración privada de una gran parte de esa industria eléctrica.  Cuando
se cierra ese acuerdo político se contrataron consultores bolivianos, entre los cuales se
contaron dos vice‐ministros que habían trabajado en el proceso de capitalización de
Bolivia y se redacta el  proyecto de la ley de capitalización, la cual fue aprobada de forma
rápida en el Congreso. A pesar de la recomendación de los asesores internacionales y del
interés del Gobierno el proyecto de la Ley General de Electricidad no corrió la misma
suerte debido a motivaciones políticas en el Congreso.  Esta situación  obligó al Gobierno a
realizar los trabajos legales de la capitalización de la CDE dentro del marco jurídico
institucional de la Secretaria de Estado de Industria y Comercio, que era el marco legal
vigente. Si la Ley General de Electricidad hubiera estado aprobada antes de la licitación
para la capitalización, el sector hubiera iniciado esta nueva etapa con una fortaleza
institucional indiscutible. En este punto es notable lo negativo que ha resultado la
injerencia política en la industria eléctrica cuando la visión no está clara: El Congreso
Dominicano instruyó al Poder Ejecutivo que llevara adelante el proceso de licitación
respetando los procedimientos y plazos establecidos, pero le negó al proceso de
capitalización el contar con herramientas accesorias que podían influir positivamente en la
motivación de los potenciales inversionistas, como era la Ley General de Electricidad, con
cuya aprobación previa los resultados obtenidos hubieran sido todavía más positivos para
el país. Una muestra de lo negativo que ha resultado para el país la incidencia política en el
sector.   
Ninguno de los tres partidos mayoritarios se involucró directamente en los    trabajos
técnicos relativos a la visión de la nueva conformación de la industria.    Esto tuvo como
positivo el permitir que los trabajos avanzaran rápidamente y que el producto final fuese
integro, al no precisar fragmentación fruto de las    concesiones políticas.   Al finalizar, se
dieron como aprobados políticamente y estuvieron listos para ser implementados.  Como
negativo, tenemos que    muchas de las críticas que comienzan a aparecer luego de la
implementación, van precisamente dirigidas a esos trabajos técnicos.    Analizándolo a
posteriori, es posible que si se hubiera dado una negociación política previa para alcanzar
un acuerdo relativo a la estructura del sector y a los trabajos de estructuración post
capitalización como ocurrió con la ley de capitalización, tendríamos un sector mucho
menos politizado y se hubieran evitado o minimizado las divergencias y criticas que
persisten aún hoy, y que aunque son en su gran mayoría infundadas, están ahí.  Por otro
lado, si hubiera tenido lugar esa negociación, las fuerzas políticas posiblemente no se
hubieran puesto de acuerdo y el proceso no se hubiera celebrado.

http://www.adie.org.do/documentos/articulos/Evolucion_sector_electrico_dominicano.pdf



jueves, 24 de julio de 2014

Fonper asegura capitalización ha dado frutos a R.D.


SANTO DOMINGO.- El presidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Fernando Rosa, aseguró hoy que el proceso de capitalización ha dado frutos al país.
El funcionario dijo que el propósito que tuvieron "los visionarios" que constituyeron la Comisión de Reformas de las Empresas Públicas (CREP) "se ha cumplido al pie de la letra".
Asimismo, indicó, que el propósito del Gobierno de disminuir el costo de la energía, se cumple al pie de la letra con la producción de nuevos megavatios.
Rosa produjo sus declaraciones en el marco de la conmemoración del 13 aniversario de la creación del Fonper, al depositar una ofrenda floral en el Altar de la Patria, en homenaje a los fundadores de la República.
El funcionario indicó que después del proceso de capitalización EGE Haina ha instalado más de 500 nuevos megavatios, que integrados a la creación del parque eólico Los Cosos y Quisqueya Uno, han contribuido a la reducción del costo de la energía.
Asimismo, AES Dominicana ha sumado también más de 300 nuevos megavatios, sumados a otros 114 que entrarán en servicio con el sistema de ciclo combinado en Los Mina, servirán para reducir el precio energético.
Enfatizó que en este momento el parque de generación eléctrica del país suple la cantidad de energía que demanda la población.EFE

http://www.7dias.com.do/economia/2014/07/23/i168752_presidente-del-fonper-asegura-capitalizacion-dado-frutos-pais.html#.U9DATON_v7Y

domingo, 13 de julio de 2014

Políticas relevantes para resolver la crisis eléctrica dominicana


Desde 2002 las autoridades han puesto en práctica diversas estrategias para mitigar los impactos negativos de la carrera alcista de los precios del petróleo sobre los consumidores de electricidad, pero también para 
garantizar la viabilidad financiera del servicio público, socavada por ingresos insuficientes debido al robo, el fraude y las facturas sin pagar. El conjunto de soluciones adoptadas no siempre se ha caracterizado por su coherencia y consistencia. La mayoría de las veces ha expresado la correlación de fuerzas del momento y se ha perdido la visión de mediano y largo plazo. 
i) ¿Hacia dónde se ha orientado el esfuerzo? Las medidas se han enfocado a reducir déficit en el corto plazo y sentar las bases para solucionar definitivamente el problema a mediano plazo. Destacan tres líneas estratégicas: 
• Ampliar la cobertura del servicio, mejorar su continuidad y proteger a la economía de consumidores. Se han establecido programas públicos de extensión de líneas de distribución en zonas marginales, subsidios al consumo y garantía de ¡suministro. Además, el gobierno ha retomado nuevamente las operaciones de distribución mediante la readquisición de ¡Edenorte y Edesur.
• Reducir el costo del suministro. Esto ha incluido; a) renegociar el Acuerdo de Madrid y los contratos con los productores independientes; b) alentar la competencia en el mercado de generación; c) promover la construcción de grandes centrales generadoras que operen con carbón —cuyo precio es más bajo, más estable y menos volátil que del petróleo—, en las que el Estado asume el riesgo comercial y de mercado para dar viabilidad a los proyectos (riesgo de precio y disponibilidad del combustible, así como riesgo sobre la venta de electricidad), y d) poner en marcha programas de reducción de pérdidas en la red eléctrica
• Elevar y asegurar el flujo los ingresos. Se han puesto en marcha programas de eliminación del robo de electricidad y combate a la “cultura del no pago”. De forma simultánea, el gobierno ha procurado cumplir puntualmente con las transferencias de recursos públicos a las distribuidoras para cubrir los subsidios 
a los consumidores, así como reducir la deuda contraída.
• Disminuir la presión sobre las finanzas públicas. Sin renunciar al otorgamiento de subsidios, éstos se han replanteado y se focalizan en los sectores más desprotegidos. De igual modo, se han estado eliminando los retrasos en la indexación de las tarifas con respecto al precio de los combustibles.
ii) ¿Por qué ha fallado?. Sin embargo, a pesar del esfuerzo de las autoridades, los resultados han sido poco contundentes y el proceso de solución ha estado marcado por avances y retrocesos. 
Las causas están en:
• Programas mal diseñados, insuficientes o desfasados. 
• Escasez de recursos fiscales para soportar un programa ambiciosos de subsidios generalizados.
• Debilidad institucional, tanto de las autoridades políticas y regulatorias del sector como del marco legal y reglamentario, lo que resta efectividad a la acción gubernamental y da espacio para que generadores, distribuidores y consumidores sólo vean por sus propios intereses y actúen alejados del interés colectivo.
• Búsqueda de objetivos contrapuestos y la tendencia de las autoridades a dar más importancia a la dimensión social y política del problema, que a los requerimientos económicos del subsector. Al respecto se debe mencionar que las medidas enérgicas que reclamaban los organismos financieros para un rápido saneamiento financiero del sector —elevación de tarifas, eliminación de los subsidios y establecimiento de penas severas por el robo de electricidad— hubieran implicado altos costos sociales difícilmente asumidos por el gobierno, especialmente en un clima de pobreza generalizada, inestabilidad social y presiones políticas derivadas de un corto período presidencial con posibilidad de reelección. 
Por su parte, las distribuidoras han desarrollado programas para reducir pérdidas y elevar el índice de recuperación de efectivo. Se ha puesto énfasis en racionar el suministro para ofrecer más a los circuitos con menos pérdidas; instalar nuevos medidores y reemplazar los más viejos; capturar como clientes a usuarios que consumen de manera ilegal; inspeccionar los medidores y otros dispositivos susceptibles de sufrir manipulaciones; eliminar el fraude electrónico y corregir las anomalías técnicas de los equipos. 
Sin embargo, los esfuerzos han sido débiles y el modesto avance en el índice de recuperación de efectivo está lejos de las metas establecidas. Resulta pertinente recordar que, cuando se privatizó la industria en 1999, las nuevas compañías de distribución comenzaron a funcionar con un índice de recuperación de efectivos (ire) de entre 40% y 50%. Meses más tarde, y con las prácticas empresariales privadas, el ire se elevó hasta situarse entre 62% y 69% en el caso de Edenorte y Edesur, respectivamente. Sin embargo, esos niveles estaban lejanos de los estándares internacionales cercanos a 100%. 
A raíz de la crisis financiera de 2003, el nivel promedio descendió a 56 por ciento.
iii) ¿Cómo mejorar el esfuerzo? A lo largo de la crisis se han expuesto diversos diagnósticos y propuestas que sin embargo no han sido compartidos por todos los actores: autoridades, operadores,consumidores, financistas, profesionales y analistas. Por ejemplo, para algunos analistas, los factores responsables de la crisis son la capacidad institucional y la supervisión deficientes, lo que constituye otro ejemplo de los costos elevados de una gobernabilidad débil. El complejo camino que va de los deficientes servicios públicos provistos por el gobierno a la privatización, luego a los subsidios implícitos y, finalmente, a la reestatización no resuelve los problemas de la calidad deficiente del servicio, que sigue siendo agravada por las conexiones ilegales y la falta de pago e impone un costo exorbitante para el gobierno y los consumidores. 
Concluyen que la reforma se ha visto retrasada o bloqueada por la falta de transparencia, de rendición de cuentas públicas y de un consenso político más amplio sobre el tema, además de una insuficiente voluntad política para impulsar una solución (véase Banco Mundial, 2006). 
• Los consensos se ubican en redoblar esfuerzos y complementar las medidas ya emprendidas con nuevas acciones. Entre las acciones de carácter técnico y comercial que deben realizar las distribuidoras, destacan las siguientes: 
• Investigar y perseguir a los grandes consumidores que recurren al fraude electrónico sofisticado para no pagar el servicio. 
• Instalar medidores electrónicos online para los grandes clientes,a fin de hacer un seguimiento continuo del consumo y detectar las anomalías a la brevedad; en otros sectores, es necesario remplazar los equipos obsoletos o defectuosos. 
• Facilitar el pago de las facturas residenciales aumentado el número de centros de pago y sus horarios de atención.
• Rediseñar las instalaciones de distribución de bajo voltaje con el fin de dificultar las conexiones ilegales y la manipulación de dispositivos.
• Reforzar los programas de mantenimiento y eliminación de las pérdidas técnicas en las líneas de
distribución.
Uno de los puntos de mayor relevancia y acuerdo entre los actores concierne a las inversiones. La crisis ha dejado una lección importante: 
mientras no se mejore sustancialmente la calidad del servicio, lo que significa reducir los apagones hasta eliminarlos, los consumidores no estarán dispuestos a pagar las tarifas actuales, y mucho menos si se incrementan. 
En efecto, resulta ineficaz aumentar aun más las tarifas para sanear las EDES.494

http://www.cepal.org/publicaciones/xml/0/37540/2009-LBC-104-web.pdf

viernes, 11 de julio de 2014

Rebalanceo de la tarifa eléctrica-17 julio, 2010

http://hoy.com.do/image/article/533/460x390/0/534A4DCE-9374-41F2-A1DB-F6A7D30DCA42.jpeg

SANTO DOMINGO,R.D.- El representante del BID en el País, sin quererlo, dejó sin argumentos a quienes desde el sector oficial y los generadores privados han estado vendiendo la idea de que la tarifa eléctrica vigente no cubre los costos y unido al subsidio cruzado que posee la misma, son de los principales responsables del déficit financiero del sector y, por ende, se justifica  una “flexibilización” de la tarifa (término comprometido en la carta de intención del FMI de marzo 2010) o un “rebalanceo” de la misma.
Con las afirmaciones del representante del BID de que “por más dinero que entre a un negocio el problema no se resuelve si no hay una buena gestión comercial de facturación y cobro de energía”, con lo cual coloca la llaga sobre el problema medular del sector eléctrico que radica en la ineficiencia y mala gestión de las distribuidoras, las autoridades oficiales tendrán que elaborar una nueva estrategia para justificar las intenciones de aumento de la tarifa disfrazado en las frases de “flexibilización” o “rebalanceo”, ya que no existe sustentación económica que justifique tales medidas, sobre todo cuando en mayo del 2010, según las cifras publicadas por la CDEEE en los Informes de Desempeño del Sector Eléctrico, el margen de intermediación promedio de las distribuidoras o Valor Agregado de Distribución (VAD) se sitúa cercano a los US$0.06/Kwh.
Este dato, unido a los VAD promedio que las distribuidoras han manejado del 2005 al 2009, superior a los US$0.03/Kwh a excepción de unos pocos meses en el 2008 cuando el precio del barril de petróleo se situó cercano a los US$150, es otro mentís a las afirmaciones de que la tarifa eléctrica vigente no cubre costos y que el subsidio cruzado en la misma es responsable del déficit financiero de las distribuidoras. Con subsidio cruzado, el VAD de las distribuidoras es positivo y es mayor de US$0.03/Kwh, valor referencial que se asigna a una distribuidora administrada de manera eficiente y con gastos corrientes económicamente y financieramente racionales.
Estos datos del VAD promedio con que las distribuidoras se han estado desempeñando, ponen en evidencia que las mismas han estado facturando en promedio la energía a los clientes a un precio muy superior al precio promedio a que esas empresas compran la energía a los generadores, ya que si el VAD fuera cero o negativo, entonces si se pudiera hablar que la tarifa no cubre costos. En consecuencia no se puede hablar con propiedad de que la tarifa eléctrica actual no cubre los costos ni de que el subsidio cruzado en la tarifa ocasione pérdidas a las distribuidoras.
Antes de hablar de “flexibilización” o “rebalanceo” de tarifas, debe imponerse la racionalidad económica en lo relativo a los gastos corrientes de las empresas eléctricas propiedad del Estado, ya que no es posible justificar “flexibilizaciones” o “rebalanceos” de tarifas cuando al mismo tiempo la nómina mensual  en las empresas eléctricas propiedad del Estado han aumentado en unos US$13 millones (US$156 millones anuales) con relación a agosto del 2004 y cuando la sociedad se despierta asombrada ante el aumento de un 75% en el salario mensual de uno de los asesores VIP de la CDEEE que situó el mismo en unos RD$526 mil, cuando al mismo tiempo las instituciones gubernamentales han tenido que ver reducido su presupuesto del 2010 en un 20% para transferirlo al sector eléctrico para cubrir las ineficiencias, mala gestión y gastos excesivos en nómina de las distribuidoras y empresas eléctricas propiedad del Estado.
Mientras las pérdidas entre energía comprada a los generadores y facturada a los clientes para las zonas PRA + No PRA se sitúen alrededor del 40%, no se puede hablar de “flexibilización” ni “rebalanceo” de tarifa. Mientras la Ley General de Electricidad se siga violando, sobretodo su artículo 110 en lo relativo a la potencia máxima que las distribuidoras deben contratar con los generadores (80% de la demanda; en la actualidad se tiene bajo contrato cerca del 90% con la anuencia de la SIE y la CDEEE), no se puede hablar de “flexibilización” y “rebalanceo” de la tarifa.
La “flexibilización” o “rebalanceo” de la tarifa, solamente serviría para cargar aun más sobre los que pagamos por un servicio caro y pésimo, el mantenimiento de la ineficiencia y mala gestión en las distribuidoras, los gastos excesivos en nóminas en las empresas eléctricas propiedad del Estado, en donde la CDEEE, según la nómina publicada de junio 2010, tenía 15 asesores (RD$2.6 millones mensuales), en adición a una nómina de 821 empleados fijos (RD$32.25 millones mensuales) más 168 militares (RD$701,000 mensuales).
¿Necesita la CDEEE de una empleomanía tan numerosa y de tantos asesores para desempeñar eficientemente sus funciones? 
Por BEERNARDO CASTELLANOS 


viernes, 4 de julio de 2014

En busca de energía

La necesidad de implementar nuevos esquemas, obliga a pensar en materiales reciclados y desarrollar modelos autosostenibles.
SANTO DOMINGO,R.D.- La identificación de las fuentes de energía para satisfacer nuestras necesidades humanas, ya sean estas en forma de alimentos o en forma de combustibles, es la problemática de mayor envergadura que enfrentarán nuestras futuras generaciones.
Estamos igualmente conscientes de que pronto, la población mundial llegará a 7,000 millones de seres humanos, y que estamos ante la evidencia de una dramática paradoja: los países ricos disminuyen sus tasas de natalidad, mientras que en los más pobres, seguirá aumentando en las próximas décadas.
Entonces, si los miles de millones que vivimos en la pobreza, seguimos el ejemplo de los países en desarrollo, también terminaremos haciendo un uso intensivo de los recursos, quemando combustibles fósiles, y persiguiendo comer cada día más carnes, huevos y productos lácteos.
A través de los años, las respuestas derivadas de nuestras propias decisiones, han causado verdaderos traumas climatológicos, nuestros glaciares se derriten, se han reducido nuestros bosques y ríos, y las prácticas del conuquismo hacen un daño ecológico irreparable.
Casi 1,000 millones de personas pasan diariamente hambre, y en unas cuantas décadas tendremos que alimentar casi el doble de bocas adicionales, principalmente nacidas en los países más pobres del universo.
En ese contexto, el desafío de cómo satisfacer una población en crecimiento en base a dietas más ricas, hace aumentar la presión para producir más. Esa realidad requerirá mayor esfuerzo que duplicar las tierras dedicadas a la producción de los cereales, aumentar las poblaciones de ganado y cambiar zonas selváticas por extensiones agrícolas.
Entonces debiéramos preguntarnos: ¿estamos haciendo lo correcto? ¿Es hora de otra revolución Verde? ¿Cómo podemos duplicar la producción de alimentos y energía, sin dañar el ambiente?
Las mejoras prácticas de producción agrícola, la mecanización, el desarrollo de los fertilizantes químicos, las mejoras genéticas en la pecuaria, el diseño de prácticas de nutrición especializada, prometen incrementos en la producción que pudieran satisfacer la demanda.
Evidenció, además, que algo nuevo está ocurriendo en el mundo, pues la devoción por lo verde, ya no es materia exclusiva de seres extraños. La necesidad de implementar nuevos esquemas, obliga a pensar en materiales reciclados, en digerir desechos orgánicos y desarrollar modelos de gestión auto sostenibles para la generación de energía.
Pequeños cambios, que sin duda, sumados, generarán grandes efectos.
Recientemente, el gobierno dominicano contrató la adquisición de dos plantas de producción de energía a partir de carbón, y hace un tiempo redujo a más de la mitad el único mecanismo de incentivo a la inversión en energías renovables, (40% del impuesto sobre la renta de los invertido en un período detres años) lo que nos indica que no vamos en la dirección correcta, o estamos retrocediendo.
Esta misma semana, el presidente Obama acaba de realizar el llamado más enfático que se recuerde en la historia de los Estados Unidos, para luchar contra el cambio climático, exigiendo una reducción de la contaminación de un 30% a las más de 600 generadoras de energía a partir del carbón, hasta el año 2030.
Dicha iniciativa promete cerrar más de 100 plantas de energía a partir de carbón, en todo el territorio americano.
Lo anterior nos invita a reflexionar en el sentido de si la política adoptada por nuestro gobierno está alineada con una estrategia de largo plazo que nos permita, por ejemplo, sacar provecho de una fuente de energía gratuita que por nuestra posición geográfica tenemos, la energía solar, o nos lleva en cambio a ser importadores de la fuente de combustión menos amigable con el medio ambiente.
Aunque parezca increíble, podemos concluir que el sacrificio de ingresos que tendría nuestro Gobierno por una aplicación mucho más agresiva de incentivos a la creación de fuentes de energía renovables, es menos importante, que el monto que tiene que pagarle a los generadores eléctricos, en subsidios.
Encontrar la combinación de la producción de mayor cantidad de alimentos, más energía con fuentes renovables y la conservación de nuestro ambiente nos obliga a concientizarnos sobre la necesidad de conocer la vinculación que existe entre éste y los alimentos que consumimos, los agricultores que los producen y el futuro de nuestros hijos. Son experiencias que debemos aquilatar, pues se traducen en el conocimiento necesario para adoptar decisiones responsables, inclusive, hasta para ir al colmado.

http://www.diariolibre.com/ecos/2014/07/04/i684631_busca-energa.html

lunes, 9 de junio de 2014

BID aprueba préstamo de US$78 MM para sector electrico en R.D.

Electricidad Edenorte.
SANTO DOMINGO,R.D.- Un préstamo de 78 millones de dólares fue aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo para la República Dominicana, cuyo destino debe ser la modernización de la red de distribución del sector eléctrico.
Asimismo, deberá invertirse para reducir las pérdidas del sector, señala un cable de la agencia Efe fechado en Washington.
El préstamo forma parte del Plan Integral del Sector Eléctrico 2013-2016 que "persigue el aseguramiento del ciclo comercial completo, incluyendo no solo la rehabilitación de las redes, sino también la medición, la facturación y el recaudo de la energía entregada", indicó el BID.
Pese a los progresos registrados en los últimos años, la distribución de electricidad en República Dominicana continúa teniendo "un débil desempeño en su operación con pérdidas eléctricas en promedio del orden de 33 % al cierre de 2013, muy por encima de los estándares de eficiencia internacionales", indica el cable.
La institución multilateral apuntó que estos problemas afectan a la sostenibilidad financiera de las Empresas de Distribución de Electricidad (EDEs), con lo que el proyecto busca "aliviar la carga fiscal que el sector representa y mejorar la productividad del país".


www.elcaribe.com.do/2014/06/06/bid-aprueba-prestamo-78-para

lunes, 7 de abril de 2014

La gestión de las pérdidas, la peor parte del sistema eléctrico en R.D.

SANTO DOMINGO,R.D.- El vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara, dejó establecido ante la Cámara Americana de Comercio (Amcham-DR) que la crisis del sector eléctrico es más compleja de lo que él suponía antes de asumir el cargo.
O se sube la tarifa o se incluyen nuevos clientes a la base de datos de las distribuidoras, esto con el fin de mejorar el flujo de caja y consecuentemente bajar el déficit que el año pasado terminó en la frontera de los US$1,300 millones.
La eficiencia en la gestión del sector está entre las principales metas del funcionario. Convertir a la CDEEE en sujeto de crédito internacional para lograr nuevos acuerdos con bancos de inversión, abriendo nuevas alternativas y mejores términos, es una de sus tareas, pero tiene de frente una deuda acumulada con los generadores que al 15 de marzo estaba en US$566.9 millones, de los que US$486.7 millones (85.8%) corresponden a cuatro generadores: San Felipe, EGE Haina, Seaboard y AES, los cuales aportan en capacidad instalada alrededor de 1,400 megavatios al sistema.
La gestión de las empresas de distribución, cuando se compara la compra de energía contra la cobrada, deja ver el reto que tienen en esta materia. Los números oficiales establecen que de 11,552 gigavatios comprados en 2012 por las distribuidoras apenas se recuperaron en cobros 7,041 gigavatios, equivalentes a 61%, lo que indica que el 39% se perdió vía las pérdidas técnicas y no técnicas. Las estadísticas establecen que el ratio de recuperación ha subido en promedio 4.8 puntos porcentuales en los últimos cinco años, pero no se corresponde con el nivel de despacho de energía.
La única demarcación donde se recupera sobre el 80% de la energía servida es el Distrito Nacional con 80.4%, seguida por la provincia Hato Mayor con un 75.9% y luego San Pedro de Macorís con 73.3%. En Santiago Rodríguez, según el informe sustentador por la CDEEE, se pierde el 30% de la electricidad que se despacha. Sin embargo, en La Altagracia, que por su posición en el turismo debería estar entre las tres primeras, apenas se recupera el 69.7%.
Según el reporte sobre el flujo financiero de las distribuidoras, hay 12 provincias donde las pérdidas superan el 50%, siendo Bahoruco (69.7%) y Sánchez Ramírez (64%) las que están en peor posición. La tercera peor demarcación del sistema la ocupa Monseñor Nouel con 63.7% de pérdidas, mientras que en Hermanas Mirabal solo se recupera el 41.3% de la energía servida por las distribuidoras.
Jiménez Bichara, ante la matrícula de la Amcham-DR, dejó establecido que las distribuidoras están obligadas a mejorar continuamente sus recaudaciones y calidad en el servicio, así como a optimizar sus procesos comerciales. De hecho apuntó, la gestión técnica, con la automatización de las operaciones, es parte de los planes de eficiencia.
El gobierno lleva siete meses y aún no se ve nada concreto para el sector.
EDEESTE
La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) informó que a partir de este mes los clientes de las zonas de menores ingresos recibirán una factura con un formato más pequeño y las informaciones habituales.
Edeeste estimó que con esta medida tendrá un ahorro un 37% del costo actual de impresión de las facturas que envía a más de 200,000 clientes de sectores pobres, reduce el consumo de papel y contribuye con la preservación del medioambiente.  
Detalló que este año invertiría RD$5.4 millones en la impresión de las facturas enviadas a más de 200,000 clientes, y que con el nuevo formato esa cantidad será reducida a RD$3.3 millones.
Agregó que con esta acción Edeeste reafirma el compromiso institucional de reducción de costos y contribuye con la disminución del déficit del sector eléctrico.  
Señaló que esta iniciativa está acorde con la finalidad del sector eléctrico de brindar un mejor servicio de electricidad a la población del país con menores costos.

http://www.listindiario.com/economia-y-negocios/2013/3/24/270782/La-gestion-de-las-perdidas-la-peor-parte-del-sistema-electrico