BARAHONA,R.D.- El proceso de capitalización que se llevó a cabo en el país a finales de la década de los 90 ha dejado a mucha gente esperando que los resultados de esa decisión se traduzcan en soluciones a temas tan vitales para el desarrollo, como el de la energía eléctrica.
Han pasado unos trece años de aquel proceso, que cifró grandes esperanzas en República Dominicana, pero que si se pasa revista a las motivaciones que le dieron origen, en lo que a la electricidad concierne, se nota que el mismo ha estado marcado por el retroceso, de forma y de fondo.
Por ejemplo, de acuerdo a cifras obtenidas por El Caribe, hoy día las pérdidas del sector eléctrico son mayores a las de 1987 (diez años antes de la privatización); la participación del Estado en el sector es mayor a la privada, contrariando uno de los considerandos de la Ley 141-97, de Reforma de la Empresa Pública, y el Gobierno está mucho más sacrificado al tener que disponer de una cantidad mayor de dinero para mantener el subsidio a la electricidad.
En 1986, con el retorno de Joaquín Balaguer al poder, se formó la llamada “Comisión Saladín”, la cual evaluó las diferentes áreas gubernamentales, incluidos el sector eléctrico.
En lo relativo al sector eléctrico, el informe elaborado por la Comisión planteaba que las pérdidas totales (lo que ahora se conoce como PRA + No PRA) para 1987 se estimaban entre un 25% y un 30% y el subsidio estimado al sector eléctrico se calculaba que era inferior a los US$50 millones.
La mayor parte de lo que se consideraba subsidio no era tal sino el pago por consumo de electricidad de las instituciones gubernamentales dominicanas.
Para este año 2010, las pérdidas totales del sector eléctrico en el nivel de cobranza, incluyendo las zonas PRA y No PRA se sitúan cercanas al 50%, mientras, el subsidio directo a la electricidad, que no incluye el pago de los consumos energéticos del Gobierno e instituciones descentralizadas, terminará en unos US$700 millones, con probablemente una deuda corriente a más de 30 días con los generadores privados, entre 120 millones y 150 millones de dólares, de acuerdo a número que maneja el experto energético Bernardo Castellanos.
El empresario Antonio Isa Conde fue la cabeza principal de la capitalización que se realizó en el país en 1997, y como tal, sobre él cayó la mayor carga de las críticas cuando años después -desde distintos estamentos- se llegó a la conclusión de que “la reforma fue todo fracaso”.
Incluso, en el 2003, César Sánchez, a la sazón administrador general de la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) anunció que documentaba un expediente para someter a la justicia a los responsables de la capitalización.
Isa Conde, sin embargo, es partícipe de que “se vuelva a la reforma”, pero esta vez con otra visión, superando los errores del pasado y sobre todo, que esa reforma sea un proyecto-país. Asegura que la pasada capitalización “se castró”, porque había que tomar ciertas decisiones que no se tomaron en su momento para evitar “factura política”.
“Se hizo lo que se quería hacer. La reforma estableció reglas de juego, se hicieron las inversiones y el problema ya no era la generación, sino otro. El Estado nunca renunció a ser regulador, pero tuvo limitaciones en eso. Lo peor fue que el eje central de la reforma, o sea, la eliminación de los subsidios, no quiso ser asumido por nadie para no pagar el costo político”.
La proporcionalidad
La resistencia que ponen los usuarios a pagar la energía consumida ha sido uno de los argumentos tomados por los distintos titulares que ha tenido la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, para justificar que por ello tampoco pueden ofrecer un servicio a la altura de las exigencias.
“Para cobrar la energía hay que hacer inversión en redes, en contadores y hacer cambios al sistema. Para reformar las distribuidoras hay que hacer grandes inversiones en tecnología. Se requiere voluntad política por un lado, y por el otro inversión de capitales, para ejecutar la parte técnica del proyecto”, sostiene Antonio Isa Conde. Sugiere aprovechar el “respiro administrativo que vive República Dominicana”.
La solución esperada
Para dejar resuelto el problema de la electricidad en el país se han barajado fechas distintas, una de las más recientes apunta a que en el 2012 no habrá apagones.
Se trata de una situación que solo se resolverá con un plan nacional, porque las administraciones cambian y todo se puede caer, sugiere Isa Conde.
Todas estas promesas se hacen a pesar de que, según los datos publicados por la propia CDEEE, en el primer semestre del 2010 la inversión en infraestructura de distribución disminuyó en un 40 por ciento con relación al mismo periodo del 2009, al pasar de una inversión en el primer semestre del 2009 de US$45.6 millones a US$27. 4 millones, para una baja de US$18.2 millones.
Una de las motivaciones para la reforma del año 1997 era que la eficiencia en el manejo de las empresas públicas reformadas afectaba la calidad y cantidad de la oferta de bienes vitales, el crecimiento y el equilibrio de la economía y la capacidad del Estado para atender los servicios básicos./Por Martín Polanco
http://www.barahonero.com/2010/10/capitalizacion-del-sector-electrico-ha.html
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