Inversión del Estado dominicano en el sector eléctrico

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SANTO DOMINGO,R.D.-El sector eléctrico es noticia de primera plana en estos días por varias razones  fundamentales: las debilidades del registro contable de informaciones financieras de magnitud considerable detectadas en una auditoría practicada por la firma de auditores KPMG  a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), por la reactivación de los apagones financieros y por la nueva ley que autoriza a la CDEEE a invertir en la generación de energía. 

Cuando el 10  de junio del año 1997 se aprobó la Ley 141-97, que creó la Comisión de Reforma de la Empresa Pública (CREP), con la intención de privatizar la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) y otras empresas emblemáticas del sector público que devoraban el presupuesto de la nación, se vendió la idea de que los apagones y las deficiencias en la provisión de energía serían asuntos del pasado.

Tres años después de la conformación de la CREP y sus objetivos, los apagones, el alto precio para los usuarios que pagaban el servicio y los déficits del sector eléctrico que asumía el Estado seguían siendo un dolor de cabeza para la gestión de las finanzas públicas. Recordamos que en la transición hacia la juramentación de Hipólito Mejía como presidente de la República participamos en un seminario en el que un experto israelí, cuyo nombre no nos viene a la memoria en estos momentos, abordó la problemática del sector eléctrico dominicano, que ya demostraba que la privatización había sido un rotundo fracaso.

Ese experto planteó que en sectores estratégicos, por ejemplo la previsión pública de agua y energía eléctrica, lo recomendable era que se recorriera la ruta de privatizar y luego estatizar. Es decir, privatizar para mejorar la productividad y para enseñar a las familias y a las empresas que por ser servicios vitales para la buena marcha de las actividades económicas y sociales se requería pagar por ellos para garantizar su eficiente y eficaz provisión, tal cual se hace con otros bienes y servicios que provee el sector privado. Una vez las familias y las empresas adquieran la cultura del pago de estos servicios entonces proceder a estatizarlos, para evitar que la voracidad del sector privado impida que todos los ciudadanos reciban el servicio.

Han pasado 17 años y lo que se observa en el horizonte es que ni una cosa ni la otra. No se aprendió la cultura de pago que se esperaba de la población, debido que el costo político de reflejar el precio real de la producción de energía y cobrarla ningún partido ni ningún presidente de la República lo ha querido asumir. El subsidio al sector eléctrico es cada vez mayor, promediando más de mil millones de dólares al año, porque casi el 40 por ciento de la energía que se sirve no se cobra o por fallas técnicas. El personal supernumerario de la entonces CDE ahora se encuentra ubicado en la CDEEE, en las Empresas de Distribución Eléctricas (EDES) y en las Empresas Transmisión Eléctricas y otras del sector.

La decisión del Estado de invertir en la generación de energía no es mala en sí misma. El quid del asunto está en que si no se resuelven los problemas estructurales de la industria eléctrica el sector continuará siendo una carga muy pesada para las finanzas públicas. Ninguna empresa soporta vender a un precio por debajo del costo de producción. Ninguna empresa soporta pérdidas considerables en los canales de distribución. Ninguna empresa puede operar dejando de cobrar los bienes y servicios que despacha. Eso solo puede ocurrir si el alguien se hace responsable de cubrir las ineficiencias, que es lo que hace el Estado.    

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