SANTO DOMINGO,R.D.- Trece años después de promulgada la Ley de Seguridad Social (87-01), las deficiencias e iniquidades del Sistema Nacional de Salud siguen siendo motivo de angustia e incertidumbre para los dominicanos de clase media y baja, cuyos gastos en atenciones médicas y medicinas provocan ruina económica y muertes.
El mandato de la Ley 87-01 en cuanto a la protección de la población contra los riesgos de vejez, discapacidad, cesantía por edad avanzada, sobrevivencia, enfermedad, maternidad, infancia y riesgos laborales sigue siendo un mito en el país.
La cantidad de personas que aún están desafiliadas del Seguro Familiar de Salud (SFS), en sus modalidades Contributivo y Subsidiado, sigue siendo uno de los principales males del sistema.
Un estudio de la Fundación Global y Desarrollo (Funglode) indica que a marzo del 2013 sólo el 54 por ciento de la población estaba afiliada al nuevo sistema de seguridad social.
El 46 por ciento restante no cuenta aún con cobertura de salud y debe recurrir a servicios de muy baja calidad en los hospitales públicos.
De lo contrario, debe pagar dinero de su bolsillo a los proveedores del sector privado.
Cientos de miles de personas, incluyendo los pacientes asegurados, están compelidas a acudir a la caridad pública para cubrir los millonarios gastos que generan las enfermedades desatendidas por el sistema de salud.
Otros venden viviendas, negocios, tierras y otras pertenencias con los mismos fines.
Situaciones graves
Los pacientes asegurados y sus familias enfrentan diariamente múltiples situaciones engorrosas en clínicas y hospitales, que atentan contra su dignidad, los derechos humanos y la Constitución de la República.
La semana pasada, Francisca Perdomo, de 28 años, asegurada en una de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), llegó con una hemorragia cerebral a una clínica privada de la capital, procedente de San Pedro de Macorís.
Antes de ponerle las manos, a pesar de su estado de gravedad, los médicos exigieron a la familia que depositara RD$40,000 en la administración de la clínica.
A partir de ese momento, esa familia de escasos recursos económicos, inició un peregrinar en busca de la suma solicitada, que obtuvo dos días después.
Sólo entonces los médicos iniciaron los estudios para determinar las causas de la hemorragia.
La cirugía fue valorada en RD$800 mil. Los familiares de Francisca tuvieron que mover cielo y tierra para buscar el 50 por ciento de esa suma.
Previamente, con su seguro médico en manos, la familia había llevado a Francisca a un hospital público que le informó despiadadamente, “no hay cama”.
Juan Pérez Osorio, vocero de la Coalición Dominicana de ONG por la Defensa de la Salud (Codosalud), afirmó que los costos de las prestaciones de servicios se elevaron en más de un 346 por ciento desde la entrada en vigencia del SFS, en el 2007.
Ese incremento disminuye a las personas más pobres la oportunidad de acceder a los servicios de salud.
A los altos costos se suma la baja calidad de los servicios en clínicas privadas y hospitales públicos, donde existen altos niveles de deshumanización.
La escasa o ninguna cobertura de una cantidad importante de procedimientos quirúrgicos, análisis clínicos y tratamientos para las denominadas enfermedades catastróficas ha vuelto dramática e insostenible la existencia de miles de pacientes con cáncer, diabetes, la hepatitis, VIH/Sida, artritis reumatoide y esclerosis múltiple.
Los costos de esas dolencias se han vuelto incosteables para las familias de menores ingresos.
Tampoco están cubiertos tratamientos fundamentales para garantizar la calidad de vida de los ciudadanos, como la terapia del lenguaje y las terapias hídricas, psiquiatría y psicología.
La radioterapia para las tumoraciones benignas y los politraumatismos provocados por accidentes de tránsito forman parte de la larga lista de tratamientos y procedimientos médicos no cubiertos por las ARS.
Ercilia Santana ha recorrido la mayoría de los medios de comunicación del país pidiendo una ayuda económica para costear la hidrocefalia de su hija Milagros Amador Santana, una situación que constituye una vergüenza en cualquier Estado que respete la dignidad humana y el derecho a la salud.
Las graves y constantes violaciones a la Ley 87-01 por parte de las instituciones prestadoras de servicios evidencian la existencia de “un gran desorden” en el Sistema de Seguridad Social.
Por ejemplo, la hemoterapia es un tratamiento que tiene cobertura, sin embargo, los afiliados deben pagar por ese servicio, porque sólo pueden usar el seguro médico si la sangre es transfundida.
Esa distorsión beneficia a los bancos de sangre que pueden cobrar varias veces el análisis de la sangre a diferentes afiliados.
En algunos casos, el banco de sangre cobra el mismo análisis al paciente y la ARS, si la sangre es transfundida.
“Los cobros indebidos por parte de los prestadores incrementan el gasto de bolsillo de los afiliados”, afirmó Pérez Osorio.
Aseguró que muchos medicamentos para enfermedades como cáncer, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, síndrome mielodisplásico, anemia aplásica, hepatitis, insuficiencia renal crónica y trasplantes carecen de cobertura y que, en caso de tenerla, se limitan a los RD$3,000 por año.
Algunas ARS no otorgan cobertura a los medicamentos cuando éstos se encuentran combinados con otros compuestos activos y esas combinaciones no se encuentran en el Catálogo de Prestaciones del Plan de Servicios de Salud.
Pérez Osorio atribuye a las ARS vender planes voluntarios a afiliados con Plan de Servicios de Salud (PDSS) “en franca violación a la ley”.
Yanira Polonia, presidenta de la Fundación Hipertensión Pulmonar de República Dominicana (FHPRD), aseguró que esa complicada enfermedad no aparece en el catálogo de las prestadoras de servicios o Administradoras de Riesgos de Salud.
Como los seguros médicos no cubren los costosos análisis de laboratorio, como el scan de pulmón y las pruebas de la proteína en la sangre, los pacientes deben buscar altas sumas en dólares para enviar las muestras a Estados Unidos.
En la mayoría de los casos, cuando los pacientes logran conseguir el dinero de los análisis y los médicos hacen el diagnóstico correcto de la enfermedad, es muy tarde y mueren.
Los consultorios médicos son centros de lamentos de pacientes que no se explican por qué si pagan un seguro médico deben entregar al médico entre RD$1,000 y RD$2,000 adicionales por consulta.
La Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) recibió en el 2013 unas 14,000 quejas y reclamaciones de los afiliados al Sistema de Seguridad Social, sobre negación de servicios y límites de coberturas, en sus oficinas del Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, Santiago, San Francisco de Macorís, La Vega, Azua, Barahona, La Romana y San Pedro de Macorís.
Maribel Oleaga, encargada del departamento de Orientación y Defensoría de la DIDA, dijo que en el 2013 fueron falladas a favor de los afiliados 13,994 reclamaciones por falta de cobertura de medicamentos, procedimientos oftalmológicos, cirugías generales, problemas neurológicos, enfermedades complejas y altos costos.
Algunos sectores nacionales plantean el fracaso del Sistema Dominicano de Seguridad Social y la necesidad de una modificación urgente de la Ley 87-01”, para corregir las múltiples distorsiones que lo vuelven inoperante”.
Para esos sectores, la Seguridad Social sólo ha servido para crear 8 instituciones dirigidas por burócratas que cobran abultados salarios mensuales y despachan en lujosas instalaciones físicas.
“Se necesita de una reforma que aborde integralmente los problemas que arrastra el modelo de seguridad social en materia de cobertura; así como de los mecanismos de cotización y pago que garanticen su sostenibilidad financiera”, afirmó el antropólogo Bernardo Matías en su libro “El Pecado Original del Sistema Dominicano de Seguridad Social en Salud”.
Pérez Osorio y Polonia consideran imprescindible que el Consejo Nacional de la Seguridad Social cambie de inmediato el Catálogo de Prestaciones del Plan de Servicios de Salud, tras señalar que éste es el pilar fundamental del Sistema de Seguridad Social.
La implementación de topes en honorarios de los profesionales de la salud y las tarifas de los servicios es un reclamo reiterado de las instituciones que velan por los afiliados de la Seguridad Social.
También, la comercialización de planes complementarios y de medicina pre-pagada.
Por: PILAR MORENO
http://elnacional.com.do/crueldad-caracteriza-sistema-de-seguridad-social/
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