Maestros pensionados y jubilados de R.D.

EL AUTOR es pedagogo y biólogo. Reside en Santo Domingo.

• Por RAFAEL HUNGRIA BAUTISTA
• Fecha: 28 marzo, 2019
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SANTO DOMINGO,R.D.- Es lamentable el trato que reciben los pensionados y jubilados del magisterio. Tanto que las pírricas pensiones no cubren ni la mitad de la canasta familiar que calcula el Banco Central. Vamos a comenzar con los irregulares cálculos que hicieron los que sugirieron el incremento salarial hace varios años al Presidente Medina.

Llevaron todas las pensiones a RD$15,000.00, o sea que quien ganaba RD$14,000.00 le aumentaron RD$1,000.00, al que ganaba RD$14,999.00 le aumentaron RD$1.00. Grave error; esos asesores, don Juan Bosch y Gaviño les llamaba de pacotilla.

Debe hacerse de manera escalonada, que abarque a todos, porque todos compramos al mismo precio; y constantemente los artículos están subiendo. Por ejemplo, actualmente debería llevarse a RD$20,000.00 los de RD$15,000.00. De 20 a 40 un 15%; de 40 a 50 un 10% y de 50 en adelante un 5%.

De no hacerlo así; los sueldos irán alcanzando los demás y al final no han hecho nada. Hace tiempo que se critica el crecimiento que se experimenta en la economía de nuestro país; diciéndose que no se derrama en la población; porque los salarios tienen años sin moverse.

Los pensionados y jubilados en su gran parte tienen 10 años en esa situación. Hemos visto al gobernador del Banco Central decir en varias oportunidades que es tiempo de incrementar los salarios por el crecimiento sufrido y no se hace nada.

La ley autoriza al poder ejecutivo indexar los salarios de los jubilados y pensionados cada 3 años; se ha violado constantemente. Indexar significa sumar la inflación de 3 años y sumarlo al salario del pensionado o jubilado. Eso tampoco se hace. Por qué el Estado viola la ley?

En este sentido el Estado está en ilegalidad, el Estado sólo ha incrementado los salarios de los que hacen huelga: médicos, enfermeras, maestros activos, agrónomos, etc. La A.D.P. somete un pliego de demandas y desde que le aumentan a los maestros activos (que estamos de acuerdo) se olvidan de los demás decretos.

Veamos que sucede en los próximos meses. Ojalá no sigan haciendo con los pensionados y jubilados como la caña, le sacan el jugo y botan el bagazo. El recién incremento aumenta un 10% a los de RD$15,000.00 (RD$1,500.00) y un 5% a los de RD$20,000.00 a RD$30,000.00 (RD$1,000.00). Los de RD$30,000.00 en adelante se quedaron oliendo donde guisan.

Quién algún día le explicará al Presidente que el incremento a los profesores debe  manejarse diferente, para no seguir sumiendo en la miseria a los antiguos directores de Distrito, Regionales, Generales, Vice-ministros y técnicos en general. Revisen los aumentos que realizó a los maestros el Dr.

Balaguer, Hipólito Mejía, Don Antonio Guzmán y Leonel Fernández. Siempre hacían algo diferente para los maestros pensionados y jubilados que los abarcaban a todos.

https://almomento.net/maestros-pensionados-y-jubilados-sin-foto-de-la-autora/

El deterioro de los servicios de telecomunicaciones en República Dominicana

EL AUTOR es periodista. Reside en Santo Domingo.

• Por BALBUENO MEDINA
• Fecha: 28 marzo, 2019
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SANTO DOMINGO,R.D.- Las interrupciones que en las últimas dos semanas han recibido los usuarios de los servicios de telecomunicaciones de las empresas Claro y Altice confirman claramente que en la República Dominicana hemos entrado en un proceso de deterioro de los mismos.

Las explicaciones que se han dado en torno a las sorpresivas interrupciones que se han presentado en los servicios de telefonía, internet y televisión por cable, no han convencido a los usuarios de estos ni mucho menos han sido resarcidos por los daños ocasionados.

Cuando este tipo de fenómeno se ha dado en otros países de la región, las circunstancias han apuntado directamente a la falta de inversión en la adecuación y mantenimiento de las redes de Telecomunicaciones, lo que demuestra que algunas de estas empresas de Telecomunicaciones han comenzado a extrapolar esa experiencia a nuestro territorio con el propósito de ahorrar grandes recursos económicos en detrimento de la población.

Los que conocemos mínimamente cómo funcionan las empresas de Telecomunicaciones, sabemos que quienes se dedican a ese negocio deben destinar una gran parte de su presupuesto a la adecuación y mantenimiento de las redes de Telecomunicaciones, que son las que mantienen la calidad del servicio a los usuarios, por lo que cuando se retrasan esos trabajos las consecuencias derivan en la precariedad de los mismos.

En tanto que el deterioro de los servicios aun cuando representa un tormento para los clientes residenciales, corporativos y personas en particular, para las empresas que incurren en esta práctica significa un gran ahorro de recursos económicos lo que demanda una mayor vigilancia y seguimiento a sus acciones por parte de los Órganos Reguladores de las Telecomunicaciones.

En lo que concierne al mercado de las Telecomunicaciones, las empresas Claro y Altice, representan más del 75 por ciento de los servicios que recibe la población dominicana, sin tomar en cuenta que también con propietarias absolutas de las  infraestructuras de conectividad del país, lo que nos indica que en el hipotético caso de que se produzca una crisis simultanea de ambas, en cualquier momento se producirá un apagón total en los Servicios de Telecomunicaciones del país.

Tomando en cuenta los acontecimientos ocurridos recientemente en las principales dos prestadoras de Servicios de Telecomunicaciones, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), debe proceder en lo inmediato a investigar las causas que originaron las crisis que provoco la salida repentina de los Servicios de Telefonía, Internet y Cable, de estas empresas para que proceda a corregir las fallas de lugar, porque de lo contrario nos encaminamos a sufrir  las mismas interrupciones que recibimos en el Sistema Eléctrico Nacional.

No podemos permitir que la competitividad de nuestra economía se continúe deteriorando  por la precariedad de Servicios esenciales como las Telecomunicaciones y el Eléctrico, gravando mucho más a la población con la adquisición de medidas alternativas que representan altos costos para la subsistencia del comercio y la vida de las personas.

El Estado dominicano, a través del Indotel, debe saber que Plan de Manejo de Riesgos y que mecanismos de contingencias, así como cuales redes alternativas, poseen las empresas Claro y Altice para hacer frente a las continuas crisis que se les han venido presentado en las últimas tres semanas y poner un freno a las mismas.

En caso de que no se adopte este mecanismo de supervisión y de control en las operaciones, no solo de Claro y Altice, sino de todas las prestadoras de Servicios de Telecomunicaciones, lo vamos a tener que lamentar porque definitivamente vamos a caer en una crisis similar a la que padecemos con la electricidad o posiblemente peor porque ahora más que nunca todos dependemos de un teléfono móvil para toda ocasión.

agendasemanal@hotmail.com

https://almomento.net/el-deterioro-de-los-servicios-de-telecomunicaciones-en-republica-dominicana/

El pelo del bigote eléctrico

SANTO DOMINGO,R.D.-¿Para qué engañarnos? El borrador del Pacto Eléctrico carece de credibilidad. Hay que adoptar decisiones que devuelvan la confianza a la ciudadanía.

No se trata de que el gobierno ni ningún otro sector se cuelgue el medallón mediático por la firma de un pacto cualquiera. De poco serviría.

Lo importante es que la sociedad encuentre solución permanente a los problemas de insuficiencia y baja calidad del servicio eléctrico, apagones, alto costo, robo, pérdidas y escape incontrolado de recursos públicos.

Hay actuaciones de sentido común y gran poder persuasorio, para cuya adopción no se necesitaría del acompañamiento de fanfarria. Y que harían las veces de pelo del bigote ofrecido como garantía de seriedad para allanar el camino de la firma de un pacto que transforme radicalmente al sector eléctrico.

Uno de esos pelos del bigote podría ser, por ejemplo, recortar los gastos innecesarios que abultan las nóminas de las empresas distribuidoras y consolidar su consejo directivo en uno solo. Otro, pagar, sin dilación, la factura de generación. Otro más, informar sin omisiones sobre las asignaciones de recursos.

O, exponer con transparencia las decisiones ya adoptadas y en proceso en materia de generación de electricidad futura.

Un pacto se basa en la confianza mutua. Solo la habrá cuando cese la discrecionalidad. Y cuando haya reflexión de fondo.

Dado el camino tortuoso transitado, lo pertinente sería que una pequeña comisión integrada por representantes del sector político, empresarial y social, reelaborara el texto en los aspectos sustanciales y eliminara lo redundante.

El documento podría limitarse a pocos párrafos, enfocados en lo esencial. Sin eso, no tendría sentido firmar.

Y, ¿qué es lo esencial?

Desde mi modesta óptica de ciudadano a quien le duele su país, lo esencial es crear un sistema eléctrico de calidad, eficiente, confiable y competitivo, que garantice la satisfacción de las necesidades de la población y del aparato productivo, al menor costo posible, sin privilegio para sector alguno.

Aunque en el mundo existen diferentes modelos de organización del sector eléctrico, en el caso dominicano, dada la fragilidad institucional y el auge clientelar, está comprobada la necesidad de que haya una separación de funciones.

Al Estado debería corresponderle tanto la regulación y supervisión (con una superintendencia de electricidad dotada de independencia), como la propiedad y gestión de la transmisión y generación hidroeléctrica, por su carácter estratégico.

Lo anterior implicaría sacar la mano del Estado del resto del negocio eléctrico, fuente inagotable de déficit y pérdidas. Y utilizar esos recursos dispendiados con tanta generosidad, en inversión productiva.

De ahí se deriva que al sector privado le correspondería adquirir y gestionar la propiedad del parque de generación, distribución y comercialización, de acuerdo a normas y planes de expansión a ser desarrollados a través de procesos de licitación previsibles y competitivos.

Las mayores vulnerabilidades se sitúan en la distribución y comercialización de energía. Hacia allí deberían dirigirse inversiones masivas que lleven las pérdidas a parámetros de la región en un plazo no mayor de tres años, puesto que para el despilfarro no pueden concederse prórrogas inmerecidas.

La generación se alimentaría por sí misma si se impusieran reglas claras y procesos de licitación previsibles, confiables.

El sector público no está en capacidad de realizar las grandes inversiones que se requieren. Pero sí inducir a que se realicen mediante la vigencia de un marco regulatorio confiable, alejado de la politiquería y de los consecuentes negocios que medran como hidras, incontenibles, a costa del deterioro del sistema.

La tarifa tendría que cubrir los costos y dejar espacio a la rentabilidad. Nadie invierte para perder ni para pasarse meses sin poder cobrar sus facturas. La política social puede incluirla en su foco, a costa del presupuesto, no del sector eléctrico.

Al ciudadano y a las empresas les interesa disponer de un servicio de electricidad continuo, confiable y competitivo. No que el sector sea un reparto de prebendas y distribución de ingresos por méritos políticos y afán clientelar.

Tendría que haber una transición tan corta como fuese posible, que permitiera traspasar los activos públicos, incluyendo Punta Catalina, unificar el sistema de transmisión, configurar el holding público responsable de la transmisión e hidroeléctricas, e integrar las distribuidoras en un solo conglomerado.

Y que se pusiera en práctica a la brevedad una tarifa plana y técnica que permitiera la recuperación de los costos e hiciera viable la inversión en la modernización de la distribución y comercialización.

De nada serviría un papel emborronado por más que se le llamara pacto y se firmara en salón de oropel, si no respondiera a las necesidades de la sociedad.

https://www.diariolibre.com/opinion/en-directo/el-pelo-del-bigote-electrico-BE12344702

TELECOMUNICACIONES: dominicanos usan cada vez menos líneas fijas

SANTO DOMINGO,R.D.- En el 2018 el uso de líneas fijas en el país registró una disminución de 18,737 líneas, para una caída de 1.9% respecto al año anterior.

En cambio, los servicios de internet y móviles aumentaron 41.8% y 14% respectivamente.

Estos datos, contenidos en los “Resultados preliminares de la Economía Dominicana” correspondiente al período enerodiciembre 2018, evidencian los cambios que está dando el sector comunicaciones en República Dominicana.

En términos generales, el año pasado la actividad comunicaciones presentó un aumento interanual de 12.3%, establece el informe.

Desde 2013 el sector telefónico se mantiene liderado por las líneas móviles, que captan el 87.3% del mercado, con más de 8.8 millones de líneas, mientras que de la telefonía fija tradicional apenas quedan 940,711 líneas, según los registros del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel).

Crecen las líneas IP

Aunque el servicio de telefonía fija tradicional presenta la tendencia mundial a la baja, el servicio de telefonía fija a través del protocolo de internet (líneas IP)ha mostrado un crecimiento positivo importante.

En el país las líneas IP han logrado un aumento de 353% en comparación con el 2013, según Indotel.

SEPA MÁS

Comienzo del uso del celular

Historia.

Los teléfonos públicos celulares comenzaron a instalarse en República Dominicana a finales de 1987.

Alcance.

La tecnología celular permitió también llegar a los campos del país, a los lugares más remotos y aislados, donde no existían facilidades de comunicación.  

https://listindiario.com/economia/2019/03/11/556927/los-dominicanos-usan-cada-vez-menos-lineas-fijas

Pacto eléctrico: Una propuesta carente de soluciones a crisis energía de República Dominicana

SANTO DOMINGO,R.D.- Una lectura atenta del documento de Pacto Eléctrico propuesto por el Gobierno permitiría descubrir que el mismo, a pesar de su extensión y nobles intenciones, no contiene propuesta realista de solución de las causas principales de la crisis del sector eléctrico dominicano.

Las razones principales del PRM se basan en las distorsiones inaceptables de algunas propuestas del documento y en el rechazo de plano que hizo el Gobierno a todas las propuestas presentadas por los técnicos del partido.

Primero, el documento del pacto aborda a partir de la página 29 el tema de las pérdidas de las distribuidoras, la reformulación de la tarifa y la reducción de los exagerados gastos operativos de las distribuidoras.

En esa mezcla aparentemente lógica se termina proponiendo que para reducir los exagerados costos operativos de las distribuidoras a un mínimo de 10% respecto a sus ingresos se requerirían inicialmente seis años, tiempo a partir del cual se haría otra evaluación para llevarlo a estándares internacionales que oscilan entre 6% y 8%. Actualmente los costos operativos de nuestras distribuidoras promedian el 20% de sus ingresos.

Los datos de la tabla incluida en la página 31 del documento del Pacto indican que la reducción de los costos respecto a los ingresos se haría a un ritmo promedio de 1.2% por año, por lo que para bajar el indicador a 6 y 8% requeriría aproximadamente diez años.

¿Por qué hay que esperar entre seis y diez años para reducir el personal superfluo y nominillas políticas?
De igual manera, el documento del Pacto propone una tarifa de transición, no técnica o eficiente, por cuatro años y luego otra tarifa también transitoria llamada de referencia por cuatro años más, antes de entrar en vigencia la tarifa técnica [ver páginas 37-41 del Pacto] que sería la que refleje los costos de producir un kilovatio hora de energía. La ley de electricidad exige desde el 2001 la aplicación de una tarifa técnica.

Las tarifas de transición – nunca tan largas- fueron típicas durante los inicios de las reformas eléctricas en América Latina en los 80s y 90s, pero son un anacronismo en una reforma que, como la capitalización, lleva 20 años en ejecución.

Segundo, la ineficiencia y el dispendio exagerado de las tres empresas distribuidoras debido, principalmente, a que las mismas han sido administradas con abierto clientelismo político y como un botín del partido gobernante.

Se esperaba que el Pacto Eléctrico propondría cambios radicales en la manera de designar y conformar el cuerpo gerencial de esas empresas para lograr su despolitización. Pero no lo hizo. Más aún, en el punto 5.3.12 de la página 12 del documento se consigna que:

“Se recomienda que las Empresas de Distribución de Electricidad de propiedad estatal tengan un Consejo de Administración integrado por siete miembros, designados por el Poder Ejecutivo (…)”.

Exactamente lo mismo que tenemos hoy y que se ha repetido desde la capitalización de la CDEEE en el 1999: Edenorte, Edesur y Edeeste tienen cada una un Consejo de siete (7) miembros, que son nombrados por decreto presidencial. Entonces, el Pacto propone seguir igual.

Por su lado, el PRM propuso que se fusionaran los tres consejos de administración de las distribuidoras en uno solo y que sus miembros sean seleccionados mediante concurso público de oposición. Esas propuestas fueron rechazadas por el Gobierno.

Tercero, el modelo de mercado mayorista, conformado por el mercado de contratos y el mercado spot y sus transacciones de compra y venta de energía y potencia con las empresas distribuidoras, según el esquema implantado por la capitalización, carece de incentivos y condiciones estructurales suficientes para garantizarle al sistema la atracción de inversiones privadas a tiempo y de adecuada tecnología y tamaño.

En tal sentido, el PRM esperaba que en la propuesta de Pacto eléctrico ese problema sería abordado a profundidad, con iniciativas innovadoras, a los fines de corregir tan grave falla estructural del mercado.
Sin embargo, el famoso Pacto del Palacio no propone nada al respecto.

En ese sentido, el PRM propuso que se consignara en el Pacto un amplio programa de licitaciones calendarizadas por varios años de nueva energía y potencia. Las licitaciones las harían las distribuidoras como dispone la Ley de electricidad, pero las inversiones las harían firmas privadas. Esas propuestas también fueron rechazadas por los representantes del Gobierno.

Cuarto, el PRM propuso una modificación al mecanismo de designación del consejo de reguladores en la Superintendencia a los fines de limitar la absoluta discrecionalidad del poder político en su designación, así como otras medidas para reducir su directa dependencia económica de las empresas públicas y privadas bajo su supervisión.

Un Apunte

Todo igual

Las propuestas del PRM fueron rechazadas y en su lugar se hizo consignar en la página 12, que la administración de la Superintendencia de Electricidad corresponderá a un Consejo integrado por 1 presidente y 2 miembros designados por el Poder Ejecutivo. Igual que ahora

En Números

20%
De los ingresos
de las distribuidoras de electricidad se gasta en la parte operativa, mientras el Pacto contempla un período de hasta 10 años para su reducción.

https://elnacional.com.do/pacto-electrico-una-propuesta-carente-de-soluciones-a-crisis-energia-de-republica-dominicana/

40 Incendios forestales en lo que vas el 2019 en R.D.

SANTO DOMINGO,R.D.- Los primeros meses de este 2019 han discurrido con un saldo poco favorable para la foresta nacional que, además de estar afectada por una de las mayores sequías que ha tenido el país en los últimos 50 años y ser atacada por plagas de escarabajos, también sufre de constantes focos de incendios, en su mayoría provocados para dar paso a la actividad agropecuaria.

En los 77 días transcurridos del año se produjeron más de 40 incendios forestales de consideración en el país, según los registros que lleva la Dirección Nacional de Incendios Forestales del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La cifra es superior a los focos que se generaron el año pasado para la misma fecha, señala Gerónimo Abreu, director nacional de esa dependencia.

Los parques nacionales han sido de los más quemados. Solo en el mes de marzo, las brigadas de control de incendio y de bomberos forestales intervinieron en más de 20 focos originados en el área del Parque Nacional José Armando Bermúdez, entre Santiago Rodríguez y San José de las Matas, en Santiago.

Apenas la semana pasada enfrentaron a seis fuegos simultáneos que se presentaron en San José de las Matas, afectando alrededor de 16 hectáreas (unas 255 tareas).

Otros focos se produjeron en Bahoruco y Los Haitises.

El último fuego forestal se registró el pasado domingo en Guaigüí, La Vega.

“Para esta época ha habido más incendios que el año anterior, sobre todo marzo, que es el mes que más casos tiene. Pero tenemos brigadas en puntos estratégicos para que, inmediatamente surja cualquier incendio, atenderlo”, afirmó Abreu.

La Dirección Nacional trabaja con dos equipos, uno de bomberos forestales compuesto de 22 brigadas a nivel nacional y otro de otras 300 brigadas contra incendios y reforestación.

Abreu señala que, en su mayoría, los fuegos son causados de manera intencional por personas que están interesadas en realizar actividades agrícolas o ganaderas, y recuerda que históricamente el 85 % de los incendios son provocados por el hombre. De los registrados este año, solo cuatro se iniciaron como consecuencia de la caída de cables eléctricos.

La sequía

Abreu aclara que si bien la sequía que padece el país es favorable a la propagación del fuego, los casos ocurridos no le son atribuibles.

“El bosque genera combustible para que se pueda quemar, pero este año no se ha registrado un incendio natural, todo ha sido provocado por el hombre”.

Explica que “la chispa que inicia el fuego no tiene que ver con la sequía, lo que sí influye es el hecho de que no hay humedad y sí mucho viento y eso provoca que cualquier chispa se propague rápido y se convierta en un incendio de magnitud”.

https://www.diariolibre.com/actualidad/van-mas-de-40-fuegos-forestales-en-este-2019-LE12344197

La estafa de las pensiones en R.D.

SANTO DOMINGO,R.D.- Los datos lo revelan: el sistema de pensiones impuesto en República Dominicana es la estafadel siglo, construido para el lucro de los más poderosos de la sociedad y no para garantizar protección social.

Siendo así, resulta inquietante por qué el Poder Ejecutivo se apresuró en presentar un proyecto de ley para modificarlo, cuando la Comisión senatorial a cargo del tema está aun en el proceso de crear los consensos básicos sobre el tema.

¿Con quién y mediante qué proceso de diálogo se ha elaborado un proyecto que, sin aviso previo, se anuncia ante la Asamblea Nacional?

Se debería tomar en cuenta qué papel están jugando en este escenario las AFP, que ya administran una cantidad de recursos superior al 11% del PIB y son acreedores de deuda pública superior a los 320 mil millones de pesos (a marzo de 2018). Esto ciertamente les da un inmenso poder económico y político.

Podría también haber incentivos a que el Gobierno busque con afán reducir lo que las AFP cobran y se ganan producto del endeudamiento público, que en total ya ronda el 50% del PIB.

Haciendo una estimación en base a la comisión de 1.4% sobre los fondos de pensiones, propuesta por el Presidente, considerando los fondos existentes y suponiendo que el fondo crezca como en los últimos 4 años (19.6%), en 2019 el ingreso por comisión que verían las AFP llegaría a los 8,168.6 millones, superior en 1,127.6 de pesos a lo obtenido por las AFP en 2017.

Así las cosas, entre 2019 y 2030, los ingresos por comisión crecerían a razón de 14.3% promedio anual, pasando de 8,168.6 millones en 2019 a 35,520.7 millones en 2030, logrando ingresos aun más descomunales.

¿Cuál sería el gran avance de esta medida? Por esto es que varios expertos, de distintas posiciones, han dicho lo mismo: esto será un salvavidas para las AFP y los grupos financieros que ahora van a ganar aun más.

Esto supone un negocio aun más seguro y libre de riesgo para las AFP que no resolverá para nada la crisis del sistema de pensiones.

Frente a los montos que se seguirán ganando las AFP, el ofrecido para las “pensiones solidarias” resulta pírrico.

Las AFP y la élite del país está empeñada en buscar subterfugios para no cambiar en nada sustancial el cuadro que se ha pronosticado por distintos organismos nacionales e internacionales: mantener las ganancias exorbitantes de las AFP, una sangría de cuantiosos recursos públicos a costa de los impuestos, pensiones de miseria para la gente, y un modelo mercantilista en lugar de verdadera protección social.

Esto perpetuará la vulneración de los Derechos Fundamentales, de la Constitución, y seguirá atentando contra el bienestar y la paz social.

La solución a las pensiones no es hacer cambios superficiales, sino empezar con un debate serio, basado en el análisis científico y en los principios democráticos de participación abierta, plural e igualitaria, no entre cuatro paredes.

Casi todos los países que han padecido este modelo lo han revertido y transformado a fondo, tal y como recomienda el último informe de la OIT.

El camino debe ser desprivatizar, cambiar el esquema de capitalización individual por la solidaridad, y dar cobertura a la mayor población posible con estos inmensos recursos, universalizando la protección como han hecho la mayoría de los países a los que se les aplicó esta receta históricamente fracasada.

https://eldia.com.do/la-estafa-de-las-pensiones/