¿Qué pasaría si en una sociedad se fomentara el uso de las energías renovables al punto de que sus ciudadanos tuvieran la opción de usarlas para beneficio propio? ¿Sería esto factible y redundaría positivamente – a mediano y largo plazo- en términos económicos, sociales y medioambientales?
Ciertamente la respuesta estas dos preguntas es muy fácil de intuir. Esa sociedad a la que hacemos referencia ganaría en muchos aspectos, tales como, la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles con el consiguiente ahorro económico que esto supondría, ganaría también en cuanto a reducción de emisiones nocivas al medioambiente, se plantearía una actividad económica atractiva alrededor de la industria de las renovables, etc., etc. y más etc…
Esto lo han entendido muchas sociedades. En Alemania, Japón e incluso Estados Unidos lo han comprendido y en menor o mayor medida intentan fomentar el desarrollo de las renovables….incluso se lo han planteado como un buen modelo de negocio, un modelo que está siendo importado con relativo éxito a países con menos desarrollo tecnológico.
El caso de España
¿Pero entonces que pasa en España que han decidido ir en la dirección contraria y gravar la generación de energía renovable para el autoconsumo? La respuesta sería una de estas dos opciones o peor aún la combinación de ambas: insensatez o intereses mezquinos.
El gobierno español, que enfrenta crisis tras crisis tanto en el orden económico como institucional está manejando la posibilidad de cobrar un impuesto de respaldo (como ellos mismos llaman) a los generadores de energía renovables. En otras palabras se le cobrará a quien produzca y consuma su propia energía, energía que por lo demás no sería vertida a la red general sino que se quedaría en el ámbito del domicilio particular o empresarial.
Si un cliente de las compañías eléctricas que operan en España decide poner unos paneles fotovoltaicos en la cubierta de su vivienda o negocio, tendrá que pagar un impuesto por no consumir la energía de la red y consumirla de su propia producción. Este impuesto podría ser equivalente al 27% por ciento del coste de la energía que produzcan, lo que significaría en términos prácticos el aniquilamiento del autoconsumo energético.
Los lobbies de las compañías eléctricas tienen el temor – o por lo menos así nos parece a nosotros- de que el autoconsumo desestabilice económicamente al sistema eléctrico español. Por esta razón han venido haciendo su campaña en las distintas instancias del gobierno para impedir el desarrollo absoluto de la autogeneración. El gobierno en su papel de garante del equilibrio entre las partes asume el rol de “mediador” y plantea medidas que según su óptica evitarán una explosión descontrolada del modelo de autoconsumo y entre ellas este impuesto que mencionamos.
Poner puertas al campo
El objetivo de frenar la autogeneración con renovables puede que se complete en la coyuntura actual y que España que ha sido modelo mundial de fomento a las renovables – con todo y la burbuja de la fotovoltaica- hoy pase a ser un país que restringe ese desarrollo. Lo que también es cierto es que si la investigación, en cuanto a tecnologías alternativas de producción energética, sigue avanzando el tema será como querer poner puertas al campo. La historia de la evolución de la humanidad demuestra que si una sociedad en su conjunto decide operar los cambios para su bienestar colectivo no hay fuerza alguna que pueda evitarlo…Ya se verá.
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