Santo Domingo,R.D.- Los expertos contratados por el Programa de las Naciones Unidas (PNUD) para evaluar la pertinencia de explotación minera de Loma Miranda concluyeron en que el proyecto no responde a las exigencias sociales y ambientales necesarias para ser ejecutado.
En un resumen leído en rueda de prensa por la representante del PNUD en el país, Valerie Julliand, se afirma que Falcondo, concesionaria de la explotación a través de la Sxtrata Nickel, basó la propuesta del proyecto en un estudio “incompleto y superficial” y por lo tanto no propone medidas suficientes para enfrentar su impacto ambiental, social y cultural. El estudio fue encomendado por el presidente Medina para responder a las exigencias de los grupos sociales y medioambientales que se han opuesto a la explotación de Loma Miranda.
Indicó que el informe de impacto ambiental de la empresa se limitó al área de la explotación y no a toda el área de impacto, que es mucho mayor. Explicó que en él se hace referencia sólo a cuatro manantiales cuando realmente se estarían afectando al menos 40 manantiales.
Falcondo no consideró, además, las proyecciones de crecimiento de la demanda de agua, pues se trata de un proyecto que se prolongaría por más de 20 años, lo que significa que las necesidades de las comunidades crecerán en ese tiempo y eso debe manifestarse en el informe.
Faltó también el análisis de impacto en los ríos, por lo que no se incluyeron entonces medidas de prevención, mitigación y compensación. No tomaron en cuenta, continuó Julliand, la contaminación del agua ni la reducción en el caudal de los ríos.
Explicó que el suministro de agua es un servicio ambiental importante, no sólo para el consumo diario sino también para la actividad económica que depende del agua para su desarrollo, como lo es la agricultura. Esto último no fue apreciado tampoco por la multinacional.
Tampoco se tomó en cuenta el impacto visual que puede tener ni el impacto sobre el Patrimonio Cultural. Sí menciona que existe un Patrimonio Cultural en la zona pero no se analiza cómo le afectará la actividad megaminera, señaló.
La especialista en desarrollo humano manifestó que en el documento elaborado por Falcondo se enfatiza en los beneficios que la mina implicaría para el país, calculándolos en unos 3,000 millones de dólares. Sin embargo, estas cifras no toman en cuenta las pérdidas que generará por su impacto en el pasivo ambiental, en los servicios ambientales, en el patrimonio cultural ni en otras actividades económicas que se desarrollan en la zona.
Sobre el tema de la biodiversidad, que según Julliand es una de las áreas que se ven más afectadas por la minería a cielo abierto, el análisis de Falcondo fue especialmente insuficiente. No especifica toda la fauna y la flora que se vería perjudicada. “Además hay dos tipos de vegetación que son sumamente importantes que no han sido reportas en el estudio de impacto ambiental: los bosques nublados y los bosques de serpentina”, advirtió.
Con respecto a la medición del rechazo social del proyecto en las comunidades, Julliand afirmó que las vistas realizadas por Falcondo fueron “parciales y excluyentes”. Colocó “el nivel de rechazo como bajo cuando el nivel de rechazo en la zona es, en realidad, muy alto”.
Al iniciar la rueda de prensa, Julliand recordó que las conclusiones son meramente técnicas y que la decisión final corresponde al gobierno presidido por Danilo Medina. Aprovechó la oportunidad para sugerir al Estado mejorar los “términos de referencia” dispuestos por el Ministerio de Medio Ambiente, pues no son suficientemente estrictos ni garantizan que se desarrolle en el país una actividad extractiva de la manera más sostenible posible.
En la rueda de prensa celebrada en el local del PNUD estuvieron presentes no solo periodistas de todos los medios de comunicación, sino también ambientalistas, muchos de los cuales habían hecho vaticinios negativos sobre las conclusiones del estudio.
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