Proceso de capitalización del sector eléctrico Dominicano

Inicialmente, en la Republica Dominicana se comenzó a trabajar un proceso de reforma
estructural del sector eléctrico y de las empresas públicas que no contemplaba la
capitalización como mecanismo de inserción del capital privado.  Los trabajos se iniciaron
con la redacción de un nuevo marco legal e institucional para la industria eléctrica sin
poner énfasis en  el proceso de inserción de capital en sí mismo. A final del año 1992 se
contrataron los servicios de cuatro profesionales chilenos de muy alto nivel y vasta
experiencia (un abogado, dos ingenieros y una economista) con la asistencia técnica del
BID. Con dichos consultores se trabajó durante la primera mitad del 1993 y para inicios del
tercer trimestre de 1993 ya se contaba con el primer borrador completo del anteproyecto
de la ley general de electricidad.  Ese documento se discutió posteriormente en el seno de
la Comisión Nacional de Energía creada por Decreto en aquel entonces, que concluyó  los
trabajos de elaboración final del proyecto que se presentó al Congreso en Diciembre del
1993. Dicho proyecto de ley se estancó en el Congreso hasta la primera mitad del 2001
cuando fue aprobado. Es importante mencionar que el texto aprobado en el 2001 se
diferencia muy poco del texto que fue sometido originalmente en el 1993. Eso es una
señal de lo altamente politizado que es el sector y de que el proceso de reforma fue y es  
más político que económico.  La primera idea que debe quedar establecida aquí, es que el
proceso de capitalización, más que un proceso de reforma económica y estructural, es un
proceso político, donde se requiere la voluntad política para llevarlo adelante y la voluntad
política para apoyar todos los eventos subsiguientes del mismo proceso: No es un evento,
es un proceso.    Si la capitalización hubiera concluido en el momento en el que se
anunciaron los ganadores y se entregó la administración de las empresas a los socios
privados, tuviésemos que evaluar la eficiencia y eficacia del proceso de capitalización solo
hasta ese punto.

Como Evento, la capitalización tuvo una primera etapa que fue desarrollar los trabajos de
definición de cuál era la visión que como Nación o Estado Dominicano se quería para la industria eléctrica; poner en blanco y negro esa visión, convencer a los capitales privados
para que la compartieran y vinieran a invertir a la Republica Dominicana.
   
Hasta ese punto el proceso fue bastante exitoso, ya que efectivamente se lograron todos
los objetivos trazados.    Incluso se obtuvieron recursos para inversión en las empresas
capitalizadas    y compromisos adicionales de inversión superiores a las expectativas que
tenía el equipo que trabajó en ese proceso.
La historia de cómo surgió la propuesta de adoptar el mecanismo de capitalización es la
siguiente. Entre el 1994 y el 1996, el país estaba enfocado en la reforma constitucional
que se realizó durante ese periodo y en la solución a la crisis política del 1994. El país
estuvo detenido en cuanto a nuevas decisiones políticas y el proceso de privatización
sufrió esa misma suerte ya que es un proceso cuya ejecución demanda mucho capital
político. El proyecto de ley sometido en 1993 perimió y no hubo  avances en el Congreso.
Desde el punto de vista político o de negociaciones políticas para llevar adelante el
proceso todo se detuvo entre 1994 y 1996.  Sin embargo, durante ese periodo hubo un
pequeño equipo técnico de cuatro personas que siguió trabajando amparado y financiado
básicamente con unos fondos de la cooperación del BID y luego de ayudas adicionales
asignadas primero por el Banco Mundial y luego por la USAID, y se fueron realizando  
todos los trabajos técnicos que iban puntualizando la visión general que estaba
bosquejada en el proyecto de ley.  Esos trabajos contenían toda la información necesaria
para preparar los pliegos de licitación para la privatización (posteriormente capitalización
cuando se definió el tema).  En ese tiempo se contrataron consultores internacionales que
ayudaron a la Republica Dominicana a diseñar no tanto el proceso de privatización
propiamente dicho, sino la estructura industrial de la industria eléctrica.  Fue ahí cuando
se definió técnicamente que el país quería dividir la CDE en empresas de generación, de
transmisión y de distribución; fue ahí que se definió que serian tres las empresas de
distribución regionalmente distribuidas en la forma en que resultaron; fue ahí que se
definió la agrupación de la generación térmica en dos empresas (posteriormente Itabo y
Haina); y que se decidió que todo el parque hidráulico quedaría en manos de una empresa
(la decisión de dejarla en manos del sector publico fue posterior).  También en esta etapa,
se hicieron corridas económicas para verificar la viabilidad económica del esquema
propuesto, y los trabajos terminaron en el tercer trimestre del año 1995.  Ya en ese año se
entró en un compás de espera hasta las elecciones del año 1996.  Revelado el ganador de
las elecciones, se empezó a trabajar con el equipo de transición del PLD, partido ganador
de esas elecciones. Durante ese periodo de transición se llevaron a cabo una serie de
negociaciones entre las fuerzas políticas, entre el PLD y el PRD como principales fuerzas
políticas, y el PRSC que aún era gobierno. Las negociaciones se llevaron a cabo en la
PUCMM con la mediación de la iglesia católica. En lo concerniente al tema eléctrico se
concluyó que era urgente llevar adelante el proceso de privatización bajo algún esquema,
más que nada porque la crisis eléctrica en los años 1995 y 1996 fue muy fuerte.  En ese
escenario es donde se decide que la estrategia de inserción del sector privado a la industria eléctrica de la Republica Dominicana se haría mediante un proceso de
capitalización similar al que se realizo en Bolivia, ya que cuando se capitaliza una empresa
no se enajena el activo, sino que se atraen nuevos capitales para reactivar la empresa
manteniendo el activo original invariable en manos del mismo propietario estatal.  Esa fue
la solución que los partidos políticos dominicanos encontraron para poder viabilizar un
nuevo orden institucional que incluyera la participación de capital privado en la industria
eléctrica y la administración privada de una gran parte de esa industria eléctrica.  Cuando
se cierra ese acuerdo político se contrataron consultores bolivianos, entre los cuales se
contaron dos vice‐ministros que habían trabajado en el proceso de capitalización de
Bolivia y se redacta el  proyecto de la ley de capitalización, la cual fue aprobada de forma
rápida en el Congreso. A pesar de la recomendación de los asesores internacionales y del
interés del Gobierno el proyecto de la Ley General de Electricidad no corrió la misma
suerte debido a motivaciones políticas en el Congreso.  Esta situación  obligó al Gobierno a
realizar los trabajos legales de la capitalización de la CDE dentro del marco jurídico
institucional de la Secretaria de Estado de Industria y Comercio, que era el marco legal
vigente. Si la Ley General de Electricidad hubiera estado aprobada antes de la licitación
para la capitalización, el sector hubiera iniciado esta nueva etapa con una fortaleza
institucional indiscutible. En este punto es notable lo negativo que ha resultado la
injerencia política en la industria eléctrica cuando la visión no está clara: El Congreso
Dominicano instruyó al Poder Ejecutivo que llevara adelante el proceso de licitación
respetando los procedimientos y plazos establecidos, pero le negó al proceso de
capitalización el contar con herramientas accesorias que podían influir positivamente en la
motivación de los potenciales inversionistas, como era la Ley General de Electricidad, con
cuya aprobación previa los resultados obtenidos hubieran sido todavía más positivos para
el país. Una muestra de lo negativo que ha resultado para el país la incidencia política en el
sector.   
Ninguno de los tres partidos mayoritarios se involucró directamente en los    trabajos
técnicos relativos a la visión de la nueva conformación de la industria.    Esto tuvo como
positivo el permitir que los trabajos avanzaran rápidamente y que el producto final fuese
integro, al no precisar fragmentación fruto de las    concesiones políticas.   Al finalizar, se
dieron como aprobados políticamente y estuvieron listos para ser implementados.  Como
negativo, tenemos que    muchas de las críticas que comienzan a aparecer luego de la
implementación, van precisamente dirigidas a esos trabajos técnicos.    Analizándolo a
posteriori, es posible que si se hubiera dado una negociación política previa para alcanzar
un acuerdo relativo a la estructura del sector y a los trabajos de estructuración post
capitalización como ocurrió con la ley de capitalización, tendríamos un sector mucho
menos politizado y se hubieran evitado o minimizado las divergencias y criticas que
persisten aún hoy, y que aunque son en su gran mayoría infundadas, están ahí.  Por otro
lado, si hubiera tenido lugar esa negociación, las fuerzas políticas posiblemente no se
hubieran puesto de acuerdo y el proceso no se hubiera celebrado.

http://www.adie.org.do/documentos/articulos/Evolucion_sector_electrico_dominicano.pdf