Esos contratos establecían condiciones que, en momentos de altos precios de los combustibles derivados del petróleo, implicaban elevadísimos precios que Edenorte, Edesur y EdeEste debían pagar, con el agravante de que la administración de esas tres empresas ha sido siempre deficiente y politizada, por lo que el Estado siempre tuvo que intervenir para subsidiarlas con aportes que en la última década promediaron alrededor de US$850 millones anuales.
Llegó el 2016 y se vencieron los contratos, con la ventaja para el Estado de que en el mercado internacional los precios del petróleo y sus derivados han bajado considerablemente y, además, el Gobierno está construyendo dos unidades de generación que han de aportar al sistema alrededor de 700 megavatios con base en carbón mineral.
Dado que los precios del petróleo están bajos, a las EDE les resulta más económico comprar la energía sin contratos a los generadores, a través del mercado libre, lo que se conoce como el “mercado spot”, con lo cual el Gobierno se está ahorrando prácticamente la totalidad de los US$850 millones anuales que había estado aportando cada año en subsidio para cubrir no solo la deficiente forma de administrar de las distribuidoras –un tema al que tendrá que meterle mano en algún momento–, sino también los costos que implicaba el sacrificio de mantener la tarifa eléctrica congelada para no aplicar los aumentos de los precios de la energía a los consumidores.
En ese ínterin, los representantes de las empresas de generación han decidido asumir una posición de “defensa” de la institucionalidad, de los intereses nacionales y de los consumidores, al señalar que es preciso cumplir con el mandato legal que establece que las EDE deben comprar la energía por medio de licitaciones para firmar contratos de mediano y largo plazos. Además, han estado reclamando que, dados los bajos costos de la energía, el Gobierno debería reducir la tarifa eléctrica a los consumidores.
Se pudiera pensar que la posición de los generadores de electricidad es totalmente correcta y beneficiosa; pero al analizar bien los planteamientos también se puede inferir que al convocar a licitación pública y retomar los contratos ahora y no dentro de unos cuantos meses más, el Gobierno tendría que establecer precios de compra a esos mismos generadores por encima de los que está pagando actualmente en el mercado spot, lo cual aumentaría el costo de la energía y le limitaría al Estado lo que se está ahorrando por la baja coyuntural en los precios del petróleo luego de más de una década pagando exorbitantes sumas de dinero a esos mismos productores de energía.
Pero además, en cuanto a la tarifa eléctrica, si bien es cierto que con el esquema de costos actuales debería estar por debajo de los niveles en que se encuentra, no se debe olvidar que en la última década, precisamente por pagarle la energía muy costosa a los generadores a través del Acuerdo de Madrid, el Gobierno debió cubrir con subsidio la decisión de no pasar esos costos a los bolsillos de los consumidores.
Dada esa situación, entonces, podría ser aceptable y justo, aunque no del todo legal, que el Estado recupere en parte lo invertido en la indexación de la tarifa y que no la baje, sino que la deje congelada, como en el pasado, cuando no la subió y la mantuvo congelada asumiendo el costo.
Otra crítica que ha surgido en contra del Gobierno es la de que, posiblemente, ha estado destinando el dinero que se ha ahorrado del subsidio y de la no reducción de la tarifa, para cubrir los costos de construcción de las plantas de Punta Catalina que han de aportar 700 megavatios al sistema energético.
Esa acción se plantea como si fuera algo negativo, cuando en realidad es algo que a la larga ha de beneficiar a los propios consumidores, que podrían recibir energía menos costosa en los años por venir, como parte del sacrificio actual de pagar una tarifa congelada.
Por eso es tan raro que la defensa a los consumidores venga del lado contrario…
http://www.eldinero.com.do/27474/cuidado-con-la-defensa-si-viene-del-lado-contrario/
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