Santo Domingo,R.D.- Lo que pasa con la Seguridad Social y Bahía de las Águilas es un
ejemplo fatal de cómo el Estado ha creado sus propias armas para
liquidarse. Son dos paradigmas de legalización y legitimación compulsiva
de lo mal hecho, si no de santificación de la corrupción y las mafias.
La Ley 87 de 2001 es una trampa perfecta para joder más a los pobres.
Lo menos que establece es la creación de un Consejo de Seguridad Social
donde, increíble pero cierto, otorgan poder de veto a la representación
empresarial, no al Estado, y una Superintendencia de Salud y Riesgos
Laborales donde basta defender la palabra sector público para anular un
contrato de trabajo.
Ha sido prefabricada a la medida del enemigo. Y quienes están
llamados a representar al Estado en esos tenebrosos escenarios, si no
contemporizan, devienen en peones hace-quórum, o tienen que irse a freír
tusas hacia otro lado.
Desde aquellas instancias hay una conspiración 24/7 contra las
estatales ARS Salud Segura y ARS Senasa. Esta última, por ejemplo, nada
tiene que envidiarle a la que sus francotiradores presentan como la
mejor del sector privado. Aun así podría zozobrar si el Gobierno no
adquiere conciencia plena de su propia obra ni asume una postura recia
frente a quienes, desde la simulación, la bombardean despiadadamente,
pese a que son pagados con dinero de los contribuyentes.
Nunca los muy pobres tuvieron una tarjeta de seguro médico subsidiado
que les dignificara. Pero esos indigentes, enfermizos por su propia
condición, carecen de capacidad de pago. Así que la única posibilidad de
sobrevivir que le queda a este seguro estatal es a través de las
contribuciones de los afiliados de las instituciones públicas, si los
tuviera en su carpeta.
Ha habido sin embargo mil golpes bajos, mil trapisondas, más el
hipócrita alegato de la “libre elección” de la ARS que dizque debería
gozar el servidor público. Una defensa envenenada, en tanto la apuesta
de fondo es impedir la capitalización de Senasa y, por tanto, provocar
su desaparición para así fortalecer a las aseguradoras privadas, cuyas
cojeras administrativas y de servicio, a menudo muy graves, nunca
denuncia el organismo regulador. Si se interesan tanto por los derechos
de los empleados públicos, si son tan humanitarios, ¿por qué, entonces,
no alargan su gesto y asumen al montón de pobres e indigentes de salud
vulnerable que cubren el territorio nacional? Sencillo: no son negocio.
Sisalril jamás podrá convencernos de que estuvo bien la emisión de
una resolución al garete –y no un oficio a Unipago– sobre el paso
automático de la matrícula pública al Senasa y el cobro de las cuotas
correspondientes a partir de enero. Como tampoco podrá persuadirnos
sobre su escaso interés para que tal proceso fluyera sin tantos
percances.
Queda claro que estamos ante una trama criminal (con los enemigos
dentro del batallón) en tanto en cuanto atenta contra las vidas de
varios millones de pobres e indigentes sin oportunidad de curarse las
enfermedades, y juega con la docilidad de unos 400 mil empleados del
Estado.
La ley ni el oportunismo deberían ser un escaparate para justificar
esta ecuación de abuso y engaño contra el pueblo. El Presidente Medina y
su Gobierno deben saber qué hacer en este caso. Pero no les caería mal
una ayudita de los dolientes (médicos, afiliados y potenciales
afiliados) y de las organizaciones de presión sensatas. Una
manifestación nacional sería un buen comienzo.
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