Sede de la CDEEE
Siempre dispuesto al debate, propositivo, aunque polémico por sus declaraciones y críticas posturas, que a menudo contravienen el discurso y las decisiones dominantes, el director por casi una década (2001-2009) del Instituto de Energía de la UASD tiene también algo que decir en ocasión del Pacto Eléctrico que promueve el presidente Danilo Medina.
Suscribe la política oficial de propiciar una generación más amplia y diversa, mas no en aspectos como la ubicación del Proyecto Termoeléctrico de Punta Catalina. Otro punto sensible que cuestiona Moreno es el papel de los organismos multilaterales que han asesorado e incluso financiado las reformas y el desarrollo del sector.
Este ex asesor de la CDEEE (1998-2000/2004-2009) piensa que la energía, más que una mercancía más del mercado, es “un servicio de utilidad pública”, que precisa de un Estado eficazmente regulador, capaz también de invertir en generación y cohabitar en sociedad con la inversión privada.
Ya sea desde su nicho académico en la universidad estatal, o como consultor de alguna entidad, Moreno sigue apuntando los dardos a las distorsiones e intereses que desde su óptica mantienen abajo, en off, al interruptor de la eficiencia energética.
Al entrevistarle, comenta que hace tiempo se produjo un “blackout” casi general en la cobertura mediática de sus planteamientos, inducido, según afirma, por la autocensura e “influyentes sectores” que pautan la marcha del sistema.
“En los últimos tiempos se ha tratado de callar mi voz; a muchos de los periodistas que me entrevistaban les pusieron un tapabocas o mejor ya ni me invitan” a los medios, dijo el experto al periódico Acento. A continuación la entrevista.
¿Qué piensa de las plantas a carbón de Punta Catalina?
Como concepto de que se necesita generación de bajo costo a carbón estoy de acuerdo. De hecho fue parte de los planteamientos que hicimos cuando asesoramos a la CDE. Incluso la capacidad de lo que debió haberse instalado andaba por los 1,200 megavatios (MW) en el 2005; pero han pasado varios años, o sea, que entendemos que (el proyecto) debió ser de unos 1,800 MW en base a esa tecnología. Ahora, en cuanto a la ubicación de las plantas nunca hemos estado de acuerdo, por dos razones fundamentales: una de seguridad, porque estarían en una zona muy desprotegida ante el impacto de un huracán, y la segunda es que está en la dirección de los vientos hacia Baní, y analizando las probabilidades de flujo de dispersión de las partículas y gases que salgan por las chimeneas, lo que va a encontrar de lleno es a la población de Baní, mucho más incluso que Paya, que está ahí mismo, porque la chimenea tiene una altura creo que de unos 135 metros y esa dispersión va a estar mucho más lejos que en el área cercana.
Entonces pueden tener un impacto medioambiental importante…
Sí, pero tal vez no tan fuerte como lo ha pintado alguna gente que se ha opuesto a la instalación de las plantas, porque desde el punto de vista medioambiental hay muchos elementos en una planta a carbón que pueden mitigar bastante el impacto, sobre todo en la emisión de partículas volátiles y las emisiones que produce la lluvia ácida. Eso se puede evitar con la tecnología existente hoy día, no así la emisión de CO2 (Dióxido de carbono), que todavía no está prevista que se pueda reducir en los proyectos convencionales.
“La
lucha de intereses que hay en el sector impidió que se pudiera
desarrollar ese proyecto, que era muy interesante para el país, sobre
todo porque a partir del 2016 puede haber gas disponible en el mercado,
proveniente de los Estados Unidos o de Canadá, entonces esa terminal era
ideal”
Pudo haberse buscado un sitio más alejado. Ahí mismo en el Sur se había estudiado Hatillo, en Azua, porque queda detrás de las tierras de El Número y tiene muchas condiciones de protección para las plantas, y un mayor calado para los barcos que podrían abastecer de carbón a la central, y la dispersión de los gases era más hacia la Bahía de Ocoa, no hacia tierra en ese punto. También en la zona de Manzanillo, al Norte, se pensó instalar en una fase inicial 600 MW, y otros 600 MW en Hatillo, Azua, y después se dejaron previstos varios lotes para poder llevar la generación hasta unos 1,800 megavatios de aquí a diez o quince años. En el caso de Pepillo Salcedo (Montecristi), además de ese proyecto también se presentaron otros que se centraban en una producción de 900 MW en ciclo combinado, a gas natural. Pero ese proyecto no prosperó, aunque debió, porque estaba dentro del Plan de Expansión de Costo Mínimo (de la CDEEE) que se había preparado.
¿Por qué no se llevó a cabo ese proyecto?
La lucha de intereses que hay en el sector impidió que se pudiera desarrollar ese proyecto, que era muy interesante para el país, sobre todo porque a partir del 2016 puede haber gas disponible en el mercado, proveniente de los Estados Unidos o de Canadá, entonces esa terminal era ideal. Un (proyecto de) clico combinado se puede instalar entre 18 y 24 meses, y una terminal de gas más o menos en el mismo tiempo, o sea, que estaba programado para que en agosto del 2016, cuando se liberara el Acuerdo de Madrid, esas plantas pudieran suplir a un precio de 10 u 11 centavos de dólar el kilovatio/hora (kW/h) toda la producción del acuerdo. Pero hay demasiados intereses que provienen de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE), que no deja entrar a nadie sin que pase por el cedazo de ellos, por temor a que sus plantas de alto consumo sean desplazadas por otras de más bajo consumo que les van a apagar por lo menos 900 MW. Esa lucha de intereses impide que algunas inversiones se ejecuten, aún teniendo todos los factores a favor desde el punto de vista técnico.
Sede de la CDEEE
Esa es la mentira más repetida departe de la ADIE porque conviene a sus intereses, y lo dice también mucha gente que se inscribe en esa línea. La realidad es que hay un alto costo de abastecimiento para las distribuidoras, y ese alto costo, que es el precio al que éstas pagan la energía a los generadores, tiene una incidencia mucho más grande en el déficit que la reducción de las pérdidas que puedan hacer las distribuidoras. En el déficit financiero, la influencia mayor está en el alto costo de abastecimiento. Al precio de la energía actual, si los precios de abastecimiento fuesen los que debieran ser, de 13.5, en lugar de 16 o 18 centavos de dólar por kW/h, las pérdidas del sistema serían muy pocas. Y si se reducen las pérdidas totales a un 20%, que sería una meta todavía por alcanzar, aun con eso si el costo de abastecimiento no se reduce, la tarifa tendría que aumentarse un 24%. Entonces es muchísimo más importante concentrar los esfuerzos en reducir el costo de abastecimiento de las Edes, que en disminuir las pérdidas, sin que eso quiera decir que no hay que reducir las pérdidas. Pero con respecto al déficit financiero del sector, el exagerado costo de abastecimiento es mucho más significativo que las pérdidas de las Edes.
Se dice que Punta Catalina sacará del mercado algunas plantas ¿Es eso cierto?
Van a salir posiblemente algunas de las que ya incluso se están hasta yendo, no sé si sabes que a Sea Board se la llevaron para Centroamérica, y otras también están en eso. Van a salir muchas de las plantas de Haina, exceptuando la Quisqueya II y Barahona Carbón, pero hasta la Sultana del Este puede tener problemas de despacho. En el caso de Itabo es diferente porque Itabo casi no ha hecho nada, AES sí, pero Itabo no. AES es socia del Estado en EGE Itabo, pero como Itabo lo único que hizo fue rehabilitar las plantas Itabo I e Itabo II, pero no ha instalado un megavatio nuevo. O sea, las turbinas a gas que tenían en Itabo y en Higuamo las desmontaron y las vendieron por un millón de dólares, algo que costó cerca de 48 millones de dólares lo vendieron por un millón de dólares, pudiendo haber hecho una conversión a ciclo combinado y usar gas en esas unidades.
¿Quién vendió esas instalaciones? ¿El Estado?
Esas turbinas las vendió Itabo, porque acuérdese que nosotros tenemos un problema en el sector eléctrico y es que fruto de la capitalización las empresas son mixtas. El Estado tiene el 50% pero no tiene decisión en el Consejo de Administración, entonces los empresarios deciden como si la empresa fuera de ellos. Tanto es así que no se hizo licitación para Quisqueya I y Quisqueya II, porque se considera, dentro de esa nebulosa que gravita en torno a esa concesión, que esas plantas son privadas.
¿No es contradictorio que el Gobierno procure inversión privada para Punta Catalina?
Hay muchas contradicciones en la actuación de la CDEEE. A veces parecería que están pidiendo permiso a los que son dueños del sistema para hacer las cosas. Lo que nunca debió hacerse desde la época de la capitalización fue castrar al Estado de su capacidad de poder invertir en el sector cuando el sector privado no lo hacía, por eso no tenemos generación suficiente de calidad. Lo que hicimos fue meter muchas planticas de esas que se instalan rápido pero que tienen altos costos de producción y no se instalaron realmente plantas de cierta calidad, a excepción de las del Grupo AES en Punta Caucedo, que es la única central que se instaló con cierto criterio técnico, desde el punto de vista de lo que es una expansión de costo mínimo. Eso debió haberse permitido siempre, como Estado yo debo tener la facultad de hacer inversiones, porque lo que el Estado debe garantizar es la energía, que es un servicio de utilidad pública, no una mercancía cualquiera, y otro de nuestros grandes problemas es que la hemos considerado nada más como una mercancía y muchos la ven como un “comodity”, entonces por eso especulamos con su precio.
Esos organismos representan intereses de países y de bancos, y esas personas que vienen a estos países simplemente defienden los intereses de quienes les pagan, de una manera o de otra. Para mí vienen repitiendo las mismas cosas que se han repetido durante los últimos 20 años. Me refiero al BID y al Banco Mundial, que son cómplices del tema de no enfocarse en que hay un costo de abastecimiento alto, porque tienen intereses y están comprometidos¿Hay especulación en el mercado? ¿No se verifican los costos de la energía?
No se hace, porque cada vez que se ha intentado hacer lo bloquean los propios generadores, y simplemente lo que se hace es que se declaran costos. Fíjate el término que se usa, es lo que ellos declaran, pero nadie verifica esa declaración. Ahí no hay transparencia, lo único que regula la Superintendencia es que fija el precio tope al que compran el combustible, pero después, la eficiencia de transformación de energía, es decir, de ese combustible transformado a energía eléctrica, cuánto se produce, eso es lo que ellos declaren. Fíjese que hay al menos 500 millones de dólares al año que se deben a la especulación. Del aporte que hace el Gobierno, US$550 millones van al tema de poder las Edes cubrir con la factura que le envían los generadores, pero las Edes pierden posiblemente 600 millones de dólares más, porque con ese costo de abastecimiento si le fueran a traspasar eso a la tarifa la tarifa tendían que aumentarla entre un 25 y un 40%, y esos es insostenible. Por eso cuando (Celso) Marranzini cuando llegó a la CDEEE se dio cuenta que eso era verdad, y por eso se convirtió en un defensor de que no se aumentara la tarifa.
¿Qué organismo supervisa o debería supervisar esa parte?
A la Superintendencia de Electricidad le cabe más el tema de la regulación, entonces lo que debería hacerse son auditorias energéticas, para ver cuáles son los costos reales. Y se puede hacer, no es muy difícil de hacer… siempre va a defender a la cúpula industriales porque eso los beneficia a ellos.
¿Cuánto debería costar en promedio la energía, según sus cálculos?
En promedio entre 5 centavos a 5 centavos y medio de dólar menos. Deberíamos tenerla aproximadamente a 13.5 el kW/h y la hemos tenido de 18 a 18.5. La energía eólica producida en el Parque de Los Cocos se vende a través del Acuerdo de Madrid a 27 centavos de dólar, la energía producida por Barahona Carbón, que debería estar a menos de 10 centavos de dólar, se vende también a 0.27, entonces evidentemente que bajo ese esquema es imposible decir que se está operando con racionalidad el sistema. Y eso se ha permitido así, porque hay demasiados intereses y mucha gente que se beneficia de ese tema, como el caso de una energía barata para los usuarios no regulados y una energía cara par las distribuidoras, por eso en el Pacto Eléctrico no se está hablando de lo que debiera hablarse: de una reforma eléctrica, como se plantea en el artículo 35 de la Estrategia Nacional de Desarrollo.
¿Qué plantea usted?
Para mí lo que se tiene que plantear es un nuevo modelo. Debemos dejar a un lado el modelo que nos dimos con la capitalización porque fracasó en todos sus propósitos de tener abastecido el país de energía y a más bajo precio. Aquí lo primero que tenemos es un problema de precios por la especulación y lo segundo un problema de costos, pero las dos cosas ligadas son mortales para lo que es la sostenibilidad económica de un sistema. Lo primero que debemos plantearnos es un plan de expansión de costo mínimo que sea el ordenador de lo que se va a hacer en los próximos 20 años. Lo segundo es reformar la Ley (General de Electricidad) para dar cabida a ese modelo, incluso al Ministerio de Energía y Minas, que debió simplemente eliminar muchas cosas, como por ejemplo la Comisión Nacional de Energía. También hemos planteado un esquema de integración vertical mediante una empresa de carácter público en el área de generación, con participación del sector privado.
¿Cómo valora el rol de los organismos multilaterales que asesoran al sector?
Esos organismos representan intereses de países y de bancos, y esas personas que vienen a estos países simplemente defienden los intereses de quienes les pagan, de una manera o de otra. Para mí vienen repitiendo las mismas cosas que se han repetido durante los últimos 20 años. Me refiero al BID y al Banco Mundial, que son cómplices del tema de no enfocarse en que hay un costo de abastecimiento alto, porque tienen intereses y están comprometidos con algunos sectores. Así como aquí el lobbysmo es una actividad pecaminosa, en Estados Unidos el lobbysmo, que es lo mismo que el cabildeo, es una actividad que se transparenta.
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