SANTO DOMINGO,R.D.- En la República Dominicana, todavía tiene vigencia la falsa tesis de que la naturaleza pública o privada de la propiedad de las plantas, subestaciones y redes eléctricas es casi suficiente para lograr un sistema eléctrico eficiente y de mínimo costo.
La profunda crisis internacional de la deuda en los 80s, así como la evolución tecnológica en la industria eléctrica y los avances de la teoría de la regulación económica e institucional de servicios públicos, motivaron que influyentes organismos multilaterales (Banco Mundial y el BID, entre otros) propusieran que la incurable quiebra del servicio eléctrico en países como el nuestro llegaría a su fin con simplemente vender la empresa estatal – CDE – al sector privado (Ver, por ejemplo, el informe ESMAP, 1991, del Banco Mundial, sobre la CDE).
La experiencia ha demostrado que privatizar la CDE no era lo mismo que vender la Cementera, el CEA o Molinos Dominicanos, y que refugiarse en esquemas ideológicos – sean neoliberales o pro estatistas – para reformar un sistema eléctrico nacional ha sido un peligroso y costoso simplismo que, inexplicablemente, todavía va y viene con renovado ímpetu en nuestro país.
Familia de ese simplismo es considerar – en estos días – que cuando la central de Punta Catalina inicie su producción dentro de un par de años, la tormentosa crisis eléctrica dominicana habrá llegado a su fin.
Porque si fuera así, cabria preguntar: ¿el problema es solo de costos elevados de generación? ¿Y las distribuidoras con sus inamovibles cotas de pérdidas y la demanda para la expansión de redes y cobertura? ¿Y el sistema inicuo de precios y tarifas? ¿Y la garantía de continuidad de la inversión privada en generación para sustituir las plantas que se vuelven obsoletas y darle respuesta al crecimiento indetenible de la demanda nacional de energía y potencia? ¿Y la regulación independiente? Si el problema era construir dos plantas: ¿para que el Pacto Eléctrico?
Resolver nuestro problema eléctrico es más que erigir dos plantas de carbón, si pensamos en reducir sostenidamente pérdidas y déficits, lograr un sistema de mínimo costo (como insiste Daniel Bodden), alcanzar una cobertura eléctrica social y territorialmente optima, así como la continuidad en el tiempo de las inversiones (públicas y privadas) con capitales generados por un sector con mínimos subsidios. Son preguntas que si tratáramos de responderlas a profundidad apreciaríamos la envergadura real de la crisis. Punta Catalina no será un abracadabra, capaz de conjurar con su sola entrada todas las distorsiones, sobrecostos e ineficiencias acumulados.
Economía e ingeniería
Al diseñar nuevas reformas del sector eléctrico es preciso considerar los condicionamientos que impone la doble faz del sistema: ingeniería y economía. Por ejemplo, sabemos que en ocasiones maquinarias y accesorios de algunas industrias de zona franca han sido desmontados y trasladados a otro país. Esa acción es casi imposible repetirla con redes, postes y transformadores instalados en barrios de las ciudades, cuando quiebra una empresa distribuidora.
Igualmente costosas, y parcialmente irreversibles, son las inversiones en grandes plantas de generación.
A estas condiciones se le agrega que los préstamos para financiamiento de los proyectos son de grandes sumas y largo plazo, con un rango de 15 a 30 años.
Por otro lado, el servicio eléctrico es domiciliario y electoralmente muy sensible debido a que aunque los activos (plantas y redes) sean privados, el servicio será siempre público y ningún gobierno podrá evadir la responsabilidad de garantizar su oferta y fácil acceso.
Desde el punto de vista de la ingeniería, la principal característica de la electricidad es que es un flujo fruto de la existencia simultánea de dos procesos: generación y consumo. La corriente eléctrica (el flujo) articula a esos dos procesos en cualquier instante y en cualquier lugar.
En ese sentido, lo que caracteriza a ese sistema es la fuerte interdependencia temporal y espacial entre sus componentes. En otras palabras, el volumen de producción de electricidad depende de la demanda instantánea (la electricidad no se almacena), que a su vez cambia a cada minuto durante el día. La vía por la que la corriente eléctrica logra esa articulación espacio- temporal de la oferta y la demanda (generación y consumo) es el subsistema de transmisión y distribución. En resumen, desde el simple bombillo hasta la caldera de la planta generadora existe una impresionante interdependencia sistémica entre todos los componentes del servicio eléctrico.
Fue ese conjunto de peculiaridades tecnológicas lo que legitimó, en la segunda mitad del siglo pasado, el desarrollo de un modo de organización industrial estructurado por empresas integradas verticalmente y operando en régimen de monopolio.
Además, es esa interdependencia sistémica la que le permite a algunas empresas generadoras de gran peso en el mercado, manipularlo y extraer rentas excesivas.
Y son también esas mismas condiciones las que podría facilitar a un Estado abusar de inversionistas privados cuyos activos se encuentran “enterrados” en el sistema a expensas de una garantía de regulación que a veces no existe.
Esa inevitable interdependencia, junto a la gran variedad y variabilidad de los factores de costos, hacen del mercado eléctrico uno en el que la determinación de precios promedios arrastren consigo grandes incertidumbres, y que las complicadas transacciones entre agentes mayoristas (generadores y empresas distribuidoras) y minoristas (distribuidoras y el publico) generen opacidades y faciliten engaños en cada bocacalle.
¿Puede un mercado con esas complejidades manejarse con prejuicios ideológicos o clientelismo político? Sí, se puede, pero a expensas de “sangre, sudor y lágrimas”.
http://acento.com.do/2016/opinion/8383445-la-subestimacion-del-mercado-electrico/
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