jueves, 7 de noviembre de 2013

De 5 mil 826 ONG registradas casi el 27% recibió fondos presupuestarios en 2013

SANTO DOMINGO,R.D.- El Consejo del Centro Nacional de Asociaciones sin Fines de Lucro (ASFL) del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo recordó este miércoles los requisitos legales y normativos para asignar fondos del contribuyente en el presupuesto nacional a las asociaciones sin fines de lucro (ONG).
Informó a través de una nota difundida por la Unidad de Comunicaciones del Ministerio que en el Registro Nacional de Asociaciones sin Fines de Lucro hay hoy 5,826 ONG y casi el 27% de ellas recibió fondos presupuestarios en 2013 y mil 571 proyectadas para recibirlos en 2014.
La habilitación es el procedimiento que asegura que los servicios de esas asociaciones cumplan con condiciones mínimas en recursos físicos, humanos, estructurales y de funcionamiento que garanticen su prestación a la población de manera segura  y de calidad.
Para ello el Consejo informó que se dispone ya de un “Manual General de Normas Técnicas de Habilitación” en cuya elaboración jugó un papel fundamental la propia Sociedad Civil.
En reunión del Consejo presidida por el viceministro de Planificación derl Ministerio, en representación de su titular Temístocles Montás, y acompañado del director ejecutivo Hernán Paredes, entre otros, tiene entre sus obligaciones ordenar y conferir racionalidad, pertinencia y transparencia a la asignación de fondos en apoyo a los servicios que las asociaciones sin fines de lucro prestan a la comunidad.
El monto para ONG en el Proyecto de  Presupuesto 2014 asciende a RD$1,543 millones, 4.5% mayor en términos nominales o sin crecimiento real con respecto al de 2013, cuando en contraste crecía de manera sustancial la demanda de las ONG.
 “Los criterios establecidos en la misma Ley (122-05) y en su Reglamento (40-08), han dado pie a que pueda establecerse un “antes” y un “después” en las asignaciones a las ONG”, comenta el Consejo. 
Ese cambio cualitativo se debe a que los instrumentos normativos establecen, como parte del sistema de fomento y promoción de esas asociaciones, mecanismos para un adecuado ordenamiento, seguimiento y control, entre ellos el registro nacional de habilitación y la rendición de cuentas.
“La aplicación de controles asegura la calidad del gasto en este sector que será reforzada para garantizar a la sociedad que cada peso del presupuesto entregado a las asociaciones sin fines de lucro se traduzca en una contribución efectiva a la erradicación de la pobreza, a garantizar la seguridad alimentaria y la buena alimentación, asegurar el acceso a los más vulnerables a más y mejor servicio en educación, acceso a servicios de salud, a oportunidades de desarrollo y a una mejor calidad del medio ambiente”, subraya el Consejo.
Recuerda que para una ONG habilitarse y tener acceso a fondos públicos debe iniciar todo un proceso que culmina en su registro en el Centro, documentos legales e información general sobre la entidad, registros ONAPI, de la Procuraduría General, el RNC y presentar periódicamente un informe detallado sobre las aplicaciones de los fondos públicos recibidos. 
  El Consejo señala que la aplicación de esos criterios y procesos permite apreciar en su cumplimiento el grado de fiabilidad con que opera el servicio de promoción de asociaciones sin fines de lucro (ASFL) que, de manera creciente, “ha ido cerrando el paso a fondos públicos a asociaciones sin fines de lucro dudosas o “fantasmas”.
En general el Consejo otorga un digno de reconocimiento al trabajo de las ONGs y a la producción de servicio que entregan a los sectores más vulnerables de la sociedad hasta ser en la generalidad de los casos ejemplos de eficiencia y eficacia.
Esto lo relacionó con el hecho de que, por fortuna y de manera creciente, la asignación de dinero del presupuesto a asociaciones sin fines de lucro se hace de manera segura, transparente y sujeta a filtros.
Entre los controles cita el proceso para la habilitación, mediante el cual un organismo estatal competente como los ministerios de Salud Pública, de Educación o de Medio Ambiente certifica que una ONG cumple mínimos estándares de capacidad administrativa.

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