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Esta tarde inician, de manera protocolar, las discusiones para consensuar el
Pacto para la Reforma del Sector Eléctrico, que deberá ser firmado a mediados de
julio del presente año.
A consideración de algunos analistas del sector, el inicio de estas discusiones se convierte en el paso más relevante que da el Gobierno en la búsqueda de soluciones viables a la grave crisis que afecta el servicio de energético nacional desde la caída de la dictadura trujillista. Para el economista y catedrático del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), Luis Vargas, los puntos críticos a ser abordados en la mesa de discusión, son: los altos costos de producción y márgenes de rentabilidad de las empresas generadoras de electricidad; las cuantiosas pérdidas físicas y financieras de la transmisión y distribución de energía; la práctica creciente de hurto del servicio por usuarios empresariales e individuales, incluyendo las conexiones ilegales y la corrupción administrativa en gran medida promovida por compañías mafiosas y grupúsculos de funcionarios. Vargas señala también como puntos conflictivos, el abordaje de temas como el incumplimiento de la normativa vigente del sector, el atraso de la reforma legal sobre producción, transportación, distribución, gestión y consumación de electricidad; la sobrevaluación de la tasa cambiaria de pesos por dólar para favorecer las pagas de servicios de adeudos y repatriación de beneficios en dólares de los oligopolios privados. De igual forma, resaltó como tema de discusión, la precariedad de la planificación y la ejecución de los proyectos de inversión y mantenimiento del servicio de electricidad; los pasivos y adeudos de empresas públicas cargados al Gobierno; y las voluminosas transferencias corrientes del gobierno central a los distribuidores estatales para garantizar las “astronómicas” ganancias de las empresas generadoras privadas, cuyo monto asciende a RD$290,000 millones entre 2007 y 2015. El también economista y socio-director de la firma consultora Deloitte, José Luis de Ramón, sostiene que existen dos elementos esenciales que se deben comprender para poder visualizar una solución potable al problema eléctrico nacional: Que el sistema eléctrico es un sistema y que es un mercado regulado. Explicó que, en primer lugar, el funcionamiento de cada parte del sistema eléctrico no se puede ver aislado del funcionamiento del resto de sus componentes; y en segundo lugar, la relación productor- consumidor es desigual y monopólica por lo que el mecanismo de precios y la garantía de suministro deben de ser suplantados por órganos reguladores, independientes, que traten de imitar lo que pasaría en un mercado de competencia. De Ramón consideró que el mercado actual desincentiva la entrada de nuevos oferentes y que en las discusiones se debe abordar la necesidad de una nueva estructura de los contratos que se establecen en el sector eléctrico e indica que para que esto sea posible el pago a los generadores debe estar garantizado por los consumidores sin que medie el subsidio (generalizado) gubernamental. Apunta que el ingreso por venta de electricidad debe estar fundamentado en tarifas reales de distribución y no en subsidios, lo que se lograría vía reducción de pérdidas técnicas y el robo. (+) PIDE ELIMINAR LAS INFLUENCIAS POLÍTICAS El economista José Luis de Ramón afirma que para ejecutar aumento en la cobranza, se debe acordar en el Pacto la eliminación de los criterios políticos, mejorar las leyes que penalizan el robo, realizar inversión en activos de distribución y permitir la reincursión del sector privado en la distribución. Además de que debe establecer claro el papel del Estado en el sector. http://www.listindiario.com/economia-and-negocios/2015/1/18/353040/Los-retos-del-pacto-electrico |
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