SANTO DOMINGO,R.D.- Otro factor perjudicial para el flujo de efectivo de
las distribuidoras de electricidad es el esquema de
tarifa. Según expertos de la industria, el nivel de
tarifa vigente no refleja los costos o demanda
reales, y su estructura no toma en cuenta factores
importantes como la voluntad o la capacidad de
pago de los consumidores de los servicios de
electricidad.
La Ley General de Electricidad promulgada en el
año 2001 ordena la aplicación de una “tarifa
técnica” que refleje los costos reales de
generación, transmisión, distribución y comercialización dentro de los ocho años de la
privatización parcial (denominada
“capitalización”) del sector, que tuvo lugar a
finales de la década de 1990. Sin embargo, se
pospuso la aplicación de una tarifa técnica, y en su
lugar el gobierno adoptó un esquema temporal que
indexó las tarifas sobre una base mensual según el
precio internacional del combustible. Así como los
precios del petróleo aumentaron constantemente,
a partir de la década del 2000, esto tuvo un
impacto devastador en los costos de generación.
Como resultado, el gobierno introdujo en el 2001
una “tarifa aplicada”, que es publicada
periódicamente por la Superintendencia de
Electricidad (SIE), la reguladora del sector de
electricidad.
La tarifa aplicada está consistentemente por
debajo de los niveles de tarifas técnicas e
indexadas, y esto crea una brecha entre el costo
real de producción y el precio en que las
distribuidoras pueden vender la electricidad. La
diferencia entre las tarifas aplicadas e indexadas
entre el 2009 y el 2012 puede verse en la tabla
siguiente, en la cual estas tarifas también se
comparan con el precio promedio del aceite
combustible No.6. Por ejemplo la tarifa aplicada
estaba 47% por debajo de la tarifa indexada en el
2012. Además, la tabla ilustra cómo la tarifa
aplicada no se mantuvo al nivel con el costo creciente del aceite combustible. Esta situación
genera pérdidas operativas y financieras a las
distribuidoras, además de otras pérdidas técnicas y
no técnicas, que tienen que ser compensadas por
los subsidios públicos. La SIE no revela los criterios
utilizados para calcular la tarifa aplicada, lo que
socava la transparencia y aumenta la
incertidumbre.
Al mismo tiempo, el esquema actual de tarifa
difiere en los segmentos de la población
dependiendo del consumo total de cada
consumidor, para que los estratos más pobres de la
sociedad paguen menos por su servicio de
electricidad. Esto ha resultado en subsidios
cruzados entre segmentos de consumidores (donde
un segmento de consumidores subsidia a otro que
posee tarifa diferenciada) una situación que
fomenta el arbitraje por aquellos que consumen
grandes cantidades de electricidad, para poder
aprovechar las tarifas subsidiadas.
La aplicación de una tarifa técnica que refleja
los costos reales de generación, transmisión y
distribución ha sido discutida intermitentemente
desde el 2003, pero administraciones sucesivas
han evitado su introducción, debido a la
percepción que un aumento en las tarifas,
especialmente para los clientes residenciales,
tendría un alto costo político. Se han producido
tres aumentos a la tarifa aplicada, 2002, 2009 y 2011, sin embargo, los ajustes han reflejado sólo
parcialmente los costos reales de producción, por
lo que la tarifa sigue debajo de los costos reales.
Además, debido a que no han estado acompañados
por otras medidas, tales como una revisión de los
subsidios y una revisión del esquema de tarifa
general, los aumentos han servido principalmente
para cubrir la falta de pago. Por lo tanto, los
cambios futuros de tarifa serán considerados como
parte de una evaluación más amplia de mediano y
largo plazo de la estructura y de las necesidades
del sector.
http://www.funglode.org/wp-content/uploads/2015/10/EIU_Funglode_SP_PRINT.pdf
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