SANTO DOMINGO,R.D.- La solución que dio la gestión de Danilo Medina al
conflicto legal sobre los títulos de propiedad de las tierras de Bahía
de las Águilas y el Parque Nacional Jaragua, en Pedernales, más que
llevar sosiego, ha desatado un velo de inconformidad y dudas.
Los
grupos ecologistas, que mantienen la voz de alerta en la defensa de esa
área protegida, insisten en que se tiene que identificar, con mapa
incluido, las tierras que serán vendidas, y cuyo beneficio el gobierno
acordó dividirse, (55%-45%) con los tenedores de los títulos de
propiedad en la zona que eran objeto de una litis judicial por la
supuesta forma irregular en que fueron obtenidos.
La exigencia,
según explica el ambientalista y doctor en geografía, José Ramón
Martínez, surge, porque las parcelas 215-A, del Distrito Catastral #03,
de Pedernales, en litis judicial desde el año 1997, son parte del área
protegida denominada Parque Nacional Jaragua, y coinciden en número y
letra con las negociadas por el gobierno de Medina.
En tal
sentido, Martínez asegura que esos terrenos no pueden negociarse, pues
son exclusivos del Estado dominicano, protegidos, tanto por la Ley de
Medio Ambiente, como la de Áreas Protegidas.
El pasado jueves en
el Palacio Nacional, el consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, César
Pina Toribio, junto a los ministros de Medio Ambiente, Bautista Rojas
Gómez; y de Turismo, Francisco Javier García, anunciaron que el Gobierno
había llegado a un acuerdo para recuperar unas 68 parcelas del referido
Distrito Catastral, a fin de aprovecharlas para el desarrollo del Polo
Turístico Ampliado de la Región Suroeste. Las parcelas están marcadas
con el número 215-A-; 215-A-1 en adelante hasta la 215-A- 83, con
exenciones de algunos números; la 215-B- y la 40 con sus divisiones.
El
Gobierno propone crear un fideicomiso para tasar los terrenos, y que el
Estado percibirá el 55% de los beneficios de las tierras y los
supuestos dueños, el 45%. Pero esos "dueños", sometidos a la justicia
porque supuestamente adquirieron los títulos mediante fraude, tienen la
opción de preservar sus tierras, si pagan al Estado su 55%
correspondiente.
Los funcionarios, que conforman una comisión
creada por el presidente Danilo Medina para tales fines, hicieron la
salvedad de que Bahía de las Águilas no estaba dentro de los terrenos
bajo acuerdo, y que "se mantendrá sin alteración". "No tenemos nada
visible que nos diga que en ese acuerdo Bahía de las Águilas no está
incluida. Y aunque no estuviera, ¿qué es lo que se piensa hacer?", se
cuestiona Martínez, que también quiere saber cuáles son los supuestos
propietarios con los que se negoció.
Los ambientalistas Luis
Carvajal, de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo
Domingo (UASD), e Ivonne Arias, del Grupo Jaragua, están más que seguros
de que las parcelas quedan dentro del área protegida.
"Esas
tierras están todas dentro del parque, porque la 215- y la 40 son las
dos parcelas que constituyen el parque", sostiene Arias, a quien la
versión estatal le parece un cuento para confundir a "los que no conocen
la zona". Advierte que "La Constitución dice que las áreas protegidas
no se pueden disminuir y que son inalienables e intransferibles, y con
eso se gana un juicio".
A las calles
El senador por la
provincia Peravia, Wilton Guerrero, fue la persona que en 1997 inició,
como director del Instituto Agrario Dominicano (IAD), el proceso
judicial contra lo que él aún denomina "una pandilla de delincuentes".
Recuerda
cómo en 1995, los terrenos que ahora negoció el Gobierno, fueron
transferidos desde Bienes Nacionales (BN) al Instituto Agrario
Dominicano (IAD), y de ahí a un grupo de personas, que asegura hacían de
testaferros, a modo de asentamientos agrarios.
El senador dice
que el proyecto se llevó a cabo gracias a "una mafia conformada por
funcionarios de BN, el IAD registradores de títulos, abogados
notarios, jueces y fiscales, toda una asociación de malhechores".
Afirma,
además, que los beneficiados de los asentamientos era gente que no
calificaba para ello, y que los títulos se entregaron utilizando
fotocopias de cédulas de personas en Santo Domingo, ya que nunca se hizo
un asentamiento agrario en Pedernales. "Esos terrenos no tenían ni
tienen vocación agraria ni ganadera, son terrenos que constituyen una
reserva ecológica del país", sostiene.
Indica que los
"testaferros" de entonces vendieron a precios de hasta 2 mil pesos por
parcelas de 500 tareas, a los "verdaderos jefes de las pandillas", y
entre ellos menciona a varios de los sometidos en el 1997, como el
político Puro Pichardo, el entonces senador de Pedernales, Antonio Félix
Pérez, Moisés Marchena (este murió en prisión), y el dirigente
reformista Jaime Rodríguez Guzmán, entonces director del IAD.
"Esos
terrenos fueron apropiados de una manera burdamente fraudulenta, por
esa mafia… Pero el mismo sistema de impunidad llevó a que tan pronto
nosotros salimos de la dirección del IAD, las autoridades que nos
sustituyeron abandonaron la persecución judicial, y por eso el IAD no
enviaba los abogados a las audiencias y las reenviaban". A eso atribuye
el legislador los 16 años de litis judicial, sin una decisión
definitiva.
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