El papel del Estado sería “juez y parte” en el sector electrico?

Se ha afirmado[26] que los problemas del sector obedecen a una falta de congruencia entre las expectativas del Estado y los incentivos proporcionados para que se cumplan. Esto quiere decir que se hace necesario aterrizar los ideales para convertirlos en una realidad del sector eléctrico. En este sentido, ya se ha afirmado la necesidad que existía de reformar el sector, a fin de evitar los inconvenientes señalados, ocasionados por la falta de control por parte de la Administración Pública. Ahora bien ¿es la reforma la mejor opción? ¿Cómo debe preverse esta reforma? ¿Debe el Estado jugar un papel fundamental, o debe limitarse a ser un espectador que regularmente interviene?

Con la reforma del sector eléctrico[27], el papel del Estado fue limitado y fortalecido a la definición de las políticas y a la regulación. Sin embargo, se han reconocido varias dificultades[28] para la aplicación de una reforma del sector. En primer lugar, se reconoce la dificultad de separar los papeles del Estado con miras a evitar los conflictos de interés que surgen de su partición como empresario, en competencia con el sector privado, responsable de formular políticas y regulador. En este aspecto nos referimos, principalmente, a que el Estado sería “juez y parte”[29] al actuar como empresario, lo que podría generar una deficiencia en la regulación del sector[30]. Igualmente, esto podría generar lo indicado al inicio del presente análisis, referente a la corrupción administrativa y el clientelismo político.

Otra dificultad que debe ser analizada es la de encontrar un modelo de regulación que se adapte a las restricciones institucionales y de recursos de los países, de lograr un mercado competitivo que permita a su vez proporcionar los incentivos de largo plazo para la inversión que garantice la seguridad del suministro y disminuya la volatilidad de los precios, de regular sobre la base de incentivos el segmento de
distribución y de lograr un manejo adecuado de los subsidios para proporcionar acceso al servicio en condiciones asequibles a los pobres. Es decir, que para regular el sector de una forma eficiente, deberán preverse diversos aspectos del sector eléctrico que difícilmente puedan ser controlados por una misma entidad, pudiendo generarse conflictos entre estos múltiples intereses. Para Millán, esto podría resolverse si[31] “el gobierno se concentrase en el ejercicio de sus papeles primarios como responsable de formular políticas y subsidiario, dejando la ejecución y aplicación del marco regulador a un órgano separado, para poder dar credibilidad y estabilidad a las nuevas reglas, y trasladando el papel empresarial al sector privado en la medida de lo posible”. De esta manera se proporcionaría un campo de juego equilibrado para el sector eléctrico.

En República Dominicana, el sistema que anteriormente se llevaba a cabo consistía en la capitalización[32], consistente en[33] “la adquisición por el sector privado de interés dominante, generalmente cercano al 50%, en el valor de la empresa a condición de aportar capital que puede emplearse ya sea en el servicio de deudas excesivas como en la ejecución de un programa de expansión acordado”.

La reforma del sector eléctrico puede presentarse de diferentes formas. Podemos destacar, al efecto, tres sistemas: (a) regulación por contrato; (b) regulación mediante un organismo multisectorial[34]; y (c) regulación mediante un organismo autónomo[35]. Sin importar el modelo que sea acogido por determinado país, deberá tomarse en cuenta en cada uno de ellos que el rol del Estado siempre deberá ceñirse al control y a la vigilancia del órgano o entidad que preste el servicio. Igualmente, es necesario aclarar que cada sistema tiene dos dimensiones[36]: (1) el gobierno y (2) la sustancia. El primero se refiere al marco donde se producen las leyes y el segundo al contenido de las mismas.

Es evidente que otro de los elementos que debe tener en cuenta el Estado al momento de reformar el sector eléctrico, es el de crear confianza en el sector por parte de los usuarios del servicio prestado. A estos fines, la autonomía plantea garantizar esta confianza, pues genera la idea de que el gobierno no obrará de forma oportunista, sino que se seguirán las reglas previstas para la prestación de manera eficiente. A pesar de que la autonomía plantea ser la solución a la falta de confianza, cabe destacar que al asumir este modelo se requerirán de personas con conocimientos técnicos del sector para que funjan como funcionarios y/o empleados en el órgano establecido a estos fines. Esta situación podría generar un inconveniente, toda vez que no existen muchas personas especializadas en el área. Igualmente, se hace necesario volver a referirnos con relación al clientelismo político que podría ejercerse a través de este órgano, para fines de obtener beneficios personales.

Para recuperar la confianza, se hace necesaria la delegación de funciones, aunque se encuentren bajo el amparo del mismo Estado[37]. La transparencia también juega un papel primordial en este sentido. Por consiguiente, se hace necesario que el Estado establezca los mecanismos necesarios para que el usuario del servicio pueda acceder a la información básica requerida. Esto se sustenta principalmente, en que[38] “el derecho de los individuos a investigar y recibir informaciones y opiniones y a difundirlas está consagrado como un principio universal en varias convenciones internacionales, razón por la cual el Estado está en el deber de garantizar el libre acceso a la información en sus instituciones”. 

Para lograr la eficiencia de la prestación del servicio, sea de manera directa o indirecta, o mediante alguno de los sistemas que han sido tratados a lo largo del presente análisis, deben considerarse los siguientes factores: (1) El aporte de un marco regulador sólido[42]; (2) La reestructuración de activos públicos; (3) la organización de mercados; y (4) privatización[43].

 http://emilymancebo.blogspot.com/2014/04/el-estado-como-empresario-y-regulador.html