Monseñor
Agripino Núñez Collado,
Presidente del Consejo Económico y
Social (CES),
SU DESPACHO.
Distinguido Monseñor y Presidente:
En la prensa nacional de fecha 18 de junio de 2015 se recoge la información
de que el licenciado Rubén Jiménez Bichara, vicepresidente ejecutivo de la
CDEEE, juramentó tres comités de
licitaciones para evaluar los nuevos contratos de compra y venta de energía
eléctrica de las distribuidoras, los servicios de operación y mantenimiento de la
central termoeléctrica de Punta Catalina, y el suministro de carbón mineral
para la misma.
Esta información, en medio del proceso abierto por decreto para discutir el
Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico, la determinación que la
misma implica y los precedentes del caso, han generado una legítima
preocupación en las organizaciones sociales que firmamos la presente
comunicación.
Nuestras entidades han tramitado repetidamente y por diferentes vías
solicitudes de información, requerimientos de documentos y la exhortación a transparentar
el proceso, en el interés de que este proyecto fuera incluido, como lo propuso
el propio gobierno, como un elemento fundamental en la discusión del Pacto
Eléctrico.
Hemos hecho la petición y los funcionarios de la CEDEEE se han comprometido
públicamente a entregarlas. Sin embargo, hasta el momento ninguna respuesta efectiva
hemos tenido. Y mientras el CES y el CTA trabajan para organizar e iniciar la
discusión del pacto en las Mesas de Trabajo, el gobierno afecta la
transparencia del proceso, y crea, al no cumplir las obligaciones contraídas, una
situación de hecho que solo contribuye a malograr el esfuerzo de todos los
sectores de la sociedad representados en el CES y más allá.
Peor aún es que se trate de aparentar que estos pasos están legitimados por
el CES y, por derivación, por los sectores que suscribimos este documento, al
invitar y asegurar la presencia de la principal figura del Consejo Económico y
Social (CES) en ese acto público.
Nuestras advertencias del peligro de este proceder, contrario a la
transparencia del proceso y a la metodología aprobada para el mismo, están
contenidas en cartas y en otros documentos que reposan en el CES y que han sido
previamente entregados por nuestras organizaciones y por el Observatorio
Dominicano de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo
(ODPP-UASD), el cual nos representa en el Comité Técnico de Apoyo (CTA).
Nuestras preocupaciones se asientan fundamentalmente en las siguientes razones:
1) El artículo 110 de la Ley General de Electricidad No. 125-01, de fecha
26 de julio de 2001, establece que estará a cargo de la Superintendencia de
Electricidad (SIE), la organización y supervisión de licitaciones públicas para
la compra de energía eléctrica que requieran las distribuidoras eléctricas.
2) El Pacto Eléctrico, cuya coordinación preside el CES que usted dirige, tal
y como se estableció en la apertura del proceso, busca precisamente asumir
acuerdos que garanticen compromisos e iniciativas bajo un régimen de
consecuencias basado en el cumplimiento de la Ley.
3) Iniciar un proceso de licitación pública internacional a cargo de la
CDEEE, en abierta violación al procedimiento establecido en la Ley 125-01, desconoce
el papel asignado por la Ley a la Superintendencia de Electricidad (SIE), es
una temeraria iniciativa que desprecia el compromiso asumido por toda la
sociedad en el proceso del Pacto, y adelanta una determinación de imponerse, al
precio de violar nuevamente la Ley y los compromisos contraídos.
4) La actitud de no entregar informaciones, de imponerse previamente
respecto de las cuestiones fundamentales que ellos mismos han propuesto, constituye
una evidencia de que las autoridades no quieren discutir sino imponer, y que
caminan hacia la creación de una situación similar a la ocurrida cuando se
discutía el abortado Pacto Fiscal. Todo parece indicar que otra vez no se quiere
discutir el Pacto Eléctrico sino imponer el propio, sin tomar en cuenta a
ningún sector organizado, lo cual daña el ejercicio democrático, el esfuerzo por
construir ciudadanía y la concreción de políticas públicas orientadas a la
justicia social y al desarrollo.
5) Involucrar el Consejo Económico y Social en un proceso que viola la Ley
y que atenta contra la transparencia de las discusiones, enturbia aún más la
situación del proyecto Punta Catalina.
6) El hecho de que la Ley 125-01 le confiera a la CDEEE la condición de
institución líder del sub-sector eléctrico, no le faculta a suplantar las atribuciones
de los demás entes del sistema, colocándose para ello de espaldas a la Ley.
Por las razones citadas y por otras que resultaría prolijo enumerar,
entendemos que el CES debe reclamar a la CDEEE la detención de inmediato del
proceso ilegal de licitación pública internacional para la compra de energía
eléctrica, para el mantenimiento de las plantas de Punta Catalina y para la
compra de carbón mineral que éstas consumirían. Adelantarse en estas
direcciones convertiría el Pacto Eléctrico en una simple mascarada para hacer
lo que solo un sector quiere e importa a pequeños grupos de intereses.
Recordamos la observación que hace la propia Iglesia Católica en su más
reciente Carta Pastoral, que el Pacto Eléctrico, paradójicamente, busca hacer
que se cumpla una ley preexistente que, si bien parece contradictorio, no se
puede negar, porque ante tantas violaciones a la Ley 125-01, lograr que se
cumplan sus articulados más importantes, constituiría un gran salto institucional.
Si en este caso el CES no toma partido a favor de la Ley, todo lo demás que
se haga carecería de importancia y retrotraería la vida institucional del país.
Atentamente,
Fernando A. Peña S.
Coordinador ODPP-UASD
En nombre de:
Observatorio
Dominicano de Políticas Públicas
de
la Universidad Autónoma de Santo Domingo (ODPP-UASD)
Fundación
por los Derechos del Consumidor (FUNDECOM)
Consejo
Nacional de la Unidad Sindical (CNUS)
Foro
Social Alternativo (FSA)
Consejo
Dominicano de la Unidad Evangélica (CODUE)
Corriente
Magisterial Juan Pablo Duarte
Centro
Juan XXIII
Colegio
Dominicano de Economistas (CODECO)
Asociación
de Comités de Amas de Casa del Distrito Nacional (ACACDISNA)
Federación
Nacional Comerciantes Detallistas de Provisiones (FENACODEP)
Foro
Ciudadano (FC)
Articulación
Nacional Campesina (ANC)
Fundación
“Grupo Energía y Medio Ambiente” (GEMA)
Confederación
Nacional de Mujeres Campesinas (CONAMUCA)
Federación
Nacional de Cooperativas Eléctricas
Frente
Amplio de Lucha Popular (FALPO)
Fundación
República Dominicana 2030
Instituto
de Desarrollo y Servicios Sociales
Federación
Metalúrgica Dominicana
Asociación
Nacional de Consumidores (ANACO)
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