A pesar de que en sus inicios no existía una forma de
regulación formalizada por parte del Estado, los Bancos Internacional de
Desarrollo y Mundial se convirtieron en verdaderos reguladores[13],
ya que hacían requerimientos estrictos al momento de que se solicitara un
préstamo. De ahí derivamos que no hubo incentivos suficientes para lograr la
eficiencia del sector. En definitiva, con la simple falta de intervención del Estado
se creaban desincentivos en cuanto a lo invertido y su posibilidad de recuperación,
pues no se tenía una garantía de prestación del servicio bajo un marco de libre
competencia. No obstante, afirma Millán que hubo un precario cumplimiento de
las referidas cláusulas a nivel general en América Latina. Para mejorar esta
situación, los Bancos amenazaban con no desembolsar el monto del préstamo, pero
no se percibía la necesidad de unos sistemas de gobernabilidad de la empresa
que hicieran responsables de su gestión a la administración. En consecuencia, la
precariedad de la asunción de políticas que acarrearen un correcto manejo del
servicio, trajo consigo la necesidad de que fueren implementadas políticas con
un carácter coercitivo, que fue lo que intentó hacer el Estado con su entrada al
sector. Cabe destacar, sin embargo, que[14]
“la creación de una cultura reguladora en países en los que no existe esta tradición
es tarea difícil y toma bastante tiempo, especialmente cuando las instituciones
complementarias y los recursos humanos no existen o son incipientes”.
Un caso que puede tomarse como ejemplo de lo señalado,
es el de Brasil[15]. A pesar
de los costos de generación, por la extensión superficial del país, la operación
del sistema de generación fue relativamente eficiente. Sin embargo, se observó cómo
se utilizaban las empresas estatales para pagar favores políticos, mediante el empleo
de una gran cantidad de personas. Esto provocó un exceso de personal en las entidades
intervinientes en el sector y una gestión deficiente para el manejo de las pérdidas
y las cobranzas. Igualmente, la eficiencia y la calidad en la prestación del servicio
dejaban mucho que desear. No obstante, se trabajó para una total reestructuración
del sistema, permitiéndoles alcanzar una posición financiera más equilibrada y acercar
las tarifas a los costos económicos del suministro eléctrico, sentando bases propicias
para una reestructuración más profunda del sector. En este caso se observa cómo
la intervención del Estado en el sector trajo consigo beneficios para el manejo
del mismo, lo que nos permite pensar que la gestión, sin importar sea directa[16]
o indirecta[17] por parte
del Estado, trae sus beneficios a nivel nacional y a nivel internacional.
Evidentemente[18], “un regulador
independiente protegería a los inversionistas de las intervenciones oportunistas
del gobierno y a la vez defendería los intereses de los consumidores de los posibles
abusos de los proveedores del servicio”. Así las cosas, en el caso de Colombia[19], si bien
el servicio era prestado inicialmente por empresas privadas que no tenían alcance
de su prestación a lugares lejanos. Por esta razón, el Estado tomó las riendas de
la prestación, pero de manera descentralizada, mediante la implementación de dos
empresas que generaban y distribuían cerca del 40% de la energía, mientras que el
60% restante era prestado por empresas propiedad del gobierno nacional. No obstante
lograron su objetivo, que era el de ampliar el servicio a la totalidad de la población,
para el año 1990 el sector se encontraba en bancarrota, siendo responsable del 30%
de la deuda externa total y del 33% del déficit del sector público no financiero.
En esta virtud, fue necesaria una reestructuración de la forma de prestación el
servicio. De ahí que en su Carta Magna proclamada en el año 1991 se indicaba en
su artículo 365, lo siguiente: “los Servicios Públicos son inherentes a la finalidad
social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos
los habitantes del territorio nacional. Podrán ser prestados por el Estado, directa
o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso,
el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios”.
http://emilymancebo.blogspot.com/2014/04/el-estado-como-empresario-y-regulador.html
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