SANTO DOMINGO,R.D.- Como bien establece la Organización Latinoamericana de Energía, el subsidio a los servicios básicos en países en vías de desarrollo generalmente se otorga con la finalidad de permitir el acceso a las personas con escasos recursos (Organización Latinoamericana de Energía, 2013). En principio, esta definición debería ser perfectamente aplicable al caso de la República Dominicana por tratarse de un país en vías de desarrollo con millones de personas que requieren ayuda social para accesar al suministro eléctrico. No obstante, en la práctica, la aplicación del subsidio a la tarifa eléctrica no está dirigida a cumplir propiamente con esta finalidad.
En sus orígenes, el subsidio a la tarifa eléctrica dominicana fungió como un medio utilizado por el Estado para proteger las finanzas de los consumidores más necesitados ante los significativos aumentos en los costos de la generación eléctrica, provocados por el aumento en el precio del petróleo (The Economist – Intelligent Unit, 2015).
En este sentido, el objetivo fue evitar que el consumidor final soportara completamente el precio real del suministro eléctrico, considerando los constantes y significativos aumentos en los costos de la generación eléctrica. Esta problemática tiene origen en la alta dependencia de derivados de petróleo que, todavía a este año 2016, muestra la matriz del sistema eléctrico dominicano (40%), lo cual lo hace estar supeditado a los constantes cambios en los precios internacionales del petróleo (José Luis Actis, 2014).
Sin embargo, no queda claro porqué el subsidio a la tarifa eléctrica fue mantenido luego de que los precios del petróleo empezaran a decaer, ni tampoco queda claro cuál fue la razón y base legal por la que el mismo fue extendido a todos los consumidores. Esta decisión evidencia un claro error de inclusión (Milton Morrison, 2015) y nos coloca en un estado de incertidumbre respecto al fundamento de la política de subsidios del sector eléctrico dominicano.
El Fondo de Estabilización a la Tarifa Eléctrica (en lo adelante FETE) constituye el subsidio a la tarifa eléctrica que se ha generalizado a toda la población. Este fondo fue creado por el Decreto núm. 302-03, del año 2003, que establece como función del FETE el atenuar los cambios en la tarifa eléctrica, exclusivamente para los clientes residenciales regulados que tuviesen un contrato con alguna de las EDES, representando una cobertura del 100% para los consumidores de menos de 300KWh y de un 50% si el consumo traspasaba los 300KWh.
No obstante esto, el FETE fue luego generalizado, sin base legal aparente, a todas las tarifas eléctricas en diferentes proporciones hasta alcanzar el tope de los 700KWh. En el análisis de este tema, hemos comprobado que incluso los expertos de las principales instituciones eléctricas entienden incierto el fundamento del cambio en la aplicación del FETE, todo lo cual ha conllevado la desnaturalización del subsidio.
Al respecto, deducimos que la razón detrás de esta generalización se relaciona con las consecuencias negativas que el alza de los precios de la energía eléctrica representaría para la campaña política del partido de turno (José Luis Actis, 2014).
El fundamentar esta decisión en aspectos políticos vicia la objetividad de la misma y consecuentemente dificulta el eficiente funcionamiento, seguridad y transparencia del sistema eléctrico dominicano. Lo anterior supone consecuencias directas para el interés general, afectando el desarrollo del país, la calidad de vida de los habitantes y las posibilidades de negocios de los diversos sectores de la sociedad dominicana (The Economist – Intelligent Unit, 2015).
Este tema supone gran interés para el Pacto Eléctrico, debido a su directa relación con la sostenibilidad económica del sector. Al respecto, los participantes del proceso han señalado la necesidad de enviar señales claras al consumidor por medio de precios transparentes, así como también la necesidad de focalizar los subsidios a los más necesitados (Adonis Santiago Díaz, 2016). De esta manera se estaría contribuyendo con el uso consciente y racional de la electricidad y con una mejor cultura de pago en la sociedad dominicana (Milton Morrison, 2015).
Deviene necesario entonces que las instituciones del sector tomen una decisión y la ejecuten con la mayor objetividad posible, puesto que, de lo contrario, el tema de la electricidad se transtornaría en una cuestión política, obstruyendo el trascendente rol que esta debe jugar en el camino hacia el desarrollo.
http://acento.com.do/2016/opinion/8381830-la-base-legal-del-subsidio-la-tarifa-electrica/
No hay comentarios:
Publicar un comentario